UNA NUEVA BALACERA SE REGISTRÓ en el Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, mejor conocido como cárcel de Puente Ayala, donde hace poco más de una semana fallecieron 14 privados de libertad durante una reyerta por el control del penal.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), informó que en esta oportunidad murió un reo identificado como Franklin Joel Araujo Marín, de 22 años de edad, quien recibió dos disparos en el pecho y hombro derecho. El cadáver fue ingresado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).
Familiares de los reclusos, quienes se mantienen alerta ante cualquier eventualidad, aseguraron que el occiso pertenecía al grupo de “Los Caraqueños” que intentó apoderarse del penal y es acusado del asesinato de uno de los “pranes”. Por su parte, la tía de Franklin Joel manifestó que el joven tenía seis meses dentro del centro de reclusión, sin precisar el delito.
Los trasladados a Tocorón fueron identificados como Jesús Figueroa Marcano, Maikel Rojas, Luis Contreras, Javier Muñoz, Gilbert Domoun, Francisco Noriega, Eliézer Barreto y Alejandro Rondón; mientras que en Tocuyito ingresaron a Kelvin Romero y Yeisen Pérez. Todos imputados por homicidio calificado por motivos fútiles y alevosía en grado de complicidad; ocultamiento de sustancias estupefacientes, posesión ilícita de arma de fuego, agavillamiento y lesiones.
En tanto, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, señaló este domingo 30 de abril que en 88 centros penitenciarios del país, que representan el 98% del total de los penales, se ha instalado el nuevo régimen penitenciario que prevé transformar a los privados de libertad en hombres útiles para la sociedad, así como también aseguró que no existen los denominados “pranes”.
“Los presos de Puente Ayala me llamaron para decirme que ellos querían ser considerados para asumir el nuevo régimen penitenciario, yo enseguida me reuní con ellos para explicarles cómo lo íbamos a hacer (…) Lamentablemente en este marco de violencia exacerbada de un sector del país, me llamaron en horas de la madrugada los mismos privados de libertad, porque tienen teléfonos celulares con los que uno se comunica con ellos, y me dicen que había un hecho violento porque un grupo intentó asumir el control del penal. Yo les dije ¿Ustedes quieren el nuevo régimen? Entonces protejan a la población y reduzcan al grupo que se alzó”.
“¿Cuántos presos deben morir para que la ministra de Asuntos Penitenciarios tome cartas en el asunto? ¿Acaso la ministra autorizó para que los presos tomarán justicia por sus propias manos? El Gobierno ha demostrado ser totalmente incompetente en la resolución de crisis penitenciarias y en lugar de recapacitar y adoptar nuestras recomendaciones para beneficio de todos, lo que hace es ocultar la verdad que además es conocida por todos”, sentenció Prado.
No obstante, según cifras reveladas por el Observatorio Venezolano de Prisiones y obtenidas a través de un minucioso trabajo de campo, de 46 cárceles que hay en el territorio nacional, solo 31 han sido intervenidas por el ministerio, es decir que solo el 67% se encuentra en manos del Estado venezolano.
De igual manera, cabe destacar que en el año 2016 fallecieron 250 privados de libertad, 3 de ellos en casos de canibalismo, 9 por desnutrición y 238 por armas de fuego. Mientras que desde el año 1999 hasta 2016, durante 17 años de gestión del socialismo en Venezuela, han fallecido al menos 6.913 reclusos en hechos violentos.
La Ministra dice:
Por otra parte, la Ministra para Servicios Penitenciarios a través de una entrevista dio a conocer que la cifra de muertos en Puente Ayala no era de 15 sino 12. Iris Valera reiteró: “No, fueron 9 por hechos violentos, pero de acuerdo con análisis forenses dos fueron por intoxicación y otro politraumatismos”.
En una nota de prensa emitida por el Ministerio Público se informa que el ente imputó a 10 hombres por la muerte de 12 privados de libertad en Internado Judicial.
Crisis en Uribana
En otro orden de ideas, el director del OVP se refirió a la crisis registrada este sábado 29 de abril en el Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como Uribana, donde los presos tomaron de rehén a dos mujeres que supervisaban unas reparaciones dentro del penal para protestar en contra del maltrato de los custodios y la falta de traslado a tribunales.
Según las denuncias de los familiares, la situación irregular que inició en el módulo 5 durante la hora de la visita, dejó un saldo de un muerto y tres heridos. Asimismo, destacaron que una de las mujeres fue liberada de inmediato porque se trataba de una persona mayor y la segunda permaneció durante al menos seis horas secuestrada; aunque algunas versiones indican que aún no ha sido liberada.
Cientos de familiares permanecen en la entrada principal del penal, pues como sucede en todas las cárceles a nivel nacional, las autoridades restringen el acceso a la información, lo que aumenta la desesperación de aquellos que solo quieren saber si su familiar se encuentra bien.
El occiso fue identificado como Antonio José Rojas Álvarez (28), cuya causa de muerte fue un perdigonazo en la temporal izquierda; mientras que los heridos, quienes se encuentran bajo supervisión médica en el Hospital Central Antonio María Pineda, responden a los nombres de Nelson Enrique Mendoza (30), con herida por arma de fuego en la pierna derecha; Nelson Torrealba (26), con politraumatismo craneoencefalico por objeto contundente, y Ricardo Colmenares (28) con herida por arma de fuego en la pierna izquierda.
Es importante destacar que este recinto penitenciario se encuentra bajo medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desde el 2 de febrero de 2007, y desde julio de 2013 fue acogida por el Nuevo Régimen Penitenciario, donde se aplica Orden Cerrado y que además ha estado rodeado de un sinfín de denuncias por violación a los derechos humanos.
En tanto, Prado puntualizó que exigirá ante el Ministerio Público una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial del hecho que provocó un muerto y tres heridos dentro del penal, y elevará su denuncia ante el comisionado James Cavallaro, relator de los derechos de las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
