Rafael Uzcátegui

A pesar de suscribir varios acuerdos internacionales que reconocen el derecho a un nivel de vida adecuado, el Estado venezolano no garantiza que los venezolanos tengan acceso a este

El derecho a la salud y alimentación son dos de los 10 derechos humanos que se ven vulnerados por la escasez de combustible

Venezuela termina el primer semestre de 2023 con largas filas para surtir sus vehículos de combustible en al menos 11 estados del país. 

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) atribuyó “la sobredemanda” de combustible a la publicación de “información falsa” en redes sociales, que urgen a los usuarios a llenar sus tanques, explicó en mayo el vicepresidente de consumo y suministro de calidad de la compañía, Juan Carlos Díaz.

Si bien la Refinería El Palito reanudó operaciones en la unidad de craqueo catalítico, lo que sería «clave» para paliar la escasez de combustible, la inestabilidad en el suministro una realidad que se ha vuelto cada vez más frecuente desde el 2015.

De acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), durante abril, hubo denuncias en 11 estados por fallas en la distribución del combustible y la baja calidad del mismo causando daños en los vehículos.

Durante el periodo, el OVCS contabilizó 25 protestas en 11 estados del país para exigir abastecimiento de combustible de calidad en forma regular y sin dolarización de tarifas.

El índice de protestas por este motivo lo lidera el estado Zulia (5), seguido de Barinas (4).

Según Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea y sociólogo, la dificultad para surtir gasolina en Venezuela forma parte del diagnóstico de la emergencia humanitaria compleja, lo que ha generado consecuencias en diferentes derechos humanos.

“El acceso a los servicios básicos de una manera tan accidentada se ha convertido en un mecanismo de control”, indicó Uzcátegui. 

En un informe de Transparencia Venezuela sobre gasolina, se indicó que empresas ​​petroleras internacionales fueron excluidas del negocio de la venta del combustible las estaciones de servicio de gasolina. BP, Mobil, Shell, Texaco y Trébol, entre otras, cuyas marcas desaparecieron para dar paso al logotipo de PDV. En este caso, las bombas de gasolina pasaron a ser administradas por un operador que, la mayoría de las veces, era el dueño del terreno y del comercio, pero Pdvsa se quedó con la propiedad de los activos.

Luego de este cambio, el número de estaciones de gasolina en toda Venezuela también mostró una disminución. De las 1.865 que existían en 2008, quedan 1.568 en 2020 de acuerdo con la cifra ofrecida por el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami. Este número de centros de establecimiento deja a la población con menores opciones, especialmente en el interior, donde deben pasar horas y horas en las colas (filas) para poder abastecerse.

DDHH que vulnera la escasez de gasolina

Para el coordinador general de Provea, el acceso al combustible forma parte de los servicios básicos y poder acceder a ellos forma parte del nivel de vida adecuado que  ha sido reconocido en diferentes pactos internacionales que han sido suscritos por el Estado venezolano, siendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) el más importante. 

El sociólogo identificó al menos 10 derechos humanos que se ven afectados por la escasez o difícil acceso al combustible en Venezuela:

Derecho a la alimentación: Debido a la dificultad de poder distribuir alimentos de una manera permanente y adecuada. Además, el encarecimiento de los precios de productos que ocasiona, en un país que se ha caracterizado por tener una alta inflación. Especialmente, en el sector alimentos.

Derecho a nivel adecuado de vida: Poder acceder a los servicios básicos forma parte del nivel de vida adecuado, tener acceso a servicios básicos permanentes forma parte de tener un nivel de vida adecuado. Los venezolanos no tienen acceso constante y permanente al combustible. 

Derecho a la salud: Debido a todas las dificultades que tienen las personas para llegar a un centro asistencial, incluyendo los médicos, y para cubrir los gastos estipulados de la movilización al centro de salud. En el caso de los centros asistenciales que funcionan con plantas eléctricas que operan con diésel y gasoil también se han visto perjudicados por no tener acceso a este recurso.

Derecho a la educación:  El derecho a la educación se ha visto vulnerado, especialmente en escuelas y centros educativos en zonas de difícil acceso, remotas y rurales, ya que la escasez de gasolina dificulta el traslado hacia ellos. Esto limita a los niños, niñas y adolescentes a asistir regularmente a un centro escolar. “Estas dificultades son parte del aumento de la deserción escolar”, explicó el coordinador general de Provea. 

Derecho a la vivienda: “No podemos hablar del derecho a la vivienda y que la vivienda es segura si no se garantiza el acceso a servicios básicos. Tener una vivienda digna tiene una serie de características. No solo son cuatro paredes y un techo, también tiene que ser una vivienda segura, que tenga acceso a servicios básicos: combustible, agua, gas y electricidad”, reiteró el sociólogo.

Derecho a tener servicios básicos: “El acceso a los servicios básicos de una manera tan accidentada se ha convertido en un mecanismo de control. El acceso a la gasolina ha hecho que las personas deban pasar horas y días para intentar surtir su vehículo”, indicó Uzcátegui.

Derecho a manifestar: Según el sociólogo, en zonas donde es tan complicado acceder al combustible también se ve violado el derecho a la manifestación porque se han prohibido las fotografías, las manifestaciones en los alrededores de las estaciones de servicio y hay personas que son detenidas por esta razón, que tratan de exigir que haya celeridad y acceso.

Derechos de los Pueblos Indígenas: Los artículos 122 y 123 del Capítulo VIII sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en la Constitución también son vulnerados  por la escasez de gasolina. “Para acceder a comunidades indígenas remotas todo se hace en avionetas o lanchas. Las comunidades indígenas tienen un cupo de combustible y generalmente esa cantidad de combustible que le venden subsidiado es incumplido de manera sistemática. Eso ha originado que haya dificultades para su movilización hacia centros urbanos, ya sea para buscar salud o para simplemente moverse hasta allí”, reiteró el coordinador de Provea.

Derecho a la libre reunión: En algunas zonas, como Zulia, Mérida y Táchira, la escasez de combustible se ha convertido en un mecanismo para disuadir a las personas de ejercer su derecho a la libre reunión porque son sectores en los que las personas han tenido que restringir sus movilizaciones por la gran cantidad de tiempo que invierten para acceder al combustible.

Derechos humanos laborales, ciudadanos y políticos: La carencia de gasolina perjudica la productividad y los DDHH laborales. “La cantidad de aporte del producto interno bruto (PIB) de las empresas disminuye mucho por la reducción de la productividad. Las personas se ven afectadas en su día a día porque dedican gran parte de su tiempo en buscar el acceso a muchos servicios básicos. Eso no permite el acceso a la recreación y cultura. Tampoco a ejercer su derecho ciudadano y político”, dijo Uzcátegui.

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La Misión de Determinación de Hechos de la ONU manifestó su preocupación ante el nuevo proyecto de ley contra ONG

La organización no gubernamental Provea advirtió este miércoles, 1 de febrero, que la nueva ley contra las ONG podría profundizar el «autoritarismo».

En un video que publicó la organización, su director, Rafael Uzcátegui, señaló: «En el caso de que esta ley termine por aprobarse, va a significar una profundización del autoritarismo».

Como primer punto, Uzcátegui recordó que la ley obliga a las organizaciones sociales «a registrarse cumpliendo una serie de requisitos que son violatorios al derecho de libertad de asociación y reunión».

«Quienes no cumplan con estos requisitos y, por tanto no puedan registrarse, van a ser declaradas oficialmente como inexistentes. Y además, este es un registro que tiene que renovarse cada año», añadió.

Para Uzcátegui, así como para las organizaciones de los derechos humanos, esto significa «una grave amenaza para poder continuar apoyando a la población venezolana que tanto lo necesita en este momento».

«Y ya se ha anunciado la intención de ilegalizar a más de 62 organizaciones sociales del país que hemos venido denunciando las violaciones de derechos humanos y acompañando a las víctimas en ese momento», dijo.

Rafael Uzcátegui señaló que una de las organizaciones nombradas fue Provea.

«Por tanto, queremos insistir y enfatizar que a pesar de todas las adversidades y circunstancias, vamos a seguir acompañando a las víctimas de violaciones de derechos humanos y señalando, claramente, a sus victimarios», finalizó.

El pasado 30 de enero, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU manifestó su preocupación ante el nuevo proyecto de ley contra ONG. Advirtió que puede representar «un punto de no retorno» en el cierre del espacio cívico.

Mediante un comunicado, la Misión señaló que esta regulación impone requisitos adicionales para el funcionamiento y creación de ONG y otras entidades sin fines de lucro.

Profundización del autoritarismo.

La nueva Ley contra las ONG consolidaría el control a la sociedad en Venezuela, callando voces disidentes e intimidando a las víctimas, las más afectadas.

La defensa y apoyo en riesgo. #SociedadAmenazada pic.twitter.com/rbjWuuiRVW

— PROVEA (@_Provea) February 2, 2023

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El coordinador de Provea dijo que de marzo a octubre de 2020 hubo 216 detenciones por razones políticas 

El inicio del año 2021 ha sido de gran intensidad en materia de DDHH. Desde el gobierno chavista se han ejecutado acciones contra medios de comunicación y ONG de defensa de derechos fundamentales, todo ello mientras desde la Asamblea de Nicolás Maduro se habla de la posibilidad de reconciliación y se constituye una comisión para el diálogo.

El pasado 8 de enero, una delegación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) allanó la sede del canal por internet VPI, sin orden judicial, e incautaron los equipos pertenecientes a este medio de comunicación, que debido a ello tuvo que suspender sus transmisiones. Asimismo, el ente recaudador estatal, Seniat, clausuró por cinco días la sede del diario Panorama, en el estado Zulia, supuestamente por incumplimientos en los compromisos tributarios de la empresa, pero afectando el funcionamiento del periódico digital.

El martes 12 de enero, efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio de Investigación Penal del Estado Zulia (Sipez) allanaron la sede de la ONG Azul Positivo en Maracaibo, estado Zulia, aparentemente en una operación administrativa. No obstante, detuvieron a cinco trabajadores de la ONG, entre ellas su director, Juan León. Este miércoles 13 de enero se informó que los detenidos serán presentados a tribunales militares; aunque éstos declinaron la competencia y será un juzgado civil el que conocerá del caso.

En la línea de fuego

Paralelamente a estas acciones, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, fustigó a ONG defensoras de DDHH, entre ellas a Provea. En su programa Con el Mazo Dando aseguró que estas ONG incluso “dan golpes de Estado”.

El mismo 8 de enero, en un supuesto enfrentamiento con bandas armadas, unas 23 personas fueron abatidas por la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, especialmente por parte de las FAES, mientras las ONG defensoras de derechos humanos comenzaron a alertar sobre la posibilidad de que se estuvieran cometiendo ejecuciones extrajudiciales, toda vez que no se registró ni un herido entre las filas de los funcionarios policiales, algo que comúnmente ocurre cuando hay un enfrentamiento.

Para el director general de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción (Provea), Rafael Uzcátegui, toda esta acción desde el oficialismo demuestra que las ONG y los medios de comunicación “están en la línea de fuego”, del gobierno de Nicolás Maduro y que se ha entrado en una nueva etapa de represión y censura en el país. En entrevista con TalCual, expresó no creer en los supuestos llamados a la reconciliación por parte de dirigentes oficialistas.

-En un operativo policial realizado el 8 de enero en La Vega resultaron muertas más de 20 personas. ¿Cuál es el balance que ha hecho Provea de este hecho y qué conocen que sucedió en realidad?

-Eso ratifica la alta letalidad de las fuerzas de acciones especiales y que no están diseñadas para realizar políticas de seguridad ciudadana. La última cifra es de 23 personas fallecidas, y de los cuerpos de seguridad no hay ningún herido ni fallecido. No es que uno lo desee, pero cuando hay un enfrentamiento con ese poder de fuego que se dice, lo normal es que hayan bajas de lado y lado. En el proceso de reforma policial de 2007, se dejó claro que, cuando las víctimas están en un solo lado, se trata de un operativo de ejecución.

La actuación de las FAES no ha disminuido niveles de inseguridad en nuestro país. Es un instrumento de control territorial. El hecho es una consecuencia de una situación en que el Estado ha cedido el control de territorios dentro de Venezuela a terceros, a individuos, y esta estrategia, como la de las zonas de paz, y también la de las cárceles, donde grupos delincuenciales tienen su propia agenda. Si estos grupos pudieron haber sido controlados en algún momento por el Ejecutivo, ya están fuera de control y se disputan zonas. Todo ello nos habla de un nivel de degradación de la situación de violencia y seguridad en Venezuela y configura un cuadro de daño antropológico, que fractura a la sociedad.

-El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que las ONG de Derechos Humanos conspiran y dan incluso golpes de estado. ¿Qué tiene que decir al respecto?

-Eso forma parte de la campaña de persecución a las organizaciones de DDHH en Venezuela. La estrategia que creo que se está desarrollando contra la sociedad civil es una que ya tuvo eficiencia en el ámbito político. Buscan una sociedad civil lo menos beligerante posible, que coopere con los planes del gobierno y para ello buscan fracturarla, evitando que siga denunciando y visibilizando. La estrategia es continuar la separación que ha sido efectiva para el gobierno.

Creo que nuestro trabajo va a continuar siendo éste de denunciar y documentar los hechos de violaciones a los DDHH. Es una factura que nos quieren cobrar, la de la Comisión de Verificación de Hechos de la ONU, trabajo que resultó en un informe contundente. Nos la van a cobrar. Estarán buscando el mejor momento, en que haya el menor costo político, pero se ha iniciado una fase donde continúan las represalias contra quienes hacen trabajo humanitario.

Varios miembros de ONG del estado Zulia, Azul Positivo, han sido detenidos por la Dgcim, investigando fuentes de financiamiento. El gobierno está intentado intimidarnos. Hay bastante temor que todos estos caminos de documentación terminen en la apertura de un caso formal en la CPI. La fiscal anunció que a finales de este semestre tomará una decisión. Ante la inminencia, se está intentando intimidar a las organizaciones y activistas de DDHH. Hay defensores que han optado por irse del país o bajar el perfil, pero en el caso de organizaciones con mayor visibilidad continuamos fortalecidos.

-La semana pasada confiscaron equipos del canal VPI y acusaron a otros medios de recibir financiamiento. ¿En general cómo ve la situación de la libertad de expresión en Venezuela? El medio impreso Panorama también fue objeto de medidas

-El Estado de alarma (por la covid-19) no es para atender las necesidades sanitarias de la población, sino aprovechar la circunstancia para aumentar los mecanismos de control y censura. Cuando vemos la cifra de personas detenidas durante ocho meses de la pandemia. Hasta octubre, que contamos con datos consolidados, el principal sector que había sufrido detenciones era el de periodistas y trabajadores de medios. Hubo 216 detenciones por razones políticas, y de ese total de detenciones arbitrarias, 66 fueron contra periodistas, es decir, el 30,5%. Es el principal perfil de persecución en Venezuela.

Es la necesidad de controlar y aumentar los niveles de censura y autocensura. Eso tiene no solo un efecto cascada contra otros medios de comunicación sino a lo interno del medio. Ha habido un proceso de persecución sistemática, y tiene que ver con que muchos periodistas se han ido del país. Es una situación que no ha sido visibilizada porque tienen temor a que, si dicen que se han ido por temor, sus familiares puedan sufrir alguna consecuencia.

Hemos normalizado que las cifras de coronavirus sean irreales y  existe esa invisibilización de la cantidad de periodistas que han migrado por la persecución y hostigamiento, así que creemos que la situación va a permanecer, porque el liderazgo político democrático tiene una situación que quieren resolver y el sector empresarial intenta reactivar la producción y participará en los espacios de negociación con el gobierno, así que el sector que va a quedar para denunciar es la sociedad civil independiente, que incluye a medios de comunicación. Por eso vamos a estar en la línea de fuego, por esta línea de hostigamiento que tenemos y el temor es que se profundice con el inicio de funciones de la Asamblea Nacional, ya que la misma genera leyes y reglamentos para continuar neutralizando el trabajo de la sociedad civil independiente.

-El presidente de la AN de Maduro, Jorge Rodríguez, habló de una posible reconciliación, pero sin olvido. ¿Cree posible una reconciliación política en Venezuela?

-Creemos que la estrategia será la del palo y la zanahoria; el gobierno va a buscar la legitimación de los hechos a través de la AN, cuya elección ha sido desconocida por muchos países, por lo que hay una legitimidad endeble; se creó una comisión de diálogo que va a asumir este discurso que no cuenta con una voluntad sincera, sino el deseo que la AN sea protagonista de esos espacios, donde participarán sectores empresariales y opositores. Esa va a ser la zanahoria, un discurso políticamente correcto que se va a transformar en ley y se va a buscar fracturar a la población sobre si participa o no.

La sociedad va a ser objeto de iniciativas de persecución y neutralización. Hay gente que dice que hay sectores en el gobierno que sabotean, pero yo creo que forma parte de la misma estrategia. Lanzar un mensaje que fragmente a los contrarios y estos espacios, pero a la vez reprimir y perseguir, proceso que el Foro Penal llama “de puerta giratoria”.

En la película Érase una vez Venezuela, seleccionada para representar a Venezuela en los premios Oscar, uno de los mensajes es que el autoritarismo no le sirve ni siquiera al chavismo. La persona que representa ese rol es profundamente afectada por las políticas que apoya. La racionalidad política indica que el gobierno debe negociar para generar un nuevo escenario político, pero creo que la voluntad es la contraria, aferrarse al poder, negar la diversidad democrática, imponer un modelo que ha traído consecuencias lamentables para los venezolanos.

Uno pensaría que hay sectores en el chavismo que creen en la necesidad de la negociación, pero mientras estos sectores no actúen de manera orgánica, van a seguir apoyando esta consolidación del autoritarismo. Estamos convencidos de que los chavistas, porque son varios, van a seguir participando en la sociedad venezolana del futuro, políticamente, pero que tal como está configurando en el poder de Nicolás Maduro, sin una política sincera de generar un gobierno de inclusión donde se respete la independencia de poderes y transitemos será más difícil.

-La primera vicepresidenta de la AN de Maduro, Iris Varela, ha planteado confiscar los bienes de personas que se han ido del país ¿Qué derechos se transgreden con ello y qué se puede hacer para evitarlo?

-Creo en lo personal que intentan desviar atención de otros temas importantes. Hay gente que ha afirmado que Diosdado Cabello ha perdido influencia en la AN, pero creo que la tendencia radical que él representa, la mucho más extrema, ahora va a ser representada por esta funcionaria, que había sido ministra (de Asuntos Penitenciarios), ahora es diputada. Ella va a representar la línea dura, va a tener ese tipo de afirmaciones, algunas se van a cumplir, otras no. Coincido con Luis Vicente León (presidente de Datanálisis), quien dice que al gobierno no le interesa frenar la migración de venezolanos, y es porque le es funcional, ya que desestabiliza a los gobiernos de la región, por demandas de trabajo y servicios, pero para Nicolás Maduro es un factor que puede incidir en la posibilidad de una estabilización económica.

-¿Cree que la Corte Penal Internacional finalmente investigue a funcionarios del gobierno por crímenes de lesa humanidad? ¿Qué perspectivas hay al respecto?

-Tenemos altas expectativas en la posibilidad que se abra una investigación concreta en la Fiscalía de la CPI. Hay elementos que indican esa posibilidad. ¿Qué tanto puede favorecer a un proceso de negociación? Nosotros no hacemos ese cálculo político. Actuamos siempre como defensores y vamos a promover y exigir que los responsables sean puestos ante la justicia. Creemos que mientras más se señalen responsabilidades individuales podría favorecer una ruptura de la coalición dominante, pero también existe la posibilidad de que las cohesione, porque otros funcionarios pueden verse perjudicados.

Nosotros seguimos alimentando el trabajo de la Comisión de Verificación de Hechos, de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Sería algo histórico en América Latina (que se inicie una investigación formal), porque casi todas se han dado en países del continente africano y otros como Colombia y México, que han esperado muchos años para que el examen preliminar pase a investigación formal. En el caso venezolano hay muchos elementos que deberían ameritar una situación concreta.

Es un proceso que no ha sido fácil, pero creemos que todo el trabajo que se ha realizado llevará a ello. Lamentablemente es la única instancia jurídicamente vinculante, porque está basada en el compromiso de los estados, pero como hemos visto la racionalidad del gobierno venezolano no es esa, y nos queda esta posibilidad de la apertura de una investigación concreta.

En su programa Con el Mazo Dando, el segundo del chavismo, Diosdado Cabello  arremetió contra la organización no gubernamental Provea y su coordinador general, Rafael Uzcátegui. Dijo que Uzcátegui debe demostrar ante la Fiscalía una denuncia sobre financiamiento del Reino Unido al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). 

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Dijo que la Fiscalía debe abrir una investigación a Rafael Uzcátegui

En su programa Con el Mazo Dando, Diosdado Cabello, solicitó a la Fiscalía que investigue al coordinador de la ONG Provea, Rafael Uzcátegui, luego de afirmar que el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) recibió fondos del gobierno de Reino Unido.

“Le pido a (Francisco) Ameliach que este señor demuestre en los tribunales que el PSUV ha recibido un centavo de esta gente”, dijo el ex presidente de la asamblea nacional constituyente.

“El PSUV que pida una investigación, se abra una denuncia y que este señor demuestre que el partido ha recibido esa plata; de no ser así, que suma las consecuencias”, sostuvo

Maduro intenta criminalizar la cooperación internacional ocultando que su gobierno también la recibe, y en proporciones importantes. Por eso no te dirán que el PSUV también se benefició de fondos del gobierno británico pic.twitter.com/7hT3FScvSA

— Rafael Uzcátegui (@fanzinero) January 9, 2021

Contra los diputados

El segundo del chavismo igualmente amenazó con prisión para los diputados electos en 2015 por supuesta usurpación de funciones.

“Por ahí andan reuniéndose, ahora se reúnen en un cuarto oscuro será, nadie sabe dónde están, de todas manera, ahí está la justicia, la justicia debe intervenir, están usurpando funciones”.

La ONG negó recibir aportes del Departamento de Estado de EE.UU ni de organizaciones vinculadas a él

Sus principales cooperantes son Misereor de Alemania y Open Society Institute de Estados Unidos

@franzambranor

No es de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid por sus siglas en inglés) que el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) recibe financiamiento, señaló el coordinador general de la ONG, Rafael Uzcátegui.

El 19 de febrero, el presidente de la asamblea nacional constituyente, Diosdado Cabello, señaló en el programa de televisión Con el Mazo Dando que Provea es receptora de fondos del organismo americano vinculado al Departamento de Estado. 

? Diosdado anuncia que desde la cuestionada ANC madurista tomarán medidas en contra de las oenegés y amenaza directamente a Provea pic.twitter.com/y0tuN1PPqh

— Sumarium (@sumariumcom) February 20, 2020

Uzcátegui negó la tesis. “Desde Provea nosotros hemos establecido una política de no recibir financiamiento de los organismos que dependen del Departamento de Estado por el alto costo político que esto tiene, no por razones morales”, dijo.

En su página web, Provea menciona a las más de 30 organizaciones que han servido de financistas desde su fundación en octubre de 1988.

“Los dos cooperantes históricos de Provea son Misereor, que son cristianos y cuya parte de sus recursos provienen del gobierno alemán y la fundación Open Society Institute que está en los Estados Unidos”, sentenció Uzcátegui.

El coordinador general de Provea sostuvo que el gobierno de Nicolás Maduro está al tanto de la transparencia de estos financiamientos, pero siempre  va a esgrimir que las ONG en Venezuela perciben dinero proveniente de Estados Unidos porque es el discurso criminalizador que les conviene.

“Ese dinero queda registrado en una auditoría y finalmente pasa por el Banco Central de Venezuela. Todos los mecanismos de cooperación internacional son absolutamente legales. Gobiernos de otros países y fundaciones ayudan para el desarrollo de los derechos humanos”, agregó Uzcátegui.

Entre los proyectos en los que ha trabajado Provea en Venezuela está principalmente la defensa de las víctimas de violaciones a derechos humanos, esto comprende asesoría jurídica y técnica, además de acompañamiento médico y psicológico. También cuentan con un programa de fortalecimiento institucional, otro de acceso a libros y documentos relativos a los derechos humanos, evaluación del fenómeno migratorio y sus repercusiones, derechos indígenas a propósito de la explotación en el Arco Minero del Orinoco, programas de radio como Son Derechos en Fe y Alegría y Podcasts como Humano Derecho, que se publica todos los fines de semana en Runrunes. 

Rafael Uzcátegui aseguró que el gobierno también se beneficia de la cooperación internacional. 

“Quizás en los últimos años eso ha disminuido; por colocar un ejemplo, el Sistema Nacional de Orquestas parte de un financiamiento de cooperación internacional”, aseveró Uzcátegui.

De acuerdo, al coordinador general de Provea cuando los recursos locales no son suficientes para promover el desarrollo de los DDHH, es un derecho recibir cooperación internacional.

“Los diferentes donantes que pueden ser embajadas o fundaciones realizan convocatorias sobre temas y las organizaciones postulan sus proyectos y en caso de que sean seleccionadas pasan por todo un proceso de auditoría y rendición de cuentas. En el caso de Provea, nosotros hemos colgado en nuestra página web las auditorías de los últimos años”, dijo Uzcátegui.

En contra de las sanciones 

Rafael Uzcátegui aseguró que Provea ha estado en contra de las sanciones financieras contra Venezuela porque aumentan el sufrimiento de las personas en el marco de la situación de emergencia humanitaria compleja.

“Hemos apoyado sanciones individuales contra violadores de los derechos humanos. Esas sanciones son las que más molestan a los funcionarios de Maduro. De hecho, en cualquier espacio de diálogo, ellos las colocan como primer punto sobre la mesa. Ese es su principal estímulo para asistir a una negociación”, aseguró Uzcátegui.

Para el coordinador general de Provea, el ataque contra las ONG responde a un esfuerzo de Maduro por construir una narrativa a fin de responsabilizar a actores de la sociedad civil de las sanciones internacionales contra su gobierno.

“Nosotros lo entendemos como una reacción a las sanciones impuestas a la petrolera rusa Rosneft”, sentenció Uzcátegui.

Igual que sus aliados

Según Rafael Uzcátegui, la eventual introducción en la ANC de una solicitud para revisar las leyes que permiten el financiamiento de las ONG forma parte de los patrones de respuesta de gobiernos totalitarios y populistas como Turquía y Rusia.

“Pertenece a los intentos que hace la dictadura para ir cerrando los espacios de actuación de la sociedad civil. Lo que el gobierno quiere es darle un rostro a esa teoría del enemigo interno. Cada vez se cuidan menos de disimular una actuación democrática”, dijo Uzcátegui.

Para el coordinador de Provea, la respuesta de las ONG a los ataques del gobierno es seguir señalando a los victimarios y estar al lado de los más vulnerables. 

“Ese tipo de amenazas no van a impedir que hagamos nuestro trabajo. Vamos a continuar haciéndolo mediante la denuncia por los canales nacionales e internacionales que tenemos a la mano”, puntualizó Uzcátegui.

Rechazamos las amenazas contra Provea y la defensa de los derechos humanos de los venezolanos. Seguiremos luchando frente a las adversidades, documentando, visibilizando y denunciando las violaciones de DDHH junto a las víctimas. #20Feb pic.twitter.com/L6cRXgxtuR

— PROVEA (@_Provea) February 20, 2020

Provea recordó que el derecho a la protesta es legítimo y que su eficacia debe estar enmarcada en la solución de demandas de los afectados

Las organizaciones, movimientos sociales y la articulación de ciudadanos que promueven el diálogo social de todos los sectores del país expresan su respaldo a un acuerdo pacífico y negociado como «única vía para avanzar con pasos firmes y sostenibles hacia la construcción de una solución a la grave crisis que atraviesa el país», dijo Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea.

«Reiteramos que ese acuerdo es urgente y debe tener como marco el respeto a los derechos humanos y a las instituciones. Que apunte al restablecimiento del sistema democrático a través de unas elecciones presidenciales libres, transparentes y auténticas que resuelvan la crisis de gobernabilidad que enfrenta la nación, pero que a la vez, debe avanzar en la construcción de acuerdos sectoriales que atiendan las necesidades más urgentes del pueblo venezolano, con un enfoque despolitizado, de modo que la solución construida no pueda ser utilizada para las narrativas políticas de ningún sector en particular», detalló Uzcátegui.

Asimismo, el representante de Provea afirmó que estos acuerdos sectoriales no solucionarán la crisis del país, pero dijo que son necesarios porque «permiten aliviar el enorme sufrimiento del pueblo de Venezuela» y resaltó que estos no deben confundirse con iniciativas de negociación que proponen acuerdos políticos parciales entre algunos sectores y el Gobierno, que solo buscan atenuar algunos síntomas de la crisis.

Desde Provea reiteran que el derecho a la protesta es legítimo y que su convocatoria y eficacia debe estar enmarcada en la solución de demandas de los afectados. Rafael Uzcátegui afirmó que desde su organización reconocen y apoyan los reclamos y acciones de todos los sectores sociales: educación, salud, servicios básicos; especialmente el paro del magisterio y del sector universitario y alertan ante las amenazas de represión a la protesta ciudadana por parte de los grupos que hacen parte del poder.

Por su parte, Keta Stephany, secretaria de información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), afirmó que apoyan la lucha del magisterio y del sector universitario por el derecho a la educación, la defensa de las instituciones y su calidad de vida.

La representante de la Fapuv aseguró que el tema educativo no es solamente gremial o sindical. «Es de principios: al minar la sobrevivencia y la dignidad de los maestros, el régimen viola sus derechos humanos y deteriora la calidad de la educación venezolana y también agrede a nuestros hijos. Por eso nos movilizaremos en defensa de la dignidad de los maestros y en respaldo al paro activo este martes 22 y miércoles 23 de octubre».

Por lo tanto, estas organizaciones exigen al Gobierno y a la oposición que se pongan de acuerdo en retomar el diálogo amplio y genuino que dé soluciones a los dramas que no pueden esperar por los tiempos lentos de la burocracia y por la solución política estructural.

«Exigimos la reactivación urgente de los mecanismos de negociación con supervisión internacional y participación plural, como el facilitado por el Reino de Noruega, que nos permita a los venezolanos construir una solución política, pacífica, electoral y negociada a esta crisis», dijo Keta Stephany.

Además, solicitaron respeto a la Constitución en el nombramiento de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) que establece que estas deben ser nombradas por la Asamblea Nacional.

EL PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció la tarde del 19 de septiembre que funcionarios de la PNB detuvieron a un trabajador de la industria gráfica, a quien trasladaron al Sebin, y decomisaron un material impreso al que calificaron de «subversivo». 

Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, dijo que, junto con abogados de la organización, acudirá a la sede de El Helicoide.

«Por calificar como material subversivo afiche de un disco a editarse por Provea, Sebin detiene a trabajador de industria gráfica. Nos preparamos para ir a la sede del Sebin El Helicoide, pues funcionarios ha requerido nuestra presencia», tuiteó Uzcátegui.

ALERTA | PNB decomisa material impreso de Provea, deteniendo a trabajador de industria gráfica y trasladándolo al Sebin del Helicoide. Funcionarios solicitan presencia de representantes de Provea | 6:25 pm

— PROVEA (@_Provea) September 19, 2019