De acuerdo con el informe, Venezuela se ubicó en el segundo puesto de países con más personas refugiadas en migrantes en 2021, por debajo de Siria (6,8 millones).
En cuanto a la cifra global, en 2021 se alcanzó el total de 89,3 millones de personas, pero en 2022 este colectivo ya ha superado los 100 millones.
Según explicó Acnur, esta cifra aumentó en 2022 a causa de conflictos como el de Ucrania.
Por otra parte, de la cifra total de venezolanos, solo 4,6 millones son refugiados y el 69% procedían de solo cinco países.
Acnur informó que el número de venezolanos desplazados en el extranjero aumentó en más de medio millón debido a la disminución de las restricciones de viaje por la COVID-19 en la región.
Nuevos desplazamientos en 2021 – Acnur
Por país de origen
Casi el 83% de las personas desplazadas a través de las fronteras proceden de solo diez países, en concordancia con años anteriores.
En el caso de los venezolanos, son la segunda población más grande desplazada a través de las fronteras, con una cifra de 4,6 millones.
De acuerdo con Acnur, casi todos los refugiados venezolanos están en las Américas sin haber sido reconocidas formalmente con esa condición.
Para el año 2021, su población creció en más de 570.000, debido a nuevos desplazamientos de personas venezolanas que huyeron a:
Colombia (112.900)
Ecuador (102.100)
Además, de una mejor estimación de las personas venezolanas desplazadas en Perú (276.400) y Chile (45.700).
El indicador 10.7.4 se refiere a la proporción de un país que se convierte en refugiada. Esta es una forma útil para identificad países de origen cuya población de desplazada en el extranjero es más alta en relación con sus habitantes.
De acuerdo con Acnur, los países que más han experimentado la mayor proporción de su población nacional convertida en refugiada son:
Refugiados por cada 100.000 habitantes – Acnur
Refugiados: personas en situación similar a la de los refugiados y venezolanos desplazados en el extranjero por cada 100.000 habitantes de la población nacional.
Para la gráfica anterior se incluyó a los venezolanos desplazados en el extranjero.
Nuevos solicitantes de asilo
De acuerdo con Acnur, en Estados Unidos, En Estados Unidos de América, más de la mitad de todas las nuevas solicitudes en 2021 fueron presentadas por nacionales de solo cinco países:
Venezuela (27.000 o el 14%)
Guatemala (23.000 o el 12%)
Honduras (19.600 o el 10%)
El Salvador (14.900 o el 8%)
Cuba (12.900 o el 7%).
Fuente: Acnur
Asimismo, detallan que el número de nuevas solicitudes de asilo de las personas venezolanas se redujo en 64.500 o el 41%.
Aunque la disminución es notable, no indica una disminución en el número de venezolanos que buscan protección internacional.
Las cifras representan la suma de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los gobiernos anfitriones
La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (Plataforma R4V) contabilizó 6.100.000 venezolanos refugiados y migrantes en el mundo hasta marzo de 2022.
A través de una información publicada en su página web, la Plataforma R4V detalló que en total son 6.096.382 migrantes y refugiados, de los cuales 5.046.907 se encuentran en América Latina y el Caribe.
Colombia es el país que mayor cantidad de venezolanos alberga, con una población de 1,84 millones de ciudadanos provenientes de Venezuela dentro de su territorio.
Seguido de Colombia está Perú, que cuenta con una población de migrantes y refugiados venezolanos de 1,29 millones de personas. Le sigue Ecuador con más de 508,000 venezolanos y Chile con más de 448,000.
De acuerdo con la Plataforma R4V, estas cifras representan la suma de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los gobiernos anfitriones.
Asimismo, aclaran que las cifras no necesariamente implican identificación individual, «ni registro de cada individuo, e incluye un grado de estimación, según la metodología de procesamiento de datos estadísticos utilizada por cada gobierno».
Por otra parte, aclaran que debido a que muchas de las fuentes de los gobiernos no toman en cuenta a venezolanos sin un estatus migratorio regular, «es probable que el número total sea más alto».
Fronteras militarizadas, disparos, visas y deportaciones son las armas que han utilizado para frenar el ingreso de miles de migrantes que huyen de la emergencia humanitaria compleja que todavía vive Venezuela
Por: @fefamaya y @Andrea_GP21
“Perdí a mi hijo. Anoche nos agarró la Guardia Costera. Eso fue plomo y plomo. Me mataron al muchachito en mis manos. A mi hijo le explotaron la cabeza. También me dispararon a mí”, relató la madre de Yoelvis Santoyo Sarabia, un bebé de un año que fue asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago.
Santoyo Sarabia tomó la decisión de emigrar de Venezuela junto a sus dos hijos para reunirse con el padre de los niños y otros familiares en Trinidad y Tobago.
La Agencia de Las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) aseguró que 6,04 millones de venezolanos continúan saliendo de Venezuela para huir de la violencia, la inseguridad y amenazas, la escasez de alimentos, medicinas y servicios esenciales.
“La migración venezolana se ha convertido en una de las principales crisis de desplazamiento del mundo”, indicó ACNUR.
Al igual que la familia Santoyo Sarabia, los venezolanos que han decidido dejar su país forzosamente enfrentan múltiples obstáculos que no solo les dificultan la llegada a los países donde buscan refugio, sino que además ponen sus vidas en peligro.
La violencia y el sometimiento por parte de grupos criminales es uno de los riesgos a los que se exponen constantemente en las rutas de migración.
Pero además, cada vez con más frecuencia, son atacados por los gobiernos de la región que obvian los tratados y acuerdos internacionales, y han adoptado medidas como la militarización de las fronteras, deportaciones, exigencias de visas y, como en el caso de Santoyo Sarabia, hasta el uso de armas de fuego contra refugiados desarmados.
De 35 países e islas que conforman América, en 25 han implementado acciones para combatir a los venezolanos que buscan refugio.
Llama la atención que se trata de medidas y acciones radicales y de fuerza que no se han implementado ni siquiera contra los grupos de crimen organizado que operan y se expanden por la región.
Yoelvis Santoyo Sarabia falleció en brazos de su madre cuando la embarcación recibió los disparos.
La Guardia Costera trinitense emitió un comunicado en el que asegura que no fue hasta que la embarcación se detuvo que vieron que había migrantes a bordo. Al revisar se dieron cuenta que había una mujer sangrando, a la que trasladaron a un hospital local, pero el bebé que tenía en sus brazos “fue encontrado inconsciente”.
#Hilo 🧵 🚨🚤🇹🇹 Guardia Costera de Trinidad y Tobago disparó a embarcación de migrantes venezolano asesinando a niño de un año.
Orlando Moreno, coordinador del Foro Penal en Delta Amacuro, informó que una embarcación de migrantes venezolanos proveniente de Tucupita,
No es la primera vez que se señala al gobierno de Trinidad y Tobago de maltratar a los refugiados venezolanos y violar acuerdo internacionales sobre migración. Las denuncias de diversas ONG, como Amnistía Internacional, han sido frecuentes.
El pasado 12 de febrero de este 2022, el gobierno de Chile decretó un “estado de excepción” e inició el despliegue militar en cuatro estados fronterizos con Bolivia y Perú, con el objetivo de frenar la migración irregular.
Esto ocurre unos días después que miles de ciudadanos protestaron en ese país contra la inmigración irregular y para exigir mayor seguridad. La protesta congregó a más de 4.000 personas y ocurrió unos días después que dos venezolanos fueran acusados de asesinar al camionero Byron Castillo, de 25 años de edad.
Durante la protesta hubo momentos tensos, donde incluso los manifestantes atacaron a un inmigrante que los increpó, mientras que en otro un grupo desmontó y destrozó las carpas de algunos migrantes, entre los que había venezolanos, que se encontraban en una zona cercana a la playa.
Se desplegaron 672 militares y 100 policías para el control de las fronteras con Bolivia y Perú, en provincias como Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa, donde miles de migrantes, principalmente venezolanos, cruzan desde el año 2020 por pasos clandestinos que alcanzan hasta los 4.000 metros de altitud.
«Sí a la migración legal, sí a los que vienen diciendo la verdad a nuestras fronteras (…) No a la inmigración ilegal, no a quienes ingresan engañando o faltando a la verdad, usando documentos falsificados, pasando por pasos no habilitados», dijo el presidente chileno Sebastián Piñera, tras anunciar el inicio del despliegue militar en Santiago.
-Un precedente
El 24 de septiembre del 2021, funcionarios de seguridad chilenos desalojaron a decenas de familias de inmigrantes que montaron sus tiendas de campaña en la plaza Brasil en Iquique, quienes vivían en condiciones insalubres y precarias. En este grupo había padres y madres con hijos menores.
El desalojo se dio con incidentes y estuvo marcado por enfrentamientos entre Carabineros y los inmigrantes. Terminó con 14 personas detenidas y cinco policías heridos, reseñó El País de España.
AHORA | Tras masiva marcha, iquiqueños queman las pocas pertenencias de migrantes que se encontraban en avenida Aeropuerto con Las Rosas.#Iquiquepic.twitter.com/vG0P1u8mK8
Un día después, el 25 de septiembre, un grupo de ciudadanos marchó desde la plaza Brasil hacia el palacio de la delegación presidencial en Iquique, donde gritaron consignas antiinmigrantes y cantaron el himno nacional. Esta manifestación terminó en la quema de las pertenencias de los migrantes, donde además de venezolanos, había colombianos.
-ONU pide atención
La Organización de Naciones Unidas (ONU) condenó «categóricamente» los ataques contra migrantes venezolanos en Chile. “El Sistema de las Naciones Unidas en Chile manifiesta su preocupación por la violencia y los actos de xenofobia que han ocurrido en Iquique y la región de Tarapacá, en el norte del país, que involucran a venezolanos, las comunidades fronterizas y las fuerzas de seguridad”, señaló la organización.
Asimismo, condenaron las “agresiones a funcionarios de las fuerzas del orden público y los actos de discriminación y xenofobia ocurridos” y pidieron que no se utilicen “hechos aislados para fomentar la discriminación y la violencia contra personas refugiadas y migrantes” y que se tomen medidas que eviten “que las tensiones se agraven”, reseñó Venezuela Migrante.
– Lo que dice la Cancillería
Las autoridades de Chile y Bolivia informaron a inicios de febrero de 2022 que se reunirían próximamente para abordar la situación migratoria que enfrentan algunas regiones fronterizas, debido al constante flujo de migrantes que ingresan a través de la desértica frontera.
En un comunicado de la cancillería chilena, el ministerio dijo que Santiago y La Paz acordaron “la celebración de una mesa de trabajo en las próximas horas entre los Ministros de Interior y Seguridad Pública de Chile y el Ministro de Gobierno de Bolivia, junto a sus respectivos Ministerios de RR.EE (Relaciones Exteriores)”.
Según señalaron, el objetivo es “enfrentar las difíciles situaciones de seguridad, sanitarias y migratorias que están produciéndose en las regiones de Arica y Parinacota, y de Tarapacá”.
En octubre del 2021, el defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, acudió a Colombia en búsqueda de apoyo para darle una solución a la situación humanitaria de los últimos años de su país.
Esta crisis es precisamente el aumento de la migración, especialmente de venezolanos, que cruzan hacia Panamá a través del Tapón del Darién, corredor selvático que divide a Colombia y Panamá, con el objetivo de seguir su curso hacia otros países como EEUU.
Entre las peticiones que le hizo Leblanc al presidente de Colombia, Iván Duque, fue la de militarizar la frontera con soldados del Ejército colombiano. A juicio del funcionario, con uniformados en la zona se van a combatir los “vándalos que tanto daño le hacen hoy en día a los migrantes, y que mañana, cuando no estén, le harán al resto de gente”.
Solo unos meses después, el 11 de febrero del 2022, el gobierno de Panamá reforzó la vigilancia en su frontera selvática con Colombia, para intentar frenar la migración irregular, así como combatir el narcotráfico que azota la región, reseñó El País.
«Panamá tiene que tomar sus medidas anticipadas, ya que en el año 2021 transitaron 134.000 migrantes (irregulares) y este año ya llevamos más de 5.000», manifestó a periodistas, desde la zona del Darién el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino.
– Cifras de venezolanos que cruzan el Darién
En un informe publicado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) el pasado 7 de febrero, señalaron que los migrantes y refugiados venezolanos superaron a los haitianos como el principal grupo que transita por el Tapón del Darién.
Según la organización, en el año 2021 los haitianos representaban casi el 80% de los aproximadamente 130.000 migrantes que cruzaron a Panamá por el Darién. En enero, más de la mitad de los 4.700 migrantes que atravesaron la selva eran venezolanos.
La OCHA recordó, además, que a diferencia de las anteriores oleadas de migrantes venezolanos que llegaron a Panamá (donde hay aproximadamente 121.600 migrantes y refugiados venezolanos), los flujos actuales se componen de migrantes que buscan transitar por el país de camino a los Estados Unidos.
Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 20% de la población venezolana (más de seis millones de personas), han salido de su país en los últimos seis años y encabezan las peticiones de asilo político en todo el mundo.
Durante los últimos años, a pesar de que muchos países han flexibilizado las medidas migratorias para los venezolanos, se mantienen algunas políticas contra estos como la deportación.
– Estados Unidos
Durante el gobierno de Donald Trump se deportaron a ciudadanos venezolanos desde EEUU a través de terceros países como Trinidad y Tobago, México o República Dominicana, esto debido a que las relaciones entre Washington y Caracas están rotas y no hay vuelos directos entre ambos países desde el 2019, como parte de las sanciones.
De acuerdo con una nota de El País de España, la medida de Trump fue criticada por el actual presidente de EEUU, Joe Biden, cuando estaba en campaña presidencial. Sin embargo, las deportaciones siguieron bajo la administración del demócrata, a pesar de que el año pasado se aprobó el Estatuto Temporal de Protección (TPS por sus siglas en inglés), para los venezolanos que estuvieran en territorio estadounidense y cumplieran con ciertas condiciones.
Recientemente, el 27 de enero, las autoridades de EEUU deportaron a dos venezolanos que antiguamente residían en Colombia. Así lo confirmó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado enviado a BBC Mundo.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó que estas deportaciones se producen basándose en el Título 42, una política instaurada por la administración de Trump y mantenida por la de Biden, que permite expulsar rápidamente a migrantes por la pandemia de COVID-19.
En septiembre de 2021, Filippo Grandi, presidente de Acnur, dijo que las expulsiones que se llevan a cabo con base en el Título 42, sin evaluar las necesidades de protección, “son incompatibles con las normas internacionales y pueden constituir devolución”.
Por su parte, tras las deportaciones, la Embajada de Venezuela ante EEUU emitió un comunicado, donde aclararon que dicha institución “no ha autorizado solicitudes que permitan la deportación de ciudadanos venezolanos de territorio americano por razones migratorias, solo de contados casos criminales con decisión de la justicia de EEUU”.
También, un grupo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) pidieron a Joe Biden cesar las expulsiones de venezolanos hacia Colombia y cualquier otro país bajo el Título 42.
“Estas expulsiones bajo el Título 42 violan la ley y arriesgan a que se envíen personas de vuelta a condiciones peligrosas, algunas veces las mismas que causaron que fueran en busca de un lugar seguro en primer lugar», indicaron en la carta organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Oxfam, RAICES y Human Rights First.
– Chile
Las medidas de las autoridades chilenas contra los migrantes venezolanos aumentan. Además de la reciente militarización de estados fronterizos para frenar el paso de migrantes, en el 2021 ejecutó varias deportaciones de venezolanos.
La primera ocurrió el 6 de junio de 2021. El gobierno de Chile expulsó a 56 migrantes venezolanos a quienes acusó de cometer delitos o ingresar de forma irregular al país, según confirmó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.
El grupo partió desde el Aeropuerto de Santiago en un avión comercial arrendado por el Gobierno chileno y fueron trasladadas a Caracas, indicó Delgado a la prensa.
Ministro @RodrigoDelgadoM, subse @GalliJF y el director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, asistieron al operativo de expulsión de 56 ciudadanos extranjeros. La #NuevaLeydeMigraciones busca un proceso ordenado, seguro y regular para quienes ingresen a Chile. pic.twitter.com/8nLFS1iBAN
— Min. Interior Chile (@min_interior) June 6, 2021
Luego de esto, organizaciones de defensa de migrantes denunciaron las deportaciones, al tiempo que un grupo de derechos humanos de la ONU indicó en mayo de 2021 que los migrantes «tienen derecho a una evaluación individual de sus casos y a quedarse en el país mientras se considera su situación migratoria».
📽 Director INDH, Sergio Micco, se refiere al operativo de expulsión de migrantes de nacionalidad venezolana pic.twitter.com/nnrpcReHaP
🔴La Defensora de la niñez, Patricia Muñoz, se refiere a la expulsión de 56 migrantes venezolanos durante esta madrugada realizada por el Ministerio del Interior @min_interior sin debido proceso. pic.twitter.com/LkDFYYiJnZ
— Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) June 6, 2021
Cabe recordar que en febrero de 2021, Chile expulsó a más de 100 extranjeros, muchos de los cuales ingresaron por pasos no habilitados, cruzando el inhóspito altiplano en la frontera con Bolivia y desafiando al COVID-19, reseñó DW.
Meses después, el 4 de noviembre de 2021, el Gobierno de Chile expulsó a 120 migrantes venezolanos y colombianos en un vuelo chárter, siendo esta la mayor operación de deportación realizada ese año.
En ese momento, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, aseguró que hay intentos de organizaciones de detener estas deportaciones, pero el «Estado de Chile y el Ministerio del Interior cumplen con la ley» y quienes «cometan delitos o entren clandestinamente» serán expulsados.
Se conoció que, de ese grupo, al menos 70 personas eran de nacionalidad venezolana y fueron enviadas a su país de origen por entrar a Chile de forma irregular o por haber cometido crímenes que presuntamente iban desde el tráfico de migrantes al homicidio, pasando por el robo con intimidación.
Hasta esa fecha, más de 800 extranjeros habían sido deportados de Chile, con base en una nueva ley de migración más estricta que el presidente Sebastián Piñera promulgó en abril bajo el lema de «ordenar la casa».
«Queremos que Chile sea un país abierto con las personas que vienen de forma legal (…), pero queremos cerrar la puerta a la migración ilegal, a los que entran sin cumplir nuestra leyes», insistió el mandatario al anunciar la ley.
Visas: Una traba más para los venezolanos
Una de las grandes barreras que limitan a venezolanos para viajar a otros países, o emigrar, es la exigencia de visas. Actualmente, 99 países exigen visado a los venezolanos. La lista está conformada por países de todos los continentes del mundo e islas del Caribe.
Los países de América son los que han implementado el requerimiento de visa más recientemente.
Canadá, Estados Unidos, México, todos los países centroamericanos, Colombia, Guyana, Ecuador, Perú y Chile son los países que exigen documentos, como visas y permisos, a los venezolanos para ingresar a sus territorios.
Los países americanos que empezaron a sumarse a la iniciativa de imponer visados a los venezolanos recientemente empezaron a hacerlo desde 2017. Los costos de las visas oscilan entre 25 y 250 dólares. Algunas son gratuitas, por ejemplo, los permisos que deben tramitarse para ingresar a Colombia.
Esto se debe al aumento del flujo migratorio venezolano. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Migración (OVM), hay 5.093.987 venezolanos que emigraron forzosamente de su país. Colombia es el principal receptor de migrantes venezolanos. Según el OVM, alrededor de un millón 800 de venezolanos residen en el país vecino.
América está conformado por 35 estados soberanos y 21 dependencias de otras naciones -islas del Caribe-. Para viajar a ellos, los venezolanos deben tramitar visas para 18 países de la región y siete islas.
Costa Rica es el último país que se sumó a la lista de exigir visa a los venezolanos. Según informaron las autoridades de Migración y Extranjería de Costa Rica, esta normativa entró en vigencia el lunes 21 de febrero.
Con la decisión que tomó Costa Rica, oficialmente todos los países centroamericanos piden visa a los venezolanos.
Sin embargo, el deslave humano seguirá mientras se prolongue la dictadura. No habrá visas que frenen las terribles causas de la migración forzosa venezolana.
Un mes antes de que entrara en vigencia el visado para Costa Rica, México también decidió solicitar este requisito a los venezolanos. La medida fue aprobada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador argumentando que existe un creciente flujo migratorio de venezolanos en tránsito irregular hacía Estados Unidos.
África es el continente con mayor cantidad de países que exigen visa a los venezolanos para ingresar a su territorio. De 54 países que conforman al continente africano, 31 de ellos exigen visado a los venezolanos.
Suramérica intenta frenar flujo migratorio
Los países de Suramérica son los que han acogido a mayor cantidad de venezolanos en el mundo. Colombia lidera la cifra con 1.825.687 migrantes en su país. Le sigue Perú con 861.049.
Los principales países receptores han impuesto controles migratorios a los venezolanos para tratar de controlar la cantidad de migrantes que ingresan a sus territorios. Aunque David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, aseguró que para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, no habrá visas que frenen las terribles causas de la migración forzosa venezolana.
Con la decisión que tomó Costa Rica, oficialmente todos los países centroamericanos piden visa a los venezolanos.
Sin embargo, el deslave humano seguirá mientras se prolongue la dictadura. No habrá visas que frenen las terribles causas de la migración forzosa venezolana.
Chile, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam son los países suramericanos que exigen visa a los venezolanos. Colombia por ahora solo exige permisos de permanencia.
Chile solicita a los venezolanos que tramiten la visa de responsabilidad democrática para poder ingresar a su territorio. Esta permite a los venezolanos obtener una visa de residencia temporal. Se otorga por un año (prorrogable por el mismo período). Tiene un costo de $60.
Según la página web del Gobierno de Chile, esta visa no puede solicitarse en calidad de turista, porque está orientada a quienes desean radicarse en Chile. Es gratuita. Esta ley entró en vigencia el 15 de junio de 2019.
Desde el 26 de agosto de 2019, Ecuador solicita una visa humanitaria a ciudadanos de Venezuela. Se tramita a través de la página web habilitada por el gobierno ecuatoriano. El documento solo se entrega en los consulados de Ecuador en Caracas, Lima y Bogotá. Tiene un costo de $50.
Para ingresar a Perú también se requiere visa humanitaria, solo puede ser tramitada en los consulados de Perú en Venezuela, Colombia y Ecuador.
Desde el 17 de marzo de 2018, Guyana también se sumó a la lista de países que piden visa a venezolanos. En este caso es una visa consultada que cuesta 50 dólares.
Visas para Norteamérica
Los tres países de Norte América exigen visa a los venezolanos. A Canadá y Estados Unidos se sumó recientemente México.
Los venezolanos que deseen viajar a Canadá deben solicitar una visa turística. La visa de turista tiene una duración de 5 años y permite al titular permanecer en Canadá por 180 días seguidos tras cada entrada al país. Esta tiene un costo de $100 canadienses.
En el caso de Estados Unidos, los venezolanos que estén interesados en entrar al territorio deben tener aprobada una visa B2. Tiene un costo aproximado de $160 estadounidenses. Debido a que la Embajada de Estados Unidos en Venezuela dejó de estar presente en 2019, los venezolanos deben tramitar esta visa en cualquier otra embajada del país norteamericano en el mundo.
Hasta diciembre de 2021, la Embajada estadounidense ubicada en Bogotá informó que sus servicios de visa de no inmigrante siguen restringidos debido a la pandemia del COVID-19. Únicamente tramitan visas de estudiantes, de intercambio y basadas en empleo.
En el caso de México, la nación decidió, desde el 21 de enero de 2022, exigir el documento a las personas procedentes de Venezuela que quieran viajar por turismo, tránsito, negocios, estudios y actividades deportivas.
México es una de las rutas principales con las que Venezuela ha mantenido vuelo directo desde que se impusieron las restricciones de vuelo como medida contra la pandemia de COVID-19. Muchos venezolanos utilizan esta ruta como conexión a otros destinos para los que no hay vuelo directo.
Centroamérica cierra por completo las puertas a venezolanos
Los siete países que conforman Centroamérica también exigen algún tipo de visado a los venezolanos.
Al igual que en el caso de México, República Dominicana es una de las principales rutas que los venezolanos utilizan para hacer conexión a otros países que no cuentan con vuelo directo.
Desde diciembre de 2019, los venezolanos requieren visa para ingresar al territorio dominicano. Esta se tramita a través del Consulado de República Dominicana. El trámite tiene un costo de 100 dólares para una entrada al país o de 150 para múltiples entradas.
El Pitazo reseñó que el 27 de enero se acordó en un gabinete imponer visa a los venezolanos para que puedan ingresar a Belice. “Aún se desconocen los términos del nuevo requerimiento y cuándo entrará en vigor. Así, Belice se suma a la lista de países que impone el requisito de visa a los venezolanos”, señaló.
Por otro lado, Costa Rica anunció que a partir del próximo lunes 21 de febrero solicitará visa a los venezolanos, para garantizar una migración ordenada y segura.
ATENCIÓN:
Costa Rica empezará a solicitar visa a los venezolanos. En ese país hay al menos 40 mil migrantes y refugiados de nuestro país. Cada gobierno es autónomo de implementar sus políticas migratorias, pero mientras siga la dictadura, la gente seguirá huyendo a donde pueda.
El Gobierno de El Salvador también exige visas para los venezolanos. Tiene un costo de 40 dólares y son tramitadas a través del consulado de El Salvador en Caracas. Los pasaportes de los venezolanos deben tener una validez mínima de 3 meses a la entrada así como tener la tarjeta de vacunación contra la fiebre amarilla.
Desde el 17 de marzo de 2018, Guatemala también impuso este control migratorio, solicitando a los venezolanos, que para entrar en su territorio, tramiten una visa que tiene un costo de 50 dólares.
Según Proiuris, la Cancillería hondureña implementó en noviembre de 2017 una visa para los venezolanos que deseen entrar al país centroamericano. Se alegó el principio de reciprocidad, puesto que Venezuela también exige visado a los ciudadanos hondureños. Tiene un costo de 100 dólares.
Panamá también es otro destino para el que los venezolanos requieren visa desde el 23 de agosto de 2017. Panamá no presenta opciones de visas humanitarias para los migrantes venezolanos. Según Proiuris el trámite tiene un costo de $60.
Desde el 11 de enero de 2021, los venezolanos deben presentar una visa consultada de categoría “C” para ingresar a Nicaragua.
Colombia alberga 1.742.927 venezolanos, y es el país con mayor población de esta nacionalidad. De este grupo, 1.022.815 están en condición irregular
En Brasil residen 261,441 migrantes forzados y refugiados venezolanos. De este grupo, 97,209 han solicitado la condición de refugiado y 38,387 han sido reconocidos como tal
Para 2018, alrededor de 40,3 millones de personas en el mundo eran víctimas de esclavitud moderna, y dos millones de estas se encuentran en Latinoamérica destacando Venezuela con una tasa de 5,6 víctimas por cada 1000 habitantes.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) publicó un informe sobre cómo las formas de esclavitud moderna impactan a los migrantes y refugiados venezolanos.
La llegada de la pandemia de COVID-19 ocasionó que Venezuela cerrara sus fronteras con países vecinos como Brasil y Colombia. Este cierre obligó a los migrantes venezolanos a tomar rutas clandestinas, lo que tiene como consecuencia un incremento en las condiciones de vulnerabilidad en las cuales llegan a los países de acogida.
En el caso de Colombia, para diciembre del 2020, entre 500 y 700 personas de nacionalidad venezolana cruzaron a diario por vías irregulares hacia el país vecino.
Esta práctica también ocurrió en Brasil. Desde 2018, los migrantes forzados se trasladan a pie por la Gran Sabana, en el estado Bolívar, a través de la Troncal 10. Reportes hechos por ciudadanos y fotografías captaron a hombres, mujeres, niños, ancianos y personas incapacitadas caminando con destino a Brasil.
Mujeres, niños, niñas y adolescentes son vulnerables en contexto migratorio y bajo las condiciones irregulares en las que se produce su movilidad; bien sea por temas rutas regulares e irregulares, o por documentación, sus condiciones los hacen más propensos a ser captados o sometidos a situaciones que se constituyen en formas análogas a la esclavitud moderna.
Trabajar sin remuneración
Un informe elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Panamá, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Costa Rica y Guyana, reveló que 21% de 4.600 venezolanos encuestados fue obligado a trabajar sin recibir ningún tipo de remuneración, o fueron retenidos contra su voluntad desde que salieron de Venezuela. De este grupo, 2% fue obligado a trabajar.
12% de los encuestados reportó que, estando en Venezuela, una oferta de trabajo en el exterior los contactó. A 13% se les ofrecía la cobertura del traslado con la oportunidad de hacer un reembolso en una etapa posterior.
Sin embargo, a una quinta parte de la población cuya oferta de trabajo incluía el reembolso de los costos, no le pagaron según lo acordado, y 10% de los que tenían que hacer los reembolsos se vieron obligados a trabajar, lo que la OIM denomina: servidumbre por deudas.
El CDH-UCAB registró casos de mujeres que, por cuenta propia o bajo engaño, han sido trasladadas a Trinidad y Tobago, Colombia y Brasil. En Trinidad y Tobago, la mayoría de las víctimas han sido captadas mediante ofertas engañosasde empleo o de prostitución «consensuada”, y una vez que llegan al destino, son obligadas a prostituirse.
En el caso de los migrantes y refugiados venezolanos que van rumbo a Brasil, estos son víctimas de redes de trata de personas que captan a estos migrantes para fines de explotación. Los medios utilizados para la captación consisten ofrecer servicios de transporte y ubicación en este país.
El CDH-UCAB señaló que en Colombia, Ecuador y Perú, migrantes venezolanas han tenido que recurrir a relaciones sexuales transaccionales. Además, en Colombia se han identificado a madres que empujan a sus hijas realizar estas prácticas y hombres y adolescentes que se dedican al contrabando de combustible y de drogas.
Un millón de migrantes en condición irregular
Colombia alberga 1.742.927 venezolanos, y es el país con mayor población de esta nacionalidad. De este grupo, 1.022.815 están en condición irregular. Al menos 14.839 han solicitado refugio y solo a 444 se le ha reconocido esta condición.
El informe señaló que, hasta mayo de 2021, Colombia dispuso vías especiales de regularización para venezolanos, como el Permiso Especial de Permanencia (PEP), los cuales resultaron insuficientes debido a la exigibilidad de requisitos como el pasaporte; documento que es considerado de difícil acceso como consecuencia de los altos costos del mismo, la demora en la entrega y falta de material para la impresión de este documento.
Además del PEP, Colombia creó el Estatuto temporal de protección para Migrantes Venezolanos (ETPV). Este fue publicado el 1 de marzo del 2021 en el Decreto 216. La primera de sus tres fases de implementación se inició el 5 de mayo.
“Este estatuto es un mecanismo de protección temporal mediante la regularización masiva de la población venezolana”, aseguró CDH UCAB.
El ETPV va dirigido a cuatro grupos: los venezolanos que se encuentran en Colombia de manera regular, los venezolanos solicitantes de refugio y titulares de un salvoconducto SC-2, los venezolanos en condición de irregularidad que demuestren que se encontraban en Colombia para el 31 de enero del 2021, y, por último, los venezolanos que ingresen de manera regular al país durante los primeros dos años de vigencia del Estatuto.
Limbo legal impide acceso a empleo formal
A pesar de que el Estatuto ha sido una gran solución para muchos migrantes, tiene ciertas fallas. De acuerdo al informe de CDH-UCAB, al suspenderse el proceso para el PEP desde marzo hasta septiembre, cuando comienza la segunda fase, existe un limbo legal para los migrantes que llegan en ese periodo de tiempo. No pueden tramitar el PEP, por ende, quedan sin opciones legales de identificación.
“Los que se registraron las primeras semanas, tienen su cita para la segunda fase en septiembre. Los que se registraron un mes después, para noviembre. Mientras más tarden en registrarse, más aumenta el margen de tiempo sin alternativas”, indicó el informe.
Este vacío de tiempo demuestra cómo son afectados los venezolanos que migraron durante 2021 a Colombia a nivel laboral, ya que están expuestos a trabajos en donde se aprovechan de su condición migratoria, o a la informalidad.
La mayoría de la población venezolana en Colombia se encuentra en edad de trabajar. Sin embargo, el no contar con un documento migratorio de regularización,impide que estas personas puedan acceder a un empleo formal.
La falta de regularización de la condición migratoria imposibilita que los migrantes y refugiados venezolanos puedan afiliarse al sistema de salud colombiano, convirtiendo a la salud en una necesidad que no es cubierta por el Estado, sino por organizaciones humanitarias y de cooperación internacional, ONGs y otros actores de la sociedad civil.
Sin embargo, Colombia permite que las personas de esta nacionalidad puedan acceder de manera gratuita al sistema de salud para casos de atención considerada de urgencia, pero la primera barrera que se identifica con relación a este punto consiste en que la ley no tasa o establece qué casos son considerados urgencias, y deja a discrecionalidad del personal médico determinar qué se entiende por esto.
Sin vacuna no hay paso
En Brasil, residen 261,441 migrantes forzados y refugiados venezolanos. De este grupo, 97,209 solicitaron la condición de refugiado y 38,387 fueron reconocidos como tal. A diferencia de Colombia, a finales de 2019, Brasil concedió el estatus de refugio de forma prima face o grupal a más de 21 mil venezolanos.
Durante la pandemia por COVID-19, en el 2021, para ingresar al abrigo, es necesario recibir la vacunación de acuerdo a las leyes brasileñas, o presentar el carnet de vacunación que demuestre haber sido vacunado en Venezuela.
El problema está en que solo 7% de la población venezolana ha sido vacunada. El Secretario de la Academia Nacional de Medicina, Huniades Urbina, dijo que solo dos millones de personas se han vacunado en Venezuela, frente a las 28 millones que deberían estar inmunizadas.
Para el municipio Gran Sabana, la situación con la migración forzada en el país, transformó su condición de municipio de destino turístico, asociado al Parque Nacional Canaima y La Gran Sabana, a convertirse en un municipio de tránsito con destino Brasil. A raíz de esto, la búsqueda de trabajo que permita obtener los reales se da a través de canales no regulares; no precisamente ilegales.
Tradicionalmente los migrantes a otras latitudes se insertan en los países receptores con bajo perfil, buscando ante todo cobijo económico-social por la desgracia que les ha obligado a desgajarse de su patria. Este no pareciera ser el caso del éxodo venezolano, quien se ha hecho sentir también a nivel planetario en la difusión de la tragedia nacional que padecemos a lo largo del siglo XXI.
Si bien es cierto que el éxodo nacional se ha destacado cualitativamente en todos los ámbitos de la esfera humana: artístico, universitario, deportivo, musical, económico, laboral con sus etcéteras posibles, hay uno fundamental como lo es el político. Allí se ha afincado el argumento, reconocido en el escenario global, que señala a Venezuela como víctima de una de las peores dictaduras de la historia continental.
En verdad, los 7.000.000 de venezolanos esparcidos en todos los continentes concurren en procura de una condición de vida digna, poder adquisitivo y futuro para sus familias, ese es el objetivo de todo ser humano. En el caso nuestro destacan, además, las ansias de libertad de expresión y de vivir en democracia, reafirmando los conceptos de nobel de Economía (1998) Amartya Sen. Este economista, recién laureado con el premio Príncipe de Asturias 2021 en Ciencias Sociales, señala que el ser humano pretende óptimas condiciones económicas y al mismo tiempo libertades políticas. Unas y otras van de la mano.
Efectivamente el atrevimiento político del venezolano se ha puesto de manifiesto recientemente en diferentes eventos y regiones del mundo. En 2020 fue destacada la participación en el proceso electoral de EE. UU. Unos partidarios de Donald Trump, y otros del demócrata hoy presidente Joe Biden, para que ambos en 2021 dictaran medidas de protección con el DED y el TPS, que otorgan márgenes de estabilidad a casi medio millón de connacionales. Siendo notoria la receptividad de la Administración Biden con la oleada de migrantes criollos en el reciente mes de abril con la llegada de 7000 por las fronteras del sur del país.
En el caso de España, la diáspora criolla fue contundente en las recientes elecciones de mayo 2021 de la Autoridad de Madrid, con el apoyo a la candidata del PP Díaz Ayuso y la derrota del «coletas» Pablo Iglesias de PODEMOS. Nadie olvida que es cómplice de la dictadura madurista en desmanes de corrupción y en el intento de maquillar la violación de DD. HH. en nuestro país. Es necesario destacar que se contabiliza el medio millón de venezolanos en tierras iberas.
En ese contexto de comicios se desarrollaron las elecciones presidenciales de Ecuador en abril 2021, donde el candidato triunfador, Guillermo Lasso, contó con el apoyo mayoritario de la migración criolla. Esta veía con preocupación el triunfo del correísmo, cómplice de fechorías de la tiranía madurista y que anunciaba cerrar la frontera a los inmigrantes venezolanos. Pues bien, desde el inicio de su gestión el 24/5/2021 el nuevo presidente, Guillermo Lasso, ha anunciado la aprobación de un TPS para los venezolanos en Ecuador. En ese país ya hay más de 400.000 migrantes venezolanos.
Debemos destacar que en ese ámbito de medidas de protección al éxodo nacional se ubica la decisión del presidente colombiano Iván Duque, quien promulgara desde enero 2021 la protección del TPS por 10 años a una población migrante de 2 millones aproximadamente. Incluso en medio de una crisis política y social que debe resolverse prontamente, ante la pretensión de factores políticos externos del quiebre del hilo constitucional.
El reto más complejo de la migración criolla, cuantificada en un millón de personas, está en Perú. El país inca está ante la celebración de elecciones presidenciales el próximo 6 de junio, con un candidato que se identifica abiertamente con la dictadura madurista. Como manifestara recientemente el nobel Mario Vargas Llosa, no se está eligiendo personas, aquí definimos 2 sistemas, dictadura o democracia. Por ello, señala el escritor, esta es la decisión más importante en la historia del Perú. Por tanto, no vacila en apoyar a Keiko Fujimori y así cerrarle la puerta a una aventura dictatorial como jamás se haya conocido en la historia republicana de 2 siglos.
Este periplo que hemos señalado ha conocido igualmente la posición crítica y contundente del éxodo venezolano, en primer lugar contra el autoritarismo que azota a Venezuela; y en segundo lugar con la oposición expresada en el gobierno interino de Juan Guaidó. Las protestas y señalamientos a Leopoldo López recientemente en Lima, y en las redes sociales, reflejan el descontento de una diáspora que no ha visto implicarse con contundencia a la representación opositora en atender las tragedias que viven los venezolanos en el mundo. Y, en el caso particular de la región andina. Allí se agravarían las condiciones de la diáspora de ganar el candidato talibán maoísta del movimiento terrorista Sendero Luminoso, que asoló al Perú el pasado siglo.
La reciente designación de Venezuela al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) por parte de administración del presidente, Joe Biden, representa un verdadero alivio para cientos de miles de venezolanos que vinieron a los Estados Unidos escapando de la tragedia socialista. Pero también demuestra que nuestra nación, sin importar la agrupación política que dirija las riendas de la Casa Blanca, sigue siendo un tema prioritario para el gobierno estadounidense.
Un tema que lejos de limitarse a la sola política exterior, hoy también se convierte en un asunto de política interna; como de hecho se ha convertido la masiva migración venezolana para prácticamente todo el continente.
Aunque la realidad es suficientemente grave para permanecer indiferentes, esta medida es el resultado del trabajo conjunto, en primer lugar, de la comunidad venezolana en los Estados Unidos. Con esta he tenido la oportunidad de conversar en varias ocasiones y puedo dar fe del admirable el trabajo de organización que ha logrado para construir redes de solidaridad y ayuda con nuestros connacionales.
También de todo el equipo de la Embajada del gobierno legítimo de Venezuela, quienes siempre entendió que era primordial entablar buenas relaciones con todos los sectores políticos en Washington y garantizar que Venezuela siga siendo unos de los temas donde hay consenso bipartidista. A los Estados Unidos siempre les estaremos agradecidos por tomar la decisión correcta que hoy beneficia a cientos de miles de venezolanos que en su mayoría está acá no porque quieren, sino porque representan muchas veces la garantía de supervivencia de su familia en Venezuela.
La designación de un país al TPS significa que los Estados Unidos reconoce que, en las condiciones actuales, las personas de dicho país no pueden regresar a casa de manera segura.
Estas condiciones pueden ser, por ejemplo, una guerra o un desastre natural. De allí que en la lista de naciones que también han sido designadas con el mismo estatus figuran Siria, Yemen, Sudán del Sur y Haití. Venezuela se une al grupo por representar la tragedia humanitaria más grande que haya vivido nación alguna sin sufrir un desastre natural ni contar con un conflicto armado declarado. Una tragedia humanitaria causada por la imposición del modelo socialista y el saqueo de un país por una élite corrupta que pulverizó los indicadores macroeconómicos que ubicaban a Venezuela entre las naciones más prósperas de la región antes de la irrupción del chavismo.
Debo decir que ver a Venezuela en esta lista no me llena precisamente de orgullo, más allá de que me alegre por tantos miles de venezolanos honestos que, mientras dure esta protección, podrán continuar sus vidas en suelo estadounidense sin miedo a ser deportados; teniendo derecho a un Documento de Autorización de Empleo (EDA, por sus siglas en inglés). Personalmente, hubiese preferido vivir la época donde era nuestro país el que recibía migración de todas partes del mundo. Y cuando nuestro pasaporte nos abría puertas y no nos las cerraba como sucede hoy.
Pero son los tiempos que nos tocaron afrontar y, lejos de desmoralizarnos, queda de nosotros levantar no solo nuestro gentilicio, sino trabajar desde nuestro espacios para que todos y cada uno de los venezolanos que quiera regresar a Venezuela, lo haga sin miedos y sabiendo que serán recibidos con los brazos abiertos.
Se calcula que aproximadamente unos trescientos veintitrés mil venezolanos pudieran ser elegibles para al TPS.
Esto significa también un poderoso mensaje enviado por la administración Biden al resto del mundo, principalmente Latinoamérica, donde se ha concentrado la mayor parte de la migración venezolana. Una que por cierto vive en condiciones de mayor vulnerabilidad que las que se pudieran vivir en otras latitudes. Venezolanos que también necesitan protección y que no exigen un estatus de privilegio, sino un trato igualitario que les permita obtener un empleo. No por representar mano de obra barata, sino porque así lo permitan sus calificaciones profesionales.
Los venezolanos no escapamos a robarles oportunidades a otros; salimos a creárnoslas con esfuerzo y dedicación. El respeto de las leyes debe ser nuestro norte para lograr lo que queremos. Seamos nosotros mismos los primeros en condenar a quienes delinquen, pero también los primeros en rechazar la generalización que cruza los límites de la estigmatización y la xenofobia y pretende meternos a todos en el mismo saco. Los venezolanos vamos a superar esta etapa y con trabajo continuaremos buscando razones para sentirnos orgullosos de donde venimos.
Atención: si vives en los Estados Unidos y tienes cualquier pregunta sobre el TPS, escríbenos a Serviciosconsulares@us.embajadavenezuela.org. Estamos a la orden para orientar a todos nuestros hermanos venezolanos en este proceso.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
Biden y Duque le tienden la mano a los migrantes venezolanos. Izq. venezolanos en EE. UU. (foto archivo El Nacional); der.: el presidente Iván Duque (foto Presidencia de Colombia). Comp. Runrunes.
Como venezolana, migrante, defensora de derechos humanos e investigadora que trabaja con personas migrantes, refugiadas y necesitadas de protección internacional, debo reconocer que el hecho de que Colombia y Estados Unidos hayan emitido estatutos de protección temporal para los venezolanos me llena de regocijo.
Quienes andamos en estas lides, sabemos que un elemento fundamental para hacerle frente a la vulnerabilidad que afecta a la población migrante es regularizar su situación; esto permite tener los documentos en regla, poder buscar empleo formal, abrir una cuenta bancaria, cotizar en la seguridad social, cursar estudios, en fin, poder realizar un conjunto de actividades cotidianas, que son prácticamente imposibles de efectuar por aquellas personas en situación irregular, quienes comúnmente son denominadas “ilegales”.
No hay persona “ilegal”
Cabe destacar que no hay seres humanos ilegales, ya que las leyes son posteriores al hecho de ser persona; y considerar a alguien de esta manera viola su derecho humano al reconocimiento de su personalidad jurídica. A lo que se debe agregar el efecto estigmatizador del uso de este término, lo que lleva a criminalizar, sin justa causa, a quienes están en una situación administrativa irregular.
Las migraciones han sido parte de la vida humana desde tiempos remotos, no obstante, es desde el siglo pasado que se han convertido en un problema fundamental para los Estados. Y este es un punto en el cual se debe hacer hincapié.
Son los Estados los que construyen socialmente la migración como un problema. Son los Estados los que instrumentalizan la migración para sus propios intereses. Son los Estados, en el contexto de la globalización económica, los que apuestan por la liberalización del capital, por el libre intercambio de los productos y, en temas de movilidad humana, por una regulación y control estricto de sus fronteras. Esto es lo que se conoce como las paradojas del proceso de globalización.
Así las cosas, en un contexto como el actual, la restricción de las fronteras y la estrategia de securitización implementada por muchos Estados (ejemplo claro es la estrategia de expulsión y control del presidente Sebastián Piñera de Chile) no logran su cometido, el cual es frenar las migraciones. Las personas siguen desplazándose aunque no tengan una visa u otro documento para su permanencia regular; lo que pasa es que lo hacen con mayores riesgos y esto exacerba su vulnerabilidad.
Además, ante la desesperación por salir y por establecerse en otro país, se convierten en blancos fáciles para las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, entre otros delitos de los cuales pueden ser víctimas.
Refugiados, migrantes y DD. HH.
En el caso de Venezuela, donde la migración es forzada y se da ante una emergencia humanitaria compleja, la situación es aun más grave. La distinción entre personas refugiadas, aquellas que huyen por ser perseguidas, y migrantes, quienes se movilizan “libremente” por razones variadas, entre las que se destacan las económicas, no es tan clara como a veces se pretende señalar.
Aunque hay una clara definición de lo que es una persona refugiada, no ocurre lo mismo con lo que es una persona migrante; no existe a nivel internacional una definición jurídica de esta categoría. A lo que se debe agregar, en el caso de las personas venezolanas, que es muy tenue esa línea entre refugiados y migrantes ya que estos últimos, que supuestamente salen por motivos económicos, lo hacen por encontrarse en un contexto de violación de sus derechos económicos, sociales y culturales que les impide proveerse de las condiciones materiales que aseguren una existencia digna.
Este escenario llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Resolución 2/18, se refiriera a la movilidad de personas venezolanas como una migración forzada y exhortó a los países de la región a reconocer la condición de persona refugiada, de acuerdo con la definición de la Declaración de Cartagena sobre refugiados de 1984, que incorpora a esta categoría a quienes huyen de una violencia generalizada o por la violación sistemática de derechos humanos.
Esta declaración es del año 2018, cuando ya se empezaba a hablar de éxodo masivo, que ha ido aumentando hasta el punto de que, para inicios de 2021, ya había más de 5 millones de personas venezolanas fuera del territorio nacional. Este fenómeno solo es comparable por su magnitud, el impacto en los países vecinos y por la rapidez del desplazamiento, con el sirio, con la diferencia de que en este país del Medio Oriente hay una guerra declarada.
Estatutos de protección vs. alambradas
En estas circunstancias, es indudable que medidas como los estatutos temporales para la protección de personas migrantes venezolanas llenan de alegría a quienes pueden regularizar su situación. Pero también lleva a preguntarse si esto implica un cambio a nivel internacional en las estrategias de securitización y controles fronterizos que han marcado las políticas migratorias de la mayoría de los países durante los últimos años, hacia políticas inclusivas y centradas en el respeto de los derechos humanos.
La respuesta a esta interrogante es un no rotundo. No se observa un cambio de enfoque. Lo que se visualiza es, por el contrario, un aumento de los controles fronterizos incluso cierre de fronteras, aumento del personal militar en zonas limítrofes, exigencia de visas con un conjunto de requisitos cada vez más difíciles de cumplir, en fin, una serie de medidas que están muy lejos de centrarse en un enfoque humanitario y de derechos humanos.
Ante este panorama, las decisiones de los gobiernos de Iván Duque en Colombia y Joe Biden en Estados Unidos destacan. Se presentan como acciones humanitarias, que lo son, pero detrás de ellas hay que hurgar en eso que se conoce como la realpolitik, término de origen alemán, definido por el Diccionario de la lengua española como la “Política basada en criterios pragmáticos, al margen de ideologías”. En otras palabras, que estos gobiernos no tomaron estas decisiones por “buena gente”, sino porque mediante un análisis de costo-beneficio, las consideraron positivas para sus intereses.
El gesto de Duque
En el caso de Iván Duque, poco antes de la presentación del proyecto de decreto del Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos (ETPV), específicamente el 21 de diciembre de 2020, expresaba que las personas venezolanas irregulares no serían vacunadas porque implicaría una estampida de gente cruzando la frontera para hacerlo. ¿Qué llevó al presidente colombiano a cambiar de posición en un mes y extender la protección para los migrantes venezolanos?
Se han dado distintas explicaciones al respecto. Sobre todo tomando en cuenta de que se trata de una medida impopular; la mayoría de la población colombiana no dio su beneplácito a esa decisión.
Uno de los argumentos se vincula con el hecho de que en Colombia se concentra el mayor número de migrantes de nacionalidad venezolana y más de la mitad se encuentra en condición irregular. Regularizar a esta población implica que tendrá que aportar a las arcas nacionales mediante el pago de impuestos, en un momento donde los Estados buscan recursos de distintas maneras ante la crisis ocasionada por la pandemia de la covid-19.
Otros señalan que es un tema de trascendencia. Hasta ahora, Iván Duque no ha tomado ninguna medida que deje una huella histórica de su mandato, lo cual podría lograr con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, la más amplia protección humanitaria otorgada a personas venezolanas y que le ha valido elogios de la comunidad internacional.
Pero no se puede olvidar que tanto durante su campaña, como a lo largo de su mandato, el gobierno de Iván Duque ha sido el principal oponente de Nicolás Maduro en la arena internacional, por tanto, esta medida demuestra congruencia entre el discurso y las acciones, de las cuales se espera obtener dividendos políticos.
Biden: giro de timón en temas migratorios
En el caso de Joe Biden, hay que recordar que durante el gobierno de Barack Obama fue vicepresidente y apoyó sus políticas migratorias, entre ellas, la expulsión masiva de migrantes, con cifras superiores a las registradas durante el mandato del xenófobo Donald Trump. Esto llevó a caracterizar al gobierno de Obama como el mayor expulsor en la historia estadounidense. Así que tampoco se puede presentar a Biden como el adalid de esta población.
El estatuto de protección temporal (TPS por sus siglas en inglés) para venezolanos fue una de las promesas del hoy presidente de Estados Unidos durante su campaña presidencial y responde a ese giro de timón que se observa en el abordaje de los problemas migratorios, donde, por lo menos en el discurso, se busca transformar las estrategias de securitización, las medidas de arresto de migrantes y la violación de derechos humanos que fueron recurrentes durante el gobierno de Trump. Por ahora, no ha sido fácil implementar los cambios por las limitaciones legales y burocráticas para hacerlo.
El TPS supone una diferencia importante con su antecesor Trump, quien se concentró en el establecimiento de sanciones para Venezuela y en el apoyo a Juan Guaidó, pero que esperó hasta su último día en la Casa Blanca para prohibir la expulsión de personas de Venezuela, una protección mucho más limitada que la que proporciona el TPS.
Pero independientemente de las razones de los gobiernos, para los venezolanos en Colombia y Estados Unidos los nuevos estatutos les dan motivos para caminar con más tranquilidad, por eso debemos mostrar nuestro agradecimiento.
La situación de vulnerabilidad de millones de migrantes en el mundo les conlleva, al arribar a nuevos territorios, a aspirar a ser reconocidos como seres humanos, a ser bien tratados y considerados ante la tragedia que les condicionó a huir del país de origen. Una legítima aspiración ante quienes gobiernan en el país de destino, sin importar ideologías o color político. Millones de seres humanos que tocan las puertas de gobiernos conservadores, liberales, republicanos, demócratas, socialcristianos o socialdemócratas.
El migrante toma partido de quien le mitigue la ansiedad por la incertidumbre, siendo esa cruenta realidad una constante en la diáspora nacional, acentuada desde 2015. Al comienzos fue iniciativa propia de millones de connacionales regados por el planeta, luego de 2018 la retórica diplomática marcó el apoyo a la tragedia nacional del país, considerado en el siglo XX como una suerte de sueño tropical para tirios y troyanos.
Así alzaron su voz variopintos grupos: Grupo de Contacto, Grupo de Lima, la OEA, la Unión Europea, la Administración Trump; en algunos casos con pronunciamientos incendiarios contra el régimen dictatorial, sin la concreción de protección alguna a las legiones de venezolanos migrantes.
En 2020 la pandemia significó un costal adicional al apocalipsis venezolano, sobre todo en Sudamérica, donde se precarizó la condición humana de la diáspora nacional; ello, ante la posición cruel de la tiranía de ignorar la miseria y pobreza general del país con la justificación paranoica de ser víctima de agresiones imperiales.
Pues bien, en 2021 sucedió lo inesperado. Bajo la conseja popular criolla “Dios aprieta, pero no ahoga” se produjo un maná de alivio para una porción importante del éxodo nacional:
Luego el presidente colombiano Iván Duque el 1/3/2021 publica el decreto 216 por medio del cual se adopta el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal y se dictan otras disposiciones en materia migratoria».
El TPS de Biden
Finalmente el presidente Joe Biden ha culminado esta racha de decisiones positivas con la aprobación del TPS a partir del 9/3/2021 extendido por 18 meses para los venezolanos que se encuentren en situación irregular en EE. UU.
En el caso de Colombia la medida protege a 1.800.000 venezolanos por 10 años, derecho a la educación, salud, entre otros; y en el caso de EE. UU., el TPS les asigna a 320.000 criollos un estatus de protección temporal por 18 meses que impide las deportaciones, otorga permiso de trabajo, permiso de conducir y seguridad social.
Estas decisiones tienen efectos cruciales en la política mundial de migraciones. En primer lugar, sitúa a la tiranía madurista en el escenario planetario como violadora convicta y confesa de derechos humanos y de delitos de corrupción por haber llevado a un país a la ruina y miseria.
Estos TPS son dos misiles al cuarto de máquinas del régimen, con efectos devastadores. Y superiores, incluso, a las justificadas sanciones contra los bienes de corruptos funcionarios de la nomenklatura de la tiranía.
En segundo lugar, son una lección para el resto de gobiernos de América Latina, quienes debieran aplicar estas medidas de protección en sus países. Recordemos que sus ciudadanos en otro momento consideraron a Venezuela como su segunda patria, sobre todo cuando las dictaduras asolaron sus países y nuestro país los acogió plenamente. Tales fueron los casos de Chile con Pinochet, Argentina con Videla, Uruguay con Bordaberry, Perú con Morales Bermúdez, Bolivia con Barrientos, Haití con los Duvalier. Clase aparte Colombia, que responde a la altura, con el TPS, al gesto de recibir en décadas pasadas a millones de sus ciudadanos, que forman históricamente parte de la población venezolana.
Tiranía y xenofobia
En el mismo tenor, la Unión Europea, que ha tenido con Siria y África políticas migratorias de integración a millones de seres humanos, debiera igualmente dirigir la mirada a los venezolanos. Recordemos que este país recibió generosamente a generaciones de pobladores de Alemania, España, Italia, Portugal y hasta de Rusia y los países del Báltico. Oleadas de emigrantes. que huían de los conflictos bélicos que asolaron al Viejo Continente durante el siglo pasado, fueron recibidos acá como su seguro nuevo hogar.
La tarea continúa. La migración venezolana, que sobrepasa los 6 millones de errantes por el mundo, permanece en lucha contra la xenofobia y la persecución, con saldo de decenas de asesinatos y de violaciones y explotación sexual en Sudamérica. En su mayoría son profesionales universitarios de valía, dispuestos a aportar a la economía de cada país. Y aspirando a que, mediante la figura de TPS y el asilo político, se les permita recuperar la fuerza necesaria para reconquistar su país y desalojar la tiranía que escuece la patria.
