EL SECRETARIO ECUATORIANO Anticorrupción, Iván Granda, entregó este miércoles a la Fiscalía documentos que probarían la supuesta financiación de Nicolás Maduro a una fundación de pensamiento vinculada con el expresidente Rafael Correa.
La documentación la entregó después de que la fiscal general en funciones, Ruth Palacios, anunciara, según Granda, la apertura de oficio de una indagación preliminar, a raíz de la denuncia del caso que hizo el jefe de Estado, Lenín Moreno, recientemente en Chile.
El pasado viernes, durante una cumbre en Santiago de Chile en la que se presentaba la nueva organización Prosur, Moreno anunció que «existen intentos desestabilizadores liderados por los exmandatarios de Ecuador y Venezuela».
Unos intentos que, aseguró el mandatario, involucran el manejo de recursos públicos venezolanos, «para financiar acciones contra el régimen democrático ecuatoriano y de la región».
«Hemos venido a cooperar con la justicia. Hemos entregado importante información que permitirá a la Fiscalía desarrollar una investigación sobre la licitud de los fondos y para qué fueron utilizados», indicó Granda a la salida de la sede de la Fiscalía en Quito, donde entregó la documentación.
De acuerdo con la presidencia, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Bandes, transfirió 281.000 dólares al Instituto de Pensamiento Político y Económico «Eloy Alfaro», para «alimentar cuentas personales de exfuncionarios».
«Este Instituto hizo transferencias a cuentas de Rafael Correa por un total de 96.200 dólares y a sus excolaboradores, de entre 34.000 y 6.000 dólares», precisó la institución.
El secretario Anticorrupción consideró indignante que se haya supuestamente destinado ese dinero precisamente desde Venezuela, donde la población atraviesa una compleja situación económica.
Y añadió que el abogado Antonio Ingroia aseguró que el Instituto «pagó para que él venga a defender, a hacer una veeduría del caso del secuestro internacional de Fernando Balda», por el que Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, ha sido llamado a juicio bajo el delito de plagio.
En septiembre pasado, ese abogado y otros letrados se presentaron como observadores en la audiencia preparatoria de juicio del caso Balda.
La Corte Nacional de Justicia llamó en noviembre a juicio a Correa y a otros tres exfuncionarios, dos de ellos ahora condenados, por el secuestro en 2012 de Balda.
El secretario Anticorrupción recordó hoy que el Instituto tenía como único fin establecer acciones de pensamiento político, por lo que pidió a la Cancillería que investigue la actuación de esa fundación.
Consultado por Efe sobre la información entregada a la fiscalía, Granda detalló que presentó documentos del estatuto de creación de la fundación, sus socios, actividades y el uso de la página web.
Moreno llegó al poder en mayo de 2017 de la mano de Correa pero, a menos de dos meses de haber asumido la Presidencia, se produjeron las primeras divergencias entre ambos, primero por el déficit dejado por la anterior Administración y después por razones ideológicas.
A finales de 2017 el movimiento Alianza País, del que ambos formaron parte, se fraccionó en dos grupos políticos.
El nuevo gobierno lanzó en 2018 una campaña contra la corrupción en el país en el marco de la cual se le abrieron a Correa varias investigaciones.
El exmandatario, que reside en Bélgica y niega cualquier vinculación a esa supuesta corrupción, y ante el anuncio del inicio de la investigación se mostró dispuesto a abrir sus cuentas.
«¡Qué bueno, señora fiscal! ¿Qué «investigación» es? ¿La número 24?», se preguntó Correa cínicamente a través de su cuenta de Twitter, y agregó: «Lo que necesite, me avisa, para que abra todas mis cuentas, mi patrimonio y mis impuestos».
