Los familiares del ex ministro de defensa sufren de represalias judiciales, e incluso de privaciones de libertad, por exigir celeridad en la verdadera causa de muerte del preso político Raúl Baduel
El gobierno de Nicolás Maduro mantiene el ensañamiento a los derechos humanos de los hijos del general retirado Raúl Baduel como si de una herencia se tratara. Dos años después de que el exministro de defensa venezolano falleciera bajo custodia del Estado, su familia aún denuncia una respuesta para tener una investigación forense e independiente.
«Él fue un preso político por 12 años y medio. Con el pasar del tiempo su salud se fue empeorando. Fuimos a instancias internacionales como la ONU y a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que lo atendieran, a pesar de que es público, notorio y comunicacional que el régimen hace caso omiso a todas esas opiniones y recomendaciones», dice Andreína Baduel, una de las hijas.
El 12 de octubre de 2021 Raúl Baduel falleció en la cárcel subterránea de «La Tumba», un espacio de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Plaza Venezuela, Caracas. El militar retirado llevaba tres años en ese lugar que la comunidad internacional catalogó como un centro de torturas.
El fiscal general designado por Nicolás Maduro, Tarek William Saab, publicó en Twitter sobre la muerte de Raúl, aludiendo a que fue por las secuelas del covid-19.
Lamentamos el fallecimiento de Raúl Isaias Baduel de un paro #Cardiorrespiratorio producto del Covid19: mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y recibido la primera dosis de la vacuna… Transmitimos nuestras #Condolencias a sus familiares y amigos #RIP
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) October 12, 2021
Esa publicación en redes sociales fue toda la información pública que el Estado dio sobre uno de los militares que fue ministro de defensa durante el gobierno de Hugo Chávez Frías. El general Baduel fue uno de los colegas del expresidente desde la academia militar y uno de los fundadores del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 en el año 1982, una campaña ideológica que impulsó a Chávez a la presidencia, aunque Baduel expresó estar en desacuerdo con la toma de poder a la fuerza. Él prefería la ruta democrática.
Raúl Baduel fue un personaje clave para el chavismo, ya que fue quien protegió al expresidente durante el 11 de abril del 2022, un movimiento político que el gobierno catalogó como un golpe de Estado. Desde allí ascendió al puesto de ministro de Defensa en 2006, pero tres años después se retiró de la carrera militar y de sus funciones públicas.
«Con la excusa de la pandemia lo fueron aislando cada vez más para que no pudiera decir las torturas que él sufrió. Estuvo más de un año completo sin visitas. Terminamos constatando el estado de salud precario de mi padre el 29 de septiembre, días antes de morir, cuando lo trasladaron de La Tumba al Helicoide. En ese tiempo pedimos una fe de vida porque teníamos información por otras fuentes que tenía un daño orgánico severo», agregó Andreína.
Cirugía clandestina
El caso de Raúl Baduel se puede dividir en dos periodos: en su privación de libertad en la cárcel militar de Ramo Verde, entre 2009 y 2015, y en su reclusión en la sede del Sebin, entre 2017 y 2021. La primera lo encarcelaron por acusaciones bajo el abuso de autoridad como ministro de defensa y decoro militar: según el gobierno chavista, Baduel había desaparecido cerca de 18,6 millones de dólares de los presupuestos destinados a la compra de material y equipamiento militar. En el segundo periodo lo encerraron por acusaciones por traición a la patria y terrorismo, sin dar mayores detalles.
En ambos casos las instancias internacionales denuncian una violación al debido proceso judicial. Y sus familiares denunciaron durante todo este tiempo que recibían amenazas por visitar y denunciar la garantía de los derechos humanos de Raúl.
«Todas las acciones interpuestas por la defensa para desvirtuar la acusación en su contra fueron desestimadas», recuerda Andreína. Incluso, cuando lo llevaron preso ya él se había retirado de sus cargos en la milicia, por lo que la defensa reiteraba que al menos en su segunda ronda de acusaciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro no se debería presentar en un tribunal militar.
«Esas pocas visitas que tuvimos eran custodiadas y grabadas. En la mayoría él no podía decirnos si fue víctima de tratos crueles e inhumanos, pero cada vez se hacía más evidente», denuncia Andreína.
Uno de los padecimientos más fuertes que tuvo el general retirado fue un abultamiento en la parte derecha del abdomen por una hernia inguinal y una hiperplasia o hinchazón en la próstata. Estuvo con ese padecimiento varios meses en La Tumba. Pero, un 23 de diciembre del 2020, lo llevaron a Fuerte Tiuna para operarlo. Nadie sabía de la intervención quirúrgica, ni siquiera el propio Raúl.
Cerca a un basurero.
Raúl Isaías Baduel, quien ayudó a Hugo Chávez en 2002, fue víctima de una cirugía clandestina en contra de su voluntad, a espaldas de familiares y abogados, tras años de prisión.
Una operación que marcó sus últimos meses de vida y lo acercó a su muerte…… pic.twitter.com/2bCrgB7orR
— PROVEA (@_Provea) July 12, 2023
«La operación se realizó fuera del hospital en un quirófano instalado en una carpa, muy cerca de un basurero. De nada sirvió que Raúl pidiera explicaciones o que se resistiera. Él me contó que quien más lo maltrató fue el anestesiólogo, porque Raúl le pidió que fuera cuidadoso, pues él era hipertenso. Discutieron sobre colocarle anestesia general o anestesia local y eso fue lo último que recuerda Raúl del procedimiento… Quedó a merced de esos médicos en los cuales, obviamente, no confiaba», contó a la ONG Provea la esposa del general, Cruz María de Baduel.
De acuerdo con Provea, el urólogo Vicente Dieguez Salinas fue quién hizo la intervención clandestina. No hubo una sentencia judicial de traslado. Dieguez, para ese entonces, estaba bajo el Ministerio para el Servicio Penitenciario durante la gestión de Iris Varela. En este momento se encuentra en España y no responde a la prensa.
«A las 08:00 a.m. lo operaron y tres horas después estaba de nuevo enterrado vivo en La Tumba del Sebin, sin asistencia médica ni las visitas familiares para velar por sus condiciones», afirmó Andreína. «Fue tan tardía la operación que la hernia llegó a pesar un kilo y medio aproximadamente. Eso hizo que se le desplazaran los órganos».
La tumba custodiada
Después de la operación, Raúl siguió aislado de sus familiares y abogados por nueve meses.
«Pasó todo el 2021 sin recibir nuevamente atención médica, ni saber porque era esa inflamación, si era consecuencia de la intervención quirúrgica. No tuvo tratamiento postoperatorio, tenía dificultad para caminar, estaba completamente edematizado, completamente hinchado. Tenía retención de líquido», dice Andreína.
Un mes antes de que Raúl falleciera, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU ya había hecho su segundo llamado para que el militar retirado fuera atendido y estuviera en libertad. Pero el Estado volvió a privar las visitas hasta el 2 de octubre, cuando su familia pudo verlo por última vez.
«Él se caracterizaba por resguardar sus quejas. Pero ese día dijo sus dolores. A él le gustaba leer y hacer servicio social, pero se enfocó mucho en su carrera militar y cuando se retiró no pudo hacer más nada, porque lo secuestraron», reflexiona su hija.
Cuando se anunció su muerte, la familia y la comunidad internacional no dudó en denunciar un acta forense y que no cremaran el cuerpo de Raúl. Para ese entonces, Baduel tenía 66 años y era el décimo preso político que moría bajo la custodia del Estado venezolano, y en todos los casos las investigaciones se mantienen en opacidad.
«Hubo una autopsia, pero como no existe una independencia de poderes en el país, no creemos en lo que dice ese documento forense», denunció Andreína. «Ni siquiera en ese documento forense se refleja que él falleció de covid-19 (como lo dijo el Fiscal General): lo escribieron en última instancia y como sospecha. El caso quedó en la Fiscalía 94 de derechos humanos en el ámbito nacional y, hasta la fecha, no hay respuesta de ese expediente. Solo tuvimos acceso a ese expediente una vez».
«Hicieron un entierro controlado tal y como a ellos les dio la gana. Fue de 10 minutos y permitieron la presencia de cinco familiares. Todo esto fue totalmente filmado como una especie de burla, de todo el dolor que estábamos transitando en el Cementerio del Este. No nos permitieron ni siquiera hacerle una despedida ni darle una rosa. Y, a dos años de su muerte, aún no nos dan respuesta de las investigaciones forenses», dijo Andreína.
Lamentamos profundamente la muerte en detención de Raúl Baduel. Llamamos a #Venezuela que garantice una investigación independiente, la atención médica para todos los detenidos, que se consideren medidas alternativas a la detención y se liberen aquellos en detención arbitraria.
— UN Human Rights (@UNHumanRights) October 13, 2021
Ensañamiento a la familia Baduel
Pese a que Raúl mantenía relaciones políticas con Hugo Chávez y el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), en 2007 la ruptura ideológica detonó la violaciones a sus derechos humanos. El ex ministro de defensa estaba en contra de la reforma constitucional que tenía el partido tenía previsto.
Primero fue víctima de difamaciones por parte de los dirigentes del Psuv en televisión nacional, después fue su primera detención arbitraria. Durante los 12 años que estuvo preso presenció cómo dos de sus hijos también los privaron de libertad por razones políticas.
Raúl Emilio Baduel Cafarelli, el mayor de los doce hijos del general Baduel, fue detenido el 21 de marzo de 2014, en el Parque Ferial de San Jacinto, estado Aragua, en el contexto de una protesta. Estuvo recluido en el Helicoide hasta el 2018, cuando fue liberado como parte de negociaciones humanitarias.
El segundo hijo detenido fue Josnars Adolfo, a quién el Estado implica en la «Operación Gedeón», una supuesta intervención militar en mayo 2020. Y sigue preso todavía. A él lo acusan de conspiración, traición a la patria, tráfico ilícito de armas de guerra, terrorismo, intento de magnicidio y asociación para delinquir.
«Cuando detuvieron a mi hermano tuve que presentar un Habeas Corpus al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La respuesta del tribunal, lejos de preservar la integridad de Josnars, fue solicitarle a la Fiscalía que me abrieran una investigación por supuesto hechos punibles, porque yo supuestamente estaba mintiendo con relación a lo de mi hermano y, además de eso, me impusieron una multa. No sé el estatus de esa investigación porque no nos permiten revisar el expediente», afirma Andreína.
Activistas de los derechos humanos informaron que Josnars necesita cuatro operaciones por un cuadro de salud crítico, producto de las torturas. Necesita una intervención quirúrgica en los ligamentos de ambas rodillas y en uno de sus hombros, así como en la ingle y en los testículos por unas hernias.
Pero la tortura no ha sido solo física, sino psicológica. Andreína denuncia que su hermano fue la última persona que vio con vida a Raúl Baduel en el Sebin, y hasta ahora no tiene ningún tratamiento para su salud mental. Josnars sería uno de los más de 50 presos políticos que la ONG Foro Penal advierte que necesitan atención médica urgentemente y que el Estado venezolano no provee.
«Mi hermano rogó, suplicó, imploró y alertó, una y otra vez, que mi papá necesitaba atención médica especializada y oportuna. Lamentablemente nunca le hicieron caso. Mi papá murió en sus brazos», lamenta Andreína. «Nuestro gran temor es que Josnars corra la misma suerte que mi padre».
