rendición de cuentas

Espacio Público señala que se debe exigir la divulgación de informes de gastos y los mecanismos de financiamiento de los partidos políticos y candidatos a fin de fomentar el escrutinio público y el voto informado de los electores

La ONG Espacio Público publicó un informe este jueves, 18 de noviembre, que habla sobre las garantías para la libertad de expresión, a propósito de las elecciones del próximo domingo, 21 de noviembre.

Entre los tópicos que trata el informe, Espacio Público hace énfasis en la necesidad de transparencia sobre la financiación de campañas y partidos políticos.

De acuerdo con la ONG, el derecho de acceso a la información pública es fundamental en estos procesos electorales, por lo que la transparencia «se vuelve vital para que el electorado haga una evaluación de todos los que participan en el proceso».

Asimismo, señala que es importante exigir que todos los participantes rindan cuentas de sus actos, lo que incluye funcionarios públicos, candidatos, autoridades electorales, hasta los servicios públicos de radiodifusión.

«Las autoridades electorales, deben garantizar la publicidad de la mayor cantidad posible de información, bajo el principio de máxima divulgación, lo que significa que la transparencia es la regla y solo puede estar sometida a estrictas y limitadas excepciones», señalan.

Además, consideran esencial la transparencia en la financiación política de las campañas y de los partidos políticos.

«Este financiamiento puede venir de fondos privados o de fondos públicos, pero lo que sí es importante es que haya una regulación que garantice la transparencia y equidad en la financiación de los partidos políticos y candidatos a cargos públicos. Esto garantiza la transparencia e imparcialidad de todo el proceso electoral», señala Espacio Público.

En tal sentido, indican que se debe exigir  la divulgación de informes de gastos y los mecanismos de financiamiento de los partidos políticos y candidatos a fin de fomentar el escrutinio público y el voto informado de los electores.

Por último, aconsejan que estos informes deben ser “exhaustivos, puntuales, públicos y sujetos a estrictas sanciones en caso de que se divulguen de forma insuficiente o de que ello se haga fuera de plazo”.

Alcaldías y gobernaciones también deben rendir cuentas

De acuerdo con Espacio Público, desde hace al menos una década, los formatos de gobiernos en línea son estructurales a la administración pública.

«En particular, el inicio de la pandemia por la COVID-19 sumó desafíos para la optimización de sistemas, el traslado de nuevos servicios y gestiones al esquema digital, y sobre todo, la difusión proactiva de información. El desempeño del Estado venezolano arrastra serias deficiencias que en definitiva promueven esquemas de opacidad 39 e impide conocer información sustancial», agrega.

Además, señalan que una evaluación de los sitios web oficiales de 24 gobernaciones y 12 alcaldías realizado entre el 8 y 10 de noviembre 40 arrojó los siguientes resultados:

• 5 páginas web oficiales no están funcionales; no es posible el acceso.
• 3 gobernaciones no cuentan con sitio web oficial.
• De los 16 sitios web habilitados, ninguno tiene a disposición los informes anuales de memoria y cuenta de las gobernaciones.
• Solo 6 gobernaciones ofrecen información sobre licitaciones o contrataciones públicas entre los años 2018 y 2021, dos en formatos descargables.
• En el caso de las alcaldías se evaluaron los sitios web de las 12 correspondientes a las 5 ciudades con mayor población en el país: Distrito Metropolitano de Caracas, Maracay, Maracaibo, Valencia y Barquisimeto.
• Solo dos alcaldías tienen a disposición informes de memoria y cuenta; en un caso del año 2020 y otro tiene de los años 2016 y 2018.
• Solo dos alcaldías tienen información sobre contrataciones públicas, en un caso solo 2020 y el otro con información desactualizada hasta 2015.

Los resultados indican que la  opacidad es superior al 90% en el caso de las gobernaciones y de 86% a nivel de las alcaldías.

«Las tendencia restrictivas son parte de una política de Estado que afecta el sistema de gestión pública en general, en línea y fuera de línea, incluidas las diferentes instancias de poder público», señalan.

En tal sentido, en contextos electorales, la necesidad de contar con información pública aumenta, en particular sobre la vinculada con los cargos en disputa y la gestión de recursos públicos.

Puede leer el informe completo aquí

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El presidente aseguró que desde el gobierno interino se le dará acompañamiento a los militares que enviaron a Apure

Foto: Leo Álvarez

El presidente encargado y de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Guaidó aseguró que Nicolás Maduro insiste en la violación de derechos humanos, de «manera flagrante», ante los enfrentamientos que han ocurrido en Apure. El 27 de abril, de manera extraoficial, se reportó que al menos 9 cadáveres ingresaron al hospital de Guasdualito.

Guaidó, en una rueda de prensa semipresencial, indicó que Maduro está permitiendo que «terroristas financiados por él», vulneren el territorio nacional. «Lo han reconocido una y otra vez, cuando los han invitado a Miraflores, esto es un conflicto auspiciado por Maduro en detrimento de la soberanía. Es absolutamente responsabilidad de la dictadura».

Igualmente recriminó que dejaron a los soldados solos y que la iglesia tuvo que ir a levantar los cuerpos de los fallecidos. Guaidó recordó que este conflicto ha provocado el desplazamiento de 6 mil venezolanos hacia Colombia, que se sumarían a los que se han ido del país por la emergencia humanitaria en los últimos años.

«¿Van a seguir amparando a Santrich y a Márquez en Venezuela o a todos los grupos irregulares? ¿En este momento no deberíamos estar rindiéndole honores, con sus familiares, por haber caído en el cumplimiento de su deber?», se preguntó el presidente sobre los militares venezolanos que han muerto. 

Exigió que tanto Santrich como Márquez sean puestos a la orden de la justicia y señaló que siguen en territorio nacional, «durante mucho tiempo los ampararon incluso en la capital», aseguró.

«El llamado es muy claro, no solo una investigación, seguimiento a cada una de las violaciones de DDHH. La FAN no puede seguir prestándose para esto, qué están esperando, o van a seguir exponiendo a nuestros soldados», expresó Guaidó.

También criticó los comunicados oficiales del gobierno de Maduro y los calificó de «tímidos», porque no mencionan a los grupos irregulares.  

Guaidó ofreció el acompañamiento a los miembros de la Fuerza Armada (FAN), y agregó que dentro de la institución hay cuestionamientos internos en estos momentos. «Hoy como venezolanos debemos estar en defensa de Venezuela», dijo.

«Llamen a los guerrilleros que ustedes amparan, sométanlo a la justicia. Hoy cada militar venezolano debe exigirlo, sin ningún tipo de ambigüedad», añadió. 

Guaidó y la rendición de cuentas 

En la rueda de prensa, el presidente Juan Guaidó aseguró que ya ha ordenado a los funcionarios del gobierno interino a que ofrezcan su rendición de cuentas. Esto mismo indicó el 14 de abril, desde Los Palos Grandes, Caracas, donde tampoco especificó cuándo será esta rendición de cuentas. 

«Se dará rendición de cuentas de manera clara y transparentes en todos los espacios pertinentes», aseguró. Además explicó que el año pasado se aprobaron $80 millones y se utilizaron $63 millones, pero no ofreció más detalles sobre la ejecución de este dinero. 

Sobre los $152 millones aprobados hace dos semanas, Guaidó dijo que está en proceso de aprobación la licencia de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y que son recursos que no se han ejecutado, pero que están sujeto a control ciudadano y parlamentario.

AN para acompañamiento

El presidente Juan Guaidó se refirió a las recientes denuncias de acoso, abuso sexual y violaciones que se han presentado en las redes sociales, en los últimos días e invitó a las víctimas a seguir denunciando. 

«Hay que rápidamente atender este caso, entendiendo que hay necesidad de hacer justicia y sanar», expresó.

Igualmente invitó a que denuncien en todos los medios posibles. «Es absolutamente doloroso, sobre todo cuando sucede en entornos familiares o cercanos», añadió. También dijo que es importante que los hombres o miembros de la comunidad LGBTI, que hayan sido afectados por estos delitos, se expresen.

El presidente Guaidó aseveró que al mismo tiempo es necesario evaluar los patrones que como sociedad se han adquirido. «Creo que eso nos lleva a un proceso de reflexión profunda». 

Además se preguntó como se puede ayudar desde el gobierno interino, porque señaló que en Venezuela no hay acceso a la justicia, y no es suficiente la confesión para resarcir el daño, porque eso lleva una pena. 

Por eso puso a la orden los canales oficiales de la Asamblea Nacional y sus comisiones para atender denuncias de este tipo, y además señaló que las ONG también se han convertido en el espacio natural para denunciar. 

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Los partidos políticos tendrán hasta el 30 de noviembre para presentar sus libros contables ante la Oficina Nacional de Financiamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la apertura del proceso de contabilidad de sus operaciones económicas y financieras de cara a las elecciones municipales.

El proceso que inició el lunes 6 de noviembre, publicado en el calendario del CNE ante los próximos comicios, está contemplado en el Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

El primer paso es cumplir con la inscripción en el Registro de Información Financiera Electoral, a través de una banner del Sistema Automatizado de Rendición de Cuenta de la página del CNE, que generará una planilla, tal y como indica un aviso publicado por el ente rector del Poder Electoral en un diario de circulación nacional.

Tras la inscripción se debe consignar ante la referida instancia, y en las Oficinas Regionales Electorales de sus respectivos estados la planilla de inscripción; la constancia de designación del responsable de las finanzas; fotocopia de la cédula de identidad del responsable de las finanzas; original y fotocopia del soporte de la cuenta bancaria a ser utilizada para el manejo de los fondos del financiamiento de la campaña electoral, indicando las firmas autorizadas; y copia del Registro de Información Fiscal (RIF).

Los partidos y grupos de electores deberán hacer entrega de tres cuadernos contables: uno de dos columnas, y dos de tres columnas.

Un día después de las elecciones municipales, que se celebrarán el 10 de diciembre, se efectuará la rendición de cuenta de la campaña electoral. Esta etapa se extenderán del 11 de diciembre de 2017 hasta el 8 de febrero de 2018. Luego seguirá un proceso de auditoría sobre esa información, que se realizará el 16 de febrero de 2018.

*Con información de AVN

El Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, presentó los alcances del proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual será sometido a segunda discusión en la plenaria del Parlamento el próximo jueves.

En compañía de los parlamentarios Ismael García y Carlos Berrizbeitia, Guevara señaló que la propuesta de Reforma comprende 19 modificaciones del articulado vigente, con la finalidad de adecuar el conjunto de leyes anticorrupción a lo estipulado en la Constitución Nacional.

Al respecto, explicó que la propuesta abarca cuatro aspectos clave dentro de la administración pública venezolana: nepotismo y demás formas de conflicto de interés; rendición de cuentas; inhabilitaciones políticas y fortalecimiento del sistema nacional de control fiscal.

“El nepotismo es uno de los peores vicios que existe en nuestro país. La semana pasada escuchamos con asombro las lamentables declaraciones del Contralor General cuando dijo que había nepotismo bueno y nepotismo malo. Todo nepotismo es malo, porque todo abuso de poder es malo. Es por eso que en esta Reforma que hoy presentamos se introduce por primera vez en el marco jurídico venezolano regulaciones en materia de conflictos de intereses. A partir de la aprobación de esta reforma, se acabó ese bochinche de meter en cargos directivos a la tía, a la prima, a la mamá. Este instrumento presenta nuevas causales de sanción contra aquellos funcionarios que incurran en esa práctica. Igualmente, la Contraloría General deberá tomar acciones en aquellos casos que violenten la cláusula de conflicto de intereses. Por ejemplo, si un funcionario que aspire a un cargo tiene una empresa de alimentos, entonces no puede asumir el cargo de dirigencia en el Ministerio de Alimentación”, puntualizó.

Acerca de la rendición de cuentas, Guevara informó que la propuesta incorpora sanciones de reparo y responsabilidad administrativa a los funcionarios que no presenten los comprobantes que demuestren en qué han gastado los recursos públicos.

“Este ha sido uno de los elementos que ha contribuido al despilfarro de los recursos públicos y al incremento de la corrupción. La rendición de cuentas fue eliminada en anteriores reformas hechas a la Ley de Contraloría, la última en 2010 cuando la Asamblea era controlada por el partido de gobierno.»

El tercer aspecto fundamental es el de las inhabilitaciones. En este sentido, Guevara señaló que en la reforma propuesta se plantea que las inhabilitaciones dictadas por la Contraloría General de la República estén restringidas únicamente a funcionarios de carrera y de libre nombramiento y remoción, con lo que se suprime la potestad del Contralor de acordar tales sanciones para la postulación, la elección y el ejercicio a cargos de elección popular.

En cuanto a funcionarios de elección popular, Guevara precisó que la reforma se adapta a la Constitución Nacional, al establecer que dichos funcionarios solo podrán ser inhabilitados previa sentencia judicial penal y firme, dictada por el Poder Judicial, en concreto, por un tribunal penal competente, tal como lo establece la Carta Magna en sus artículos 65 y 42.

“Las inhabilitaciones deben ser para castigar la comisión de delitos de corrupción por parte de funcionarios públicos a todo nivel, y no para ser utilizado como arma para la retaliación política y el pase de factura a funcionarios o candidatos contrarios a los intereses del gobierno. Debemos poner fin a la política perversa empleada por este régimen de inhabilitar a adversarios políticos por temor a ser derrotado en procesos electorales”, sentenció.

Finalmente, la reforma plantea un conjunto de medidas para fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal, tales como la sujeción de la función de control a la planificación anual que deberá tomar en cuenta los planteamientos de otros Poderes Públicos, las denuncias recibidas y proyectos en los que se haya invertido la mayor cantidad de recursos, con el objetivo de disminuir la infectividad de los planes de fiscalización de la Contraloría. “De acuerdo con la tendencia actual, la Contraloría se ocupa fundamentalmente de fiscalizar alcaldías y órganos pequeños con poco presupuesto, dejando sin control los grandes fondos del Estado que se dejan abiertos para hacer mega guisos”, puntualizó Guevara.

También se amplían las competencias de la Contraloría General de la República para que controle la armonización de las políticas monetarias, fiscal y cambiaria para garantizar la estabilidad macroeconómica y la aplicación de los principios constitucionales que rigen la materia, especialmente el de equilibrio fiscal, además de fijar sanciones para aquellos funcionarios que impidan la divulgación de cifras oficiales e indicadores macroeconómicos, y disminuir así la opacidad de la gestión gubernamental.

Finalmente, se condiciona la posibilidad de intervenir contralorías estadales y municipales supeditando su ejercicio a la opinión favorable de los Consejos Legislativos y de los Concejos Municipales, además de normar los concursos públicos para la designación de los contralores estadales y municipales, conforme a los artículos 163 y 176 de la Constitución.

“Lo hemos dicho: en Venezuela la corrupción mata. Tenemos la obligación moral y política de ponerle fin a esa situación, en donde no hay comida ni medicinas porque el dinero destinado para su producción o importación se los robaron unos privilegiados. La Contraloría General de la República debe estar al servicio de la salvaguarda del dinero de los venezolanos, no de la defensa de los intereses de un grupito”, destacó.