Alixon Pizani tenía 16 años y Frankie Nova tenía 24. El primero trabajaba en una panadería y el segundo era bartender. La noche del pasado martes 22 de enero murieron por impactos de balas de arma de fuego disparados por cuerpos de seguridad del Estado mientras manifestaban en contra de Nicolás Maduro
ELEONORA, LA ABUELA DE ALIXON PIZANI, VISTE DE NEGRO y deambula por su casa, en Catia, con un paño sobre su cara que utiliza para secar las lágrimas de sus ojos y esconder los gemidos. Esto ocurre a tempranas horas de la mañana del 23 de enero de 2019, fecha en la que la oposición, en respaldo a la Asamblea Nacional, convocó a la calle para exigir el cese de usurpación del poder de Nicolás Maduro y, en la que Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado de la República. Para ese llamado asistiría Alixon. Entre sus planes estaba llegar hasta la Plaza Juan Pablo II, en Chacao, donde se concentraron miles de caraqueños.
Alixon tenía 16 años. No conoció la democracia. Sus ansias de libertad lo motivó a protestar anticipadamente. El descontento de él y centenares de venezolanos hacia Nicolás Maduro se expresó en más de 30 zonas de la Gran Caracas, en especial, en sectores populares, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVC), antes del llamado opositor. Entre esas manifestaciones estaba Alixon. La noche del 22 de enero de 2019 caminó junto a un grupo de jóvenes, hacia la avenida Sucre de Catia, por la entrada de Cutira, a “pedir lo que todos queremos”, dijo para Crónica.Uno, uno de sus amigos que protestó a su lado.
Eleonora se encargó de la crianza de Alixon. Vivían juntos en la calle La Colina, Altavista, Catia, en el segundo piso de una casa cuyas paredes son color turquesa y dicen “no botar basura aquí”. La mamá de Alixon vive fuera de Caracas y su padre no se responsabilizó de él.
“Él siempre estaba pendiente de su abuela”, dice una vecina, Emilia Rangel. Alixon dejó el liceo y se dedicó a trabajar para ayudar en los gastos del hogar. En los últimos años colaboraba en una panadería ubicada por la avenida Sucre.
A las 9:00 pm iniciaron las protestas en Catia. Las personas que se resguardaron en casa, mostraron su apoyo con un cacerolazo masivo. “Era lo único que se escuchaba. Era apabullante”, cuenta una prima de Alixon. Pero el sonido de las ollas se opacó por el de las detonaciones. A las 10:00 pm efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llegaron hasta el lugar de la manifestación a dispersar con gases lacrimógenos y perdigones.
“No es secreto que ya nadie quiere a este Gobierno”, dice una tía de Alixon, recostada de una de las paredes turquesa. Emilia, la vecina, comenta que “no quiere más jóvenes muertos. Alixon Penzini recibió un impacto de bala de arma de fuego que le disparó un PNB. Así lo observó y denunció su amigo, quien prefirió resguardar su identidad, a Crónica.Uno. La bala atravesó el costado derecho de su espalda. “La GNB se encargó de asustar y reprimir, la PNB se encargó de matar”, aseveró. El joven se desangró en el lugar a las 10:30 pm. Sus amigos no aceptaban la muerte. Lo montaron en una moto y llevaron hasta el Hospital Periférico de Catia, pero ingresó sin signos vitales.
Hasta el mediodía del 23 de enero el joven permanecía en Hospital, ya que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) no había hecho un levantamiento de los hechos. Los primos, vecinos, amigos, tíos y la abuela, Eleonora, se encontraban en la casa. Seguían consternados y era tanta la negación que no tenían fuerza para iniciar los trámites de defunción y sepelio.
“Esa es nuestra lamentable realidad. Vas caminando y no sabes hasta dónde llegarás”, agregó la tía de Alixon. Sus ánimos de hablar eran pocos, al igual que los de la abuela. Tristeza y luto arropaba este hogar. Por él y otros caídos, se veían a los vecinos de Catia en la calle este 23 de enero de 2019. “Los hijos del pueblo son los que están matando. Ya basta”, exclamó Nancy.
En El Junquito también protestaron la noche del 22 enero. Frankie Nova, de 24 años, se sumó a la jornada. Era él quien siempre le decía a sus amigos que había que olvidarse del miedo, que eran los jóvenes los que debían exigir sus derechos. Su amigo Roberto es uno de los que temía cada vez que Frankie salía a la calle a manifestar.
“La vida es injusta. Él iba a todas las marchas. A las del 2014, 2017. Siempre nos repetía que quería un futuro mejor, un país con igualdad y un Gobierno que no reprimiera al que pensara distinto”. Pero el Estado reprimió. Frankie Nova recibió un disparo en la espalda que le perforó el corazón. Los responsables pertenecen a la GNB.
Frankie Nova era bartender. Vivía con sus padres y hermana en el kilómetro 11 de El Junquito, en la urbanización Panorama. Su amigo Roberto, dice, que esa noche del 22 no tenía planeado manifestar. Sus ánimos estaban centrados para el miércoles 23 de enero de 2019. “Él estaba muy entusiasmado. Muy esperanzado”, agrega. Al final, decidió sumarse a la jornada en el camino de regreso a su casa. “Él estaba en el kilómetro 13 visitando a su novia y luego se encontró con sus vecinos y decidió apoyarlos”, explica, Roberto, quien repite, “esto no es justo”. El cuerpo de Frankie permanecía en el Hospital Miguel Pérez Carreño en horas de la tarde.
Terror en medio de la esperanza
El OVCS, además de Alixon y Frankie, registró otra muerte en Distrito Capital la noche del pasado martes 22, también en Catia. Se trata de Stefany Jajoy, de 20 años. Además, informaron que la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado cobró otras 10 vidas en distintas ciudades del país durante la madrugada y jornada del 23 de enero.
En Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana, estado Bolívar, murieron cuatro personas en la madrugada mientras saqueaban distintos comercios de las ciudades. Por otro lado, en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, Alejandro Hernández, de 27 años y Efren Sandalio Castillo de 47 años, murieron a manos de la PNB durante las protestas.
En San Cristóbal, estado Táchira, murieron Wilmer Antonio Zambrano, de 28 años de edad, quien recibió un impacto de bala a nivel intercostal izquierdo y Edward José Marrero, de 21 años de edad, quien murió por un disparo de arma de fuego que le atravesó el tórax.
La décima víctima se trata de un estudiante de 19 años de la Universidad de Yacambú. Murió en Acarigua, estado Portuguesa, tras un impacto de bala en la región pectoral.
Por su parte, el Foro Penal informó la mañana de miércoles 23 de enero, que en las últimas 48 horas, al menos 43 personas habrían sido detenidas entre Caracas y Nueva Esparta, durante las protestas antigubernamentales. De ese total, cinco son menores de edad, aseveró el director de la institución, Alfredo Romero.
Asesinaron a una mujer durante manifestación en Catia
Stefany Maholy Jajoy Natera decidió salir a protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro en las inmediaciones de El Cuartel en Catia este martes 22 de enero en la noche.
Según la versión de sus familiares cerca de las 2 de la mañana una comisión de la Faes llegó al lugar y comenzó a disparar contra los manifestantes, Stefany corrió y unos metros después cayó al piso luego de recibir cuatro impactos de bala en la espalda.
Desconocen si Stefany de 20 años de edad falleció en la vía pública o en el Hospital Periférico de Catia, adonde fue trasladada posteriormente.
“Por allá ya tienen dos días protestando en las noches y eso ha estado feo”, dijo Yusmary Natera, madre de Stefany.
Jajoy Natera era bachiller y se dedicaba a la crianza de sus dos hijas. Además era la mayor de tres hermanos.
Este viernes 16 de agosto, vecinos de la avenida Baralt y la parroquia Altagracia se congregaron en las adyacencias del Palacio de Miraflores con el fin de protestar ante la falta de energía eléctrica en las zonas.
Con consignas y cacerolas, los habitantes de ambos sectores del municipio Libertador manifestaron su molestia ante los problemas que presenta el servicio eléctrico en lo que va de semana.
Sin embargo, al poco tiempo, efectivos de la Guardia Nacional (GN) se apersonaron en el sitio y reprimió la protesta.
El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Manuel Olivares, cuya gestión se ha centrado en denunciar la grave crisis de la salud en Venezuela, se exilió alegando una «persecución» del Gobierno contra su familia.
«Mi esposa, mi hijo de pocos meses de nacido, mi madre y mi hermano están siendo perseguidos (…) Ya no se limitan a perseguir al político», señaló Olivares en una carta difundida la noche del jueves, reseñó AFP.
«Me uniré momentáneamente a las voces que luchan desde afuera», añadió el también médico, sin precisar a qué país viajó.
Primero Justicia, el partido de Olivares, denunció el lunes pasado que existía una orden de captura contra la esposa del legislador, Jofreny González, acusada de tramitar desde una compañía de seguros la compra de vehículos de «procedencia ilegal».
«Nos tomó por sorpresa, por lo que no estamos preparados, ni política, ni económica, ni emocionalmente», expresó Olivares, quien vincula la acusación con las protestas por la falta de medicamentos y la huelga que empleados de hospitales públicos mantienen desde hace más de un mes en reclamo de mejores salarios.
La red pública hospitalaria venezolana enfrenta una escasez de insumos de 90%, según la Federación Médica, y la pérdida de personal por los bajos sueldos y la oleada migratoria provocada por la grave crisis socioeconómica, con una hiperinflación que el FMI proyecta en 1.000.000% para 2018.
A ello, se suma el desabastecimiento de medicinas, que llega a 85% según gremios, y prácticamente total en fármacos para males crónicos como insuficiencia renal, cáncer o VIH.
Un hermano de Olivares, Juan Carlos Sosa, estuvo preso por nueve meses. Fue liberado junto a otras 120 personas acusadas de «violencia política» durante un proceso de excarcelaciones, entre mayo y junio, que el presidente Nicolás Maduro definió como un gesto para la «reconciliación» tras protestas que dejaron unos 200 muertos entre 2014 y 2017.
La ONG Foro Penal sostiene que unos 250 venezolanos siguen encarcelados por «razones políticas».
Varios dirigentes opositores, como el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, y chavistas disidentes, como la exfiscal general Luisa Ortega, se encuentran fuera del país alegando ser víctimas de «persecución política».
El Frente Amplio Venezuela Libre llamó este viernes a todos los movimientos sociales y organizaciones políticas a acompañar las protestas ciudadanas y gremiales que se vienen desarrollando en el país suramericano desde hace más de un mes.
“Hacemos un llamado a todas las organizaciones, a todos los partidos a acompañar las luchas que desarrollan en este momento los trabajadores del país y en especial las enfermeras” que iniciaron hace más de un mes las protestas por mejores salarios, dijo la vocera del frente, Belsaí Yánez.
La también representante del partido Bandera Roja, uno de los que agrupa el frente, indicó en rueda de prensa que el llamado de acompañamiento es para expresar solidaridad sin quitarle protagonismo a “los liderazgos naturales que han venido emergiendo”.
Venezuela, el país con mayores reservas petroleras en el mundo, atraviesa una grave crisis económica que se traduce en escasez de alimentos básicos, medicinas, repuestos de maquinarias y vehículos y hasta dinero en efectivo, así como fallos en los servicios públicos.
Esta crisis ha ocasionado que en el último mes, miles de trabajadores dependientes del Estado demanden en las calles sustanciales mejoras salariales que les permitan hacer frente a la rampante inflación, que según el Parlamento, es de 2,8 % diaria.
En ese sentido, Yánez indicó que desde el frente acompañan “esas luchas” y pidieron a los líderes de estas protestas que les indiquen “el camino para articular” y “unificar todas las luchas y protestas que se vienen desarrollando por el salario digno, pero también por los servicios”.
El OVCS registró casi 2.500 protestas en 90 días Miguel Gutiérrez
Carlos D´Hoy
@carlos_dhoy
Al menos diez personas fueron asesinadas en protestas realizadas para exigir al Ejecutivo nacional el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en los tres primeros meses del año 2018, de acuerdo con el balance trimestral realizado por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
El Observatorio de Conflictividad registró 2.414 protestas durante los primeros 90 días del año, con un promedio de 26 protestas por día. En total hubo un incremento del 93% en comparación con el mismo período del año anterior cuando se registraron 1.254 manifestaciones.
El informe señala que el gobierno de Nicolás Maduro “continúa consolidando un sistema de represión en Venezuela, enmarcado en el Plan Cívico-Militar Zamora 200 que institucionaliza la actuación conjunta de fuerzas militares, milicianas y civiles armados en el control del orden público”.
Este sistema afectó la realización de protestas al extremo de que “en los primeros tres meses de 2018, 10 personas fueron asesinadas en el contexto de manifestaciones”.
Ocho de las 10 muertes ocurrieron durante protestas para exigir alimentos. Dos mujeres y un menor de edad se encuentran entre las víctimas mortales de la represión. Nueve de las víctimas murieron por heridas de bala y una al ser impactada por una piedra.
Familiares y testigos denunciaron a civiles armados de ser los responsables de al menos seis de las muertes, mientras que en las otras cuatro estarían implicados los organismos de seguridad del Estado.
Protestas por alimentos y servicios básicos
El trimestre se caracterizó por el aumento de las protestas por alimentos, medicinas y servicios básicos, tales como electricidad, gas y agua potable.
Del total de las protestas el 85%, 2094 ocurrieron en reclamo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, mientras que el restante 15%, o sea 320 fueron por exigir el respeto a derechos civiles y políticos.
Los estados con más acciones de calle fueron Lara con 282 protestas, Trujillo con 264 manifestaciones, Anzoátegui con 236 y Mérida con 210.
Al analizar las causas de las 2.414 protestas, 748 estuvieron vinculadas a la precariedad en los servicios públicos, a un ritmo de ocho protestas por día, lo que evidencia el acelerado deterioro de este sector y el impacto que han tenido en la población que salió a la calle.
La inseguridad alimentaria se convirtió en un motivo de quejas por parte de los venezolanos, quienes en 549 oportunidades manifestaron por fallas en el suministro de alimentos, particularmente en la distribución de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento Popular (CLAP).
Los conflictos laborales y el derecho a la salud también motivaron manifestaciones a en todo el país. En total se realizaron 708 protestas solicitando reivindicaciones laborales y 287 exigiendo medicamentos y tratamientos médicos, en otras palabras respeto al derecho humano a la salud.
Incremento de saqueos
El estudio además registra un incremento en los intentos de saqueos durante las protestas. Sólo en el mes de enero se produjeron 141 saqueos o intentos de saqueo, 642% más que el mismo mes del año anterior. El reporte recoge un total de 184 hechos de este tipo en el primer trimestre de 2018.
141 saqueos ocurrieron en enero de 2018 Cortesía
Esta situación se ve confirmada por los datos filtrados del Observatorio Venezolano de Seguridad, organismo del Ministerio de Interior Justicia y Paz, que señala que entre el primero de enero de 2018 y el 8 de abril se produjeron 299 “asaltos”. Es importante destacar que esta definición de «asalto» tiene un problema ya que hay un vacío sobre lo que quiere decir el ministerio con ella, sin embargo de acuerdo con la definición militar el “asalto”, consiste en la toma de un espacio geográfico, local o cuartel por parte de una fuerza, otra definición de asalto la vincula más con el robo o atraco, en este sentido se considera que la interpretación realizada por el Mijp está más relacionada con la toma de locales comerciales e instituciones, que con el robo.
Del total de los 299 de esos asaltos o saqueos reportados por el organismo gubernamental, 265 no pudieron ser abortados por las autoridades, 14 fueron conatos y además se registraron 20 casos de daños a instituciones, sean públicas o privadas que no culminaron en la toma y saqueo del establecimiento.
Una de las conclusiones que arroja el informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social es que para los manifestantes los saqueos son una forma de tener acceso a alimentos, también son una forma de retaliación ante la falta de respuesta oficial en la atención a sus reclamos por fallas en los servicios públicos.
LA CRISIS ALIMENTARIA Y HUMANITARIA que viven los venezolanos hizo del primer mes de este 2018 experimentar un incremento en la cantidad de protestas registradas. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 714 protestas en los 31 días del mes, un promedio de 24 protestas diarias.
Los principales motivos que llevaron a los ciudadanos a manifestar en las calles fue la falta de alimentos y medicinas. La modalidad fue la de cerrar calles en la mayoría de los casos, en protestas dispersas y espontáneas. El observatorio también detalla un repunte de saqueos e intentos de saqueos durante las protestas.
A comparación del 2017, el enero del 2018 tuvo un incremento de protestas de 86 %, asegura el OVCS en su último informe.
Persiste la crisis alimentaria en Venezuela
La inseguridad alimentaria en Venezuela, caracterizada por desabastecimiento, escasez y carestía de productos, se mantuvo en enero. De hecho, lideró el índice de movilizaciones y acciones de calle en el país. De las 714 protestas registradas, 287 tuvieron que ver con la crisis alimentaria. Esto representó un incremento de 199% con respecto a enero de 2017.
Llevando las cifras a un promedio diario se obtiene que ocurrieron 10 protestas diarias por alimentos. La cifra de enero 2018 supera al índice de registrado en igual mes en los últimos 3 años.
En enero se contabilizaron 141 saqueos o intentos de saqueo, es decir, 642% más que en igual mes del año pasado.
Se agudiza la crisis humanitaria
La crisis humanitaria se agudiza en Venezuela y se expresa permanentemente en las calles. Los ciudadanos están desesperados ante la imposibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, principalmente alimentación y salud. En enero, el OVCS observó que más personas buscan comida en las calles, en los desperdicios y bolsas de basura.
También documentó casos en zonas rurales donde pobladas invadieron fincas y descuartizaron ganados para obtener carne.
De forma atípica, enfermos y familiares bloquearon calles aledañas a los centros de salud para exigir medicamentos y equipos. Diariamente aumentan los reportes de personas fallecidas por falta de medicinas.
En enero se observó un incremento en el éxodo masivo de venezolanos por las fronteras terrestres, principalmente con Brasil y Colombia, situación que tiende a agravarse con el pasar de los días, ante la insatisfacción de necesidades básicas y desmejora de la calidad de vida.
Cientos de personas manifestaron este sábado, 20 de enero, en Parque Cristal (noreste de Caracas) para rechazar el operativo policial y militar que acabó con la vida del piloto rebelde Óscar Pérez y de seis de sus compañeros, quienes se encontraban refugiados en un chalet en El Junquito, al oeste de la capital venezolana, hasta el pasado 15 de enero, cuando fueron rodeados por las fuerzas de seguridad del Estado y cayeron muertos.
La convocatoria a la concentración, identificada con la etiqueta #VzlaRepudiaDictaduraAsesina, partió de Voluntad Popular y fue acatada por ciudadanos vestidos de blanco que, entre las 11:00 am y 1:00 pm, permanecieron en el sitio con consignas y banderas de Venezuela.
Los asistentes pidieron justicia ante los hechos, considerados como una masacre, y exigieron al Estado que asumiera su responsabilidad.
Luego de las 2:00 pm de este sábado, 20 de enero, los sonidos de perdigones y otras detonaciones se escucharon en la urbanización Colinas de Bello Monte, en Caracas, específicamente en las adyacencias del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), el punto final de una movilización espontánea que exigía la entrega del cadáver del piloto rebelde Óscar Pérez, quien murió junto a seis compañeros hace cinco días en un chalet de El Junquito, al oeste de la capital venezolana, a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.
Vecinos de la zona se acercaron en horas del mediodía hasta los piquetes que allí mantiene la Guardia Nacional con banderas de Venezuela y consignas, pero poco después de haber llegado comenzaron a escucharse los disparos. Hasta el momento en el que se redactó esta nota, no se habían registrado heridos en el suceso.
Alrededor de las 3:00 pm, manifestantes atacaron con piedras a los uniformados, mientras que dos vehículos intentaron romper el piquete a la fuerza.
#URGENTE– 3:00PM- Enfrentamientos entre sociedad civil y GNB antimotin para subir a la Morgue de Bello Monte en apoyo a Oscar Pérez y demás compañeros caídos #20Enepic.twitter.com/MHyf0XWriQ
La marcha hasta la morgue, cuyos alrededores fueron militarizados desde el pasado lunes, cuando arribaron los cadáveres de las víctimas, se llevó a cabo horas después de que se trasladaran al Cementerio del Este, sin la presencia de los familiares, los restos de Abraham Agostini Agostini y José Alejandro Díaz Pimentel, dos de las personas que cayeron con Pérez.
Para el momento de la movilización, parientes de Pérez habían comunicado que no sabían dónde estaba el cuerpo del piloto rebelde.
