Provea

Onésimo Fernández fue herido en su columna vertebral por un disparo del ejército venezolano durante la masacre de Kumarakapay, en Bolívar

Provea alega que no existe celeridad para determinar a los responsables de al menos 8 fallecidos del pueblo pemón por más de cuatro años

El 22 de febrero del 2019 marcó a Onésimo Fernández: la bala de un militar de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) le fracturó una vértebra lumbar en Kumarakapay, una comunidad pemón en el sur del estado Bolívar. Desde entonces quedó parapléjico. 

El artesano y agricultor del pueblo pemón murió el 10 de marzo del 2020 por la escasez de medicinas para tratar la herida que el Estado le propinó. Durante un año y dos semanas se mantuvo en las camas hospitalarias de Santa Elena de Uairén y del Hospital General de Boa Vista, en la capital del estado brasileño de Roraima.

«Hasta ahora no hay información oficial que actualice la investigación de ese caso y de ese contexto (del ataque de Kumarakapay)», recalcó Marino Alvarado, abogado y excoordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea). 

El Ministerio Público designó a cuatro fiscales para investigar estos crímenes dos semanas después de que ocurrió el ataque militar: fiscal 91 indígena, 54 con competencia plena, segundo de derechos humanos y sexto de delitos comunes. Aún no se ha designado a ningún responsable o adelanto en la investigación después de cuatro años. 

Para el especialista en derechos humanos, el registro y la denuncia de justicia ha permanecido en los informes de las ONG y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Resolución 07-2019, medidas 181-19. 

Testimonios conservados de Onésimo Fernández

En 2019, las fronteras venezolanas estaban cerradas por mandatos de Nicolás Maduro. Los líderes indígenas de Kumarakapay, comunidad que también se le conoce como San Ignacio de Yuruaní, manifestaban desde enero su apoyo a la entrada de insumos por la frontera brasileña para amortiguar la emergencia humanitaria compleja que aún sufre el país. 

Ese día venía un cargamento de medicinas y alimentos desde Brasil gestionado por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por el Gobierno de Estados Unidos como presidente interino de Venezuela en ese momento.

A pesar de que el artículo 119 de la Constitución de Venezuela le otorga soberanía a la etnia en su territorio, cuatro vehículos de un convoy militar intervinieron en la zona y atacó a los habitantes. 

Fernández recordó para la prensa nacional independiente que el 21 de febrero ya se podían ver unidades militares y el retorno de varios uniformados hasta un puente próximo a la localidad.

A las seis de la mañana empezaron los disparos. La primera de las ocho víctimas de ese ataque, Zoraida Rodríguez, murió en la calle principal de la comunidad. Los demás, como Onésimo, fallecieron semanas después del ataque, la mayoría en hospitales brasileños porque en Venezuela no tenían insumos para tratarlos. 

«Cuando mataron a una señora (Zoraida Rodríguez) yo fui a verla, allí me dispararon. Al esposo (Rolando García) también le dispararon por la espalda. Me aguanté», dijo Fernández al Correo del Caroní un año después de la masacre de Kumarakapay.

3/3
Decidan de qué lado están en esta hora definitiva.
A todos los militares: entre hoy y mañana ustedes definirán cómo quieren ser recordados. Ya sabemos que están con el pueblo, ustedes nos lo han dejado muy claro. Mañana podrán demostrarlo.

— Juan Guaidó (@jguaido) February 22, 2019

Los tres disparos que recibió Zoraida en el pecho fueron mortales. La bala que atravesó a Onésimo perforó su médula ósea y le causó una fractura osteolítica de la vértebra L5. Eran las diez de la mañana cuando él, Rolando García y Klever Pérez llegaron al Hospital General de Boa Vista. 

En Brasil, Pérez fue uno de los primeros heridos en fallecer, el 28 de febrero. García falleció el 2 de marzo. Allí Fernández fue hospitalizado, diagnosticado con paraplejia y se quedó en un tratamiento de siete meses. 

Según registros de la ONG Foro Penal, al menos 15 heridos causó esa intervención militar y Onésimo era uno de ellos. Pero, dentro de ese grupo, era el que tenía una condición más crítica: la herida de bala en la región toracoabdominal evolucionó con lesión gástrica.

Doble herida: sin acceder a medicinas

La represión militar no se detuvo en  Kumarakapay. Los habitantes de Santa Elena de Uairén también reportaron ataques de militares de la GNB para evitar el ingreso de insumos humanitarios en la frontera brasilera. 

«Quienes pueden, cruzan la frontera para evitar ser detenidos. Cruzan, a través de la selva o de la sabana, burlando el bloqueo; alrededor de 1.300 indígenas pemón, especialmente mujeres y niños, se refugiaron en las comunidades brasileñas. Mientras que los hombres resguardan casas y comunidades. Detienen e interrogan a quienes viven o trabajan en los sitios desde donde fueron captados los videos. Recomiendan borrar videos, fotos, sonidos», escribió la periodista Moreila Morillo para el Correo del Caroní con entradas de su diario. 

Cuando Onésimo regresó a Kumanapakay la población mantenía una especie de toque de queda por temor a futuros ataques. La comunidad, que vive dentro del Parque Nacional Canaima, vivía del turismo y se mantuvo desolada por más de un año. 

Pese a los aportes de varias ONG y de los habitantes de la zona ayudaron para el tratamiento, la condición de Fernández empeoró. El dolor se acentuó. Dejó de comer y hablar. No podía dormir más de 2 horas.

Los familiares de Onésimo no podían costear ni conseguir las medicinas que necesitaban, aquellas que se podían encontrar en la ayuda humanitaria que el Estado se negó a recibir con balas. 

Un año después del incidente, la octava víctima del 22 de febrero del 2019 murió en el Hospital Rosario Vera Zurita de Santa Elena de Uairén, en el municipio Gran Sabana, al sur de Bolívar. Onésimo Fernández tenía 49 años. 

«No hay nada que hacer, amaneció muy mal y solo está funcionando su corazón», informó horas antes su hermana Yelitza Fernández al Correo del Caroní.

Acaba de fallecer el indígena Pemón Onésimo Fernández. El 22 de febrero de 2019, Onesimo, 49 años, recibió un impacto de arma de fuego por efectivos militares en Kumaracapay, cuando la comunidad que salió a manifestar pacíficamente. #10Marzo pic.twitter.com/ibosmjKLmc

— PROVEA (@_Provea) March 11, 2020

La ausencia es la marca que dejó el 22 de febrero del 2019 en Kumanapakay. La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) contó un mínimo de 1.300 pemones que se desplazaron forzadamente a Brasil para resguardarse del Estado venezolano —y no se sabe cuántos han regresado—. Al menos 13 indígenas fueron detenidos en el contexto de los ataques a Kumarakapay y a Santa Elena de Uairén, según la ONG Kapé – Kapé.

Otros líderes indígenas, como Ricardo Delgado, tuvieron que refugiarse en Brasil como exiliado político. Mientras tanto, los familiares de las víctimas aún esperan por la justicia de civiles que solo querían alimentos y medicinas bajo una crisis humanitaria. 

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El diputado Diosdado Cabello aseguró que la inmensa mayoría de estas asociaciones civiles o fundaciones «dependen de Estados Unidos» y operan como «apéndices» de Washington «para garantizarle al imperialismo su presencia en el mundo entero»

La Asamblea Nacional oficialista aprobó este 24 de enero la creación de una ley que fiscalice la actuación y el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG), dado que, según el chavismo, casi todas estas agrupaciones tienen fines políticos y de desestabilización.

El diputado Diosdado Cabello presentó esta propuesta, que fue respaldada por la mayoría oficialista -con algunos votos en contra o salvados por legisladores opositores- y que ahora entra en un «lapso perentorio de consultas» antes de ser discutida en detalle en la Cámara.

«Hoy las ONG que operan en nuestro país tienen que ver exclusivamente, casi todas, con el ámbito político, con el fin preciso de generar desestabilización a nuestro país», dijo Cabello tras considerar que la actuación de estas organizaciones constituyen «una situación irregular».

Aseguró que la inmensa mayoría de estas asociaciones civiles o fundaciones «dependen de Estados Unidos» y operan como «apéndices» de Washington «para garantizarle al imperialismo su presencia en el mundo entero».

«Comenzamos a revisar, más o menos, cuántas (ONG) hay hasta este momento. En una primera vuelta, (encontramos) 62 que operan con fines absolutamente políticos en nuestro país y que reciben financiamiento de organismos de otras naciones», prosiguió, para luego mencionar, entre otras, a Provea, organización que lleva 35 años dedicada a la defensa de derechos humanos.

El proyecto inicial de ley, compartido en la sesión por algunos legisladores, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la instancia de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones recibidas.

La propuesta prohíbe expresamente a las ONG «realizar actividades políticas» y «promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones» del Estado.

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello presenta ante la AN de Maduro un proyecto de ley contra las ONG en Venezuela: "Son apéndices de organismos para garantizarle al imperialismo su operación en el mundo entero" https://t.co/c0FHsVwBU6 pic.twitter.com/tIB1E7Uu59

— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) January 24, 2023

Las «siniestras intenciones» de las ONG

Por su parte, Jorge Rodríguez, presidente de la AN, manifestó: «Cada vez que vemos a esos organismos [ONG], o gobiernos que están plagados de buenas intenciones, detrás lo que aparece son sus verdaderas y siniestras intenciones. ONG que son financiadas por el Reino Unido«.

Además, cuestionó: «¿Con qué se van a financiar las elecciones cuando se convoquen? Además, la Constitución obliga a que la gente puede y debe reunirse y el Estado debe proteger esa reunión, pero debe hacerse de conformidad con la ley».

Ante una bancada opositora en desacuerdo con lo expresado por el oficialismo, agregó: «En primera discusión no se discute artículo por artículo; se discute el título de la ley, las partes, luego se lleva a consulta y regresa a los efectos de la discusión».

Para dar por zanjado el asunto, y después de la votación de los parlamentarios, Rodríguez sentenció: «Mayoría evidente para la aprobación de la ley. En consecuencia, se aprueba la ley para regularización de las ONG».

ÚLTIMA HORA | Chavismo aprueba en primera discusión proyecto de ley para ilegalizar las ONG en Venezuela: "Si van a la política, inscríbase como partido político" https://t.co/pprS1oTeim pic.twitter.com/9x5reIZUbe

— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) January 24, 2023

ONG denuncian que buscan ilegalizarlas

A través de la cuenta de Twitter de Provea, mencionada por Cabello, expresaron que, con esta ley, «avanza la criminalización» hacia estos organismos.

«Las ONG en Venezuela serían multadas hasta con 200 petros ($12.000) si no cumplen con la nueva Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento. Buscan ilegalizar a las ONG venezolanas de DDHH, sociedad civil y más contra las víctimas».

Acceso a la Justicia fue otra de las organizaciones que condenó la aprobación en primera discusión de la ley.

«El proyecto de ley no tiene el mismo nombre que el presentado el año pasado, conocido como Proyecto de Ley de Cooperación Internacional ni se conoce aún su texto. El nuevo proyecto en la materia se llama Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y afines y se presentó a discusión en la AN sin ser divulgado», señaló la ONG en su cuenta de Twitter.

En este sentido, añadió: «Es práctica de la AN discutir y aprobar proyectos de leyes bajo opacidad. Inclusive, desde que el oficialismo tomó el poder de la AN, recurre a la práctica de aprobar leyes, pero no siempre las publica en Gaceta Oficial. Al desconocerse el contenido de la propuesta de ley se pone a las ‘ONG y afines’, y en general a los ciudadanos, en una situación de grave indefensión e inseguridad jurídica, lo que facilita aún más la violación de derechos humanos en Venezuela».

Para Acceso a la Justicia, esta primera aprobación revela «las ambicionas del gobierno de Maduro de controlar a la sociedad civil, una práctica con la finalidad de desarmar, despojar y aniquilar la libertad y autonomía de las ONG, y en general de cualquier otra expresión asociativa».

De igual manera, desde la ONG esperan que esta polémica ley «no vaya en la misma línea que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada por el régimen nicaragüense, a fin de reprimir el derecho de asociación en ese país».

Gabriela Buada Blondell, periodista y defensora de los derechos humanos, opinó que la aprobación de la ley «lo que da es pena», pues con ella el gobierno pretende «ilegalizar a las ONG con una Ley Anti-ONG que también busca exponer a las víctimas. Cambian el nombre, cuentan historias increíbles, estigmatizan y amenazan el trabajo de quienes han hecho frente a la crisis y han documentado».

#UltimaHora La AN, con voto mayoritario, acaba de aprobar en primera discusión el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y afines. Conoce los detalles sobre este acto en nuestro #AlertaLegal #JusticiaVe https://t.co/BX7LFLD3Xf pic.twitter.com/rxliRsWr9s

— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) January 24, 2023

Avanza la criminalización.

Las ONG en Venezuela serían multadas hasta con 200 Petros ($12.000) si no cumplen con la nueva Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento.

Buscan ilegalizar a las ONG venezolanas de DDHH, sociedad civil y más contra las víctimas. https://t.co/XHHK7HpZfs pic.twitter.com/9ef3MHQOVU

— PROVEA (@_Provea) January 24, 2023

Esto lo que da es pena. Buscan ilegalizar a las ONG con una Ley Anti-ONG que también busca exponer a las víctimas. Cambian el nombre, cuentan historias increíbles, estigmatizan y amenazan el trabajo de quienes han hecho frente a la crisis y han documentado. https://t.co/AZXuu1FTe0

— Gabriela Buada Blondell (@gabybuada) January 24, 2023

Con información de EFE

Organizaciones civiles de la entidad registran un repunte de la violencia en esta área protegida

Las víctimas son aborígenes de diversas etnias que están vinculados con la defensa de sus territorios

 Por: Lorena Meléndez G. @loremelendez y Joshua De Freitas @joshuadfh 

Imagen de portada: SOS Orinoco

“Cuando se reporta una desaparición en Yapacana se espera lo peor”, afirmó Nelson Cayupare, coordinador del Comité de Derechos Humanos de San Fernando de Atabapo, cuando se le preguntó por las muertes y desapariciones registradas en las últimas tres semanas en el parque nacional de Amazonas donde la minería ilegal ha devastado más de millar y medio de hectáreas.

El 6 de enero de este año, el exgobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, publicó en sus redes sociales el hallazgo del cadáver maniatado de un indígena venezolano en el Yapacana. Guarulla dijo que la víctima podría ser Alejandro Rojas, de la etnia jivi, quien había desaparecido dos semanas atrás.

Tanto el exgobernador como las ONG SOS Orinoco y Control Ciudadano presumen que los responsables del asesinato y la desaparición de los líderes indígenas son los grupos de guerrilla colombiana que hacen vida en territorio venezolano. 

Recordó que el cadáver se consiguió el mismo día que la comunidad protestaba por la desaparición de varios de los líderes indígenas que habitan la zona, entre ellos, Wilberto Ángel Camico Menare, quien está desaparecido desde el 28 de diciembre de 2022. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de San Fernando de Atabapo, el joven de 36 años y coordinador del comité de indígenas baniva de Yacapana, fue visto por última vez con miembros de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Venezuela en la zona de Sabana Grande, cerca del parque nacional. 

“La versión que manejamos relaciona la desaparición con el operativo militar en Yapacana en noviembre para ‘limpiar la zona de minas’: una represalia por parte de los disidentes de las FARC”, señaló Cayupare.

“Wilberto tuvo roces con miembros disidentes de las FARC por los derechos de los mineros en uno de los campamentos. Al parecer, él acompañó a los miembros de la Fuerzas Armadas Nacionales en la quema de los equipos de la mina controladas por las FARC. La última vez que se vio a Wilberto fue en una reunión con los grupos armados irregulares”, agregó Cayupare por teléfono mientras viajaba a Puerto Ayacucho con la esperanza de llevar el caso al Ministerio Público. 

Para el coordinador del comité de Derechos Humanos, la carencia de servicios públicos es una de las trabas para llevar los casos ante la justicia. La electricidad llega dos veces a la semana y solo en la capital, del estado Amazonas, en Puerto Ayacucho, existen locales que brindan internet. Para ir desde Atabapo hasta Puerto Ayacucho se tarda mínimo un día en bote. La moneda de uso es el peso colombiano. 

Los cinco comités dedicados a la defensa de los pueblos indígenas del municipio Atabapo, donde está el Parque Nacional Yapacana, coinciden en que el aumento de la violencia en la zona se remonta a 2016, cuando Nicolás Maduro decretó  la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. “Pese a quedar a kilómetros de distancia, los grupos armados irregulares han tenido mayor presencia en el país para montar campamentos mineros desde entonces”, agregó Cayupare. 

Retrato de Wilberto Ángel Camico Menare. Foto cortesía: Waka Noticias

El Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP por sus siglas en inglés) denunció el incremento de la deforestación por minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana en 49% entre 2021 y 2022. A través de imágenes satelitales, MAAP pudo calcular cerca de 1.537 hectáreas de zonas intervenidas solo en las cercanías del Cerro Yapacana debido a la extracción ilícita de oro y otros minerales. La pérdida de cobertura vegetal amazónica en esa zona protegida por el Estado venezolano fue de 757 hectáreas en un año. Del total de deforestación acumulada, 17 hectáreas son de la cima del tepuy sagrado. 

En los informes del MAAP, las imágenes satelitales demuestran que los campamentos de minería dentro del parque nacional, y específicamente dentro del Cerro Yapacana, no han sido completamente desmantelados después del operativo militar. 

“Dada la escala masiva de la actividad minera ilegal en el Parque Nacional Yapacana, está claro que una sola operación no es suficiente para desmantelar miles de campamentos mineros y retirar a miles de mineros ilegales. Se necesitan esfuerzos a gran escala y a largo plazo”, concluyó el MAAP en su informe publicado este 16 de enero. 

Mapa de la evolución de la minería en el Parque Nacional Yapacana entre 2021 y 2022. Autor: Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP)

Mientras los comités indígenas en Atabapo denunciaron que las autoridades no han hecho procedimientos de búsqueda para Camico, un menor de edad murió el pasado 8 de enero en las fosas de la mina Cacique, sector Platanillal del Yapacana. Su nombre era Cleubulo Henríquez.

De acuerdo con el comité de Derechos Humanos de Platanillal, citado por el portal Waka Noticias, Henríquez fue un deportista y estudiante que vivía en el sector Humboldt de la ciudad de Puerto Ayacucho. El joven visitó a su madre en las minas y, mientras trabajaba en una de las fosas, una piedra le cayó encima. 

El silencio como constante

A Eligio DaCosta se le quiebra la voz cuando habla del asesinato de Virgilio Trujillo, el indígena piaroa y coordinador de los guardianes territoriales Uwottüja del municipio Autana, en el estado Amazonas, a quien mataron el 30 de junio de 2022 con varios disparos en la cara en un barrio de Puerto Ayacucho, capital de la misma entidad.

“Virgilio estaba con nosotros en la organización ese día”, relató DaCosta, indígena baniva que coordina la Organización Regional De Pueblos Indígenas De Amazonas (ORPIA), institución que formó a los 30 guardianes territoriales que, como la víctima, protegen la cuenca del río Sipapo. “A media hora de salir de la reunión, nos enteramos de que le habían disparado. Eso fue un impacto fuerte, porque él era mi amigo. Yo lo ayudaba muchísimo porque él estaba comprometido con su territorio, con la defensa de la naturaleza”.

Armados con un bastión, una herramienta de madera para su protección, los guardianes territoriales fueron formados con el fin de resguardar los territorios indígenas y proteger la biodiversidad, por eso, quien ingresa a la zona que custodian, deben pedirles permiso. Semanas antes del asesinato de Virgilio Trujillo, grupos armados invadieron su territorio.

“Ellos estaban haciendo ese trabajo, protegiendo, buscando la forma de mediar con los mineros y que se salieran de allí los indígenas que también estaban trabajando. Pero como intervienen otros elementos externos, se genera el asesinato”, afirmó el coordinador de ORPIA.

El crimen, según DaCosta, dejó conmocionados tanto a los otros guardianes como a la comunidad del Alto Sipapo, donde vivía Virgilio. “Eso fue tan impactante para nosotros que dejamos de trabajar casi tres meses. Estábamos en zozobra, porque después amenazaron a otros compañeros”. 

El hecho, dijo el coordinador de ORPIA, también generó conflictos entre los pueblos indígenas, porque muchos miembros de las comunidades participan de la minería que azota la zona. Fuentes vinculadas al activismo ambiental confirmaron a Runrun.es que los grupos guerrilleros que explotan oro con maquinarias en los márgenes del río están vinculados con el asesinato. 

“Se presume que en el hecho están involucrados narcotraficantes y paramilitares que pretenden tomar el territorio nacional. Trabajaremos sin descanso para esclarecer el crimen que ha causado conmoción en el estado Amazonas”, escribió en Twitter el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, pocos días después del asesinato. Pero casi siete meses después del crimen, el Estado no ha dado ninguna respuesta sobre el hecho.

Vulnerables en su propio territorio

Según el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) entre 2015 y 2020 se registraron 102 hechos victimizantes contra los campesinos defensores del derecho a la tierra en territorios venezolanos. La ONG calculó que 37,25 % de los casos se refieren a detenciones arbitrarias, mientras que 14,71 % han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales y 13,73 % fueron asesinatos selectivos.

Cifras aportadas por la ONG Provea revelan que desde 2010 al menos 47 indígenas de los pueblos Pemon, Warao, Jivi, Yanomami, Piaroa y Wayúu, han sido asesinados tanto por uniformados como por actores no estatales.

“Durante el año 2022, se produjo un incremento de la violencia contra los pueblos indígenas, sobre todo en el estado Amazonas, donde la minería está legalmente prohibida”, dijo el coordinador de Odevida capítulo Venezuela, Raúl Cubas. “Sin embargo, bandas de la delincuencia organizada han tomado el control de vastos territorios indígenas, imponiendo sus reglas violentas de juego, que son las responsables de asesinatos de indígenas en Amazonas y Bolívar”, continuó. 

Del grupo de indígenas asesinados por temas relacionados a la minería registrado por la sociedad civil venezolana, 25 casos se vinculan al sicariato o a miembros de organizaciones guerrilleras. En 15 casos, los señalados son los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

“Un elemento en común en todos estos casos es la falta de resultados de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, por lo que hasta el día de hoy no hay ningún imputado, en todos estos hechos que enlutan a las comunidades indígenas de la Amazonia-Orinoquia venezolana”, agregó Cubas. 

El 11 de enero el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, aseguró en su cuenta de Twitter que Venezuela muestra “éxitos” contra la minería ilegal y la deforestación, luego de que el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, denunciara que en el Parque Nacional Yapacana se está destruyendo el medio ambiente. 

Fracaso tras fracaso en su intento de desprestigiar al Gob del presidente @NicolasMaduro, el principal contaminante del planeta emplea el recurso hipócrita de la distorsión contra un país que, pese al bloqueo, exhibe éxitos en la lucha contra la minería ilegal y la deforestación https://t.co/m1NuNACe6A

— Yvan Gil (@yvangil) January 11, 2023

“En materia de protección ambiental existe un retroceso sin precedentes, cuando Venezuela históricamente fue un pionero en esta materia”, contrastó Cubas. Indicó que mientras el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, “impulsa políticas protectoras del ambiente y de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, en Venezuela el gobierno ignora el Acuerdo de Escazú —que acaba de aprobar el Congreso de Colombia—, que garantiza los derechos a la participación, información y justicia en materia ambiental”.  

Para el abogado especializado en derecho indígena e investigador responsable del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes, Vladimir Aguilar, los indígenas son más vulnerables ante todo lo que ocurre en la Amazonía. Es allí donde están sus territorios ancestrales y sitios sagrados, además de ser el espacio donde practican la caza, pesca y recolección. “Frente a la expansión macabra del extractivismo y sus lógicas perversas (minería ilegal, narcotráfico, pistas clandestinas, grupos armados irregulares, etc) los pueblos indígenas están en la primera línea de desprotección”, aseguró. 

Los indígenas, recalcó Aguilar, como los garantes del bosque y la selva Amazónica,  son quienes enfrentan a los actores irregulares y grupos armados que invaden sus territorios. “El asunto es que la confrontación es asimétrica. Mientras que unos tienen armamentos sofisticados los indígenas solo tienen arcos y flechas. Paradójicamente, ante la ausencia del Estado, los pueblos indígenas son los custodios de las fronteras y del territorio nacional”, sentenció Aguilar.

El Estado tiene una deuda de más de dos décadas con los pueblos indígenas porque todavía no ha delimitado la mayoría de sus territorios, un derecho consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde 1999. Líderes como DaCosta opinaron que si sus tierras estuviesen demarcadas, protegerlas sería más sencillo. En esto también coincidió Aguilar. “Los pueblos indígenas tendrían una razón mayor y más contundente para salvaguardar y defender sus territorios. Sería un mecanismo de contención de la lógica extractiva que ha inducido a una ínfima minoría de los indígenas a tener que practicar la minería ilegal, a la prostitución o al contrabando de combustible en algunos espacios”, apuntó el abogado. 

Estos títulos de propiedad, como documentos legales, les permitirían “accionar a nivel de tribunales nacionales e internacionales por el derecho a la vida (mediante la garantía del derecho al territorio), incluyendo la posibilidad de que se configure contra funcionarios del Estado (incluso contra miembros de grupos irregulares armados), responsabilidades por crímenes de lesa humanidad, por estar en presencia de lo que el catedrático español Bartolomé Clavero denominara una suerte de genocidio cultural silencioso”, señaló Aguilar.

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El representante de Provea expuso la necesidad de garantizar a las víctimas su participación en el proceso que se conoce como Venezuela I

El representante de Provea en Europa, Calixto Ávila, intervino este martes 6 de diciembre, en un evento sobre derechos de las víctimas en los procesos que se desarrollan en la Corte Penal Internacional (CPI). 

Ávila pidió a los estados parte de la CPI evitar que el gobierno venezolano intimide a las víctimas y organizaciones que forman parte del proceso contra Nicolás Maduro por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.

El representante de Provea expuso la necesidad de garantizar a las víctimas su participación en el proceso que se conoce como Venezuela I, luego de que la organización hiciera público un formulario para que las víctimas pudieran documentar el caso. 

En la #EmisiónCentral de #NoticiasVPItv: CPI documentará los testimonios de las víctimas del caso Venezuela I. Desde la ONG @_Provea ofrecen detalles sobre el formulario.

Conéctate aquí este #6Dic a nuestra señal #EnVivo: https://t.co/M6Umwvm5XH pic.twitter.com/MqfgT7klBl

— VPItv (@VPITV) December 6, 2022

«Queremos alertar a los Estados parte de la situación de las víctimas en Venezuela y que estén pendientes de cualquier acto de represión o intimidación contra ellas o las organizaciones que participen del proceso en la CPI», dijo Ortega en un audio que compartió por grupos de Whatsapp.

#ASP21 Calixto Ávila representante de Provea en Europa interviene en evento sobre derechos de las víctimas en el Estatuto de Roma y el papel fundamental de las víctimas en los procesos que se desarrollan en la Corte Penal Internacional pic.twitter.com/Bdyv3r7Iih

— PROVEA (@_Provea) December 6, 2022

CPI activó formulario

El pasado lunes, la Corte Penal Internacional (CPI) activó un formulario para recoger opiniones de víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. 

Según reseña el formulario, la solicitud de la CPI se centra en crímenes de lesa humanidad de privación de libertad u otra privación grave de la libertad física, torturas, violación, persecución por motivos políticos contra personas detenidas cometida, desde al menos abril de 2017, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas progubernamentales o “colectivos”.

En el formulario se deben rellenar varios campos con información de la víctima, opiniones e informaciones que puedan ayudar a documentar el caso y una sección de preguntas sobre lo ocurrido. 

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Provea también señaló que se busca impedir la participación de los cinco Estados que remitieron el Caso Venezuela I a la CPI

El Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, Provea, alertó este miércoles, 16 de noviembre, que el gobierno de Nicolás Maduro busca impedir la participación de las víctimas ante la Corte Penal Internacional (CPI). 

Provea también señaló que se busca impedir la participación de los cinco Estados (Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. Argentina se retiró) que remitieron el Caso Venezuela I a la CPI y dilatar al máximo el procedimiento por crímenes contra la humanidad.

ATENCIÓN: #CPI hizo pública comunicación del Estado venezolano que busca impedir participación de las víctimas y de los 5 Estados que remitieron el caso a la CPI y dilatar al máximo procedimiento por crímenes contra la humanidad en la Situación Venezuela I
🧵1/8 pic.twitter.com/PXn00dBgwD

— PROVEA (@_Provea) November 16, 2022

«El Estado se opone a la participación directa de las víctimas y sus representantes, pidiendo que se limite a resúmenes elaborados por la Oficina Pública de Defensa de las víctimas de la CPI y limitados solo a los casos presentados por la Fiscalía de la CPI», se lee en la solicitud enviada por el gobierno de Maduro, con fecha del 10 de noviembre, al fiscal de la CPI, Karim Kahn.

La organización también indica que el gobierno de Maduro se opone a la solicitud del Fiscal para que los jueces adopten un procedimiento expedito para autorizar que se retome la investigación. Piden mayores plazos para responder, y poder hacerlo ante cualquier documento introducido por cualquier fuente dentro de este.

«Esta estrategia dilatoria busca mantener paralizadas las facultades investigativas del Fiscal de la CPI por el mayor tiempo posible. Corresponde a los Jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares decidir sobre esas peticiones», alertó Provea, y agregó que la comunicación emitida ratifica el «desprecio» de las autoridades venezolanas por las víctimas y sus reclamos de justicia.

El Estado se opone a la participación directa de las víctimas y sus representantes, pidiendo que se limite a resúmenes elaborados por la Oficina Pública de Defensa de las Victimas de la CPI y limitados solo a los casos presentados por la Fiscalía de la CPI.
🧵3/8 pic.twitter.com/0E0WMLg9vZ

— PROVEA (@_Provea) November 16, 2022

Por último, se opone a la solicitud del Fiscal para que los jueces adopten un procedimiento expedito para autorizar se retome la investigación. Pide mayores plazos para responder, y poder hacerlo ante cualquier documento introducido por cualquier fuente dentro de este.
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— PROVEA (@_Provea) November 16, 2022

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Medios de comunicación de Bolívar han reseñado en la última semana varias protestas contra esta militarización

Un reporte publicado por la ONG Provea reveló que 700 militares de Venezuela se desplegaron en los últimos días en la población minera de Tumeremo en un operativo que incluye detenciones de civiles y destrucción de campos ilegales de extracción de riquezas.

Se trata de una «incursión militar» en el estado Bolívar que empezó la última semana de octubre y mediante la cual, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) «desmantela campos mineros y detiene a personas cuyos paraderos se desconocen», dice el texto de la organización no gubernamental publicado en su página web.

El reporte, que cita a pobladores, asegura que la FANB «está desplegada en la selva (de esa región) desde mediados de agosto» con el propósito de «erradicar la minería ilegal, limpiar el territorio de grupos irregulares y recuperar áreas naturales protegidas que no pertenecen al Arco Minero del Orinoco (AMO)».

Medios de comunicación de Bolívar han reseñado en la última semana varias protestas de los lugareños contra esta militarización, en las que los manifestantes denuncian el desalojo irregular de mineros, así como detenciones arbitrarias, hechos a los que no se ha referido la Fiscalía ni el resto de autoridades.

Operativos militares

Provea recuerda que a mediados de octubre se registró un primer operativo militar en una reserva forestal de Bolívar, en el que destruyeron campamentos mineros y «arrestaron a, al menos, 11 personas supuestamente armadas, de las cuales se desconoce paradero y condición física actual».

En los últimos días, prosiguió la ONG, la incursión militar ha incluido el sobrevuelo de aviones de combate, así como el tránsito de tanques y armas de guerra por las calles de la localidad que, en 2016, registró una masacre de 17 mineros, supuestamente por parte de grupos irregulares.

Informe de Provea ahonda en la destrucción de los ingresos 

Provea denunció recientemente que los «bajos salarios» en Venezuela dificultan la contratación de mano de obra especializada para la producción de bienes o servicios no tradicionales con cierta capacidad exportadora.

Así lo concluyó la organización en un informe publicado este lunes, 31 de octubre, sobre la «destrucción» de los ingresos y de los derechos laborales.

El análisis, elaborado por el economista Manuel Sutherland, señaló que la «devastación del salario» y la «destrucción» del bolívar producto de una hiperinflación que comenzó en 2017 y terminó el año pasado, «han sido el directo resultado de políticas gubernamentales» que han «hundido» a millones de personas.

Cabe recordar que en Venezuela el salario mínimo está en 130 bolívares (a 15,13 dólares a la tasa oficial), pese a que la ley establece que el sueldo más bajo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades principales.

Con información de EFE

En el marco de la celebración de su 34 aniversario, Provea presentó el libro «Sospechosos Habituales. Diez aproximaciones a los antecedentes históricos del movimiento por los Derechos Humanos en Venezuela (1936-1999)».

El texto es fruto de una rigurosa investigación realizada a lo largo de cuatro años por el investigador Rodolfo Montes de Oca, quien se apoyó en decenas de fuentes hemerográficas, y en los testimonios de víctimas y los protagonistas de buena parte de los acontecimientos que se relatan en el libro, y que marcan la historia de las luchas por el reconocimiento de la dignidad humana en nuestro país.

El balance de la lucha armada en los sesenta, el movimiento por la amnistía de los presos políticos, la primera organización de víctimas de ejecuciones policiales, la presencia de la Iglesia en los sectores populares, el apoyo brindado por Venezuela a los exiliados latinoamericanos, el allanamiento del Bar «Bigotes» de Sabana Grande, el boicot al Miss Venezuela, la carpa de COFAVIC en el Cementerio General del Sur o la muerte de activista, son, en perspectiva, hechos históricos que se enlazan a través de diez capítulos que abordan los antecedentes del movimiento por los derechos humanos en Venezuela.

Rodolfo Montes de Oca nos entrega una cuidadosa e inédita recopilación de personajes y organizaciones, que van delineando un mosaico de sucesos que con sus acciones contribuyeron a forjar una importante cultura de resistencia cívica, frente a los abusos del poder y las arbitrariedades del Estado.

Sirviéndose de un hilo conductor marcado por la rigurosidad académica, busca conectar hechos recientes con situaciones del pasado que, lamentablemente, parecen repetirse en el desarrollo nacional. Sospechosos Habituales es una obra enciclopédica desde una mirada no tradicional, que busca complejizar lo que hasta ahora muchos venezolanos conocían sobre la historia de los derechos humanos.

El prólogo de Sospechosos Habituales fue obra del prolífico y reconocido escritor venezolano Alberto Barrera Tyszka, quien destacó:

«Rodolfo Montes de Oca nos propone indagar en ´la incesante tensión entre el pasado y el presente´ para valorar y discernir la historia de otra manera, para construir un relato distinto del proceso que hemos vivido y del momento que estamos viviendo. Este libro, por suerte, no pretende únicamente realizar un registro historiográfico de los antecedentes de las luchas por los derechos humanos que transcurre, con avances y retrocesos, entre dos momentos inevitablemente ligados a nuestra tradición militarista: la muerte de Juan Vicente Gómez y la llegada a la presidencia de Hugo Chávez Frías. Su ambición en mayor. Desde su mismo título, se invita al lector a una ruta distinta, el camino de la complejidad y de la interpretación».

Este libro se podrá adquirir en su formato físico en próximos talleres de formación sobre memoria o en las actividades de Música por Medicinas a través del intercambio de medicamentos en beneficio de organizaciones humanitarias como Acción Solidaria o Prepara Familia. También se puede descargar de forma gratuita en este link: https://provea.org/wp-content/uploads/2022/10/Sospechosos-Habituales.pdf

Para mayor información: www.provea.org

Redes sociales: @_Provea o @Proveaong

El abogado aclaró que la Misión no es un organismo condenatorio -la Misión de la ONU no condena a nadie- pero que sí recauda información con una metodología que es la misma metodología que la del Estatuto de Roma

Este martes, 27 de septiembre, el abogado y director de la ONG, Acceso a la Justicia, Alí Daniels, explicó varios aspectos del reciente informe de la Misión de la ONU sobre Venezuela que son importantes para la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional (CPI). 

En entrevista para el programa Son Derechos de la ONG Provea, Daniels aclaró que el órgano máximo de defensa de los derechos humanos de la Naciones Unidas es el Consejo de Derechos Humanos que, específicamente, en el caso de Venezuela, ha investigado ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos y desapariciones forzadas, delitos que juzga la CPI.

Alí Daniels apuntó que a partir del año 2019, la Misión ha elaborado cuatro informes, uno en 2020, otro en 2021, y dos ahora en 2022 con el Arco Minero del Orinoco y las cadenas de mando de los cuerpos de seguridad del Estado. 

El abogado aclaró que la Misión no es un organismo condenatorio -la Misión de la ONU no condena a nadie- pero que sí recauda información con una metodología que es la misma metodología que la del Estatuto de Roma con lo cual esas pruebas podrían posteriormente servir a CPI. 

Para ejemplificar como funciona el mecanismo de la Misión de la ONU, el director de Acceso a la Justicia citó el caso de Myanmar, donde al gobierno lo acusaron de cometer genocidio. 

«El Consejo operó así, tal cual, como en el caso venezolano, nombró una Misión de determinación de hechos, esta Misión estudió los casos, hizo entrevistas a víctimas del holocausto en Myanmar, hizo un informe y gracias a ese informe, la señora Fatou Bensouda, que todavía era fiscal en esa época de la CPI, abrió una examen preliminar y ahora ese caso esta en fase de investigación», explicó Daniels.

Sobre el caso de Venezuela, indicó que los cuatro informes que se han realizado se han hecho con pruebas directamente dadas por las víctimas, familiares de víctimas, abogados, incluso con ex funcionarios de los cuerpos de seguridad, de manera tal que todas sus fuentes son directas. 

Explicó que su esperanza es que esos informes pueden ser utilizados en un juicio y que los señalados de cometer los crímenes de lesa humanidad que ha documentado la Misión de la ONU, sean juzgados ante el máximo tribunal internacional, y aunque reiteró que son largos los procesos, afirma que son positivos para el país. 

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