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Protestas

Reclamo por servicios básicos fue la principal causa de protestas en agosto
Durante el mes de agosto, el estado Lara lideró el índice de protestas con 57. Le siguen Bolívar (50), Trujillo (48), Portuguesa (36) y por último Sucre (35).

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 566 protestas durante agosto de 2021, lo que equivale a 19 manifestaciones diarias.

Dicha cifra representa una disminución de 24% en comparación con el mismo período del año pasado

En su boletín mensual, la ONG señaló que el reclamo por los servicios básicos fue la principal causa de las protestas que se contabilizaron en agosto.

Al respecto, detallaron que se registraron  438 protestas por Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), 77% de la cifra total.

Los reclamos van desde falta de acceso al agua potable, fallas eléctricas, escasez y sobreprecio de las bombonas de gas doméstico, hasta denuncias por la crisis de la gasolina. 

Por otra parte, al menos 128 protestas estuvieron vinculadas a la exigencia de Derechos Civiles y Políticos (DCP), lo que representó el 23% de las 566 documentadas en agosto.

En este contexto se destacan las protestas de simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), suscitadas por las presuntas irregularidades que se presentaron en las elecciones primarias de la organización política.

También, a su vez, continuaron las manifestaciones realizadas por miembros de la sociedad civil y movimiento de los derechos humanos contra la persecución de defensores de DDHH.

Distribución geográfica de las protestas

Durante el período estudiado, el estado Lara lideró el índice de protestas con 57. Le siguen Bolívar (50), Trujillo (48), Portuguesa (36) y por último Sucre (35).

Modalidades de protestas más frecuentes

En total, se contabilizaron 356 concentraciones, 147 pancartazos y 143 cierres de calles o avenidas.

Protestas combinadas

De las 566 manifestaciones documentadas durante el mes de agosto, 250 fueron combinadas.

El OVCS señala que en este tipo de manifestaciones los ciudadanos exigen más de un derecho durante una misma acción.

Derechos más demandados

Un total de 247 de las protestas se dieron para exigir el derecho a los servicios básicos, 133 por los derechos laborales, 81 por el derecho a la salud, 74 por el derecho a la participación política y 44 por el derecho a la justicia.

Servicios básicos

El OVCS señala el colapso de los servicios básicos como una de las principales motivaciones de las protestas en Venezuela durante los últimos años, con repunte en el acceso al agua.

En el caso del agua potable, se registraron 113 manifestaciones en agosto. Habitantes de ciudades y caseríos denuncian la falta del servicio. 

En segundo lugar de las protestas por servicios básicos quedó las que se hacen por problemas con la electricidad. Lo ocupan las 85 protestas por fallas en el servicio eléctrico.

Por último, los ciudadanos realizaron 49 protestas para denunciar fallas en la venta y distribución de bombonas de gas doméstico.

Protestas por gasolina

Durante todo el mes de agosto, el OVCS reportó que los productores agrícolas, transportistas, personal de la salud y vecinos de 16 estados protagonizaron 92 protestas por combustible. 

Trujillo con 22 protestas encabeza, por segundo mes consecutivo, la lista de los 3 estados con mayor índice de manifestaciones por gasolina, seguido de Mérida y Lara con 15 protestas, cada uno.

Derechos laborales

En total, se documentaron 133 protestas por derechos laborales durante el mes de agosto. Se mantiene la exigencia de cumplir con el artículo 91 de la Constitución “un salario suficiente” para una vida digna.

Derecho a la salud

En agosto, según el OVCS, se registraron 81 protestas por el derecho a la salud ocupando el tercer lugar de mayor número de exigencias.

En particular, destacan  manifestaciones de pacientes y familiares que no han podido tener acceso a trasplantes y diálisis entre otros tratamientos médicos indispensables para su calidad de vida, debido a la falta de insumos. 

Protestas por vacunas

En 12 estados del país se documentaron 32 protestas relacionadas a la vacunación contra la COVID-19, de acuerdo con el OVCS.

Una de las principales exigencias, según la ONG, fue fue la masificación de los planes de vacunación, sin discriminación política, en el territorio nacional.

Derecho a la participación política

El OVCS documentó 152 protestas por el derecho a la participación política, resaltando acciones a favor y en contra del evento electoral pautado para el próximo 21 de noviembre de 2021.

Derecho a la justicia

Nuevamente, los reclamos por el derecho a la justicia ocupan el quinto lugar de los derechos más exigidos durante el pasado mes de agosto, con 44 protestas.

Sector agrícola: un conflicto en ciernes

El OVCS señala que, en los últimos meses, y especialmente en agosto, las lluvias arrasaron con las cosechas enteras golpeando la economía agrícola del país.

En ese sentido, los productores agropecuarios exigen la intervención del Estado para la reparación de vías terrestres, así como mejoras de las condiciones de habitabilidad.

Por otra parte, recuerdan que también se ha denunciado  que la falta de combustible imposibilita el traslado de la mercancía, que no cuentan con los agroinsumos necesarios y no tienen incentivos para la producción. 

INFOGRAFÍA | Criminalización y violencia contra los trabajadores de la salud: Un mal que se cronifica
 A juicio de Thelma Fernández, las detenciones por exigir salario digno, equipos de bioseguridad y vacunas contra la COVID-19 califica a todas luces como «violencia institucional y sistemática» de varios derechos establecidos en la Constitución
Según la información de Amnistía Internacional, Venezuela es el único país de la región que ha detenido a trabajadores de la salud y los ha llevado ante tribunales militares y civiles por protestar y exigir sus derechos

 

@yeannalyfermin

 

Protestar para exigir medicinas, insumos médicos, salarios dignos y vacunas contra la COVID-19 parece ser un delito en Venezuela, y no un derecho de los trabajadores de la salud establecido en la Constitución.

El hecho más reciente de criminalización y violencia estatal contra los trabajadores de la salud, es el de la licenciada en enfermería Ada Macuare, quien el pasado 21 de julio fue detenida por órdenes de la directiva de su centro de salud, encarcelada e imputada por los delitos de “instigación al odio” y “terrorismo”. 

Macuare tenía apenas 40 días como jefa del área de enfermería en el hospital Alí Romero Briceño de Barcelona. Desde la dirección del cargo, exigía constantemente suministros médicos, medicinas para los pacientes, equipos de bioseguridad y vacunas para todo el personal de salud. 

Cinco días después de la detención de Macuare, practicada por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fue presentada ante un tribunal que acordó medida privativa de libertad, luego de que el Ministerio Público (MP) la juzgara bajo la cuestionada “Ley contra la Odio”.

Según la abogada defensora de la licenciada en enfermería, Ana Suniaga, en el proceso contra Macure ocurrieron varias violaciones al debido proceso

“En seis días, los familiares no la pudieron ver, no le permitieron llamar a nadie, a los abogados no nos permitieron verla, ni hablar con ella. Los funcionarios llegaron al centro de salud haciéndose pasar por pacientes, los examinaron y, cuando fueron a darles el récipe, se escurrieron y la fueron a buscar a su oficina y la sacaron esposada”, detalló Suniaga en entrevista realizada por la ONG Espacio Público. 

El pasado miércoles 4 de agosto, el movimiento sindical Monitor Salud informó que Ada Macuare tuvo que ser trasladada a un centro de salud tras sufrir una crisis hipertensiva.

Al día siguiente, el gobernador de la entidad, Antonio Barreto Cira anunció a través de su cuenta en Twitter, que el equipo legal de la enfermera logró una medida cautelar sustitutiva de libertad con régimen de presentación cada 30 días, otorgada por el Tribunal de Control 7 de Barcelona. 

Macuare pasó a ser otro caso de excarcelación, pero sin libertad plena, a pesar de no haber cometido ningún delito. 

Derechos vulnerados

Sobre el caso de Ada Macuare y del resto del personal de salud que han sido detenidos, encarcelados y procesados con medidas cautelares, la abogada especialista en Derecho Penal y en Criminalística, Thelma Fernández afirmó que “se están violando derechos sobre derechos”. 

“El Estado venezolano no solo viola el derecho a la salud, también viola el derecho de los trabajadores en esta área a unas condiciones de laborales dignas, luego viola el derecho a la protesta previsto en el artículo 68 de la Constitución, y como si fuera poco, se violenta flagrantemente el debido proceso al proceder a la detención de Ada Macuare sin que estuviese cometiendo delito alguno y sin que hubiera una orden de detención en su contra, manteniéndola incomunicada de sus familiares y abogados durante tres días para luego imputarle delitos graves que a todas luces son inexistentes”, explicó Fernández. 

A juicio de Thelma Fernández, la criminalización de los trabajadores del sector salud por sus válidas exigencias de medicinas, salario digno, equipos de bioseguridad y vacunas contra la COVID-19 califica a todas luces como violencia institucional y sistemática de varios derechos establecidos en la Constitución. 

“El artículo 87 de la CRBV establece, entre otras cosas, que el Estado debe garantizar la adopción de medidas necesarias para que toda persona pueda tener una ocupación productiva que además le proporcione una existencia digna y decorosa. Por su parte, la Ley de Prevención y Condiciones de Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat) es una ley especial cuya finalidad es garantizar a los trabajadores condiciones de seguridad, salud y bienestar en un medio ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio de sus facultades físicas y mentales. Todos estos derechos están siendo violados de manera reiterada a los trabajadores de la salud; aparte de ello, se les violenta el derecho a la protesta cuando se les priva arbitrariamente de su libertad a quienes deciden reclamar públicamente esos derechos”, dijo la abogada. 

Patrón represivo

La detención arbitraria de Ada Macuare no es el único caso que ha ocurrido en el país. De hecho, desde el año 2018, diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) vienen registrando el mismo patrón represivo en contra de los trabajadores de salud que alzan su voz para expresar su descontento.  

Según un conteo que realizó Runrun.es del personal de salud detenido por protestar y exigir condiciones laborales dignas y también medicinas e insumos, en 2018 seis médicos y un enfermero fueron judicializados y uno de ellos fue liberado bajo medida de presentación cada 30 días.

En 2019, la cifra se elevó. En el mes de abril, los ánimos en el país estaban caldeados por las acciones de protestas de la oposición lideradas por Juan Guaidó. La petición de entrada de la ayuda humanitaria proveniente de Estados Unidos fue un momento que generó gran tensión en el país, lo que hizo que gran parte del personal de la salud saliera a las calles en apoyo a las acciones del líder político. 

En total, 11 médicos, 5 asistentes de farmacia, 1 farmacéutica, 1 dirigente sindical y el jefe de seguridad de un hospital del estado Táchira, fueron detenidos por apoyar la entrada de los camiones que contenían medicinas e insumos médicos.

La emergencia humanitaria compleja que venía arrastrando Venezuela se desbordó con la llegada de la pandemia en marzo de 2020. La escasez de insumos médicos y de bioseguridad, escasez de agua, fallas eléctricas, el salario más bajo de Latinoamérica y poco personal debido a la diáspora fueron los detonantes para que nuevamente el gremio de médicos y enfermeros exigiera sus derechos y también para que el patrón represivo del Gobierno posara sus ojos sobre los profesionales de la salud.

8 médicos, 2 enfermeras, 1 bioanalista y 1 epidemióloga fueron detenidos por denunciar públicamente la situación de los hospitales con la llegada de la pandemia.

De los 12 casos registrados, 7 fueron imputados por incitación al odio, 1 por terrorismo y 2 fueron acusados de hurtar material médico-quirúrgico cuando se conoció, por medio de declaraciones del gremio, que el trasfondo de las detenciones en realidad era por protestar.

También, se registró un caso de detención por «ocultar información» y otro caso de un médico que fue detenido y presentado ante los tribunales por no llevar puesto el tapabocas. 

De los 12 casos registrados durante el 2020, 4 fueron liberados bajo medida de presentación cada 30 días y 8 quedaron en libertad plena. 

En lo que va de 2021, además de Ada Macuare, la enfermera Johana Perales también fue detenida por protestar, y fue liberada a las dos horas. 

Asimismo, el secretario del Movimiento de Trabajadores por la Salud en Anzoátegui, Edisson Hernández, iba a ser detenido por exigir mejoras salariales, vacunas e insumos médicos. Pero la acción de un grupo de enfermeras pudo evitar su detención. 

Desde 2018 hasta entonces, un total de 43 personas del sector salud han sido detenidos y procesados por reclamar insumos médicos y un salario digno; de ellos, 3 han quedado con régimen de presentación cada 30 días, mientras que 4 tienen casa por cárcel.

Según la información de Amnistía Internacional, Venezuela es el único país de la región que ha detenido a trabajadores de la salud y los ha llevado ante tribunales militares y civiles por protestar y exigir sus derechos.

A juicio del dirigente sindical del sector salud, Pablo Zambrano, callar las voces disidentes ha sido una política establecida en el sector por parte del gobierno.

“Hemos tenido muchos casos de atropellos donde si los trabajadores levantan la voz, caen las fuerzas represivas que por lo general ha sido contra las mujeres porque el 75% de los trabajadores sanitarios son damas”, dijo.

Por su parte, en su informe del primer semestre de 2021, la organización Monitor Salud reveló que en cada una de las regiones del país estudiadas, reportaron «incidentes y amenazas» contra el personal que demanda mejores condiciones de trabajo.  En específico, registraron 312 casos en todo el país.

Según estos datos, oriente es la región en la que más incidentes se registraron durante el semestre, con un total de 144. Y el centro de salud con más situaciones de este tipo fue el Complejo Docente Hospital Luis Razetti (Anzoátegui), en el que tuvieron lugar 26 amenazas.

«En 4 centros de salud, además de amenazas, también se registró coacción para renunciar: Hospital Antonio Patricio de Alcalá, Ambulatorio Arquímedes Fuentes Serrano, Hospital Dr. José Gregorio Hernández y Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas», cita el reporte. 

En lo que respecta a la región occidental, contabilizaron 138 incidentes durante los primeros 6 meses de 2021. El Hospital Universitario de Maracaibo encabeza los registros de más amenazas (con 26) mientras que en el Hospital Pedro E. Carrillo se reportaron 11 amenazas y 14 coacciones.

Entretanto, la región centro acumuló 30 casos de amenazas; la mayor parte de estas sucedieron en el Hospital Dr. Ángel Larralde, ubicado en el estado Carabobo. Le siguen el Hospital Dr. Pastor Oropeza de Lara, desde donde se notificaron 8 amenazas y una coacción para renunciar.

Informe «Un semestre de pronóstico grave» de Monitor Salud

La riesgosa Ley contra el Odio 

Desde el año 2018, el delito más imputado a los trabajadores de la salud ha sido la «incitación al odio», contemplado en una ley que fue aprobada por la asamblea nacional constituyente (ANC) el 8 de noviembre de 2017.

Sobre la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, la abogada Thelma Fernández afirma que, en teoría, busca promover y garantizar la tolerancia, el respeto y la paz colectiva y penalizar cualquier discurso que incite al odio, a la violencia o discriminación.

“Pero todos sabemos que este instrumento legal en realidad ha sido creado con la única finalidad de limitar y criminalizar el derecho a la libertad de expresión en nuestro país”, dijo.

Fernández explica que la Ley contra el Odio es inconstitucional porque no cumplió con el requisito de la legalidad de ser creada por la Asamblea Nacional y también porque no establece de forma clara una conducta específica por parte del sujeto activo para considerarlo incurso en la comisión de dicho delito

“La Ley contra el Odio deja abierta la posibilidad de que se interprete la norma a conveniencia y que cualquier conducta pueda encuadrarse en este tipo penal, lo que evidencia una ambigüedad legislativa en materia de libertad de expresión que es altamente nociva para la democracia de cualquier país, por lo que es claro que ésta ley, además de ser írrita, violenta derechos humanos elementales”, afirmó Thelma Fernández.

Un artículo publicado por la ONG Espacio Público en mayo de 2021, señala que, a tres años de la creación de la Ley contra el Odio,  se registraron al menos 45 casos en los se usó o invocó la “ley contra el odio” hacia personas por expresarse, lo que derivó en un total de 101 violaciones a la libertad de expresión y opinión.

El caso del médico ginecólogo Luis Araya, detenido el pasado 15 de abril de 2020 en el estado Lara por una comisión de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), es uno de los casos más representativos de cómo se aplica la Ley contra el odio en el país. 

Araya fue aprehendido mientras estaba en su consultorio en Carora, por publicar una imagen en su estado de Whatsapp correspondiente a un funcionario público del gabinete de Nicolás Maduro. Un día después, en la audiencia de presentación, le fue impuesta medida cautelar de presentación cada 30 días. 

Un caso similar ocurrió en el estado Zulia. La ginecóloga Andreína Urdaneta fue detenida el 26 de mayo  de 2020 por delitos de «incitación al odio y ofensa al presidente de la República» al publicar en su estado de WhatsApp una imagen en contra de Maduro con una soga en el cuello. 15 días después fue liberada, pero al igual que Araya, con régimen de presentación mensual. 

El informe de Monitor Salud determinó que, durante la pandemia, ha habido un incremento significativo en los casos de persecución, hostigamiento y amenazas en contra de cualquier trabajador que dé cumplimiento a su derecho a exigir condiciones dignas, que no solo garanticen mejoras en su calidad de vida, sino que aseguren que en el desarrollo de sus funciones contarán con todos los equipos necesarios.

Espacio Público también reseñó que no solo los trabajadores de la salud han sido víctimas de la Ley contra el Odio. En tres años, a 16 trabajadores de medios de comunicación, 10 particulares, 9 activistas y miembros de ONG, 5 que involucran a infociudadanos y población en general, y a 2 medios de comunicación, se les ha aplicado la polémica ley.

La Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia en su artículo 20 sostiene que quien fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia públicamente, será sancionado con prisión de 10 a 20 años.

El artículo 22 establece que toda persona que difunda un “mensaje de odio” en las redes sociales deberá eliminarlo dentro de las seis horas siguientes a su publicación, o de lo contrario deberá pagar una multa que va desde cincuenta mil a cien mil unidades tributarias.

En la lucha

El gremio médico y de enfermería ha denunciado con insistencia desde el año 2017 la situación de los hospitales públicos del país y la escasez de insumos y medicamentos, aunque en reiteradas ocasiones la lucha se ve empañada por procesos judiciales arbitrarios. 

Sobre las exigencias que el sector le hace al gobierno de Nicolás Maduro, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, lamenta que el responsable de garantizar salarios dignos y condiciones de trabajos decentes y seguras no escuche la voz del trabajador que clama por condiciones laborales seguras. 

“El gobierno no está cumpliendo con el deber de garantizar y proteger la salud del venezolano, con el deber de proteger y garantizarle a los trabajadores el salario suficiente y condiciones de trabajo seguras, lo que hace es, a través del poder judicial, tratar de silenciar la voz de protesta, mediante una ley totalmente arbitraria e injusta con la cual se viola la libertad de expresión”, afirma Contreras.

Ana Rosario Contreras aseguró que las condiciones de trabajo del gremio de la enfermería son de gran vulnerabilidad para el derecho a la vida. “Hoy, lamentablemente los contratos que el ejecutivo del señor Maduro ha realizado con un sindicato oficialista no han logrado mejorar las condiciones de los trabajadores, por el contrario, seguimos en extrema pobreza”, dijo.

La presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas asegura que ellos son doblemente afectados con la situación, pues técnicamente, no cobran un salario y se exponen cada día al contagio del COVID-19 porque no cuentan con equipos de bioseguridad y el 80% de los hospitales tienen fallas en el suministro de agua y electricidad. 

El balance del primer semestre de 2021 de Monitor Salud expone que, a un año de la pandemia, el personal de salud ha dado la cara frente a una crisis sanitaria sin precedentes, exponiendo sus vidas y la de sus familiares. 

En el monitoreo, Monitor Salud determinó que la guantes, tapabocas y protección facial son los insumos más ausentes en la región central y occidente, con un 54%, mientras que la Asociación Civil Convite registró una escasez general de medicamentos de 43.6% a nivel nacional.

 

Según el reporte de Médicos Unidos Venezuela, hasta el 9 de agosto, la cifra de fallecidos del sector salud como consecuencia del COVID-19 se ubicaba en 722 personas.

OVCS: Las protestas continúan a pesar del estado de alarma y la represión
A pesar de la pandemia y el confinamiento, las concentraciones siguen siendo la modalidad de protesta más frecuente. Durante los últimos seis meses se registraron 2.245

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) aseguró que la pandemia de COVID-19 no limitó las protestas del pueblo venezolano a comienzos de este año. Durante el primer semestre de 2021 se llevaron a cabo 3.393 manifestaciones, 59 de ellas fueron reprimidas con un saldo de un fallecido, siete heridos y 25 detenidos. 

No obstante, el primer semestre de 2021 tiene la menor cifra de protestas registradas en relación a años anteriores. Le sigue 2020, con 4.414 protestas durante los primeros seis meses, después 2017 con 4.930 manifestaciones y 2018 con 5.315. El año con mayor cantidad de protestas durante el primer semestre fue 2019 con 10.477 manifestaciones. 

El informe semestral del OVCS señaló que la vulnerabilidad de la población venezolana ha aumentado como consecuencia de la pandemia y desafíos propios de la Emergencia Humanitaria Compleja.

Además, reiteran que el Estado ha utilizado la pandemia como excusa para profundizar el control social y realizar prácticas contrarias a la garantía de derechos.

En 2020, el epicentro de las protestas fueron los derechos sociales. Mientras que en 2021, a estos derechos se sumaron los económicos, culturales y ambientales. 

A pesar de la pandemia y el confinamiento, las concentraciones siguen siendo la modalidad de protesta más frecuente. En el primer semestre se contabilizaron 2.245, una cifra mayor a la del primer semestre de 2020 (1.585). 

Larenses lideran las protestas

Según el reporte semestral, durante la primera mitad de 2021, Lara lideró el índice de protestas, registrando 283, 24,03% más que en 2020. 

A diferencia de 2020, Táchira no registró la mayor cantidad de manifestaciones en el país durante los últimos seis meses. De hecho, la cifra se redujo más de la mitad, 58,2% exactamente, con un año de diferencia. En el primer semestre de 2020, 488 protestas se llevaron a cabo en Táchira, mientras que, en la misma fecha pero de 2021, se registraron 204.

El segundo estado con más manifestaciones fue Anzoátegui, con 268. Le sigue el estado Sucre con 234, y Mérida con 230.

El Observatorio aseveró que durante los primeros meses de 2021 se reportaron protestas en el Archipiélago Los Roques, algo que no había ocurrido en años anteriores. 

En el lapso estudiado, se registraron cuatro protestas en el Territorio Insular Francisco de Miranda. El Pitazo reseñó que los roqueños han exigido durante sus manifestaciones la apertura del parque nacional a los turistas y no solo a personas cercanas al gobierno de Nicolás Maduro, en tiempos en los que la administración de Maduro cerró las puertas del archipiélago a los turistas como una medida para evitar la propagación del COVID-19. 

Venezolanos exigen dolarización del salario

Por otra parte, el informe reiteró que la exigencia de derechos laborales se mantuvo en el primer lugar del índice de manifestaciones durante los primeros seis meses del año, siendo la dolarización del salario la principal exigencia. 1.177 manifestaciones se realizaron con el objetivo de exigir estos derechos. 

“Los trabajadores del sector educativo continúan reclamando sueldos justos y condiciones dignas y seguras para trabajar. Esta solicitud incluye jornadas de vacunación contra el COVID-19 y el cese de las amenazas de ser sustituidos por jóvenes integrantes del Plan Chamba Juvenil”, indicó el Observatorio.

Además de solicitar un salario justo, los trabajadores del sector salud, junto a pacientes y sus familiares, han reclamado la dotación de materiales, equipos de bioseguridad y jornadas de vacunación contra el COVID-19 en el país. 

745 de 3.393 protestas fueron por salud en los primeros seis meses del año.

Por otro lado, los productores, comerciantes y miembros del sector informal han rechazado constantemente las medidas restrictivas en cuanto a horarios, cobros excesivos de impuestos y retención ilegal de mercancía como prácticas cotidianas de las autoridades gubernamentales. Denuncian que eso les dificulta generar los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas (alimentación, salud, servicios, educación).

Servicios básicos continúan en picada

El OVCS reseñó que el colapso de los servicios básicos aumenta y se recrudece con el pasar de los días. Documentaron 1.018 protestas en las que se exigieron servicios básicos para una vivienda digna a lo largo del primer semestre de 2021. 

El mes de mayo, con 193 manifestaciones, encabeza la lista del mes en el que más se registraron protestas para exigir los servicios básicos. 

“Los reclamos por agua potable no cesan, mientras aumentan las penurias para adquirir y usar gas doméstico, además aumenta la preocupación ante los cada vez más frecuentes y prolongados cortes eléctricos en todos los estados del país”, señala el informe.

Según el reporte semestral, las protestas por fallas en los sistemas de drenaje de aguas servidas  deficiencia en la recolección de desechos sólidos continúan. Advierten que estos conflictos pueden afectar la salud pública.

Durante el año de cuarentena y educación y trabajo a distancia, se incrementaron asimismo los reclamos por las fallas de conexión en los servicios de telefonía móvil, fija, de internet y televisión por cable.

Como era de esperarse, la gasolina sigue siendo una preocupación principal para la población venezolana. De las 3.393 protestas totales registradas, 401 fueron por gasolina. El estado Trujillo lideró el índice de protestas por escasez de combustible, con 48, seguido de los estados Mérida (46), Táchira (35), Lara (33), y Apure (31).

El OVCS aseguró que las protestas y denuncias vinculadas al abastecimiento de gasolina continúan. Más allá de la dolarización e instalación de Estaciones de Servicio Express, los ciudadanos siguen denunciando a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por cobros ilegales y discrecionalidad durante el control, venta y distribución de combustible.

Inestabilidad política aumentará

EL OVCS reiteró que el principal problema de Venezuela continúa siendo la falta de democracia.

«El Estado incumple con sus obligaciones de garantizar una vida digna. Se evidencia que no existe voluntad política para solventar los problemas urgentes: salud, alimentación, empleo y servicios básicos», indica el informe. 

El OVCS concluyó que es probable que en los próximos meses se incremente la inestabilidad política en el país. Consideran que podría haber una «apertura» a la autonomía del poder electoral, combinada con represión y acciones ilegales y apertura de juicios a dirigentes de partidos de oposición, así como el desconocimiento o incumplimiento de acuerdos con representantes de organismos internacionales que promueven una transición política y pacífica en Venezuela.

Puedes leer el informe completo del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social aquí

Claves | Hambre, rebrote de COVID-19 y deseos de libertad detonaron protestas en Cuba
El presidente Miguel Díaz-Canel avaló la represión y dijo que los manifestantes han tenido su merecido “como ha sucedido en Venezuela”

@franzambranor

En el cumplimiento de los 62 años que la revolución castrista llegó al poder, Cuba vive una ola de protestas masivas de sus ciudadanos reclamando por mejores condiciones de vida y democracia. 

El domingo 11 de julio, los habitantes de San Antonio de los Baños, cerca de la ciudad capital de La Habana y Palma Soriano en Santiago se lanzaron a las calles para reclamar por los constantes cortes de servicio eléctrico y la escasez de alimentos y vacunas contra la COVID-19. Posteriormente la chispa del descontento se trasladó a las principales ciudades de la isla.

En 2020, la contracción económica en Cuba fue de 11%, la más alta en tres décadas y a principios de 2021, el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel impuso un paquete de medidas que provocó un aumento de precios en los productos. 

El precedente más cercano a estas manifestaciones se remonta a 1994, cuando en medio del llamado periodo especial, luego de la caída de la Unión Soviética, los cubanos plenaron las calles y expresaron su descontento por las condiciones de vida, lo que fue el preámbulo de la crisis de los balseros, con cientos de personas trasladándose por mar a las costas de Florida en Estados Unidos a bordo de improvisadas embarcaciones. 

“Cuba vivía antes del respaldo político y económico de la Unión Soviética, pero una vez caída entró en un profundo deterioro que duró hasta la llegada de los petrodólares de Hugo Chávez, ahora que la chequera del gobierno venezolano está de capa caída están viviendo otra vez una crisis y a eso se suma la pandemia, hay un deterioro histórico desde la llegada de la revolución que destruyó la economía”, dijo el internacionalista, Félix Arellano. 

Aquí una serie de claves para entender las manifestaciones en Cuba:

 Si bien las protestas originalmente estaban protagonizadas por gente que exige el cese de los apagones y vacunas contra el coronavirus, además de la ausencia de agua potable y alimentos, el descontento se plegó con consignas como “Abajo la dictadura” y “Patria y vida”, contrario al slogan de la revolución cubana que es “Patria o muerte”. 

Las redes sociales han jugado un papel importante en las manifestaciones. A través de Facebook la gente empezó a convocar a la calle, en ciudades como Cárdenas se produjeron saqueos y destrozos en establecimientos. También patrullas de policía fueron atacadas. El sitio de internet NetBlocks reportó este lunes 12 que la conexión a internet había sido restringida en la isla, especialmente en WhatsApp, Facebook, Instagram y Telegram. “Es probable que las restricciones limiten el flujo de información desde Cuba, luego que miles de personas se manifestaran contra el gobierno socialista”, indicó un análisis de la compañía. La censura y autocensura que impera en la isla desde la llegada al poder de los Castro impide que los medios de comunicación reflejen lo que sucede en las redes sociales.  

 El país que desarrolló su propia vacuna sin una rigurosa certificación de la Organización Mundial de la Salud, ha experimentado un rebrote de la Covid-19 según las propias autoridades. El pasado domingo 11 de julio se registraron de manera oficial 31 muertos y 7 mil nuevos contagios, aunque sectores opositores aseguran que las cifras son más elevadas y están viviendo un colapso en las instituciones sanitarias. “Se encuentran sin medicamentos, sin seguridad social, sin atención y eso genera mucho malestar que se decanta en la protesta”, sostuvo Arellano. 

 Las protestas han sido reprimidas por el gobierno. Se han reportado muertos, heridos, cientos de detenidos y desaparecidos, aunque se desconocen cifras oficiales por la censura. El mandatario Díaz-Canel, heredero de Fidel y Raúl Castro, convocó a sus simpatizantes a la calle y dijo que los manifestantes han tenido lo que se merecían. “Como lo han tenido en Venezuela, quieren fracturar la unidad del pueblo, no se permitirán provocaciones, la calle es de los revolucionarios”. 

 El régimen cubano culpa de la situación financiera y sanitaria al bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos desde hace más de 60 años,que según Díaz-Canel se agravó entre 2017 y 2021, periodo en el que Donald Trump estuvo en la Casa Blanca. El actual presidente estadounidense Joe Biden ha reiterado su apoyo a los manifestantes pacíficos. “Tienen que escuchar a su pueblo en este momento vital, en vez de enriquecerse”, expresó Biden. 

 La economía cubana vive una escasez de divisas sin precedentes, la principal fuente monetaria que reciben sus ciudadanos a través de remesas. Tampoco hay suficientes pesos cubanos. En algunas tiendas donde venden alimentos y electrodomésticos solo se puede pagar con tarjeta de crédito. El gobierno culpa a los Estados Unidos por esta escasez.

 A juicio del internacionalista Félix Arellano, la ausencia de liderazgo en el partido comunista ha hecho también que la gente se harte de la promesa de bienestar social con hambre y miseria. “Raúl Castro no pudo reemplazar la popularidad de su hermano Fidel y mucho menos Díaz-Canel. Ya esto venía dándose con las protestas puntuales del Movimiento San Isidro, pero esto que ocurrió recientemente es inédito”, aseveró Arellano. 

Para Arellano será difícil que Cuba avance en su objetivo de mejoras económicas ayudado por el gobierno de Joe Biden si continúa con la política de represión y persecución a la población disidente. “No hay consenso entre los partidos en Estados Unidos porque el republicano está negado a obtener concesión alguna a Cuba. China es una demostración que puede haber apertura económica sin reformar la política, pero los Castro y su cúpula no han querido atreverse porque creen que ello podría ser un detonante para su salida del poder”. 

Amnistía Internacional: Protestas en Cuba fueron reprimidas por la policía

Las protestas se producen con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos

 

La organización Amnistía Internacional denunció este domingo que las protestas que surgieron durante el día en Cuba y que se extendieron durante la noche, fueron reprimidas por la policía, con reportes de personas heridas, amenazas y detenciones arbitrarias.

“Se reportan personas heridas por disparos de la policía, detenciones arbitrarias, amenazas y ataques a periodistas, incluido fotógrafo de la agencia AP, fuerte presencia militar en las calles y un gobierno intolerante”, añadió en el mismo mensaje.

En un mensaje previo, Guevara Rosas expuso que “en un hecho sin precedentes, miles (de personas) salieron a protestar pacíficamente en varios puntos de Cuba” y señaló que el presidente Miguel Díaz Canel “les acusa de mercenarios y vendidos al imperio y llama a sus simpatizantes a combatirles violentamente”.

La representante dijo que con ello el presidente cubano “deja claro que su gobierno es un violador de DD.HH. y represor” y agregó la etiqueta #SOSCuba.

CIDH se pronuncia

Previamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció haber recibido informes sobre el uso de la fuerza y agresiones en Cuba y reclamó al Gobierno que respete el derecho a las protestas y que se avenga a la apertura democrática del país.

En varios mensajes en Twitter, la CIDH lamentó las “reacciones estigmatizantes por parte de altas autoridades contra personas que se manifiestan”.

Este domingo, miles de cubanos tomaron las calles para protestar contra el Gobierno al grito de “¡libertad!” en una jornada inédita que se saldó con cientos de detenidos y enfrentamientos después de que el presidente Díaz-Canel conminara a sus partidarios a salir a enfrentar a los manifestantes.

Las protestas, las más fuertes que han ocurrido en Cuba desde el llamado “maleconazo” de agosto de 1994, se producen con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad.

Unas imágenes de cientos de personas marchando en medio de gritos de “abajo la dictadura” y “patria y vida” por las calles del pueblo de San Antonio de los Baños, en Artemisa (oeste), prendieron la mecha en las redes sociales y dieron inicio a llamamientos a protestar en toda Cuba.

*Con información de EFE

Regiones de Venezuela salieron a protestar por reactivación productiva en el país

Aragua, Guárico, Vargas, Portuguesa y Carabobo salieron este viernes 25 de junio a protestar en las calles del país exigiendo reactivación productiva, mejoras salariales y para decirle al gobierno de Nicolás Maduro que ya basta de tener un cementerio de empresas.

Con actividades y manifestaciones de calle, los ciudadanos alzaron su voz en apoyo al Acuerdo de Salvación Nacional y en rechazo a las políticas de hambre impuestas por el chavismo. Sociedad civil, representantes gremiales, sindicatos, activistas políticos e integrantes del Frente Amplio Venezuela Libre realizaron pancartazos, recorridos y denuncias a favor de la salvación de Venezuela.

Desde Carabobo, Jhonny Magdaleno, secretario general de Fetracarabobo, indicó: «No puede ser que un gobierno que se hace llamar obrerista, de 5 mil empresas que había, ahora hay 2 mil, pero funcionan 600 nada más en un 20% de su capacidad. La Zona Industrial de Valencia es hoy un cementerio de empresas».

Por su parte, representantes del sector laboral de Vargas, hicieron entrega de un documento de denuncia ante la Inspectoría del Trabajo, con este oficio plantean la situación deplorable que vive el sector productivo de la entidad.

Los trabajadores exigen salarios y mejores condiciones para asistir a sus labores con total normalidad. Es importante destacar que los sindicalistas estuvieron acompañados por algunos dirigentes políticos del estado, quienes respaldaron esta denuncia.

Guárico y Portuguesa protestaron por vacunas para todos los venezolanos, asimismo precisaron que todo el sector productivo del país debe ser reactivado para la recuperación de Venezuela.

Protestan por un plan de vacunación masivo y mejoras en servicios públicos este #24Jun

Diversas protestas ciudadanas se registraron en algunos puntos de Caracas y Valencia para exigir un plan de vacunación organizado y masivo para la población, así como la mejora en servicios públicos, según reportó el diario TalCual. 

Vecinos de la parroquia Coche de Caracas realizaron una Asamblea de Ciudadanos para luego salir a la calle con consignas y pancartas que exigían a los representantes del gobierno nacional: “Vacunas primero para los médicos”, “Agua es Salud”, “El carnet de la patria no es una ficha médica”, “Necesitamos gas” y “Educación es la única solución”.

Por su parte, el movimiento estudiantil protagonizó dos protestas exprés: una en los alrededores del Palacio de Miraflores en Caracas y otra en la Plaza Bolívar de Valencia, en el marco de los actos conmemorativos por la Batalla de Carabobo que lleva a cabo el Gobierno Nacional.

Con información de TalCual

Iván Duque ordenó despliegue de militares tras noche de disturbios en Cali
A través de su cuenta de Twitter, el presidente anunció el despliegue de fuerzas militares como «asistencia» a la Policía Nacional de Cali

Iván Duque, presidente de Colombia, ordenó este viernes, 28 de mayo, el «máximo despliegue» de la fuerza militar para el departamento del Valle del Cauca y su capital, Cali, tras una nueva oleada de violencia durante el sexto «paro nacional» en el que murieron al menos tres personas.

A través de su cuenta de Twitter, Duque aseguró que empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en Cali. 

 

Un muerto y dos heridos  en Cali

La noche del viernes, 28 de mayo, se registraron disturbios en el sector Meléndez, al sur de Cali, (ciudad del departamento colombiano de Valle de Cauca) . En el hecho  que registró sobre la calle quinta con carrera 94, zona donde se habían apostado un grupo de manifestantes en medio de las protestas por el paro nacional,  falleció un joven indígena y otras dos personas resultaron heridas, reportó Blu Radio.

Según el medio colombiano, se escucharon disparos en el lugar de los  hechos, aunque no se pudo determinar de donde provenían. El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, identificó a la víctima como Sebastián Jacanamejoy del pueblo Inga.

De acuerdo con Blu Radio, al lugar de los hechos llegaron socorristas del del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali trataron de salvarle la vida al joven fallecido. Según este organismo, precisó que durante los disturbios una mujer recibió una impacto de bala en el glúteo y otro hombre en el pecho. Este último fue identificado por el senador caucano Feliciano Valencia como Isan Imbachi, indígena del pueblo Yanacona.

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