Reelección

Llevar la participación política hasta los niveles difusos de los revocatorios no hace sino entronizar oclocracias, el desorden, la muchedumbre en la que nadie gobierna y menos dirige

@asdrubalaguiar

Dos fenómenos, acaso propios del deconstructivismo que padece Occidente a partir de 1989 –en ese instante se instala en Venezuela la Comisión Bicameral para la Reforma de la Constitución que presidiera Rafael Caldera– explican el despeñadero de igual desinstitucionalización democrática que aún corre hasta el presente como río sin madre.

Ayer, bajo la creencia de que mediaba la madurez democrática venezolana y de consiguiente la justicia del reclamo ciudadano para el ejercicio directo de la soberanía popular, se aviene la señalada comisión a la propuesta de los referendos, que luego insertan, a pesar de venir de la demonizada IV República, los parteros del pecado original; de eso que, como lo afirmaría el mismo Caldera, “sería un golpe de Estado”; a saber, instalar una constituyente no prevista por el orden constitucional en vigor para la época. Desde entonces se consagra, exactamente, el referendo revocatorio del presidente de la república, de frustrada realización bajo la dictadura autora y causahabiente del último despropósito.

Se lo abortó en 2004, cuando el alto tribunal de la república –que con una composición distinta y antes facilita la actuación constituyente– integrado esta vez por magistrados fieles a la revolución trucan el referendo revocatorio contra Hugo Chávez Frías en un plebiscito. No bastaba, como lo manda el mismo texto constitucional, que el pueblo alcanzase un voto más del obtenido por el cargo de elección popular a ser revocado para cumplir el cometido.

Y dejo el margen lo del fraude manido en ese tiempo, que me consta por haber sido testigo de excepción y que convalidaran el Centro Carter y la OEA, aceptado para serenar los ánimos encrespados y evitar el arrebato de aquél, quien, efectivamente, resultó revocado. Algo similar, como lo veo, acece con comportamiento que, en esta hora, ha asumido la comunidad internacional con relación a la Venezuela de Maduro.

Nada que decir, de la repetición de la experiencia de la Lista Tascón ahora llamada Lista Cabello, convalidada aquélla por quien fuese presidente del Consejo Nacional Electoral, Francisco Carrasquero, cuya felonía –que le cuesta a Venezuela ser condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos– le ganó ser designado magistrado de la Sala Constitucional.

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Mas lo esencial, lejos de estas bagatelas propias de nuestra genética inconstitucional y ante lo que importa como transcendente, es entender que la experiencia de los referendos es propia de sociedades democráticamente avanzadas, y que nace entre nosotros como una respuesta al desencanto democrático; como si este pudiese resolverse por tales vías.

Antes bien, desde cuando ocurre –llamémoslo así con ironía– el referendo «judicial» revocatorio que se le impone a Carlos Andrés Pérez, se abrió una caja de pandora; emergió la posibilidad en Venezuela de mandar a su casa a los gobernantes incómodos, antes de que cumplan sus períodos constitucionales. No se hizo otra cosa que parar en seco el reloj biológico de respeto a la institucionalidad, en la que se venía adiestrando la nación.

Al cabo, pues, los mismos gobernantes de turno, apremiados por tal realidad, han dejado de gobernar y de adoptar decisiones fundamentales para el bien común cuando tienen costos de opinión; no sea que la rabieta popular los eyecte de sus cargos. Desde allí, no solo entre nosotros sino en el propio Occidente, ceden los liderazgos y mueren los estadistas. Ha quedado, apenas, un carnaval de candidatos y de candidaturas en las que juega el mismo gobernante señalado y que no gobierna. Lo peor, repotenciados por el andamiaje de redes, practican el narcisismo digital, incluso hasta en los instantes en que van al retrete. El pueblo, al término dejó de contar, se quedó sin referentes y sin referendos.

Vistas así las cosas, mudados los líderes, gobernantes y estadistas en oficiantes de la pequeñez política y artesanos de lo inmediato, hoy aprecian toda elección como un derecho político, que corresponde no tanto al elector sino al elegido. Y el elegido, como parte de la refriega o justa comicial, de suyo considera legítimo conocer las cartas marcadas de su adversario: léase, las firmas de quienes acuden en procura de revocar su mandato; peor aún si se trata de un dictador mafioso que llega a la mesa de juego a dialogar con honorables contrapartes.

Hacia el futuro, que espero no se nos haga tan mediato, las enseñanzas huelgan. La participación política fortalece la representación democrática, sin lugar a dudas; pero logra su potencialidad creativa y no destructiva en los escenarios de la experiencia democrática primaria, en la localidad, en el municipio, en donde se compromete la cotidianidad que sí afecta “directamente” a todo elector referendario.

Llevarla hasta los niveles difusos y en la pirámide de la organización republicana, no hace sino entronizar oclocracias, el desorden, la muchedumbre en la que nadie gobierna y menos dirige, y que le pone fin a la compleja experiencia de la democracia. Grecia es el paradigma aleccionador.

En igual orden, el torniquete que evita que los “elegidos” terminen considerándose a la vez que ungidos también beneficiarios de un derecho humano a gobernar a perpetuidad, no es otro que la proscripción de la reelección. Y si el pueblo se equivoca, o se enoja en el camino opinando desde los hígados, como ha ocurrido en el Chile de Boric y en el Perú de Castillo, que asuma su responsabilidad. Que corrija o enmiende cuando la Constitución le señale que ha llegado a su término el término constitucional.

La reforma constitucional de 1989-1992, que era como proyecto y como lo sostenía la Comisión Caldera, no una solución mágica a la crisis –el Caracazo y el Golpe del 4F– sino el camino para rectificar y asumir los tiempos nuevos, la enterraron las mezquindades; los mismos que abonaban por la Constituyente de un traficante de ilusiones.

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El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, desistió de postularse a la reelección, la que promovía con una reforma constitucional que generó tensión política y social en el país.

En un comunicado, Cartes aseguró que no se presentará «en ningún caso» a las próximas elecciones generales de abril de 2018. El intento de restablecer la reelección provocó a fines de marzo violentas protestas que dejaron un muerto, un centenar de heridos y varios detenidos.

El anunció se produce previo a la llegada el martes de un emisario del presidente estadounidense, Donald Trump, y del secretario general de la OEA, Luis Almagro, el jueves, presencia que según los analistas políticos pretende interceder para reencauzar la institucionalidad en Paraguay.

Tanto la OEA como la embajada de Washington en Asunción llamaron los primeros días de abril al diálogo y pidieron que cualquier cambio sobre la reelección se hiciera en apego a la constitución vigente, que prohíbe la reelección consecutiva y alternada.

El intento del gobierno de Cartes y de su rival de centroizquierda, el expresidente Fernando Lugo (2008-2012, destituido tras un juicio político) por restablecer la reelección provocó el asalto e incendio del edificio del Congreso el pasado 31 de marzo, que derivó en la muerte de un activista del opositor Partido Liberal a manos de la policía.

Cartes dijo en sus cuentas de Facebook y Twitter que comunicó este lunes al arzobispo de Asunción, monseñor Edmundo Valenzuela, que tomó la decisión de no presentarse en las elecciones del próximo año.

«He tomado la decisión de no presentarme, en ningún caso, como candidato a Presidente de la República, para el período constitucional 2018-2023», precisó.

«Espero que este gesto de renunciamiento sirva para la profundización del diálogo dirigido al fortalecimiento institucional de la República, en armónica convivencia entre los paraguayos», expresó el gobernante.

Monseñor Valenzuela ofició de moderador de un intento de diálogo al que no asistió la oposición mayoritaria.

El martes está previsto que Francisco Palmieri, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, se reúna con el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, en cuyo poder se encuentra un proyecto de enmienda para restablecer la reelección, prohibida por la Constitución que rige desde 1992.

Una asamblea constituyente resolvió aquel año prohibir la reelección presidencial para blindar al país de las dictaduras tras el régimen de 35 años de mano dura del general Alfredo Stroessner (1954-1989).

La oposición sostiene que la reelección solo puede ser resuelta por otra asamblea constituyente y no a través de la aprobación de una enmienda por parte del Congreso.

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El presidente de Ecuador, Rafael Correa, reiteró este domingo, 7 de agosto, que no va a presentarse a las elecciones presidenciales de febrero próximo, a pesar del millón de firmas que un colectivo de jóvenes ha recogido para pedir su candidatura.

«Mi gratitud a los jóvenes, (pero) mi decisión está tomada. Lo importante es que se reelija la Revolución (Ciudadana), tenemos la fe en nuestro pueblo que así va a ocurrir», afirmó Correa en una entrevista con medios internacionales.

El colectivo «Rafael Contigo Siempre» ha sido el artífice de la propuesta de un referendo para consultar a la ciudadanía ecuatoriana, sobre la posibilidad de que Correa pueda postularse a la reelección.

«Pese a mi pública negativa a ser candidato pues los jóvenes insisten», aseguró el Jefe de Estado, quien añadió: «¿Qué mayor satisfacción para un político, y más aun viniendo de los jóvenes?».

Correa apuntó que tanto el exvicepresidente Lenín Moreno como el actual segundo mandatario, Jorge Glas, son candidatos para las elecciones presidenciales de 2017.

Asimismo, aseveró que de realizarse los comicios en el presente, el partido gobernante Alianza País (AP) ganaría en una sola vuelta y obtendría la mayoría en la Asamblea Nacional (AN), a pesar de que «va a haber una campaña muy sucia».

Respaldo a Venezuela

El presidente Correa señaló que Venezuela está en su derecho de ejercer la Presidencia Pro Témpore del Mercado Común del Sur (Mercosur), porque así le corresponde según la regulación jurídica del ente.

«Las reglas del juego son claras y la Presidencia Pro Témpore de Mercosur le toca, sin lugar a dudas, a Venezuela», resaltó.

De igual forma, instó al Gobierno brasileño o algún otro miembro del bloque a discutir internamente posibles quejas con el Ejecutivo venezolano, mas no «negarle la Presidencia, (porque) eso es otra cosa»

Como es bien sabido, la opción de una Enmienda Constitucional para acortar el período presidencial a cuatro años ha tomado fuerza en el marco de la discusión sobre el mecanismo constitucional que la Unidad impulsará para provocar un cambio adelantado de Gobierno. De hecho, la discusión actual se ha reducido a si asumimos sólo la Enmienda, o si se impulsará junto al Revocatorio como lo ha propuesto el Gobernador Capriles. Pero en ambos casos la Enmienda va, y por ello dedicaremos esta entrega a explicar mejor su espíritu, alcance y contenido, así como aclarar algunas dudas y críticas que han surgido en torno a ella, toda vez que somos los proponentes de uno de los dos únicos proyectos de articulado que hasta ahora están sobre la Mesa para su discusión.

Empecemos por señalar enfáticamente que, a pesar de estar siendo planteada en una coyuntura especial que la particulariza de manera obvia, el espíritu de esta Enmienda no es otro que el de corregir un error congénito de la Constitución de 1999, cuál es la combinación de períodos presidenciales largos (6 años) con reelección, lo que fue luego agravado con la Enmienda impulsada por Chávez en febrero de 2009, que permitió que esa reelección sea incluso indefinida. Por eso, la enmienda planteada reduce el período a cuatro años y, en el caso de nuestro proyecto, permite la reelección, pero sólo de manera inmediata y por una sola vez.

Dicho esto, aclaremos también que no hay tal fraude a la Constitución como muchos señalan por supuestamente ser una “enmienda revocatoria”. En tal sentido es bueno recordar que el constituyente limitó las materias a ser modificadas por una enmienda sólo a que no alterarse los principios fundamentales establecidos en la Constitución ni su estructura, por lo que la reducción de un período presidencial de seis a cuatro años es materia válida para una enmienda. Tampoco es revocatoria porque el Presidente seguirá en funciones hasta el final de su período según la nueva norma y, además, siendo éste el primero de ellos, podría incluso optar a la reelección.

De igual forma es necesario salirle al paso al reiterado argumento de la supuesta retroactividad. No hay tal cosa, y es indispensable que esto se entienda. Lo que ocurriría aquí, y así expresamente se dice en la Disposición Transitoria Primera de nuestro Proyecto, es que la nueva norma jurídica de rango constitucional, que además será aprobada por el pueblo en Referéndum, surtiría efectos temporales sobre el período en curso, que es algo distinto a que tenga efectos retroactivos. Con esto, el actual mandato culmina el 10 de enero de 2017 en atención a lo previsto en el artículo 231 de la Constitución, por lo que necesariamente debe haber elecciones presidenciales en diciembre de este año, las cuales perfectamente podrían realizarse junto a las de Gobernadores.

Respecto a esto último hay que decir que hay antecedentes de cómo nuevas normas constitucionales han afectado a períodos presidenciales en curso. Así ocurrió con el período de Betancourt con la entrada en vigencia de la Constitución de 1961, la cual le alargó el período casi dos meses, así como la Enmienda número 2 de esa misma Constitución le recortó 40 días el mandato al Presidente Herrera Campíns.

Por último, todos debemos entender que aunque la Enmienda tiene la virtud de ser el camino más corto entre las opciones cuya activación depende de nosotros, cualquiera sea la vía que escojamos será un camino de espinas. Los obstáculos institucionales estarán a la orden del día siempre asistidos de una tremenda dosis de arbitrariedad. Por ello, la diferencia estará en la presión popular que seamos capaces de generar para lograrlo. Si asumimos esto último, dejaremos de lamentarnos por adelantado ante la posibilidad de que el TSJ la trunque, y empezaremos a hacer lo necesario para que eso no ocurra, que es lo que corresponde.

El pueblo organizado y movilizado tiene derecho a darse una salida constitucional como la Enmienda, aunque al Gobierno no le guste. Somos mayoría en la AN porque somos mayoría en la calle.

@CiprianoHeredia

Cipriano.heredia@gmail.com

*Diputado al Consejo Legislativo de Miranda, Prof. UCV y Directivo del CPFC

LA PAZ, Bolivia (AP) — El presidente Evo Morales veía alejarse el martes la posibilidad de aspirar a un cuarto mandato en 2020 tras el referendo del domingo, en el que el «NO» a la reforma constitucional a favor de una nueva reelección del mandatario llevaba ventaja, según cómputos oficiales.

Cuando se llevaban escrutados el 78,6% de los votos, el «NO» a la reforma llevaba el 53,83% frente al 46,17% a favor del «SI», con 22.990 actas electorales contadas de un total de 29.224, según el lento conteo del Tribunal Supremo Electoral. Cualquiera de las dos opciones debe ganar con 50% más un voto, según la ley boliviana.

El «SI» ha ido subiendo lentamente desde los primeros cómputos. El presidente Evo Morales pidió el lunes esperar los resultados finales y manifestó su optimismo de remontar con el voto rural que demora en llegar a los centros de cómputo.

El recuento de actas electorales es manual de acuerdo con la ley. Esa «lentitud en la publicación de resultados» ha sido observada por la misión de observadores de la OEA. Grupos de opositores hacían vigilia el lunes en la noche en el centro de cómputo de La Paz. La tensión de la campaña electoral se ha trasladado a los cómputos.

De confirmarse la tendencia sería la primera derrota de Morales en los diez años que lleva en el poder con una exitosa gestión económica.

Analistas atribuyen el traspié a un cansancio del electorado, a los efectos de una crisis que comienza a sentirse en una economía altamente dependiente de la exportación de materias primas y a escándalos de corrupción que han mermado la credibilidad del mandatario, pero sobre todo de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS).

«La corrupción le está pasando una factura cara. Con una imagen debilitada el reto de Morales tras el referendo es concluir favorablemente su gobierno manteniendo la estabilidad económica, social y política», dijo a la Associated Press el profesor de ciencia política de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Marcelo Silva. Pugnas internas por la sucesión podrían debilitar más al partido gobernante, según Silva.

Aunque todavía no admitió su derrota, Morales dijo el lunes ante la prensa que «gane o pierda, la lucha sigue, la vida sigue». Se declaró víctima de una «guerra sucia» de la oposición y de las redes. Estas últimas han jugado un papel central ante la abrumadora propaganda gubernamental desde los medios masivos.

«Tal vez en el futuro será importante debatir el tema de las redes sociales. En algunos países, con mala información, tumban gobiernos, perjudican al país y crean confrontación», dijo.

Este domingo 21 de febrero se realizará en Bolivia el referéndum constitucional, en donde se consultará respecto a la modificación del artículo 168 de la Constitución Política de ese país, el cual establece el periodo de mandato de la Presidencia y Vicepresidencia del Estado de cinco años, y la reelección por una sola vez, y de manera contínua.     

Una vez el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó la posibilidad de efectuar el referéndum consultivo, la Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó la Ley 757 de Convocatoria al Referendo Constitucional Aprobatorio, la cual fue promulgada por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Con el establecimiento de este referéndum el presidente, y su vicepresidente, podrán gobernar por dos veces de manera continua.

Si bien en Bolivia el voto es obligatorio a partir de los 18 años, la Constitución Política del Estado establece el voto voluntario para los ciudadanos residentes en el exterior del país.

Las encuestas publicadas por los medios de comunicación en Bolivia han señalado un empate técnico entre la opción del sí (gobierno) y la opción del no (oposición). Algunos han sugerido una diferencia mínima a favor del oficialismo. Esta circunstancia resulta altamente llamativa si consideramos que en el pasado el gobierno de Morales ha ganado los procesos electorales con un gran margen de apoyo popular. En todo caso, para la opción ganadora se requerirá la obtención de la mayoría simple de votos válidos emitidos, siempre y cuando hayan votado por lo menos la mitad más uno de los electores habilitados en el padrón biométrico, y el número de votos válidos sea mayor que la suma de los votos en blanco y nulos.

De lograr el gobierno el triunfo del sí, el actual presidente, así como el Vicepresidente García Linera, podrían proponer su nombre para una nueva reelección, la cual les permitiría mantenerse en el poder hasta el 2025, toda vez que de acuerdo a la Disposición Transitoria de la Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado, se considera como primera reelección al período comprendido entre el 2015 y el 2020, y la segunda reelección entre el 2020 y el 2025.

Los opositores al gobierno han advertido respecto al potencial riesgo, de perpetuarse en el poder, del actual mandatario. Por su parte, Morales ha justificado la solicitud de referéndum señalando los logros económicos de su gobierno en estos últimos 10 años, retando a los opositores a que, en vez de criticar su persona, presenten planes de gobierno alternativos a los ya existentes.

Durante todo este tiempo la oposición boliviana ha venido denunciando la falta de independencia de los poderes públicos, en particular la injerencia del ejecutivo en el Tribunal Supremo Electoral. A su juicio, de no existir esa estrecha relación entre el gobierno nacional y el organismo jurisdiccional, este no hubiese autorizado la realización del referéndum que podría permitirle al Presidente Morales una segunda reelección.

El hecho es que, indistintamente de la posición política de los bolivianos, lo que es innegable es la imagen de bonanza económica que se aprecia a todo lo ancho del país, lo cual le ha permitido al gobierno el incluir como parte de su campaña proselitista el dicho “Con Evo vamos bien”.  

Esa bonanza económica, que ha sido atribuida por unos a los altos precios de las materias primas, y a otros los ha hecho especular respecto a la posibilidad de que provengan de situaciones criminales, como el narcotráfico, ha permitido al gobierno llevar una política social a través de bonos en beneficio de sectores sociales vulnerables, como madres y estudiantes, así como la ejecución de obras de infraestructura en la mayoría de las ciudades de todo el territorio.

La “Nueva Bolivia”, que comenzó bajo el amparo del para entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez, dista mucho de la dramática situación de desabastecimiento y criminalidad que actualmente viven los venezolanos. La Bolivia, la que se ha venido desarrollando en estos últimos 10 años, se ve representada por un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, el cual pasó de 1.200 dólares a 3.000. El mandatario ha venido comparando repetitivamente la situación de los sectores de la economía para el 2005 con la actualidad de su país. De acuerdo con los datos gubernamentales, el producto interno de Bolivia pasó de 8.000 a 33.000 millones de dólares. De igual forma señalan dichos datos, que el crecimiento promedio fue de 5% anual, acompañado por un superávit fiscal y comercial, y que las reservas de divisas llegaron a una cifra cercana al 50% del PIB, lo que es considerado uno de los porcentajes más altos del mundo.  

El aumento de compras hasta un 600%  en los supermercados, el consumo en restaurantes en un 853%, la aparición de centros comerciales, tiendas de productos importados, cadenas internacionales de comida rápida, salas de cine 3D, ventas de vehículos importados, apertura a la inversión extranjera en áreas como el desarrollo de la energía alternativa, la construcción, y el turismo, o el  establecimiento de un moderno sistema de funiculares, este último como respuesta del gobierno al problema del tráfico, creando un sistema alternativo al  metro, son algunos ejemplos de la situación actual boliviana.  Tanto ha sido el cambio en Bolivia, que organismos internacionales, como  el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Inter-Americano de Desarrollo no pierden oportunidad para congratular públicamente al Presidente Morales por sus logros económicos. Incluso diarios extranjeros, como el  “Financial Times”, han dedicado columnas al Presidente Morales, llamándolo  «el socialista más exitoso del mundo».

Desde el punto de vista social se ha producido en el país andino una importante movilidad social que antes era desconocida, y rechazada. Bolivia, un país de gran extensión geográfica, cuenta solamente con una población  de 10,5 millones de habitantes. De estos, 6.502.079 bolivianos, tanto en el territorio nacional como en 33 países del exterior, están habilitados para participar en el referéndum.

Desde la llegada al poder del presidente Morales 2,6 millones se incorporaron a la clase media. Una de las críticas que suele escucharse en contra del gobierno se refiere precisamente a la aparición de sectores que han venido recibiendo favores en el gobierno, como el caso de los mineros cooperativistas, los campesinos y los cocaleros. A muchos de estos se les considera ahora como los nuevos ricos. Cierta o falsa esta afirmación, el vicepresidente boliviano suele referirse a la política social aplicada a estos grupos sociales bajo el lema: «Nunca más Bolivia sin indígenas».

Bolivia posee las segundas mayores reservas más importantes de gas natural en América del Sur, siendo  el cuarto mayor productor de gas natural de América Latina, después de Méjico, Argentina y Venezuela. Por ello, al haber recibido el país una importante cantidad de dinero debido a la venta de gas y de minerales, esta le ha permitido la inversión en grandes obras de infraestructura. Estos ingresos han permitido a su vez el aumento de los salarios, lo cual ha conllevado el aumento del consumo interno, produciendo consecuencias en la industria de la construcción, las actividades financieras y las importaciones, entre otras.

Por su parte, si bien la oposición reconoce a regañadientes estos avances,  los atribuye directamente a los altos precios internacionales de las materias primas, y no al establecimiento de políticas especificas por parte del gobierno de Morales, advirtiendo sobre la posibilidad de un caos económico en un lapso de cinco años como consecuencia del despilfarro de los ingresos en la ejecución de obras descontroladamente por parte del gobierno, así como del endeudamiento con países como China, con el cual ha contratado un préstamo de 7.000 millones de dólares, (préstamo justificado por el gobierno  a fin de sustituir los ingresos que el Estado podría perder debido a la baja en el precio de las exportaciones nacionales de gas a Brasil y Argentina). De igual manera la oposición denuncia sin cansancio  los hechos de corrupción que genera la  existencia de estos ingresos, en donde se involucra a personas cercanas al presidente Morales.

El hecho es que si bien en materia de política resulta difícil decir la última palabra, a pesar de las denuncias que la oposición ha venido presentando en contra del gobierno, y muy en particular en contra del presidente y del vicepresidente del Estado, todo parece indicar que si bien por un margen mucho más estrecho al cual estaba acostumbrado a ganar el oficialismo, este lograra consolidar la opción del sí, otorgándole la posibilidad al presidente Morales, y al vicepresidente García Linera, de mantenerse por más tiempo en el poder, o por lo menos de intentar hacerlo  para otra futura reelección.

En todo caso, sea del lado del oficialismo, así como de la oposición a este, existe un punto en común para ambas partes, y es que hasta el presente resulta muy difícil vislumbrar a líderes emergentes de ambos grupos, que pudieran presentarse como opciones de gobierno. Si bien del lado oficialista podemos mencionar a los nombres de Evo Morales, y Álvaro García Linera, como candidatos a presidir el gobierno nuevamente, hasta el presente el oficialismo se ha caracterizado por el personalismo de su gobernante, impidiendo la aparición de algún posible sustituto a este.

Pero del lado de la oposición la situación es más grave aún, por cuanto que hasta el momento no existe siquiera un nombre aceptado por los distintos sectores críticos al gobierno, que pudiera presentarse como opción electoral futura.

De cualquier manera que se presenten los resultados en menos de 24 horas, el caso es que ambas partes deberán entender la necesidad de edificar sus principios ideológicos en base a la creación de nuevos liderazgos que puedan presentarse como alternativa para gobernar, así como de atender aspectos, como la lucha contra la corrupción, que vienen carcomiendo la confianza de los electores, y que si bien en la actualidad la mira esta puesta en el gobierno, y sus representantes locales, la experiencia de los bolivianos con los gobiernos anteriores a Morales demuestra  que  la corrupción  no es monopolio de nadie.  La suerte está echada, y serán los bolivianos los que decidan el modelo político y económico a  seguir, así como el destino del actual mandatario nacional.

*Abogada, especialista en seguridad y defensa, ex embajadora de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos.

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó hoy un paquete de enmiendas constitucionales impulsadas por el Ejecutivo, que incluyen la posibilidad de postular a la reelección de manera indefinida a todos los cargos por voto popular.

También se aprobó una disposición transitoria que impide al actual presidente del país, Rafael Correa, postular a los comicios de 2017, así como a los legisladores que hayan cumplido dos periodos consecutivos.

Las enmiendas, que han generado un rotundo rechazo en las filas de la oposición, fue aprobada por 100 de los 109 asambleístas presentes en la sesión del pleno, en el que se debatió por segunda y definitiva ocasión el paquete de enmiendas.

El debate estuvo matizado por el apoyo que simpatizantes del oficialismo hicieron en la sede legislativa y el rechazo que grupos de oposición manifestaron en las calles aledañas a ese recinto, custodiado fuertemente por la Policía.

Tras diez horas de debate, la mayoría del oficialista movimiento Alianza País, con el apoyo de asambleístas de grupos afines, aprobó las enmiendas que, en la discusión, tuvo pocas dificultades, ya que apenas ocho legisladores de oposición acudieron al pleno.

En la discusión, varios legisladores oficialistas denunciaron haber recibido llamadas anónimas amenazantes antes de la reunión, aunque remarcaron que ese tipo de intimidaciones no afectarían el desarrollo del debate.

Se registraron también algunos enfrentamientos verbales durante el debate parlamentario entre oficialista y opositores, que no llegaron a mayores.

Las dieciséis enmiendas impulsadas por el Gobierno desde hace más de un año tienen que ver con normativas relacionadas con diversos temas como la contratación colectiva en el sector público, las competencias municipales en salud y educación y el apoyo de las Fuerzas Armadas a la seguridad interna.

También con aspectos relacionados con las pensiones de jubilación en la Policía y las Fuerzas Armadas y sobre consultas populares en los gobiernos locales según sus competencias, entre otras.

Sin embargo, la enmienda sobre la reelección indefinida fue la que crispó a la oposición, reacia a la posibilidad de que el presidente Correa vuelva a presentarse en futuros comicios.

La Asamblea salvó ese bache con una disposición transitoria apoyada por el mismo Correa, que impide su postulación en las próximas elecciones de 2017.

No obstante, la oposición, que dudaba que se aprobara esa transitoria, también la considera como una maniobra que facilitaría a Correa presentarse en el futuro.

Juan Carlos Casinelli, legislador oficialista que lideró una comisión especial sobre el paquete de enmiendas, calificó de histórica su aprobación, al considerar que las reformas amplían los derechos de los ciudadanos.

“Hoy hemos hecho historia”, dijo Casinelli en un mitin con simpatizantes de la “Revolución ciudadana”, el modelo político que Correa aplica en el país, que se efectuó en las afueras de la sede del legislativo, apenas acabó la sesión del pleno.

Varia calles más allá, grupos sindicales, de indígenas y políticos de oposición, incluidos los legisladores que no acudieron a la reunión de la Asamblea, protestaron durante toda la jornada contra las enmiendas, a las que consideran “antipopulares”.

Tras conocer que la Asamblea había aprobado las enmiendas, los manifestantes lanzaron piedras y arremetieron contra las vallas colocadas para impedir el acceso al recinto parlamentario, lo que generó la reacción de los agentes.

A pie, a caballo y con motocicletas, los policías disolvieron la concentración de manifestantes y se registraron varias detenciones.

Los grupos sociales de oposición han anunciado que las protestas se mantendrán de manera indefinida y no han descartado presentar demandas de inconstitucionalidad contra las enmiendas aprobadas.