reelección indefinida

 

La eliminación absoluta de la reelección presidencial fue propuesta a través de una modificación del Proyecto de Enmienda Constitucional aprobado ya en primera discusión por la Asamblea Nacional, y la cual fue presentada al presidente del Poder Legislativo, diputado Henry Ramos Allup, y a la Comisión Permanente de Política Interior.

En una nota de prensa del órgano legislativo se señala que, además, se dejaría sin efecto la propuesta de recortar el período presidencial a cuatro años al dejarlo en seis años, como está establecido. Se modifica el artículo 233 de la Constitución Nacional para que la ausencia absoluta que produzca un revocatorio sea este año o el próximo, origine elecciones inmediatas, quiere decir que si la ausencia se da en los primeros cinco años de ese mandato de seis años, tenga que convocarse a elecciones en un período de treinta días máximo.

La propuesta plantea igualmente la modificación del artículo 230, el cual quedaría redactado de la siguiente forma: “El período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta de la República no podrá ser reelegido o reelegida de forma inmediata y tampoco podrá postularse nuevamente en ninguna oportunidad para el cargo de Presidente o Presidenta de la República”.

La modificación del artículo 233 quedaría de la siguiente forma: Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Suprema de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato.

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta Electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

Si la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República se produce durante los primeros cinco años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva.

En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará el período constitucional correspondiente.

Si la falta absoluta se produce durante el último año del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar dicho período, a menos que la falta absoluta fuera causada por la revocatoria del mandato o destitución, caso en el cual asumirá la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

El vocero de la propuesta fue José Ignacio Guédez, secretario general de La Causa R, quien explicó que con apenas unos pequeños cambios de pocas palabras en dos de los artículos ya incluidos en el proyecto original (230 y 233), se puede solventar el error constituyente de permitir que un funcionario no electo popularmente y designado libremente por un presidente revocado, pueda convertirse en Presidente del país por hasta dos años consecutivos.

Guédez enfatizó que, manteniendo el período presidencial en seis años, para evitar la polémica jurídica planteada por el TSJ, se puede extender a cinco años el supuesto de ausencia absoluta que genera elecciones inmediatas, dejando la opción del Vicepresidente encargado solamente para el último año (sexto año del período).

Indicó que de esta manera se pone la Enmienda al servicio del Referéndum Revocatorio ya activado por el pueblo venezolano con la esperanza de un cambio de Gobierno, “abordando la estrategia oficial del retraso para que no se materialice dicha consulta este año con la expectativa de mantener ilegítimamente un gobierno impopular. La idea es que el Revocatorio, sea este año o el próximo, genere en todo caso una elección presidencial inmediata para que sea el pueblo, y no el revocado, quien elija al líder que termine el período”.

Igualmente –subrayó Guédez- proponemos eliminar todo tipo de reelección para el caso de presidente, ya que un período de seis años es tiempo suficiente para culminar una gestión, acabando así la reelección indefinida sustituyéndola por un solo período de seis años.

Consideró que con estos pequeños cambios el proyecto de Enmienda gana pertinencia y se adapta a las circunstancias políticas actuales.

Además, «se desmonta por completo la estrategia hoy ya cantada del régimen de prolongar el revocatorio hasta enero, creyendo que con ello pueden mantener un gobierno ilegítimo hasta 2019”.

Prensa Asamblea Nacional.

El referendo en el que los bolivianos decidirán si el presidente Evo Morales puede presentarse a un cuarto mandato en 2020 arrancó hoy con un acto en Sucre de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona.

«El Tribunal Electoral garantiza los resultados de este proceso que será expresado en las urnas por los bolivianos», exhortó Uriona, que llamó a los bolivianos a participar de manera masiva y pacífica en el acto electoral, informó DPA.

En total están llamadas a las urnas 6,5 millones de personas, que votarán en 29.200 mesas electorales. En Bolivia el voto es obligatorio bajo pena de sanción económica o inhabilitación de 90 días para realizar trámites u operaciones bancarias.

La consulta también se llevará a cabo en 33 ciudades extranjeras en las que viven 258.990 bolivianos registrados ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La votación en los 339 municipios bolivianos se llevará a cabo entre las 8:00 y las 16:00 hora local (12:00-20:00 GMT). El escrutinio de la votación en Bolivia y del voto del exterior comenzará a las 18:00 hora local (22:00 GMT).

«Esta es una cita muy especial con la democracia porque van a decidir una reforma parcial de la Constitución. Es la primera vez que existe una consulta ciudadana, porque la reforma estaba a cargo de los políticos», destacó en La Paz el vocal electoral José Luis Exeni, en acto al que asistió el vicepresidente Álvaro García Linera.

En el referéndum también se decide si García Linera puede presentarse a las elecciones para el periodo 2020-2025.

Como en ocasiones anteriores, Morales viajó al trópico de Cochabamba para emitir su voto.

La Policía reportó la detención el sábado de 242 personas en varias ciudades bolivianas por infringir el silencio electoral y por consumo de bebidas alcohólicas.

 

El devenir diario, salpicado de vertiginosas malas nuevas que nos bombardean sin tregua, y la dura carrera por la simple supervivencia, muchas veces nos impiden tomarnos un minuto para valorar en su justa medida la gravedad de la situación que padecemos. No me refiero en este caso solamente a la inclemente crisis económica, hablo también de otros aspectos, particularmente perversos por su sutileza, que vienen moldeando las relaciones entre el poder y la ciudadanía en nuestra nación desde hace ya más de tres lustros, y que nos han convertido en un pueblo sumiso y desencajado, uno que ya no sabe ubicarse en el siglo en el que le tocó vivir y que, por el contrario, se ha visto forzado a aceptar atrasos que ya deberían haber sido superados.

Mientras el resto del mundo, con contadas excepciones, parece estar mirando hacia adelante, los venezolanos somos nariceados hacia el pasado. La excusa que es y ha sido siempre la “revolución” nos muestra patentes ejemplos esto. Son muchos, pero podemos referirnos a unos cuantos para demostrar la validez de la tesis.

Empecemos por el cuento de la reelección indefinida. Chávez propuso en 2007 una reforma a la Constitución que, al final los hechos lo demostraron, no tenía otro sentido que el de permitirle, cual monarca de los de antaño, enquistarse en el poder de por vida. Tan es así, que cuando el pueblo le dijo “no” a su esperpento, ya que olía tan mal que no gustaba ni a muchos de los mismos chavistas, de inmediato pataleó y propuso una ilegítima enmienda a nuestra Carta Magna en la que el único tema a discutir era el de si se le iba a permitir eternizarse en el poder o no. Al final del día, eso debe haber quedado ya claro a todos, eso era lo único que en realidad le interesaba de su reforma fallida, pues era lo único que no podría luego imponer disfrazado de decretos o de leyes que desconocerían la que fue una contundente expresión popular de rechazo a su proyecto político.

Lo demás es historia. Chávez había perdido esa batalla, pero solo “por ahora”, como nos los restregaron en cara cientos de costosas vallas a nivel nacional por esos días. Después de lograr su “comodín” (la reelección indefinida, que era lo único que le preocupaba verdaderamente), una a una las restricciones y limitaciones a nuestros derechos que habían sido propuestas en la fallida reforma de 2007, y las modalidades también fallidas de control del Estado sobre la economía y sobre nuestros capitales fueron implementadas, paso a paso pero por los caminos verdes, desconociendo la voluntad popular y a través de mecanismos engañosos. El pueblo le había dicho “no” a la visión socialista radical, excluyente y sesgada que Chávez planteó, pero eso no lo detuvo.

Porque el gran pecado del chavismo, y ahora del madurismo, es que gobiernan y hacen lo que les place con el pueblo, sin el pueblo o incluso contra el pueblo, si así les toca. Es una muy mala costumbre a la que nosotros nos hemos habituado. Los ciudadanos no somos más que instrumentos al servicio del poder, que solo somos “buenos” cuando les reímos las gracias, pues cuando se nos ocurre cuestionarle los modos pasamos de inmediato a ser, independientemente de que seamos o no oficialistas, “criminales”.

¿Otro ejemplo? La mala costumbre que seguimos validando de regalarle el sueldo a los legisladores, que nunca pierden la oportunidad, cuando así se les pide, de “habilitar” al presidente para que haga el trabajo, que se supone, ellos deben hacer. Ahora hasta se dan el tupé de sesionar formalmente solo una vez por semana, a menos, por supuesto, que alguna emergencia “revolucionaria” les imponga la carga de debatir temas tan “trascendentes” e “importantes” (la ironía es expresa) para nuestro país como los créditos adicionales que se le van a dar a Jorge Rodríguez para que mantenga el circo de “Suena Caracas” o el “dolor” de algún gobiernero cuando le “ofenden” los opositores. Para esas cosas sí hay tiempo, como también lo hay para aprobar, apurados y aprovechando el letargo popular de las fiestas decembrinas, la designación del nuevo Defensor del Pueblo, del nuevo Contralor o del nuevo Fiscal General de la República.

Lo peor del guiso “habilitante” ni Chávez ni Maduro han perdido la oportunidad para hacer con la encomienda legislativa lo que en ninguna parte tienen permitido hacer: Crear nuevos delitos o agravar las penas de los ya existentes, a placer y por vía de los denominados “decretos leyes”, que no son leyes en sentido estricto. La Constitución es clara (Art. 49, numeral 6º) cuando nos dice que solo las leyes pueden crear delitos, faltas o infracciones y también lo es cuando nos define, en su Art. 202 a la ley como el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Con las bravatas habilitantes, los ciudadanos nos estamos habituando a permitir que los legisladores no cumplan con sus obligaciones, y además a la mala costumbre de consentir que, como ocurría en las monarquías absolutistas, el soberano (no el pueblo, sino el monarca) monopolice el poder ejecutivo y también el legislativo. Lo único que nos falta es dejar que a Maduro se le conceda formalmente el poder de juzgar, lo cual por cierto sí hace, como lo hacía Chávez, cuando en cadena nacional se da el gusto de dictarle pautas a los jueces señalando quién debe ser tenido como criminal y quién no ¿No me lo creen? Busquen qué juez se atreve a ir, en este país desvencijado, contra la “condena” que emite públicamente el presidente contra cualquier ciudadano, sin pagar con su puesto o con su libertad por ello. Esto es el “efecto Afiuni”, así se le llama hoy, y nos está haciendo mucho daño.

Estudien ustedes las recientes normas contenidas en la marea apurada de nuevos “decretos con rango de ley” (que insisto, no son “leyes” en sentido estricto) que acaba de promulgar Maduro y veamos las pruebas de lo que afirmo. Puro retroceso. No solo estamos exacerbando el personalismo y promoviendo el carácter vitalicio del mandato presidencial (ya Chávez no había obligado a tragar esa píldora) sino además le estamos permitiendo al presidente que asuma funciones que no le corresponden. Peores aún son los atrasos que de ello nacen. Por solo mencionar uno, en el Decreto Ley que regula los ilícitos cambiarios se consagra como delito (en su Art. 22) la falta de reintegro de las divisas al Estado, cuando así se haya decretado. En otras palabras, el incumplimiento de una obligación patrimonial, del pago de una acreencia, en este caso con el Estado, pasa a ser punible, castigado con penas pecuniarias pero también con penas privativas de la libertad, lo cual nos devuelve al esquema superado de la “prisión por deudas” que fue abolido en Venezuela hace casi doscientos años por Juan Crisóstomo Falcón.

Si seguimos así, callando y validando estas malas costumbres y estos graves retrocesos, dentro poco estaremos aceptando de nuevo la esclavitud y formalizando otra vez, contra los “enemigos de la Patria”, la pena de muerte.

 

@HimiobSantome