Alegan que atenta contra la sociedad civil
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la ONG Acceso a la Justicia y la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) rechazaron la demanda hecha por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, contra Marino Alvarado, coordinador legal de Provea y el sacerdote Alfredo Infante, del Centro Gumilla.
El mandatario regional acusa a los defensores de derechos humanos “difamación agravada y continuada”, luego que estos exigieran una investigación por las ejecuciones extrajudiciales en el estado Carabobo.
Las ONG calificaron la acción como un cerco contra la sociedad civil de Venezuela.
Igualmente, Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas, manifestó su apoyo a los miembros de Provea y Del Centro Gumilla. “Atentar contra quienes denuncian violaciones a los DD HH no dará reparación a las víctimas y sus familiares”, manifestó Zambrano.
Carolina Jimenez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), expresó que la defensa de los derechos humanos no es un delito, como tampoco lo es exigir la investigación transparente cuando se documentan violaciones. “Lo que sí es inaceptable es intentar intimidar a quienes defienden a las víctimas”, expresó a través de su cuenta en Twitter.
