Provea

El Programa Venezolano de Eduación-Acción en Derechos Humanos (Provea) considera que el gobierno de Ecuador ha sentado un «grave precedente» contra la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas al allanar la sede de la embajada de México en ese país.

En horas de la noche del viernes 5 de abril, uniformados armados irrumpieron en la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente del gobierno de Rafael Correa, Jorge Glas, quien se encontraba en esta instalación diplomática con asilo político. Glas se había refugiado allí a finales de 2023 luego de una orden de captura en su contra por presunta corrupción. 

«Daniel Noboa asestó un duro golpe contra el derecho al asilo y la Convención sobre Asilo Diplomático para Las Américas, suscrita en Caracas en 1954. Preocupa que, en medio de un vertiginoso ascenso de los autoritarismos -de todo signo ideológico- en la región, el gobierno de Ecuador anime, con su conducta, a otros gobiernos autoritarios a cometer actos similares contra legaciones diplomáticas y personas perseguidas solicitantes de asilo», denunció Provea en la red social X. 

El gobierno de #Ecuador ha sentado un grave precedente contra la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, al allanar la sede de la embajada de #México en ese país.

Además, @DanielNoboaOk asestó un duro golpe contra el derecho al asilo y la Convención sobre Asilo…

— PROVEA (@_Provea) April 6, 2024

Provea también recordó  -«a escasos días» de cumplirse otro aniversario de los sucesos de abril de 2002- que en esa ocasión fueron enfáticos al expresar su «preocupación y rechazo» por el asedio y las «muestras de intolerancia ocurridas frente a la Embajada de Cuba en Caracas».

«Con la misma coherencia y energía, instamos hoy al respeto del derecho internacional y a garantizar la debida protección a las personas víctimas de persecución por razones políticas, que actualmente solicitan asilo en las sedes diplomáticas acreditadas en Venezuela», ratificaron.

Condena internacional

Los gobiernos de varios países de la región lamentaron la irrupción en la embajada de México en Ecuador y expresaron solidaridad con el gobierno de Andrés López Obrador. 

La primera reacción vino lógicamente de México. A pocas horas de que su embajada en Quito fuese allanada el mandatario Andrés Manuel López Obrador anunció la ruptura de las relaciones con Ecuador. 

Por su parte, el Gobierno de Argentina, al alzar su voz contra el hecho, recordó el caso de los dirigentes de Vente Venezuela refugiados en su residencia diplomática en Caracas. 

En la nota del  Ejecutivo de Javier Milei, se recuerda que Argentina es un Estado parte de la Convención sobre Asilo Diplomático y que recientemente otorgó esta condición de asilo «a dirigentes políticos venezolanos y se encuentra a la espera de la emisión de los correspondientes salvoconductos».

Otros gobiernos que fijaron posición contraria a la actuación del gobierno de Ecuador fueron los de Brasil, Chile, Uruguay y la administración de Nicolás Maduro, mientras que Colombia solicitó  a Honduras, que ostenta la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac ), una reunión extraordinaria de este organismo para abordar la posible ruptura de Ecuador del Convenio de Viena. 

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, urgió al “diálogo” entre México y Ecuador y anticipó  que pedirá una reunión del Consejo Permanente del organismo para abordar las tensiones entre ambos países.

Ecuador defiende sus actuaciones

En un comunicado, la presidencia de Daniel Noboa reivindicó el operativo que llevó a la detención de Glas, en respuesta a las críticas internacionales. 

A la ciudadanía: pic.twitter.com/KKhTQVbXD8

— Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) April 6, 2024

«Toda embajada tiene una sola finalidad: servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países. Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Jorge Glas ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes (…) Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad«, se lee en el texto. 

Mientras que en otro comunicado, la Cancillería ecuatoriana opinó que la concesión de asilo diplomático, en este caso, «constituye un acto ilícito del Estado que lo concede, apoya una evasión a la justicia del Estado ecuatoriano y promueve la impunidad».

«En consecuencia, Ecuador reitera que no otorgará salvoconducto alguno (para que Glas salga del país), ya que no procede», ratificaron.

Cancillería informa pic.twitter.com/FAIY54twEQ

— Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) April 5, 2024

El exministro Glas fue trasladado bajo un fuerte resguardo policial desde la Unidad de Flagrancia hacia una cárcel de máxima seguridad. 

🇪🇨 | ÚLTIMO MINUTO: El exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, es trasladado bajo un fuerte resguardo policial desde la Unidad de Flagrancia, hacia la cárcel de máxima seguridad. pic.twitter.com/Y5hbL78I9m

— UHN PLUS (@UHN_Plus) April 6, 2024

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El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que en Venezuela se usa la ley contra el terrorismo para la  persecución política.

 A través de un mensaje, publicado en la cuenta en X, antes Twitter, Provea calificó como insólito que el gobierno de Nicolás Maduro haya dicho en el Consejo de DDHH-ONU estar “preocupado” porque “en muchos casos” la lucha contra el terrorismo se utiliza para fomentar el miedo y abolir derechos fundamentales.

Insólito.

Gobierno de Maduro dice en Consejo de DDHH-ONU estar “preocupado” porque “en muchos casos” la lucha contra el terrorismo se utiliza para fomentar el miedo y abolir derechos fundamentales. #HRC55

Realidad: En Venezuela se utiliza la Ley Contra la Delincuencia… pic.twitter.com/HBt1f0JvGB

— PROVEA (@_Provea) March 13, 2024

La ONG aseveró que la realidad es que «en Venezuela se utiliza la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Terrorismo para perseguir a personas opositoras o percibidas como tales por el gobierno, incluidos defensores de DDHH como Javier Tarazona y Rocío San Miguel». 

En febrero de 2024, el experto de la Misión de la ONU sobre Venezuela, Francisco Cox, afirmó que “el Estado venezolano ha violado los derechos humanos de decenas de personas al investigar a presuntos grupos conspiradores, privando a los investigados, detenidos y procesados de sus más elementales derechos”.

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– El Premio anual de Derechos Humanos de WOLA reconoce desde 2006 a organizaciones e individuos que son un ejemplo para que los derechos humanos y la justicia social sean la base de las políticas públicas.

Foto: WOLA

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) recibirá el Premio WOLA de Derechos Humanos 2024 que otorga la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y que distingue a personas y organizaciones que han demostrado una dedicación especial por los derechos humanos de las Américas.

“El aniversario 50 de WOLA es un hito importante, una oportunidad para celebrar y renovar nuestra lucha y compromiso por los derechos humanos”, expresó la presidenta de WOLA, Carolina Jiménez Sandoval. “Las personas y organizaciones galardonadas —liderazgos que se han mantenido firmes en su lucha por la dignidad y la justicia en América Latina— representan valores que nos han guiado a lo largo de los años y que nos inspiran para el futuro”, añadió. 

Provea, específicamente, será enaltecida por su «valentía en la investigación de las violaciones de derechos humanos, su apoyo a las víctimas y su promoción del respeto del Estado de derecho y la democracia en Venezuela».

Todo esto lo han logrado frente a los continuos retos y ataques sirviendo así como «un faro de esperanza» para los venezolanos desde 1988. Está organización se enfoca en defender los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), esforzándose por construir una sociedad democrática basada en el pluralismo, la solidaridad y la participación.

Ante este anuncio, Provea a través de su cuenta en la red social X, agradeció a WOLA por este memorable reconocimiento que será entregado en la Gala Benéfica de los Premios de Derechos Humanos del 50 Aniversario de WOLA el próximo 9 de mayo en la ciudad de Washington.

Muy honrados por este reconocimiento a nuestros 35 años de trayectoria.

Lo asumimos como un reconocimiento a la lucha del pueblo venezolano por sus derechos y por el rescate de la democracia https://t.co/u8Ddv4086d

— PROVEA (@_Provea) February 7, 2024

«Estamos muy honrados por este reconocimiento a nuestros 35 años de trayectoria. Lo asumimos como un reconocimiento a la lucha del pueblo venezolano por sus derechos y por el rescate de la democracia», expresaron. 

En nota de prensa, Provea destacó que desde su fundación en 1988, ha buscado ser un «faro de esperanza» en medio de los retos y ataques constantes, «manteniendo un firme compromiso con la promoción del Estado de derecho y la democracia en Venezuela».

«Nuestro trabajo, centrado en la defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), busca edificar una sociedad democrática que se asiente en los pilares del pluralismo, la solidaridad y la participación activa», afirman. 

Más galardones

Otro de los galardonados será el senador Patrick Leahy por su «compromiso permanente con los derechos humanos y la democracia en las Américas y por su liderazgo en el Congreso en la promoción de estos principios en la política exterior estadounidense».

A su vez, los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Guanajuato, México, recibirán un premio por su destacado papel en «la búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición ante una crisis de desapariciones que suma más de 114.000 víctimas a nivel nacional».

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Alí Daniels señaló que con el proyecto de Ley contra las ONG, el gobierno está perjudicando a millones de venezolanos que están en «una situación muy difícil»

El codirector de la organización venezolana Acceso a la Justicia, Alí Daniels, analizó las consecuencias de la eventual aprobación del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.

El pasado 12 de enero de 2024 la Asamblea Nacional retomó la discusión del proyecto que plantea un mecanismo jurídico para monitorear los ingresos de las ONG. El mismo contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear y que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.

Daniels enumeró, en entrevista a Provea,  varias consecuencias que podría traer esta ley y que recaerán principalmente en la sociedad civil más vulnerable producto de la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela desde hace varios años: 

«Implicará, si se aprueba, la anulación de la libertad de asociación en Venezuela y, junto con ella, afectará otros muchos derechos porque al hacer prácticamente imposible la creación de ONG, la creación de asociaciones o fundaciones, imponiendo requisitos exorbitantes, se impide que la soberanía se organice y ejerza».

«La participación en asuntos públicos también se verá afectada porque expresamente el proyecto de ley señala que, si una organización no ha cumplido con toda la infinidad de requisitos que allí se exigen, no puede participar porque no está registrado en el Registro que pretenden crear y que es adicional al ya existente».

El proyecto de ley implicará que al final solo las organizaciones que el gobierno quiera tendrán personalidad jurídica y el resto serán declaradas de acuerdo a los propios términos de la Ley, inexistentes.

«Esta Ley no reconoce la personalidad jurídica de las organizaciones ya existentes, las que ya se registraron, las que ya han cumplido con todos los requisitos de la ley actual y a esas organizaciones se les ilegalizan y se les obliga, a partir de cero, como que si nunca hubieran existido».

«La ley obliga a que todas las organizaciones reescriban sus actas constitutivas, incorporen nuevos fines que la ley establece, nuevos objetivos que la ley establece que incorporen actividades con el gobierno, ente otros aspectos». De acuerdo con la ley, se obliga a que las asociaciones incluyan como miembro a funcionarios públicos, algo que es realmente insólito».

«Las consecuencias, sobre todo para las organizaciones que denuncian violaciones de derechos humanos, es que lo más probable no se les permita constituirse, no se les dé la posibilidad de continuar».

«Si una organización trabaja con indígenas waraos, por ejemplo, eso implica que debería estar inscrita, no solo en el estado Delta Amacuro, sino también en los otros estados donde ellos habitan, con lo cual la organización debe estar inscrita en Monagas, Bolívar y, si por ejemplo, no está inscrito en alguno de estos estados y si tiene una medicina en el Delta, pero tiene que enviarlas al estado Bolívar porque lo necesitan, no los puede trasladar porque la ley obliga que deben estar inscritas en los tres estados para poder hacerlo. Entonces, no estamos hablando aquí de sutilezas legales, ni de cosas leguleyas. Estamos hablando de vicios que atentan contra los más elementales derechos humanos».

Los costos de mantenimiento de las organizaciones, que tendrán que tener estructuras fijas para renovar constantemente estos permisos, serán muy onerosos y eso tiene una repercusión práctica. «Por ejemplo, si un donante da un dinero para alimentar personas o dar medicinas, si antes daba 10 dólares, por poner un caso, y de esos 10 dólares los costos administrativos eran 0,5; ahora puede ser uno o dos dólares por cada 10. Entonces eso implica que, en vez de llegarle más ayuda, le va a llegar menos ayuda a la gente porque los costos operativos para mantener la organización se encarecen», explicó Daniels.

«La ayuda humanitaria se ejecuta a través de Naciones Unidas, esa ayuda no la ejecuta directamente Naciones Unidas sino que quienes están en el terreno ejecutando esa ayuda humanitaria son las ONG y de ahora en adelante, muchas dejan de operar y Naciones Unidas no va a poder suplir esa falta y de esto estamos hablando, de las vidas en riesgo que pone este proyecto».

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Al menos 10 organizaciones no gubernamentales sobre derechos humanos a nivel internacional advierten que la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG busca estigmatizar, amenazar y reducir la ayuda humanitaria en Venezuela

Foto: Provea

Las redes regionales de organizaciones de la sociedad civil Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Civicus, IFEX-ALC y Voces del Sur denunciaron este 17 de enero que el Gobierno de Nicolás Maduro, a través del Poder Legislativo, busca aprobar una ley que «habilita la criminalización de organizaciones y actividades legítimas de la sociedad civil venezolana protegidas por el derecho humano a la libertad de asociación, que es fundamental para garantizar el espacio cívico».  

«Tras su aprobación en la primera discusión hace casi un año, el pasado 12 de enero se retomó el proceso de revisión parlamentaria de la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines” con el inicio del proceso de consulta pública, a pesar de que a la fecha el proyecto no se encuentra pública y formalmente disponible» denunciaron las cuatro instituciones a través de un comunicado de prensa. 

Destacaron que, desde la presentación ante el parlamento de la ley, se planteó un discurso estigmatizante que ubica a las organizaciones civiles que hacen trabajo social, humanitario y de promoción de derechos humanos como «enemigas de la patria», acusadas de usar «fondos ilícitos» para «financiar el terrorismo». 

«La propuesta legal otorga facultades al Poder Ejecutivo de supervisar, inspeccionar, controlar y sancionar a las organizaciones y sujetos obligados, a través de atribuciones legislativas y de fiscalización. Tales capacidades someten la existencia de las organizaciones a la discrecionalidad de los intereses del gobierno de turno, lo que vulnera la autonomía e independencia», reitera el comunicado. 

Un gobierno opaco exige transparencia a terceros

El proyecto impone la obligatoriedad de proporcionar «datos sobre la constitución, estatutos, actividades que realizan, proveniencia, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento», «en un contexto donde se ha utilizado información de este tipo para perseguir y criminalizar sectores críticos al gobierno», denuncian las ONG. 

«Miles de personas dentro del país son beneficiarias de programas de asistencia social y humanitaria necesarios para atender la emergencia humanitaria compleja, de aprobarse esta ley dicho trabajo estaría severamente restringido. De igual forma, bajo esta legislación toda iniciativa autónoma e independiente de los intereses gubernamentales quedaría ilegalizada y sería automáticamente sospechosa de la comisión de delitos, esto incluye organizaciones, colectivos y movimientos sociales, religiosas, sindicales, educativas, comunitarias, ambientales, vecinales, entre otras», advierte el comunicado. 

Otras instituciones que analizan las violaciones a los derechos humanos, como la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Human Rights Watch, la Oficina de Washington para Asuntos de América Latina (WOLA), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), expresaron que el proyecto de ley tiene un «lenguaje vago y ambiguo en el borrador actual (…) que genera alertas» ante una nueva ola de represión en el país.

«Exhortamos a la comunidad internacional a dar su apoyo con acciones que eviten que esta y otras legislaciones similares en la región avancen, ya que solo buscan restar libertades en nuestros países. Tales iniciativas alimentan narrativas estigmatizantes y promueven más acciones restrictivas y antidemocráticas», aseveraron las instituciones en el comunicado. 

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La ONG Provea dijo que millones de obreros y jubilados reciben «un salario mínimo y una pensión de hambre», pues no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos, para una familia de cinco personas

Luego de que Nicolás Maduro anunciara el aumentó a 100 dólares del «ingreso mínimo integral indexado» (IMII) de los empleados públicos, a través de bonos mensuales que no generan pasivos laborales, organizaciones no gubernamentales, gremios, sindicatos y opositores, denunciaron una violación a derechos laborales de los trabajadores.

El gobernante incrementó de 30 a 60 dólares una bonificación mensual que reciben los trabajadores públicos en bolívares al cambio oficial, con lo que se eleva de 70 a 100 dólares este ingreso, mientras que el salario mínimo, base para el cálculo de beneficios laborales como prestaciones y vacaciones, se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022, que equivalen hoy a 3,6 dólares al mes.

Al respecto, el dirigente de la Coalición Sindical Carlos Salazar dijo a EFE que el salario «sigue estando por debajo de la mesa en el tema social y económico del Gobierno».

«Solo se dedican a sus planes políticos (…) Suben 20 dólares a un bono de guerra, sabiendo que ninguno de esos bonos son salarios», criticó.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó la medida y aseguró, en su cuenta en X (antes Twitter), que «no se trata de un aumento real», debido a que «el ajuste es sobre bonos», mientras que el sueldo mínimo, «que es la base de cálculo de otros beneficios de ley, se mantiene congelado».

Sigue la destrucción del salario y desaparece el valor de las prestaciones sociales como forma de protección para las y los trabajadores en #Venezuela. Este #15Ene, Nicolás Maduro anunció un incremento del ingreso mínimo integral, vía revisión de bonos, en el sector público🧵1/7

— SNTP (@sntpvenezuela) January 16, 2024

Para este sindicato, esta «política de bonificación de los ingresos precariza las condiciones de empleo» y pone en riesgo la protección social.

Asimismo, la ONG Provea dijo que millones de obreros y jubilados reciben «un salario mínimo y una pensión de hambre», pues no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos, para una familia de cinco personas, cuyo precio supera los 500 dólares mensuales, según estimaciones independientes.

Lo que Maduro y su gente no quieren que sepas:

Hasta Chávez estaba en contra de los bonos.

Hoy son ellos quienes promueven un salario mínimo y pensión de hambre de 130 Bs. mensuales, mientras dan bonos que afectan los derechos laborales y prestaciones sociales. (📹 @TatuyTv) pic.twitter.com/wfVqdghJDr

— PROVEA (@_Provea) January 15, 2024

Esta es la realidad del Cestaticket en Venezuela.

Los trabajadores tienen derecho a un salario digno que les permita garantizar sus necesidades más básicas y alimentarse.

2024 y seguimos con pagos de hambre. #16Ene pic.twitter.com/5yiPYfrPbQ

— PROVEA (@_Provea) January 16, 2024

Por su parte, Henrique Capriles calificó como una burla este anuncio y aseveró que este bono «no soluciona el desastre económico» ni «la falta de poder adquisitivo a la que tienen sometidos a millones de venezolanos».

¡NO HUBO AUMENTO!

El salario mínimo y las pensiones siguen siendo 130Bs, menos de 4$ AL MES. ¡Bono NO es aumento!

Los pensionados y jubilados NO reciben cestatickets. TODOS los trabajadores y pensionados NO reciben el bono de “guerra”, y este bono NO tiene peso en… pic.twitter.com/epJIu7Gl2T

— Henrique Capriles R. (@hcapriles) January 16, 2024

La dirigente sindical Ana Rosario Contreras aseguró que la bonificación de los ingresos de los trabajadores elimina las pensiones a jubilados y pensionados, las prestaciones sociales y las clausulas económicas contractuales, bono vacacional, bono nocturno porque no tienen incidencia Salarial. 

La bonificación de los ingresos de los trabajadores elimina las pensiones a jubilados y pensionados, las prestaciones sociales y las clausulas económicas contractuales, bono vacacional, bono nocturno porque No tienen incidencia Salarial.
Con esto solo se benefician los patronos https://t.co/zRq06LfvKH

— Ana Rosario Contreras (@Sharo1412) January 15, 2024

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*Con información de Efe 

El ilustrador Lucas García París, junto a la ONG Provea y otras asociaciones civiles, cronstruyen relatos gráficos de no ficción para retratar las distintas violaciones a los derechos humanos que suceden en Venezuela a lo largo de los años

Texto: AFP. Foto: Federico Parra (@federicoparra) / AFP

Ni Spider-Man ni Superman salvan el día. No hay final feliz en los cómics con los que el ilustrador Lucas García París da voz a víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Sus viñetas, con altos contrastes entre luces y sombras, son crudas: una gigantesca bota militar amenaza con aplastar a manifestantes en las protestas de 2017 contra el presidente Nicolás Maduro; pescadores confundidos con «guerrilleros» son atravesados por balas disparadas por soldados y policías en la masacre de El Amparo (en el estado Apure), ocurrida hace más de 35 años en un pequeño pueblo fronterizo con Colombia; un hombre es ejecutado por un agente con una máscara de calavera en un barrio de Caracas.

Los cómics de García París nacieron en colaboración con organizaciones de derechos humanos como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) ante «la necesidad» de «un lenguaje, una iconografía, que fuera más cercana» a la gente, comenta a la Agencia Francesa de la Prensa (AFP) este artista de 50 años, en el pequeño estudio que tiene en su departamento en Caracas.

«Si tú me hubieses dicho hace diez años que este era el género con el cual íbamos a tratar temas centrales de lo que está pasando en el país, no lo hubiera creído», confiesa.

Venezuela tiene larga tradición en la caricatura, con grandes exponentes del humor político en América Latina como el fallecido Pedro León Zapata (1929-2016) o Rayma, pero el cómic ha sido un territorio poco explorado.

«Aquí no se hicieron cómics de superhéroes» o «grandes novelas gráficas de ficción», repasó García París.

Maduro, que buscará la reelección el año próximo, enfrenta graves acusaciones de violaciones de derechos humanos, que se han cristalizado en una investigación en curso ante la Corte Penal Internacional (CPI).

«Una buena experiencia»

«¿Cómo le explicamos lo que está pasando a estos jóvenes que están frente a las protestas de una manera que sea más sencilla, más cercana?», fue la pregunta que según Marino Alvarado, directivo de PROVEA, impulsó la serie «Cómics de la Rebelión» en 2017.

Se buscaba con estas historietas de distribución gratuita, aunque no masiva, sortear un sofocante clima de censura que denuncian otras ONG como Espacio Público y el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela desde inicios del año 2000, con la presidencia de Hugo Chávez Frías.

Su impacto llevó a nuevas colaboraciones entre PROVEA y García París en los años siguientes: «Camino a la Justicia» resume los informes de las investigaciones de los fiscales de la CPI y «Lo que se cuenta no se olvida» lleva a las páginas de los cómics testimonios emblemáticos de víctimas en un libro del mismo nombre.

«El Amparo», publicado este año, rememora la masacre de 14 pescadores el 29 de octubre de 1988. Los dos únicos sobrevivientes, aún hoy, piden justicia en un caso en el que no hay ni un detenido.

García París ha colaborado igualmente con otras organizaciones de derechos humanos como REACIN (Red de Activismo e Investigación por la Convivencia), así como con webs informativas; y acaba de publicar un libro propio: «El Tema. Una memoria gráfica sobre los derechos humanos».

«Empatía»

García París recuerda que cuando migró temporalmente a España en 2012, en medio del masivo éxodo por la crisis de Venezuela, regaló todos los libros de su biblioteca, salvo los cómics que atesoraba desde su adolescencia.

«Es un medio súper interesante (…). Yo escribía y ahorita ya no escribo, porque me he dado cuenta de que lo que me gusta es hacer cómics», explica el ilustrador, cuyas primeras aproximaciones con organizaciones de derechos humanos se dieron como diseñador o asesor de comunicación.

«Te vuelves más empático hacia el otro (…). De verdad, lo que le pasa al otro, te empieza a doler a ti», narra, esperando que sus lectores vivan esa misma metamorfosis. «La gente tiende a ver que (el tema de los derechos humanos) es un problema que pasa en otro lado y le pasa a otra gente y realmente lo que le está pasando al otro, te está pasando a ti».

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En la acción participaron efectivos adscritos a la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Bolívar y la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana (REDI)

La ONG Provea denunció el pasado viernes, 15 de diciembre, una «incursión violenta de militares venezolanos» en los territorios de la comunidad indígena Pemon Ayu Toy.

Mediante un pronunciamiento de los habitantes de la comunidad, denunciaron: “Vemos que el Gobierno no presenta alternativas de solución y apoyo a la comunidad para atender sus necesidades, sino que instruyó, en esta ocasión a la FANB para atacar a la comunidad, en lugar de llevar alimentos, ropa, medicina, materiales”.

De acuerdo con Provea, el operativo militar se enmarca en la Operación Roraima 2022 y atacó violentamente a la comunidad, que se ubica en el sector La Paragua del estado Bolívar, al mediodía del 10 de diciembre.

“Irrumpieron en la comunidad cuatro helicópteros militares, causando estruendos y levantando polvo y arena sobre las casas, en una acción que catalogamos de atropello, amedrentamiento y hostigamiento”, detalló Romualdo Sifontes, capitán de Ayu´töy.

En la acción participaron efectivos adscritos a la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Bolívar y la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana (REDI).

No obstante, la realidad evidencia numerosos matices alrededor de los diversos focos de explotación minera que se desarrolla en los estados Amazonas y Bolívar, territorios ocupados casi en su totalidad por pueblos indígenas.

“Antes de que llegara al poder el presidente Chávez, la comunidad luchó para proteger sus formas de vida y sus tierras ante las invasiones mineras, solicitando en incontables ocasiones a las instituciones públicas apoyo para frenar la minería y desalojar a los mineros, sin que se lograra respuesta alguna. Al contrario, la actividad aumentó y llegó a los predios de la comunidad y los impactos causaron estragos que se traducen hoy día en hechos y fenómenos que han causado daños irreversibles”, detalla el comunicado.

La minería es la alternativa ante las penurias

En el texto señalan ser conscientes “de los efectos adversos causados por la minería al ambiente, pero las realidades han cambiado», añadiendo que la comunidad «no defiende como suya la actividad de minería, desearía que no exista, pero es la alternativa que tiene ante las penurias que padece”.

«La comunidad entiende que no puede esperar pasiva alguna bondad de las instituciones del gobierno, sea nacional, estadal o municipal, por eso tomó como una forma de solventar las necesidades y carencias, la actividad minera y lo hace de manera organizada la cual se traduce en obras sociales”, añaden.

El capitán Romualdo Sifontes explicó que los salarios de los maestros, mejoras en la infraestructura escolar y la dotación de implementos de estudio y suministros para el ambulatorio son parte de las necesidades desatendidas por los entes responsables que la comunidad ha podido asistir con los dividendos de la minería.

Ayu´töy cuenta con una población escolarizada de 221 niños y adolescentes. Su población es de los 635 habitantes pertenecientes al pueblo pemon Kamarokoto. Geográficamente, se encuentran en el sector La Paragua del Municipio Angostura, en la región noroccidental del estado Bolívar y el bajo Caroní.

“Entre 70 y 80 militares llegaron en 4 helicópteros a la comunidad, nos apuntaron con sus armas y hubo empujones”

Comunidad indígena Pemon de Ayu´töy, en Bolívar, denuncia la incursión violenta de miembros de la FANB en sus territorios https://t.co/rpan5JcHFz

— PROVEA (@_Provea) December 17, 2023

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