Provea calificó las detenciones de estos productores como «arbitrarias», y aseguró que se trata de un mecanismo de «represión para callar protestas»
Foto referencial
Varias organizaciones no gubernamentales exigieron el 20 de junio la liberación de dos agricultores que fueron detenidos en los últimos días, luego de que, en protesta por la falta de gasolina, estos arrojaran al río cosechas que no pudieron trasladar hasta los centros de comercialización.
Las detenciones las dio a conocer el fiscal general, Tarek William Saab, a través de Twitter, donde informó que los productores agrícolas Ysnet Rodríguez y Jhonar Barazarte fueron capturados por haber violado la Ley de Precios Justos, lo que las autoridades consideran un «boicot».
Ambos, indicó Saab, destruyeron «gran cantidad» de tomates y zanahorias, lo que representa un «boicot».
La ONG Provea calificó las detenciones de estos productores como «arbitrarias», y aseguró que se trata de un mecanismo de «represión para callar protestas».
«En un país con más de 19 millones de personas con necesidades humanitarias (según informe Provea 2022) el Estado decide castigar y perseguir a quienes producen, a pesar de la crisis de servicios y ausencia de combustibles en los campos», denunció la ONG en su cuenta en Twitter.
Jhonar Barazarte es otro agricultor detenido este #20Jun por «boicot económico» , tras desechar su cosecha de tomate en Trujillo por no poder trasladarla ante la ausencia de gasolina.#LiberenALosAgricultores
La organización Justicia, Encuentro y Perdón emitió un mensaje similar, en la misma red social, y exigió la libertad de los dos agricultores detenidos.
Ysnet Rodríguez y Jhonar Barazarte dos agricultores venezolanos, fueron detenidos por denunciar la falta de combustible que hizo que perdieran su cosecha de alimentos. Desde #JEPVzla nos sumamos a la exigencia por su libertad #LiberenALosAgricultorespic.twitter.com/NYvw63nKfK
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) June 20, 2023
También la ONG Caleidoscopio Humano pidió la liberación de los productores, y recordó que «es deber del Estado generar las condiciones de trabajo» y garantizar los derechos de los trabajadores del campo.
«(…) En el caso del Ysnet, la zanahoria que él estaba desechando, es de tercer grado… Esta es una zanahoria que se le da a los animales para su consumo, pues no es apta para la ingesta humana (…)», destacó Yaneth Paredes, productora agrícola. #DESCAhttps://t.co/6md3CfHqmS
— Caleidoscopio Humano (@CaleidoHumano) June 20, 2023
«Perseguir a los agricultores no soluciona el problema de distribución de combustible», añadió.
MP investigará a agricultores que boten sus cosechas por falta de gasolina
Tarek William Saab, fiscal venezolano impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente del 2017 —del gabinete de Nicolás Maduro— anunció el 17 de junio en su cuenta de Twitter la investigación penal a los agricultores que desechen sus cosechas por sus restricciones al suministro de combustible y transporte «por causar zozobra» a la nación.
El representante de la Fiscalía General de la República dijo que el primer productor agropecuario que será investigado es Alfredo Alfonso Morales, oriundo de Bailadores, Mérida.
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 17, 2023
Morales y otros agricultores andinos denunciaron en redes sociales la obligación de desechar sus cosechas en ríos y quebradas de su comunidad ante la falta de gasolina. Aseveraron que la falta de transporte viola el derecho humano a la alimentación de otros venezolanos.
«Esto da dolor. Un productor de cambures botando su cosecha al río porque no tiene combustible para poder sacarla a vender. Es la triste realidad del campo venezolano», publicó Morales en Twitter el 14 de junio.
En el video, el productor de cambures asegura que estuvo cuatro días buscando gasolina por diferentes medios y no logró surtirse de combustible.
A pesar de suscribir varios acuerdos internacionales que reconocen el derecho a un nivel de vida adecuado, el Estado venezolano no garantiza que los venezolanos tengan acceso a este
El derecho a la salud y alimentación son dos de los 10 derechos humanos que se ven vulnerados por la escasez de combustible
Venezuela termina el primer semestre de 2023 con largas filas para surtir sus vehículos de combustible en al menos 11 estados del país.
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) atribuyó “la sobredemanda” de combustible a la publicación de “información falsa” en redes sociales, que urgen a los usuarios a llenar sus tanques, explicó en mayo el vicepresidente de consumo y suministro de calidad de la compañía, Juan Carlos Díaz.
Si bien la Refinería El Palito reanudó operaciones en la unidad de craqueo catalítico, lo que sería «clave» para paliar la escasez de combustible, la inestabilidad en el suministro una realidad que se ha vuelto cada vez más frecuente desde el 2015.
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), durante abril, hubo denuncias en 11 estados por fallas en la distribución del combustible y la baja calidad del mismo causando daños en los vehículos.
Durante el periodo, el OVCS contabilizó 25 protestas en 11 estados del país para exigir abastecimiento de combustible de calidad en forma regular y sin dolarización de tarifas.
El índice de protestas por este motivo lo lidera el estado Zulia (5), seguido de Barinas (4).
Según Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea y sociólogo, la dificultad para surtir gasolina en Venezuela forma parte del diagnóstico de la emergencia humanitaria compleja, lo que ha generado consecuencias en diferentes derechos humanos.
“El acceso a los servicios básicos de una manera tan accidentada se ha convertido en un mecanismo de control”, indicó Uzcátegui.
En un informe de Transparencia Venezuela sobre gasolina, se indicó que empresas petroleras internacionales fueron excluidas del negocio de la venta del combustible las estaciones de servicio de gasolina. BP, Mobil, Shell, Texaco y Trébol, entre otras, cuyas marcas desaparecieron para dar paso al logotipo de PDV. En este caso, las bombas de gasolina pasaron a ser administradas por un operador que, la mayoría de las veces, era el dueño del terreno y del comercio, pero Pdvsa se quedó con la propiedad de los activos.
Luego de este cambio, el número de estaciones de gasolina en toda Venezuela también mostró una disminución. De las 1.865 que existían en 2008, quedan 1.568 en 2020 de acuerdo con la cifra ofrecida por el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami. Este número de centros de establecimiento deja a la población con menores opciones, especialmente en el interior, donde deben pasar horas y horas en las colas (filas) para poder abastecerse.
DDHH que vulnera la escasez de gasolina
Para el coordinador general de Provea, el acceso al combustible forma parte de los servicios básicos y poder acceder a ellos forma parte del nivel de vida adecuado que ha sido reconocido en diferentes pactos internacionales que han sido suscritos por el Estado venezolano, siendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(PIDESC) el más importante.
El sociólogo identificó al menos 10 derechos humanos que se ven afectados por la escasez o difícil acceso al combustible en Venezuela:
Derecho a la alimentación: Debido a la dificultad de poder distribuir alimentos de una manera permanente y adecuada. Además, el encarecimiento de los precios de productos que ocasiona, en un país que se ha caracterizado por tener una alta inflación. Especialmente, en el sector alimentos.
Derecho a nivel adecuado de vida: Poder acceder a los servicios básicos forma parte del nivel de vida adecuado, tener acceso a servicios básicos permanentes forma parte de tener un nivel de vida adecuado. Los venezolanos no tienen acceso constante y permanente al combustible.
Derecho a la salud: Debido a todas las dificultades que tienen las personas para llegar a un centro asistencial, incluyendo los médicos, y para cubrir los gastos estipulados de la movilización al centro de salud. En el caso de los centros asistenciales que funcionan con plantas eléctricas que operan con diésel y gasoil también se han visto perjudicados por no tener acceso a este recurso.
Derecho a la educación: El derecho a la educación se ha visto vulnerado, especialmente en escuelas y centros educativos en zonas de difícil acceso, remotas y rurales, ya que la escasez de gasolina dificulta el traslado hacia ellos. Esto limita a los niños, niñas y adolescentes a asistir regularmente a un centro escolar. “Estas dificultades son parte del aumento de la deserción escolar”, explicó el coordinador general de Provea.
Derecho a la vivienda: “No podemos hablar del derecho a la vivienda y que la vivienda es segura si no se garantiza el acceso a servicios básicos. Tener una vivienda digna tiene una serie de características. No solo son cuatro paredes y un techo, también tiene que ser una vivienda segura, que tenga acceso a servicios básicos: combustible, agua, gas y electricidad”, reiteró el sociólogo.
Derecho a tener servicios básicos: “El acceso a los servicios básicos de una manera tan accidentada se ha convertido en un mecanismo de control. El acceso a la gasolina ha hecho que las personas deban pasar horas y días para intentar surtir su vehículo”, indicó Uzcátegui.
Derecho a manifestar: Según el sociólogo, en zonas donde es tan complicado acceder al combustible también se ve violado el derecho a la manifestación porque se han prohibido las fotografías, las manifestaciones en los alrededores de las estaciones de servicio y hay personas que son detenidas por esta razón, que tratan de exigir que haya celeridad y acceso.
Derechos de los Pueblos Indígenas: Los artículos 122 y 123 del Capítulo VIII sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en la Constitución también son vulnerados por la escasez de gasolina. “Para acceder a comunidades indígenas remotas todo se hace en avionetas o lanchas. Las comunidades indígenas tienen un cupo de combustible y generalmente esa cantidad de combustible que le venden subsidiado es incumplido de manera sistemática. Eso ha originado que haya dificultades para su movilización hacia centros urbanos, ya sea para buscar salud o para simplemente moverse hasta allí”, reiteró el coordinador de Provea.
Derecho a la libre reunión: En algunas zonas, como Zulia, Mérida y Táchira, la escasez de combustible se ha convertido en un mecanismo para disuadir a las personas de ejercer su derecho a la libre reunión porque son sectores en los que las personas han tenido que restringir sus movilizaciones por la gran cantidad de tiempo que invierten para acceder al combustible.
Derechos humanos laborales, ciudadanos y políticos: La carencia de gasolina perjudica la productividad y los DDHH laborales. “La cantidad de aporte del producto interno bruto (PIB) de las empresas disminuye mucho por la reducción de la productividad. Las personas se ven afectadas en su día a día porque dedican gran parte de su tiempo en buscar el acceso a muchos servicios básicos. Eso no permite el acceso a la recreación y cultura. Tampoco a ejercer su derecho ciudadano y político”, dijo Uzcátegui.
Consideran que la detención de los sindicalistas Daniel Romero y Leandro Azócar «muestra una vez más el claro patrón de persecución sindical que desde hace años ejecuta el gobierno venezolano»
Un total de 51 gremios y ONG del país exigieron el 15 de junio el cese de «políticas y medidas que afectan» a la libertad sindical y al derecho de asociación, y pidieron la liberación de dos sindicalistas detenidos en el estado Bolívar, luego de exigir mejoras laborales en la estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
«Solicitamos a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas exhorte al Gobierno (a) que cese las políticas y medidas que afectan el derecho de asociación de los trabajadores, el ejercicio de libertad sindical y se abstenga de seguir usando el sistema de justicia como instrumento de represión contra el movimiento sindical», dijo el grupo en un comunicado difundido por la ONG Provea.
Los firmantes de este escrito, entre quienes están también 18 dirigentes gremiales, consideran que la detención de los dos sindicalistas, identificados como Daniel Romero y Leandro Azócar, «muestra una vez más el claro patrón de persecución sindical que desde hace años ejecuta el gobierno venezolano».
Prosigue el texto que se trata de «una política de Estado que abarca múltiples acciones con el objetivo de debilitar y disminuir la capacidad de acción de los trabajadores del país para defender sus derechos».
El grupo afirmó que, en lo que va de año, 21 trabajadores de Sidor han sido sometidos a procesos penales «por el solo hecho de exigir sus derechos laborales».
En este sentido, reiteraron la exigencia de «libertad plena» para los dos sindicalistas detenidos, además del «cierre de todos los procesos penales contra trabajadores que ejercen su legítimo derecho a la protesta».
21 trabajadores de Sidor detenidos en seis meses de 2023
El 14 de junio, Provea denunció que 21 trabajadores de Sidor han sido detenidos en seis meses de 2023.
El coordinador de Exigibilidad Legal de Provea y activista por los derechos humanos, Marino Alvarado, precisó que en el mes de enero fueron detenidos 19 trabajadores de la empresa, quienes tienen régimen de presentación en tribunales, mientras que el pasado domingo fueron detenidos otros tres por exigir sus derechos.
«Esto es parte de una política de Estado contra el movimiento sindical. En década y media, aproximadamente 300 trabajadores han sido sometidos a procesos judiciales y régimen de presentación abusivos que sobrepasan los 8 años», aseveró Alvarado.
A través de su cuenta en Twitter, Provea también denunció que otros 3512 trabajadores han sido víctimas de amenazas y hostigamiento a manos de funcionarios del Estado.
El pasado martes, 13 de junio, después de que la Planta de Pellas de Sidor durara seis días paralizada por una huelga que mantenían sus trabajadores, empleados informaron que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana los amedrentaron,intimidaron y bajo amenazas hicieron arrancar la planta. Además, se llevaron detenidos a 14 hombres.
Trabajadores, jubilados y dirigentes sindicales de las empresas básicas marcharon la mañana del miércoles 14 de junio hasta el Palacio de Justicia de Puerto Ordaz, para exigir la libertad plena de los sidoristas detenidos y el cese de medidas judiciales emprendidas por el tribunal laboral contra los obreros.
«Los dirigentes sindicales serán presentados ante un Tribunal de ‘terrorismo’ en Caracas. Aun al 13 de junio se desconocen los cargos por los que fueron detenidos», indicó la ONG
La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió el 13 de junio la liberación «inmediata» de dos sindicalistas detenidos la madrugada del día 11, luego de protestar para exigir mejoras salariales y el cumplimiento del convenio colectivo en la estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor), en el estado Bolívar.
«Exigimos su inmediata liberación y el respeto a todos sus reclamos colectivos, el Estado una vez más vuelve a incumplir todas las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)», dijo la ONG en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.
Siguen las detenciones y represión en Venezuela.
Daniel Romero y Leandro Azócar, dos dirigentes sindicales detenidos arbitrariamente el domingo por la DGCIM tras intensas protestas laborales en Sidor, sur del país.
«Los dirigentes sindicales serán presentados ante un Tribunal de ‘terrorismo’ en Caracas. Aun al #13Jun se desconocen los cargos por los que fueron detenidos», se lee en un tuit de Provea.
La agencia de noticias EFE tuvo conocimiento de la detención a través del abogado y especialista en derechos humanos Eduardo Torres, quien detalló que los trabajadores Daniel Romero y Leandro Azócar se mantenían protestando junto con sus compañeros dentro de una de las plantas de la siderúrgica y fue cuando salieron que los detuvieron funcionarios de la Dgcim.
«Los dirigentes sindicales serán presentados ante un Tribunal de ‘terrorismo’ en Caracas. Aun al #13Jun se desconocen los cargos por los que fueron detenidos», se lee en el tuit de Provea, donde, además, se precisa que «el gremio se mantiene en huelga en Planta de Pellas para exigir mejoras salariales y restitución de beneficio».
Torres aseguró que hubo un tercer trabajador capturado, pero fue liberado horas después.
Detenciones arbitrarias
Al respecto, Provea aseguró que, en lo que va de año, 21 empleados de Sidor han sido privados de libertad por exigir mejoras laborales y pago de deudas.
«Daniel Romero, Juan Cabrera (liberado a horas de su detención) y Leandro Azócar se suman a la lista de trabajadores víctimas de detenciones arbitrarias por el Gobierno ‘obrero’ de Nicolás Maduro en Venezuela», dijo la ONG, recordando que en enero fueron detenidos y posteriormente liberados otros 18 trabajadores de Sidor.
De acuerdo con el informe de Provea, la ausencia de datos oficiales no permite conocer con exactitud la disponibilidad del servicio educativo público, ni otros datos relevantes como la matricula escolar, docente y la situación de la infraestructura
Provea destacó que durante el año 2022 un punto común a todo el sistema educativo fue la violación de los derechos laborales
El informe señaló que los bajos salarios se tradujeron en déficit de docentes, tanto en educación básica como en educación universitaria
Este martes, 9 de mayo, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó la34ª edición de su Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, desde enero a diciembre de 2022, en el que destaca la situación de la educación en el país.
En el documento titulado «Desigualdad e impunidad: la pandemia de Venezuela», la organización dedicó un capítulo de 45 páginas a la educación y afirmó que uno de los derechos más vulnerados ha sido el derecho a la educación.
La organización destacó que «todos los indicadores muestran que a medida que se deteriora el sistema educativo público y se prolonga la crisis económica, aumentan las barreras de acceso económico al derecho a la educación de la población más vulnerable», se lee en el texto.
El informe anual de Provea precisó los principales obstáculos que enfrenta la educación venezolana y destacó que en la mayoría el Estado tiene competencia y responsabilidad. A continuación, los hallazgos más relevantes del estudio en cuanto a la situación de la educación en Venezuela.
Sin cifras oficiales
Desde el año 2015 el Gobierno de Venezuela no presenta cifras oficiales de ningún tipo. De un indicador tan importante y esencial para el desarrollo de un país como es la educación, nada se sabe.
De acuerdo con el informe de Provea, la ausencia de datos oficiales no permite conocer con exactitud la disponibilidad del servicio educativo público, ni otros datos relevantes como la matricula escolar, docente y la situación de la infraestructura.
El informe señala que estimaciones de entes independientes demuestran que se mantienen los efectos negativos de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) sobre la asistencia escolar.
Tasa escolar más baja desde 2014
Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), la tasa de escolaridad de 2022 es la más baja desde 2014; solo 63 de cada 100 personas entre 3 y 24 años asistían a un centro de enseñanza.
Las caídas en la asistencia fueron más acentuadas en la población en edad preescolar, con una tasa de 56%, y en edad universitaria, con una tasa de apenas 22%.
Las cifras muestran además una gran desigualdad en las familias más pobres donde se acentúa la exclusión escolar, viéndose las mayores diferencias en la población preescolar y la población adolescente.
Planteles públicos con infraestructuras deficientes
A partir del monitoreo de medios de Provea se pudo conocer en total 90 denuncias realizadas por comunidades educativas sobre la infraestructura de sus escuelas.
Los problemas más graves registrados son la ausencia de servicio eléctrico y agua potable, contaminación por aguas negras o basura, filtraciones y derrumbe de techos, entre otras.
El monitoreo registró, además, once protestas para exigir la reparación de las escuelas en varios estados del país: Amazonas, Delta Amacuro, Lara, Mérida, Miranda y Portuguesa.
De acuerdo con el Sindicato Venezolano de Maestros (SVM), en enero de 2022, 75% de las escuelas presentaban problemas diversos de infraestructura que impedían el regreso a clases presenciales.
Por su parte, la organización Con la Escuela afirmó que para 2022 53% de las escuelas rurales y 44% de las urbanas tenían problemas de infraestructura.
Provea también señaló que a la falta de mantenimiento se suma el efecto de robos, hurtos y actos vandálicos en los planteles, especialmente durante su cierre por efectos de la pandemia de Covid-19.
«Pese a que en 2022 se llamó a clases presenciales en todo el territorio nacional, estos eventos de inseguridad siguieron presentándose», informó Provea.
Condiciones del retorno a clases presenciales
Provea destacó que las condiciones para el retorno de las clases presenciales no fueron las más idóneas.
La organización enfatizó que el regreso a clases presenciales se realizó sin ningún plan para nivelar a los estudiantes después de casi dos años académicos con educación a distancia.
«No se anunciaron programas de orientación o apoyo académico para retomar la rutina escolar o identificar posibles lagunas de aprendizaje», afirma el informe.
Otra medida del gobierno fue ajustar el horario de clases, la medida se tradujo en una reducción de la duración de las horas académicas de 45 a 35 minutos y la reducción de la jornada escolar a cinco horas académicas por turno, sin que se tomaran en cuenta todo el tiempo perdido por la pandemia y el apagón general de 2019.
La creación de Brigadas Comunitarias Militares, destinadas a la atención de los problemas de infraestructura de educación y salud, resultó preocupante para Provea no solo por la potencial militarización de las escuelas públicas, sino porque un modelo basado en el trabajo voluntario difícilmente podrá contar con los recursos suficientes para atender los graves problemas de deterioro de la infraestructura causados por años de desinversión.
Durante el año 2022 un punto común a todo el sistema educativo fue la violación de los derechos laborales.
Provea destacó que los bajos salarios se tradujeron en déficit de docentes, tanto en educación básica como en educación universitaria.
La organización en su monitoreo registró despidos masivos y suspensión de los salarios de al menos 13.382 educadores en cuatro estados del país y también retrasos en los pagos desde que las nóminas fueron transferidas a la Plataforma Patria.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), de las 3.185 protestas por motivos laborales registradas en el año, 763 (24%) fueron movilizaciones motivadas por la aprobación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
El OVCS indicó que en ese mismo año el sector educativo protagonizó 946 de las protestas laborales registradas, lo cual representa 29,7% de la conflictividad laboral del período.
Provea señaló que las protestas de los gremios educativos arreciaron en julio por el anuncio de que el bono vacacional se pagaría fraccionado en cinco partes. Finalmente, el gobierno nacional tuvo que anunciar que el bono se pagaría completo, para detener las movilizaciones.
El informe anual 2022 de Provea determinó que la Venezuela pospandemia «es más pobre y desigual» y que persiste una estructura coordinada por parte del Estado «para el control social y la represión de la disidencia»
Provea alerta que se mantienen las «graves violaciones de DDHH en el país» y que el único elemento disuasor parece ser la observación internacional, especialmente la de la Misión de la ONU y la investigación de la CPI
Denuncian que en 2022 continuó la precarización del salario mínimo y las pensiones y que la imposición del instructivo Onapre «acabó con las interescalas salariales y violó todas las convenciones colectivas del sector público»
Las torturas disminuyeron en 62,2% el año pasado respecto a 2021, pero desde el 2013 hasta 2022, Provea contabiliza unas 1.599 víctimas de tortura en Venezuela y dos en el año 2022
En diez años de gobierno de Nicolás Maduro ascienden a 305.397 las violaciones al derecho a la salud documentadas por Provea
Este 9 de mayo el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó la 34ª edición de su Informe Anualsobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, que comprende el período de enero a diciembre de 2022.
El documento, titulado «Desigualdad e impunidad: la pandemia de Venezuela», contiene los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas en 14 derechos humanos en nuestro país.
El informe resalta que en diez años en el poder el gobierno de Nicolás Maduro «extinguió el estado de derecho», «pulverizó» las conquistas sociales y «eclipsó» los derechos civiles y políticos «bajo la sombra del autoritarismo».
Durante la presentación del informe Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, expresó que desde el año 2015 la ONG alertó que la pobreza se convertiría en un desafío para los venezolanos.
«Advertíamos que Maduro iba a convertirse en una fábrica de pobreza el país. Y lamentablemente, en este informe y debido a las malas noticias, tenemos que ser precisos en la ratificación de esa tendencia: Maduro y su gobierno se han convertido en una gran fábrica de exclusión y desigualdad», sentenció.
“En 2015 advertimos que Maduro iba a convertirse en una fábrica de pobreza. Lamentablemente esta tendencia se cumplió, el gobierno se convirtió en una fábrica de exclusión y desigualdad”
Uzcátegui recalcó que la Venezuela pospandemia «es más pobre y desigual», y que persiste una estructura coordinada por parte del Estado «para el control social y la represión de la disidencia».
La destrucción del salario, los déficits de infraestructura pública (que dificultan el acceso a servicios básicos esenciales como agua y electricidad) y el deterioro de servicios sociales (salud, educación, vivienda) persisten en el país, de acuerdo con la ONG.
A continuación, en claves, un resumen de los hallazgos más relevantes del informe 2022 de Provea.
Se mantienen graves violaciones a DDHH
En Venezuela, de acuerdo con Provea, se mantiene el declive institucional del sistema de justicia. El anuncio de una reforma judicial y los cambios legislativos no han sido llevados a la práctica, advierten.
«Se mantienen las graves violaciones de DDHH en el país y el único elemento disuasor parece ser la observación internacional, especialmente la de la Misión de la ONU y la investigación de la CPI», recalcó el coordinador general de Provea al presentar el informe.
El escrutinio de la comunidad internacional parece estar teniendo efecto en la garantía del derecho a la vida, según Provea. Por segundo año consecutivo disminuyó de 1.414 a 824 las violaciones a este derecho.
«En 2022 se produjo un nuevo descenso en la cifra de víctimas de violaciones al derecho a la vida, continuando la tendencia que ya había sido reportada en nuestro Informe Anual de 2021″, indican en el informe.
No obstante, advierten que aún se mantienen operaciones de seguridad basadas en la intervención «masiva de comunidades empobrecidas, urbanas y rurales por parte de agentes de la fuerza pública, reeditando las prácticas abusivas registradas durante la ejecución de la cuestionada Operación de Liberación del Pueblo (OLP)9, esta vez con un mayor protagonismo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Datos de Provea indican que son 9.465 personas las que han muerto manos de cuerpos de seguridad del Estado entre 2013 y 2022.
Otra cifra relevante es que 2022 fue el único año desde 2014 en el que no se reportaron muertes en manifestaciones.
Torturas y aumento de violaciones al derecho a la integridad personal
Provea computó unas 2.203 víctimas de violaciones a la integridad personal en 2022, de las cuales 91 fueron casos de tortura.
«En 2022, se registraron 2.203 víctimas de violaciones al derecho a la integridad personal, lo cual supone un aumento de 68,6 % con respecto a 2021. 91 personas fueron víctimas de tortura». Dos de ellas fallecieron, según el informe.
Las torturas disminuyeron en 62,2% el año pasado respecto a 2021, pero desde el 2013 hasta 2022, Provea contabiliza unas 1.599 víctimas de tortura en Venezuela.
Los muertos tras tortura en 2022 fueron Rafael Hernández (31 años) quien falleció el 5 de julio de 2022 tras «ser torturado por funcionarios de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en la sede de ese organismo en la población de Cariaco».
Su familia dice que fue detenido cuatro días antes de morir y que su cuerpo estaba «marcado» por los abusos.
El otro fallecido por torturas fue un funcionario activo del Cicpc en Apure, Ángel Pantoja, a quien detuvo la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en la sede de Biruaca en julio de 2022.
Dos días después de su detención se reportó su muerte. Inicialmente, el director del organismo, Juan García, informó que murió tras sumergirse en un bidón de agua que se encontraba en su celda.
Pero una autopsia realizada por peritos forenses enviados desde Caracas reveló que «el funcionario había muerto luego de ser sumergido en una pipa de agua, mientras recibía golpes en la cabeza, pecho, estómago, brazos y piernas».
El estudio determinó que Pantoja sufrió un derrame cerebral y que «presentaba abundante líquido en los pulmones», se lee en el informe de Provea.
La mayoría de los castigos infligidos a quienes son víctimas de tortura en Venezuela según Provea son «amenazas de abuso sexual, golpes, patadas, culatazos, descargas eléctricas, crucifixión, violación, insultos y amenazas de muerte, entre otros».
Precarización del salario y derechos laborales vulnerados
Provea denunció que en 2022 continuó la precarización del salario mínimo y las pensiones y que la imposición del instructivo Onapre acabó con las interescalas salariales y «violó todas las convenciones colectivas del sector público».
Además, y a pesar del diálogo auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo, el gobierno «siguió negado a la fijación tripartita del salario mínimo».
La ONG alertó también sobre la violación a libertad sindical y hostigamientos a líderes sindicales que reclaman mejores salarios.
Seis trabajadores permanecen detenidos por reclamar derechos y al menos 344 fueron víctimas de actos de amenazas y hostigamiento por parte de agentes de seguridad y altos funcionarios de empresas e instituciones del Estado.
Mortalidad materna en franco ascenso
La capacidad del Estado para atender la salud de la población sigue disminuida por la «precariedad» acumulada tras años de problemas de infraestructura, dotación de insumos, pérdida de personal sanitario por bajos salarios o pandemia.
Así lo expresó la coordinadora general de investigación de Provea, Lissette González, en la presentación del informe anual.
En 2022, Provea registró 92.920 denuncias de privación de atención en sistema sanitario público, lo que significa un aumento de 34% respecto al año 2021.
Otro dato que preocupa y llama la atención es de la mortalidad materna en «franco ascenso», que de acuerdo con datos de diferentes organizaciones recogidos por Provea, aumentó 124% en los últimos tres años.
«Este dato es especialmente importante, porque refleja la incapacidad del sistema de salud público de atender requerimiento básico y una vulneración importante de derechos de las mujeres», alertó González.
Por otra parte, González precisó que en diez años de gobierno de Nicolás Maduro ascienden a 305.397 las violaciones al derecho a la salud documentadas por Provea.
Se reduce la tasa de escolarización
El informe 2022 de Provea recoge que el país presentó en 2022 la tasa más baja desde 2014 de personas entre 3 y 24 años que asiste a las escuelas, al referirse a datos de la encuesta Encovi.
“37% de la población entre 3 y 24 años no asistió a un centro de estudios durante 2022 en Venezuela», precisó Provea.
No hay programas de atención para sectores vulnerables
Provea denuncia que se mantiene la ausencia de políticas para proteger a poblaciones vulnerables, personas con discapacidad, ancianos y jubilados.
Apenas 3,74% del presupuesto de 2022 se destinó a seguridad social, según los datos a los que tuvo acceso la organización.
Implosión de la Misión Vivienda
Provea desmontó la cifra de supuestas viviendas entregadas por el gobierno en 2022.
La administración de Maduro asegura que fueron 500.000 casas, pero los datos de Provea registran que entre enero y diciembre de 2022 el gobierno solo entregó un total de 3.122 viviendas nuevas.
Disminuyen detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas
Respecto a 2021, en 2022 se redujeron en un 82,98 % las detenciones arbitrarias en Venezuela. En 2022 se reportaron 121, mientras que en 2021 se registraron 711.
La mayoría de las víctimas de detenciones arbitrarias fueron hombres, de los cuales el 41,30 % son trabajadores u obreros, seguido de sindicalistas, líderes sociales o políticos (27,17 %), personal médico o de enfermería (25 %), abogados (4,34 %) y periodistas (2 %).
Provea también encontró una disminución del 37,5 % en los casos de desapariciones forzadas respecto a 2021. En 2022 contabilizaron cinco casos.
En 2022, el Centro de Justicia y Paz contabilizó 523 casos de persecución y criminalización, de los cuales 78 tuvieron como víctimas a mujeres, cinco más que en 2021, cuando se computaron 73
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Las vejaciones, amenazas, y maltrato psicológico y físico son las principales agresiones que sufren, según la ONG Provea, las líderes venezolanas que encabezan reclamos sociales y políticos, y son impactadas de «forma diferenciada» por la represión en Venezuela donde, solo en el primer trimestre de 2023, protagonizaron más de 2.000 manifestaciones.
Los datos más recientes del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) confirman la alta participación de mujeres en reclamos sociales y activismo político al detallar que han encabezado, al menos, 2.473 protestas de las 2.814 documentadas durante los primeros tres meses de 2023.
Por su parte, el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), que ha acompañado a organizaciones de mujeres activistas y sindicalistas, señala en su informe anual sobre represión contra líderes sociales y políticas, que igual que los hombres, son víctimas de violencia, pero con un «impacto diferenciado» cargado de «actitudes discriminatorias».
La coordinadora de Educación de Odevida, Maritza Acuña, explicó a EFE que, pese a las complicaciones para documentar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres que ejercen roles protagónicos en reclamos colectivos, el observatorio ha constatado que hay, además, un impacto en las víctimas de agresiones que recae también en su entorno familiar.
Agresiones diferenciadas, distintas consecuencias
Para Acuña, las agresiones que marcan un impacto diferente y particular en las líderes femeninas son «el abuso generado en el sentido del cuerpo, del maltrato, del manoseo (…) el amenazar con el entorno familiar, buscar debilidad en torno a los sentimientos (…) buscan quebrarlas».
Odevida destaca como ejemplo de estas agresiones la documentación de la Misión de Determinación de Hechos de ONU en Venezuela de casos «en los que las mujeres detenidas son obligadas por funcionarios del Estado a mantener relaciones sexuales a cambio de bienes y privilegios. Estas mujeres no tienen acceso a salud sexual y reproductiva, exámenes médicos ni anticonceptivos».
Estos hechos, explicó la especialista, inciden en la participación de las mujeres en política y acontecimientos sociales, pues muchas están solas con la carga familiar y evitan poner en riesgo a sus seres queridos.
«Lamentablemente, eso trae consecuencias. Es que uno (la mujer) se retira, uno empieza a resguardarse, uno empieza a disminuir su participación, inclusive con miedo a hablar, con el miedo a comentar qué es lo que está pasando, porque sabe que después de eso lo que viene es la cárcel, la persecución o el hostigamiento», señaló.
Mujeres perseguidas
En 2022, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) contabilizó 523 casos de persecución y criminalización, de los cuales 78 tuvieron como víctimas a mujeres, cinco más que en 2021, cuando se computaron 73.
Diannet Blanco, activista y defensora de derechos humanos forma parte de esta lista. En mayo de 2017, fue detenida y estuvo encarcelada durante un año y tres meses bajo la acusación de «traición a la patria y usurpación de uso de prendas militares», delitos rechazados por ONG.
Ahora es «acosada y vigilada» por defender los derechos de su esposo, el sindicalista Daniel Blanco, detenido desde julio de 2022 y acusado de conspiración y asociación para delinquir.
Blanco aseguró, en declaraciones a EFE, que durante su detención, vivió abusos que ahora no padece su pareja, y detalló que en el caso de las mujeres, las autoridades se basan en el estereotipo de la fragilidad femenina para «quebrarlas» mediante abusos que calan en la voluntad de seguir defendiendo sus derechos.
Explicó, además, que no le permitían «el acceso al sol, las visitas de sus familiares, ni acceder a medicinas cuando estuvo enferma de bronquitis.
«En el caso de mi esposo, él ha estado enfermo y sí ha sido posible llevarle las medicinas (…) no he tenido problemas en cuanto a visitarlo y eso es una gran diferencia», dijo.
Actualmente, Diannet está libre de cargos pero asegura que sigue viviendo episodios de «persecución» y «vigilancia» por parte de presuntos agentes del Estado que la fotografían y graban cuando realiza sus labores de activismo.
Este caso, subrayó Acuña, es una muestra de las agresiones contra líderes mujeres que luchan por derechos civiles y políticos y terminan siendo blanco de la represión.
A propósito de cumplirse 10 años desde que Maduro se convirtió en presidente, la organización aseguró que el chavista «se convirtió en una catástrofe para los derechos humanos».
En ese sentido, Provea señaló que los cuerpos de seguridad, entre policías y militares, «asesinaron a cientos de personas, envalentonados por el discurso de la ‘mano dura’ que dio pie a la masacre por goteo».
Asimismo, la organización denunció que, en los 10 años que Maduro lleva en el poder, se han documentado 40.351 violaciones al derecho a la integridad personal.
«En diez años de gestión de Maduro, las abusivas prácticas policiales y militares –alentadas por la narrativa oficial y la impunidad estructural-, cruzaron una frontera que hasta hace unos años parecía impensable, y en la actualidad pudieran constituir crímenes de lesa humanidad», alertó Provea en su denuncia.
También, la ONG señaló que más de 250 trabajadores y dirigentes sindicales «han sido detenidos y/o judicializados durante la gestión de Maduro».
«En diez años, Maduro contribuyó a convertir el sistema de justicia en una máquina para perpetuar la impunidad (…) Cientos de trabajadores que luchan por salarios y contratos colectivos, están en la mira de la represión», denunció la ONG.
Este viernes, 14 de abril, Maduro cumplió 10 años de haber sido electo como presidente de Venezuela, una década marcada por cuestionamientos a su legitimidad y señalamientos de violaciones a los DD. HH.
De acuerdo con las cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Maduro ganó las elecciones en 2013 con una diferencia de menos del 1 % en los votos y la oposición no aceptó su proclamación como presidente.
En apenas diez años, Maduro se convirtió en una catástrofe para los derechos humanos.
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