Luigi Ángel Guerrero Ovalles de 24 años, fue una de las víctimas de la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado el 23 de enero de 2019
Pese a que su propia madre se dedicó a investigar la muerte de Luigi durante ocho meses, aún no se ha hecho justicia y el caso sigue totalmente paralizado
El año 2019 inició con multitudinarias protestas antigubernamentales en todo el país. Unas controvertidas elecciones presidenciales que fueron calificadas como fraudulentas por la oposición y varios países del mundo, fue el detonante para que venezolanos en todo el país salieran a las calles para exigir la renuncia de Nicolás Maduro. Luigi Guerrero
Mientras Caracas estaba atónita y enérgica por el juramento de un líder de oposición que le devolvía al país la esperanza de un cambio, en San Cristóbal estado Táchira, arreciaba la cruel represión en contra de los manifestantes que exigían un cambio de gobierno.
Una de las víctimas de ese 23 de enero de 2019 fue Luigi Ángel Guerrero Ovalles de 24 años, un joven estudiante de Comunicación Social en la Universidad de Los Andes (ULA) que por primera vez salía a la calle para ejercer su legítimo derecho a la protesta.
Julieta Ovalles, madre de Luigi, lo describe como un joven pacífico y miedoso, incapaz de hacer algo malo y mucho menos violento. Ese día ella no sabe ni siquiera qué motivó a Luigi a ir a la marcha porque “a él no le gustaban esas cosas”.
Según la ONG Foro Penal, entre el 21 y 27 de enero de 2019, 35 venezolanos fueron asesinados en diferentes manifestaciones y protestas, en distintas ciudades del país.
“Dios me decía que lo buscara ahí”
En horas de la tarde comenzaron a rodar las noticias de heridos en las protestas y Julieta al ver que su hijo no llegaba, impulsada por su instinto maternal y su inquebrantable fe en dios se lanzó al Hospital Central de San Cristóbal sin saber si su hijo estaba ahí.
Julieta llegó al hospital y se adentró hasta la emergencia buscando a su hijo en la lista de heridos y fallecidos, pero no lo encontró. Nadie respondía a ese nombre ni a esa cédula de identidad. Según su testimonio, “la situación en el hospital era una locura por la cantidad de heridos que llegaban golpeados, heridos de bala y de perdigones”.
Desesperada por no encontrar a su único hijo, una señora la vio tan angustiada la miró y le dijo que buscara en la morgue porque no eran solo dos muertos los que habían llegado, sino que eran cuatro.
Para descartar que se trataba de Luigi, Julieta subió hasta la morgue acompañada de su mamá, pero cuando intentaron ingresar un efectivo militar la detuvo en seco y le dijo que ahí no había ningún muerto con ese nombre ni con las características que ella decía.
Julieta no se dejó amilanar y siguió insistiendo en querer saber quiénes eran los cuatro muertos que habían ingresado a la morgue. “Yo quiero ver a los muchachos que tienen ahí”, le dijo Julieta, pero el militar se puso furioso y comenzó a gritarle y a decirle que se fuera.
Pasado un tiempo, Julieta y su madre permanecían apostadas en la morgue, hasta que el mismo militar empezó a preguntarle si su hijo tenía brackets, si tenía tatuajes y si tenía alguna cicatriz, a lo que Julieta respondió que sí a todo.
“Yo que apenas le respondí todas las preguntas, él se va a hablar con unos tipos que eran del Sebin y del Cicpc, cuando los tipos se van, me muestra una foto y era la cara de mi hijo”, dijo Julieta.
“Me tocó investigar la muerte de mi hijo”
“Luigi llegó vivo al Hospital Central de San Cristóbal”, solo tenía un impacto de bala en el intercostal izquierdo, pero él llegó vivo”, dijo Julieta.
“Cuando me entregaron el cadáver de Luigi, yo le pregunté al forense si había llegado vivo y él me respondió: “señora debió haber llegado vivo porque aquí a la morgue me lo trajeron calientico”, me dijo que traía una vía y un tubo, dijo Julieta.
La madre de Luigi Guerrero afirmó que ella misma se tuvo que poner a investigar la muerte de su hijo en vista de todas las contradicciones que había en el expediente. “A los ocho días de haber enterrado a mi hijo me puse a investigar”, dijo.
Después de eso se dedicó a entrevistar a médicos y enfermeros que atendieron a Luigi cuando llegó herido. Todos le confirmaron que había llegado vivo con un impacto de bala y que ellos, por un procedimiento para salvarle la vida, le abrieron otro orificio para drenar porque tenía hemorragias internas.
“Los doctores me dijeron que lo estaban atendiendo cuando llegaron varios efectivos policiales del Sebin y del Cicpc y lo rodearon e impidieron que los médicos hicieran su trabajo”, agregó que por todo el desastre que había en ese momento en el hospital, los doctores dejaron a Luigi solo con los efectivos policiales.
Julieta aseguró que en la muerte de su hijo están involucrados funcionarios del Faes, Sebin, del Cuerpo de Investigaciones Científicas y además colectivos infiltrados en la protesta que les pagaron para que reprimieran la protesta.
“Cuando el médico forense me entregó el cuerpo de Luigi, tenía la nariz partida, la boca reventada, hematomas en los brazos y en todo el cuerpo, parecía que le había pasado un camión por encima, pero además tenía tres orificios en el intercostal izquierdo”, dijo Julieta.
“A mi hijo lo golpearon, lo torturaron y además lo remataron, le dieron otro tiro cuando aún estaba en el hospital. A estas alturas, cuatro años ya han pasado y no se ha investigado nada, pese a que yo presenté muchas pruebas en la fiscalía”, agregó Julieta Ovalles.
Sin avances en la investigación
Julieta Ovalles expresó que todos los casos de los muchachos que asesinaron en protestas los tienen olvidados. Explicó que el caso de su hijo está totalmente paralizado. “Cuando pasaron dos años de la pandemia fui nuevamente a la fiscalía a ver qué había pasado con el caso, pero todo sigue igual en la Fiscalía 20”.
“Ellos -los de la fiscalía- buscan bajarle la moral a uno para después llamar y decir: “mire han pasado 4 o 5 cinco años usted da la autorización de cerrar el caso porque así hicieron con un señor aquí que le mataron a su hijo”, dijo.
Julieta indicó que el caso de su hijo lo ha denunciado ante instancias internacionales. Recientemente se sumó a la convocatoria que hizo la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar crímenes de lesa humanidad en Venezuela a través de un formulario online.
La CPI informó que recibió más de 7 mil casos en donde hubo violación a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Julieta confía que tarde o temprano se hará justicia en el caso de su hijo.
*Este trabajo fue realizado gracias a la colaboración de Justicia, Encuentro y Perdón
