Desde el 4 de mayo de 2017, en horas de la tarde, la vida de la familia Lugo Pérez nunca volvió a ser la misma. Todo se vino abajo cuando su hijo Hecder, de 20 años de edad, ingresó mortalmente herido –sin actividad cerebral– a la emergencia del Centro Médico Valle de San Diego, luego de que el joven cayera en el pavimento caliente durante una protesta en el sector Tulipán tras el impacto de un perdigón de plomo disparado por un Guardia Nacional.
“Yo estaba haciendo unos helados y recibí la llamada del amigo que lo fue a buscar temprano y me dijo: ‘Señora Daysi, a Hecder le dieron un tiro’. Yo me quería morir, quedé en shock y ni siquiera pude salir de la casa a buscarlo. La que salió fue mi hija. Yo no quería decirle a mi esposo porque él es diabético y está delicado, pero no aguanté y en medio de la desesperación tuve que hacerlo”, dijo la madre del joven.
Hecder es una de las 19 personas que murió en Carabobo durante las manifestaciones del año pasado. Este, por cierto, fue el quinto estado en donde sucedió la mayor cantidad de homicidios en medio del conflicto, después de Distrito Capital, Miranda, Lara y Táchira. El nombre del joven también está entre las 31 personas caídas por ataques de la Guardia Nacional contra quienes protestaban.
El muchacho pertenece a la franja que edad en la cual se registró la más alta cantidad de muertes: 83 personas (de un total de 158), entre los 18 y 30 años de edad, perdieron la vida en las protestas de 2017.
La muerte de Hecder Lugo, al igual que los casos de Fabián Urbina y David Vallenilla, causó una gran impresión en las redes sociales. Todo quedó registrado. Dirigentes políticos y estudiantiles y medios de comunicación hicieron eco de la noticia en minutos. Pero la justicia ha sido esquiva a su caso, así como al de más de 150 personas que cayeron durante las manifestaciones del año pasado.
Aquí están los Asesinó del Joven de 20a Hecder Lugo! Quien acaba de fallecer en el Estado Carabobo! Maduro Dictador pic.twitter.com/CY6LlVdgGP
“¡Que te puedo decir! La Fiscalía a nosotros no nos ha dicho nada. De hecho, el Fiscal 28º del estado Carabobo, que lleva el caso de mi hijo, se fue del país. Cuando estaba Luisa Ortega nos garantizaron que se haría justicia, pero con su salida todo quedó en el limbo”, declara desde su casa, ubicada en San Diego, Carabobo, Daysi Pérez, la madre de Hecder Lugo.
Una investigación de Runrun.es –hecha con datos recabados a través abogados, ONG, monitoreo de prensa y allegados de las víctimas– accedió a la información de 87 de los 158 procesos judiciales abiertos por los homicidios ocurridos en las protestas. Hasta marzo pasado, del total de los casos, sólo tres habían llegado a juicio. Otros 23, en los cuales ya había acusados, esperaban por la realización de la audiencia preliminar que había sido diferida en reiteradas ocasiones.
Día 34 de protesta. Aquel 4 de mayo de 2017, los estudiantes lideraban una marcha para exigir justicia por los jóvenes caídos. Un día antes había muerto en Caracas Armando Cañizales, el joven violista del Sistema de Orquestas que murió en manos de uniformados. En buena parte del país, las calles se habían llenado de gente bajo un lema: “ni un muerto más”.
Daniel Ascanio, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, hizo la convocatoria con el respaldo de más de 12 casas de estudio en todo el país. “Nuestros muertos tienen que dolernos, tienen que dejar de ser cifras y para todos tiene que ser un recordatorio de por qué estamos en las calles. Venezuela está en la calle y seguirá en la calle hasta lograr su libertad”, aseguró el dirigente estudiantil.
Valencia. Los estudiantes de la Universidad de Carabobo habían tomado el distribuidor El Trigal para que se impartiera una clase magistral abierta en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente. Otros recintos universitarios del estado se habían unido a la protesta y exigían respuesta al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y paz, Néstor Reverol, por los muertos, heridos y detenidos durante la represión que los cuerpos de seguridad habían ejercido en los últimos días.
Locales destrozados por saqueos en La Isabelica y Flor Amarillo hicieron que la urbe se sintiera en llamas. Los estudiantes repitían en el sector Tulipán el denominado “trancazo” y entre ellos se hbaía colado Hecder Lugo. Salió de su casa a protestar sin decirle palabra a su madre. Ella temía por su vida.
No era habitual verlo manifestar, pero ese día algo había impulsado a Hecder a ponerse en primera fila. Se escucharon detonaciones y un grito: “¡Malditos cobardes!… Hay un muerto. Vamos a recogerlo…”. Sus compañeros habían visto cuando un uniformado lo hirió en el abdomen y lo hizo caer. Luego, se acercó hasta donde estaba tendido y, poniendo su arma en la frente de Hecder, lo remató.
Los jóvenes trasladaron a Hecder a una clínica. Los médicos confirmaron heridas en el abdomen, además del tiro en la frente con orificio de entrada y salida. El muchacho luchó durante 15 horas por su vida.
Lamento informar el fallecimiento del joven Hecder Lugo Pérez. Dios lo reciba. pic.twitter.com/DQIMD8VW2f
El viernes 5 de mayo, los padres recibieron la noticia: Hecder murió y junto con él, ellos sintieron que también se les había ido la vida.
“Yo siempre le tenía las llaves escondidas para que no saliera. Cuando los amigos lo iban a buscar yo los corría y les decía: ‘No me vengan a buscar a Hecder que yo no quiero que esté en la calle con todos estos problemas’, pero ese día salió y no pude hacer nada”, afirma hoy Daysi Pérez.
El 6 de mayo, los padres del joven amanecieron aferrados al ataúd de su hijo que ahora reposa en el cementerio Jardines del Recuerdo, en Valencia. El Ministerio Público designó al Fiscal 34º nacional y el 28º del estado Carabobo para llevar el caso. Fue este último quien les confirmó a los familiares que los cartuchos del arma con que mataron al joven habían sido manipulados con materiales metálicos. La autopsia reveló presencia de metal en el cerebro.
“Cuando sale Luisa Ortega y entra Tarek William Saab nos pusieron unos abogados del gobierno, pero yo no quiero saber nada de este gobierno no quiero nada de ellos porque no sé con qué propósito lo hacen y ellos son los culpables de que mi hijo no esté vivo”, asegura la madre de Hecder.
Hasta el momento, los padres de Lugo no tienen conocimiento alguno de órdenes de detención, imputaciones o algún avance con respecto al caso de su hijo. Lo único que tienen claro es el dolor que día tras día sienten por esta pérdida:
“Hoy le estaba comentando a la hija mía que mi hijo me hace mucha falta. Que extraño mucho a mi hijo. Ya ha pasado un año y un mes y eso para mí es como si fuera hoy. Lo que hago es pedirle fortaleza a Dios para que se me pase esto y haya justicia, pero no es fácil” dice, en medio del llanto, Daisy Pérez, la mamá de Hecder Lugo.
“Aunque parezca que no va haber justicia, la esperanza sigue porque la verdad está ahí, la verdad de lo que pasó. Solamente hay que demostrarla legalmente como se tiene que hacer con los procedimientos. La verdad es que a Nelson lo mataron y eso tiene que aflorar”.
Yeraxi Arévalo cuenta que después de que su hermano, Nelson Daniel Arévalo Avendaño, de 22 años, murió en medio de una protesta en 2017, la vida de su familia dio un vuelco. En su casa hoy hay un padre que exige justicia, una madre que llora a su muchacho ausente y unos hermanos que no saben qué hacer tras haber perdido al más chiquito del hogar. Ninguno ha podido asimilar la forma en la que cayó el joven aquel 16 de junio en la avenida Hernán Garmendia del este de Barquisimeto, estado Lara, cuando participaba en una manifestación junto a sus compañeros de “La Resistencia” y fue impactado en el cuello por un objeto que todavía hoy se desconoce. Pero tienen fe en que el caso será esclarecido tarde o temprano. Y tienen, además, una certeza: “a Nelson lo mataron”.
Nelson –a quien habían apodado “Dominic” en “La Resistencia”– se convirtió en la décima persona que cayó en Lara en el contexto de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro durante el 2017. Pertenece al grupo de 38 estudiantes que murieron en ese período en todo el país. En aquellos días cursaba el primer año de Derecho en la Universidad Fermín Toro (UFT) de Barquisimeto, luego de haberse mudado, meses antes, del pueblo agrícola en donde todavía reside su familia: Guárico, al suroeste de la entidad.
Sus parientes lo describen como un muchacho que quería un mejor futuro. Deseaba cambiar el país porque, para él, se caía a pedazos. A pesar de saber que en las manifestaciones antigobierno cada vez morían más personas y de que su madre había intentado persuadirlo para que dejara las calles, él le aseguraba a los suyos que era por ellos que salía a protestar, así como por quienes estaban sin medicina, o no tenían cómo comprar comida. No era la primera vez que marchaba. En 2014 también asistió a las manifestaciones y, cuando lo mataron, ya tenía dos meses frecuentando Las Trinitarias, uno de los puntos de concentración habituales de las protestas, la zona donde murió y donde se ubica su alma mater.
Yeraxi, la hermana de Nelson, reprocha que un año después del suceso no hayan tenido una respuesta sobre el caso. Afirma que su padre ha ido constantemente al Ministerio Público, donde pasa horas sentado mientras espera que lo atiendan. Siempre vuelve a su casa sin novedad alguna. Su madre, en medio del dolor, entendió que no podía quedarse encerrada llorando al muchacho. Por eso se le ha visto varias veces en ruedas de prensa y eventos públicos para recordar lo que le pasó a su hijo.
Pese a que la Comisión de la Verdad, instalada por la asamblea nacional constituyente (ANC) se comunicó con la familia de Nelson en dos o tres ocasiones –vía telefónica– con el fin de “buscar la verdad”, los padres desconfiaron de la oferta por considerar que la institución no era imparcial. Asegura Yeraxi que desde allí nunca se han acelerado los procesos judiciales, ni tampoco se ha ejercido presión para que los organismos encargados de la investigación cumplan con su trabajo.
Cae en manifestación
Dominic, como era conocido entre los manifestantes, cayó a las 3:30 pm del viernes 16 de junio del 2017 en la avenida Hernán Garmendia, en las adyacencias del Saime de El Ujano, en la zona este de Barquisimeto. Una herida en el lado izquierdo del cuello lo había derrumbado. Era un orificio de gran dimensión y lo que lo impactó le salió por la parte de atrás de la clavícula del lado derecho.
Los miembros de la auto denominada “Resistencia de Las Trinitarias”, quienes no quisieron revelar sus identidades porque se sentían perseguidos, declararon ese día que al momento del suceso Dominic tan solo cargaba consigo una bandera de Venezuela que quedó impregnada con su sangre, un guante y un escudo que tenía la imagen de Neomar Lander. Relataron que entre 35 y 40 jóvenes se enfrentaban a funcionarios de la Guardia Nacional, mientras que estos se resguardaban en la sede del Saime y desde allí le disparaban. “Lo que sonaban eran balas”, detallaron los de la Resistencia. Nelson Daniel se había separado de la línea que habían formado los “escuderos” y, al asomarse, los militares dispararon.
Al verlo caer y soltar su escudo, sus compañeros lo agarraron y lo arrastraron a unos 20 metros del lugar. Un médico lo vio en el terreno, pero la lesión era grave y dio la orden de sacarlo a un centro asistencial. Los jóvenes detuvieron un vehículo que transitaba por la zona y este los trasladó hasta la clínica Razzeti, ubicada en el centro de Barquisimeto. Los médicos de guardia recibieron al paciente, pero no pudieron hacer nada. Había llegado sin signos vitales.
Yeraxi estaba trabajando cuando todo pasó. Era la única de la familia que se encontraba en Barquisimeto. La joven recibió una llamada de su madre quien le dijo que a Nelson le había pasado algo y que otro de sus hermanos, a través de la red social Twitter, vio que estaba herido. La madre no hacía más que llorar.
La hermana de Nelson comenzó a buscarlo. Cuando llegó a la clínica no reconoció a nadie, pero se enteró que el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, había tuiteado que la muerte de Nelson Daniel ocurrió por la manipulación de un mortero que le había explotado encima. Sin embargo, personal de la clínica le dijo que se trataba de una herida por arma de fuego.
Cuando Yeraxi vio el cadáver de Nelson, lo primero que observó fue sus manos sin quemadura alguna. La dimensión de la herida era menor a la que se había visto en una fotografía divulgada por redes sociales y, aparentemente, el tamaño había sido un efecto de la cercanía.
En medio de las versiones sobre el homicidio, los miembros de la Resistencia mostraron una fotografía donde estaba la bandera llena de sangre y el escudo, pero sobre ella aparecía un mortero que otros jóvenes después confesaron que Dominic sí cargaba, pues él era el encargado de esa tarea.
Al llegar al lugar del suceso, funcionarios del Eje de Homicidios del Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Lara, trataron de hablar con algunos testigos pero estos no dieron la cara. Tan solo colectaron el mortero que llevaba Dominic, unos guantes y otras evidencias de interés criminalístico.
“Como familia hemos indagado y los muchachos me dicen que el disparo vino del Saime”, dice Yarexi, quien además asegura que cuando acudió a la sede del Cicpc, el mismo día de la muerte de su hermano, se sintió incómoda. En lugar de atenderla para que denunciara el homicidio, sintió que a ella la investigaban por el acontecimiento.
Controversia en el caso
Para la hermana de Nelson Daniel, las afirmaciones de Reverol sobre el mortero provocaron una estela de hermetismo sobre el caso.
El día de los hechos, los funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc solo le hicieron una inspección ocular al cadáver del joven.
Según el registro de ingresos del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, el cuerpo fue trasladado a la morgue a las 6:00 pm de ese 16 de junio y celosamente fue cubierto, pues se acordó que no se le practicaría la autopsia.
La mañana del sábado 17 de junio, amaneció la morgue tomada por funcionarios del Ministerio Público y del Cicpc. Se designó a Luz Marina Araujo, fiscal 6ta con competencia en delitos comunes, para la investigación. Posteriormente se sumó al caso Carlos Muñoz, fiscal 21 con competencia en Derechos Fundamentales, además de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos del Ministerio Público que haría la autopsia.
A las 11:41 am del sábado 17 de junio, todo los expertos y funcionarios ingresaron a la morgue para comenzar con el examen médico legal que tardó más de tres horas. Se le tomaron muestras para hacer pruebas toxicológicas, en su hombro tenía rastros de quemaduras, pero en sus manos no. Detallaron algunas esquirlas de piedras en el cuello y rostro, así como quemaduras. En la herida, que era irregular, consiguieron rastros de pólvora, así como de tela, las cuales fueron colectadas para determinar si eran parte de su vestimenta.
Una fuente ligada al Ministerio Público dijo en ese momento que era bastante difícil indicar qué había causado la herida. “Necesitamos el resultado de todos los estudios para blindar la investigación y detallar las verdaderas causas de la muerte”.
A las 4:30 pm, el cuerpo de Dominic ya estaba listo para ser entregado a sus familiares, pero eso no ocurrió. Cuando preguntaban por él, no había respuesta. La situación los angustió y los allegados rumoraban que había intenciones de cambiar el informe forense.
Otra situación inquietó a quienes estaban en la morgue: el fiscal 21 fue sacado de la investigación y la fiscal 6ta quedó al frente del caso. Tres horas y media después de haber finalizado, el cadáver fue dado a los parientes para que lo sepultaran.
Yarexi, todavía hoy, no entiende cómo Reverol declaró sobre la muerte de su hermano sin tener pruebas y sin que los funcionarios hubieran visto el cuerpo de la víctima. “Si ese es el mismo Estado que va a buscar la verdad, que va a hacer justicia, que me va a garantizar las investigaciones, es difícil creerles. Pero eso no quiere decir que no sigamos buscando porque la justicia es un derecho, no un deber”, sentenció.
Un arma de fuego
El domingo 18 de junio, mientras era velado en la funeraria Metropolitana de Barquisimeto, se filtró el acta de defunción de Nelson Daniel, en la cual se indicaba que había presentado un “traumatismo raquimedular severo” y que tenía una herida por disparo de arma de fuego. También se apuntaba que tenía un “blasting pulmonar”.
Sin embargo, una fuente ligada al cuerpo detectivesco agregó que la hipótesis que se maneja dentro de la institución es similar: “traumatismo raquimedular severo y blasting pulmonar ocasionado por onda expansiva”. En sus expedientes, aparentemente, no figura la herida por arma de fuego. Los policías aseguran que la muerte fue por la explosión de un mortero y explican que dicho artefacto, al utilizar pólvora, se convierte en un arma de fuego. Por eso figura ese término en el acta de defunción.
Los detectives ligados al caso advierten que no puede haber detenidos, ni siquiera los compañeros que estaban con él, porque se trató de un accidente. Sin embargo, desde el Ministerio Público no existió una versión oficial y el caso se engavetó.
El fiscal 21 fue sacado de la investigación porque supuestamente se comprobó que no habían funcionarios involucrados. Desde la Fiscalía 6ta todo quedó en silencio, no se hicieron más diligencias al respecto.
Sin embargo, la familia de Nelson Daniel no cree en la versión oficial. Para ellos, alguien lo mató y por eso insistirán en buscar la verdad. Mientras tanto, recuerdan al muchacho cada día y lamentan que la tradicional foto familiar haya quedado incompleta en la Navidad pasada. La tristeza les quitó el ánimo para poner los adornos y el arbolito.
EL 1 DE ABRIL DE 2017 INICIÓ UNA OLEADA DE PROTESTAS en Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera dos sentencias que dejaron sin poderes a la Asamblea Nacional y otorgaron nuevas licencias a la máxima corte y al presidente Nicolás Maduro. La acción, que constituyó un golpe de Estado según los expertos, propició una serie de manifestaciones para exigir la liberación de todos los presos políticos, la apertura del canal humanitario, un cronograma electoral para realizar los comicios vencidos y el restablecimiento de los poderes del Parlamento.
Pero con el conflicto llegó la muerte. La acción represiva de los cuerpos de seguridad del Estado, la participación de los paramilitares o colectivos armados y los episodios de violencia registrados en medio de las movilizaciones, trajeron consigo una serie de homicidios.
Runrun.es comenzó a llevar un registro de las personas que murieron desde el 6 de abril de 2017, cuando se reportó la primera víctima, hasta el 12 de febrero de 2018, cuando falleció en Mérida uno de los jóvenes heridos en estos hechos. En total, fueron 158 caídos.
Este especial muestra toda la información recopilada sobre cada uno de los muertos y la situación de impunidad en la que está cada caso cuando se cumple un año de haberse iniciado el período de protestas. Además, presenta un balance sobre lo que sucedió en las calles en esos cuatro meses; los personajes que protagonizaron las movilizaciones y aquellos que intentaron contenerlas a través de las armas, y la lectura sobre lo que los días por venir que hacen la sociedad civil organizada y los políticos jóvenes que estuvieron más activos en esas jornadas de lacrimógenas, detonaciones, terror y más de un centenar de víctimas fatales.
Haz clic en este enlace o en la imagen siguiente para acceder al especial.
Neomar Lander fue uno de los 20 menores de edad asesinados en todo el país durante las protestas de 2017 y a un año de su muerte aún no hay ningún responsable detenido
Su caso es uno de los sometidos al examen preliminar ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional
@LuisiSolano
CAMISA BLANCA, UN SHORT CON ESTAMPADO MILITAR, zapatos deportivos y su equipo para las manifestaciones: casco blanco con la palabra “calle” impreso en letras negras, máscara antigas, un guante y un chaleco casero hecho con alfombra de carro donde se leía “Yo soy libertador”. Así vestía Neomar Alejandro Lander Armas el día que murió: miércoles 7 de junio de 2017. Era el mismo joven de 17 años recordado por la frase “la lucha de pocos vale por el futuro de todos”. Aquella tarde estaba en la avenida Francisco de Miranda, justo en el túnel que conecta al municipio Chacao de Miranda con Libertador del Distrito Capital, participando en una de las cientos de protestas antigobierno del año pasado, cuando cayó en el asfalto por un impacto en el pecho.
Neomar fue el décimo de 20 menores de edad asesinados durante estas manifestaciones, de acuerdo al especial de Runrun.es “Memorias de calle, furia e impunidad”. Esta misma base de datos refleja que Lander también fue una de las cinco personas que murieron en Chacao.
El adolescente, residente de Guarenas, fue identificado por familiares, compañeros, periodistas y fotógrafos como uno de los jóvenes de la Resistencia, uno de los que siempre estaba entre los manifestantes y los cuerpos de seguridad del Estado. La marcha convocada hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE), después de 68 días casi ininterrumpidos de protestas, no fue la excepción.
“La represión ese día empezó enseguida. No caminamos dos, tres cuadras porque cuando llegamos a Chacaito ya estaba la represión fuerte”, relata a Runrun.es la madre de Neomar, Zugeimar Armas. Por ello, agrega, los manifestantes regresaban a Altamira o agarraban vías alternas. Sin embargo, ella se dio cuenta cuando su hijo tomó hacia Las Mercedes y decidió seguirlo. “Ese fue el último momento en que lo vi”.
Zugeimar y el grupo con el que siempre subía a Caracas para participar en las protestas decidieron pasar el resto de la jornada en Las Mercedes. Cuando estaban por irse, se consiguió a uno de los compañeros de Neomar, quien le dijo que no lo había visto desde un altercado con una tanqueta en la Autopista Francisco Fajardo ya entrada la tarde. Ella insistió en esperarlo.
La madre marcó dos veces al celular de Neomar, pero no contestó. Pasadas las 4:30 p.m, diputados ya informaban de la muerte del joven y las redes sociales se llenaban de fotos y videos suyas.
– “No”
– “Pero no qué, ¿qué pasó?”
– “Neomar”
– “¿Neomar qué?”
– “No, Zugeimar”
Esa fue la respuesta que pudo darle su compadre a Zugeimar cuando ella lo vio llorando en uno de los bancos del Centro Venezolano Americano (CVA) y le preguntó qué le ocurría. Todavía sin entender, sonó el teléfono del compadre. Ella se lo arrebató de la mano y escuchó la voz de una joven que le explicó que por las redes sociales se informaba de la muerte de uno de los escuderos con las características de su hijo.
Armas agarró a su sobrino por un brazo, quien la acompañaba ese día, y emprendió camino hacia Chacaito. Caminó unas cuadras y, todavía conmocionada, un motorizado la detuvo y le preguntó hacia dónde iba. Ella le respondió que iba a Salud Chacao –donde solían llevar a los manifestantes heridos- porque a su hijo le había pasado algo. Él respondió que la trasladaría a Clínica Ávila porque el muchacho se encontraba allí. Días después se enteró que ese era el mismo motorizado que llevó a su hijo al centro de salud.
“Chacao era una bola de humo blanco. Se escuchaban gritos. Eran escombros, piedras, botellas”, comenta. Cuando la madre de Neomar logró llegar a la clínica, una médico le confirmó que su hijo había llegado sin signos vitales.
Zugeimar se tardó en identificar el cuerpo de su muchacho. No fue hasta que un abogado y una amiga de la familia hablaron con los médicos que pudo pasar a verlo. En la morgue de la clínica había funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y del Ministerio Público, por lo que optó por solo dale un beso, un abrazo, la bendición y salir.
A ella y su sobrino les tocó testificar en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). A su esposo, Neomar, esperar la autopsia en Bello Monte. Él se había enterado de la muerte de su hijo por el Twitter de Dolartoday. Hacia el final de la tarde, ya el resto de su familia sabía lo que le había ocurrido al joven, incluyendo a la menor de los Lander Armas, Paola.
Desde un principio hubo controversia y contradicciones sobre qué le causó la muerte de Neomar Lander.
Al poco tiempo de darse a conocer lo sucedido, versiones oficiales indicaron que el adolescente había fallecido al tratar de activar un explosivo casero.
“Lander Armas Neomar Alejandro (17) acaba de fallecer producto de una explosión de arma de fabricación artesanal (MORTERO) que manipulaba”, tuiteó la cuenta oficial del Ministerio de Interior, Justicia y Paz a las 4:58 p.m. de este día.
Respaldando esta versión, Tarek William Saab, en ese momento Defensor del Pueblo, aseguró ese misma noche en su cuenta en Twitter que las “experticias médicas forenses revelan que la terrible muerte de Neomar Lander no fue por un disparo de bomba lacrimógena”.
El joven “presentó fractura de las costillas 4ta y 5ta, explosión de pulmón izquierdo con derrame hemorrágico interno y quemadura de antebrazo por un explosivo de fabricación artesanal”, indicó Saab.
Sin embargo, políticos opositores rechazaron esta versión y criticaron que se hablara de la causa de muerte sin haber realizado las pruebas pertinentes.
Un trabajo especial realizado por la Unidad de Investigación de Runrun.es reconstruyó el momento de la muerte de Lander a través de los videos captados desde un edificio cercano y relatos de algunos testigos. Se pudo conocer que momentos antes de que cayera, Neomar lanzó un fuego artificial que explotó en el aire cerca del piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Un funcionario de ese cuerpo salió de su formación apuntando su escopeta modelo M79 hacia el túnel donde él se encontraba. Inmediatamente se escuchó otra detonación y se observó un destello y humo hacia donde estaba Neomar. Luego apareció el cuerpo del joven tendido en el asfalto boca abajo. Compañeros de “La Resistencia” lo recogieron para buscar atención médica.
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Patólogos, bomberos, funcionarios del Cicpc, expertos de la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ) y abogados que analizaron el video y pruebas consultados para la realización de ese trabajo, no dudaron en descartar la versión oficial. Concluyeron que la muerte de Lander había sido ocasionada por un objeto contundente o proyectil disparado a corta distancia, más probablemente la bomba lacrimógena del arma del PNB.
Neomar fue uno de los tres manifestantes, todos menores de 25 años, que presuntamente fueron asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho durante las manifestaciones de abril a julio de 2017. De estas víctimas, el Ministerio Público, todavía bajo la dirección de Luisa Ortega Díaz, solo reconoció esta causa de muerte en uno: Juan Pablo Pernalete.
El único “acusado”
Además de su versión de lo ocurrido, el gobierno también señaló en principio a un presunto responsable: el diputado Miguel Pizarro.
Un día después de los hechos, el vicepresidente Tarek El Aissami aseguró en una rueda de prensa: el parlamentario “es el asesino que invocó la muerte de este joven venezolano (…) Todavía corría la sangre de Neomar Lander, cuando ya Miguel Pizarro estaba pretendiendo manipular”, añadió.
El Aissami se refería a las declaraciones ofrecidas por Pizarro momentos después de que vio cómo intentaban reanimar a Lander. En la avenida Libertador, frente a un grupo de periodistas y entre lágrimas, el militante de Primero Justicia aseguró que había que continuar.
“Este país lo tenemos que cambiar. Para que no siga pasando esto, este país lo tenemos que cambiar. Para que no nos sigan matando, este país lo tenemos que cambiar. Para que no sigan creyendo que la impunidad les va durar toda la vida, este país lo tenemos que cambiar”, expresó Pizarro aquel 7 de junio.
El diputado concuerda con la mamá de Neomar al señalar que aquella “fue una jornada de demasiada violencia por parte de la policía. Fue un día de saña”. Relata que estaba a unos 100 metros de donde se escuchó la detonación. Cuando se dió cuenta, vió a Neomar, ya herido, a punto de caerse de la moto, por lo que salió a ayudarlo y abrirle camino para que lo pudieran auxiliar. De ese momento, también recuerda la reacción y los gritos de los compañeros de Neomar al verle la herida.
De los señalamientos por parte del gobierno, asegura que lo que intentaban era desviar de lo que realmente ocurrió, no solo por la denuncia que hizo, sino por su llamado a la sensatez. “Uno jamás usaría la vida de nadie como herramienta de acción política”.
Afirma que no conocía personalmente a Neomar, pero que había hablado con él y otros compañeros en un par de ocasiones “por el ímpetu que tenían en las movilizaciones”.
Confiesa que era la primera vez que le tocaba pasar por una situación así y que no estaba preparado para afrontar la muerte y la violencia política.
“Yo soy otro después de ese día. Y no solo de ese día, después de todo ese proceso”, añade.
Pizarro comenta que si bien estos días son duros para él, considera que la experiencia le dejó un sentido mucho más profundo de la responsabilidad y una nueva familia, haciendo referencia a los Lander Armas, con quienes conversa y suele acompañar. “Estoy seguro que nada ha sido en vano”.
A un año de su muerte, el caso de Neomar se encuentra en la primera etapa del proceso penal: la fase preparatoria, donde se investiga y recaba evidencia. Están encargados desde un principios los fiscales 78º y 98º del Ministerio Público, Amis Mendoza y Renny Amundarain.
El representante legal de los Lander Armas, el abogado Juan Carlos Gutiérrez, explicó que hasta la fecha se han practicado varias experticias, entre ellas las pruebas químicas, cuyos resultados están en el expediente, y otras aún están pendiente por practicarse.
Actualmente, agrega, están pidiendo otras diligencias de investigación que permitan certificar la verdad de lo ocurrido y adelantó que existen más de 10 testigos del crimen cometido en contra del joven.
Sobre la actuación y afirmaciones de altos funcionarios sobre el caso en esta fase del proceso, asegura que el hecho per se “configura un grave vicio procesal”. Espera que todo esto «no afecte en la búsqueda de la verdad”. Además, denuncia que han constatado irregularidades en el manejo de las evidencias criminalística, lo cual pudiese afectar la validez de varios peritajes.
“No puede haber impunidad en este caso”, sentencia Gutiérrez y agrega que los principales organismos internacionales de DDHH están alertas de la decisión que emita el Ministerio Público. Al respecto, revela que el caso de Lander fue uno de los presentados ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y está expresamente incluido en el examen preliminar acordado por la fiscalFatou Bensouda en febrero de este año.
Al ser tratado como una ejecución extrajudicial, el delito es imprescriptible, por lo que el abogado señala que lo fundamental es la realización de una investigación “imparcial, técnica, seria e inobjetable.”
De los 158 casos de víctimas registrados por Runrun.es durante las protestas, al menos 60 están en su etapa inicial de investigación y otros 23, que ya tienen presuntos victimarios acusados, esperan por la decisión de una audiencia preliminar.
Al recordar a su hijo, Zugeimar sonríe y asegura que no era perfecto, pero que era un joven con futuro. Hiperactivo pero de buen humor y muy cercano a su hermana menor. “Era la alegría de la casa”.
Neomar se graduó de bachiller a los 16 años. Al ser tan joven, comenta su mamá, estaba buscando opciones. Uno de los vecinos más cercanos al adolescente se mudó a España y le propuso que hiciera un curso de bartender para luego recibirlo cuando cumpliese la mayoría de edad. Tenía un mes de haber terminado ese entrenamiento cuando lo asesinaron y faltaban cuatro meses para que cumpliera 18 años.
A pesar de haber tomado la decisión de emigrar, el joven afirmaba que no se quería ir del país. Después de haber acompañado una vez su familia a una convocatoria de la oposición, decidió seguir participando y estar en primera fila. El lente de un periodista llegó a captar a este escudero, en ese momento desconocido, explicando por qué hacía lo que hacía.
“Yo solo tengo 17 años, yo no estoy estudiando ahorita porque yo sinceramente me voy del país por cuestión de mi futuro, pero yo realmente no me quiero ir de Venezuela, este es mi país, yo nací aquí y estoy luchando por él”, expresó el joven en su momento.
Zugeimar asegura que este tiempo ha sido “fatal” para su familia, sobre todo para Paola. A pesar de su corta edad y lo apegada que era con su hermano “ha sido bastante madura”, señala la madre.
“Como estamos metidos en esto, no ha habido tiempo para el duelo”, agrega y asegura ha sentido el verdadero cariño de la gente cuando llega a algún sitio y le quieren abrazar sin conocerla.
Con respecto a su activismo, explica que todo se ha ido dando y que mientras pueda seguirá pidiendo que la muerte de su hijo se aclare. “Cómo yo voy a dejar de estar en las calles, si precisamente yo estaba en las calles cuando Neomar murió”.
“La mejor manera de honrar a los caídos es continuar con la lucha. Para que sus muertes no sean en vano, no depende ni de la oposición ni del gobierno. Para que sus muertes no sean en vano, depende de cada uno de los venezolanos y las decisiones que tomemos”, dice Zugeimar.
Del caso del quemado de Altamira mucho se rumoró en medios de comunicación y redes sociales. En ese momento muchos afirmaron que estaba robando, otros que gritó en medio de una manifestación de oposición que era chavista, versiones que más tarde fueron desmentidas por el Ministerio Público. Lo único cierto para la familia de Orlando Figuera es que a un año de la muerte no se ha hecho justicia y los responsables siguen en libertad
“CUANDO ME AVISARON QUE LO HABÍAN GOLPEADO, apuñalado y quemado vivo, no recuerdo qué me puse, pero agarré mi cartera, unas sábanas y salí corriendo para poder agarrar el último ferrocarril que sale en la noche. Cuando llegué a El Llanito, a eso de la una de la madrugada, nadie sabía decirme si Orlando estaba ahí”.
No fue sino hasta las seis de la mañana de aquel 21 de mayo de 2017 cuando Inés Esparragoza –madre del joven de 21 años que fue linchado durante las protestas de 2017 en Altamira, municipio Chacao del estado Miranda– encontró a su hijo en la sala de traumatología del hospital Dr. Domingo Luciani con tres heridas por arma blanca y quemaduras de primer y segundo grado en más de 80 % de su cuerpo. De esa situación, nunca se recuperó.
El muchacho fue una de las dos víctimas que cayó en las manifestaciones del año pasado tras haber sido quemado por quienes protestaban. El otro caso se registró en Lechería, estado Anzoátegui, cuando jóvenes que habían hecho una barricada derribaron de su moto con la explosión de un mortero a un hombre que presuntamente era miembro de un colectivo que los amedrentaba: Héctor Alejandro Anuel Moreno, de 35 años. Cuando ya estaba en el suelo le prendieron fuego.
El 20 de mayo de 2017, Orlando había salido temprano a trabajar y vestía jeans y una franela vinotinto. Le había dicho a su madre, antes de irse de su casa en Cúa, que se iba a quedar a dormir donde un tío en Petare para no tener que devolverse a los Valles del Tuy y lidiar con los cierres de calle que a diario se hacían en Caracas.
“Mi hijo laboraba en un supermercado en Las Mercedes (Baruta, Miranda). Cuando salió del trabajo por los problemas de transporte que había por las guarimbas, él tomó un atajo que lo condujo al CCCT y de allí se fue caminando hasta Altamira, en donde vivió la peor tragedia que le puede pasar a un ser humano”.
Era sábado en la tarde. La oposición, bajo el lema “somos millones” y a propósito de cumplirse 50 días de las protestas, convocó una concentración en Caracas que tendría como destino final la Autopista Francisco Fajardo. A la convocatoria asistió Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda en ese momento, quien invitó a los manifestantes a seguir marchando hasta llegar al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz para exigirle a su titular, Néstor Reverol, el cese de la represión. El llamado fue acatado por unos e ignorado por otros.
Hubo un grupo que se quedó en las adyacencias de la plaza Altamira, sitio recurrente de los jóvenes de la Resistencia quienes solían encarar en ese lugar, durante horas, a las fuerzas de seguridad. Los ánimos de cientos de muchachos estaban caldeados debido a que la manifestación había sido atacada con lacrimógenas y perdigonazos. En medio de la multitud se desató la ola de violencia. Varios acusaban a un hombre de haber robado a una señora. Al atraparlo, lo desnudaron, golpearon, hirieron e incendiaron.
Ese hombre era Orlando. En los videos que circularon sobre los hechos, se ve cómo una multitud lo rodea mientras está en el suelo y lo golpea con puños y patadas. Instantes después, una persona enciende un yesquero sobre su cuerpo y una llamarada lo cubre entero. Sus captores se alejan. Él corre varios metros sin lograr extinguirse.
Otros videos muestran a la víctima ensangrentada, caminando para pedir auxilio. Varios jóvenes de la Resistencia lo protegen de cualquier otra agresión. A una cuadra de los hechos, una camioneta pick up se lo lleva de la escena.
Color político
Orlando, según su madre, era un muchacho tranquilo, cariñoso y preocupado por su familia. Entre risas dijo que era muy miedoso como para meterse en problemas. Su caso rápidamente tomó un tinte político y los líderes del gobierno de Nicolás Maduro reaccionaron. Indicaron que todo había sucedido porque alguien había gritado que él, la víctima, era chavista.
“Quemar viva a una persona porque es chavista es un delito grave, atacar a una persona en la calle y agredir por sus ideas políticas es una de las cosas más horribles que ha hecho la MUD, Julio Borges”, sentenció Maduro el 21 de mayo de 2017.
Ernesto Villegas, entonces ministro de Información y Comunicación, calificó el hecho como un “sicariato contra chavistas” e informó que había recibido la orden directa de Maduro de atender los casos de violencia política, pero en particular el de Orlando.
Así llegó a hospital el hoy occiso Orlando Figuera tras agresión de manifestantes q prensa internacional insiste en pintar como "pacíficos" pic.twitter.com/VKm9VnnD28
— Ernesto Villegas P. (@VillegasPoljak) June 4, 2017
El joven Figuera fue víctima del odio racial y político promovido por la élite opositora y oligarca. Venezuela no merece esta clase criminal
Para Inés, las agresiones en contra de Orlando sí se debieron a motivos políticos. “Mi hijo dijo que sí era chavista y que no le importaba y solo por eso y por ser negro le hicieron todo eso”, asegura.
Según la versión del Ministerio Público, para ese momento a cargo de Luisa Ortega Díaz, Orlando se encontró en Altamira con un hombre con quien había tenido un altercado y que le había herido con arma blanca por una plaza de trabajo en Parque Miranda. Al verlo, el victimario inmediatamente se le abalanzó, lo agredió con un arma blanca y comenzó a gritar a los manifestantes que estaban cerca “este estaba robando”, para que la multitud lo agrediera. En ese momento recibió varias lesiones con armas blancas y una persona le roció gasolina y lo prendió en fuego.
La ola de críticas del gobierno en contra del Ministerio Público por el caso de Orlando, llevó a que el fiscal 48 Dixon Zerpa, enviara un oficio al director del Hospital Domingo Luciani, Alexis Parra, para exigir que ayudaran el joven.
La madre de Orlando afirmó que aunque recibió mucha ayuda por parte del gobierno, los médicos del Domingo Luciani no atendieron bien al joven. “A mi hijo nunca le hicieron una cura. De los 15 días que estuvo hospitalizado, solo uno le limpiaron las quemaduras y fue el día anterior a su muerte, él ya olía mal”.
Son varias las versiones que existen sobre la causa de la muerte de Orlando. Un médico del hospital le informó a Inés que a su hijo, antes de fallecer, lo habían entubado porque había sufrido un ACV, luego otro le dijo que al muchacho le dio un paro respiratorio.
“Cuando me pasaron a ver el cadáver de mi hijo, él no estaba entubado. Estaba como dormido, parecía un monstruo y estaba lleno de sangre por todos lados”, dijo Esparragoza.
Según el patólogo de la Medicatura Forense Bello Monte, Orlando falleció por una infección en la piel.
¿El caso, los responsables?
“Con el asesinato de Orlando tengo una lucha tremenda. El fiscal 48 Dixon Zerpa, quien ha llevado el caso desde el principio, no ha hecho nada. Desde hace un año que no he tenido noticias de los agresores de mi hijo”, aseguró Esparragoza.
La madre del joven afirma que lo que quiere el fiscal Zerpa es “que pasen dos años para engavetar el caso y dejar que se olvide”.
En aquellos días, Luisa Ortega Díaz aseguró que los agresores de Orlando estaban plenamente identificados. El 20 de junio de 2017, el Sebin realizó un allanamiento en en una vivienda llamada Virgen del Valle en Los Palos Grandes, municipio Chacao, en busca de Enzo Franchini Oliveros, presunto responsable de haberle prendido fuego con un yesquero a Orlando. El cuerpo policial constató que Franchini había huido.
El llamado a las autoridades
Inés asegura que ha hablado con el Fiscal general de la república, designado por la asamblea nacional constituyente (anc),Tarek William Saab; con la Ministra de la Mujer y la Igualdad de Género, Blanca Eekhout y con Delcy Rodríguez, presidenta de la anc) y de la Comisión de la Verdad, para pedir que le cambien el fiscal que lleva el caso. Pero aún no ha obtenido respuesta.
Mientras tanto, la madre enfrenta a una depresión con la ayuda de psicólogos y psiquiatras. Recordó que el sueño de su hijo era comprarle una “casa digna” y hoy la tiene a raíz del asesinato de Orlando. El gobierno le regaló una vivienda en Los Valles del Tuy y un taxi.
El juicio por el asesinato de Cesar Pereira durante las protestas de 2017 en Lechería, estado Anzoátegui, pautado para este miércoles 30 de mayo, fue aplazado al no haber sido trasladado el acusado Onán Pereira.
La madre de Cesar Pereira, Zulimar Villegas, en compañía de sus abogados José Santoyo y Freddy Palomo acudieron este miércoles al Palacio de Justicia de Barcelona, para salir horas después de brazos cruzados al no concertarse el traslado del policía acusado.
De acuerdo a los abogados que llevan el caso, los funcionarios de la policía de Anzoátegui, cuerpo al que pertenece el acusado del asesinato, «están manipulando el traslado del acusado» tanto a los actos del juicio como al Centro Penitenciario Agroproductivo José Antonio Anzoátegui, conocido como Puente Ayala.
“La juez de juicio número 3 tiene tres días para volver a decidir y ratificar el traslado del acusado a Puente Ayala, a los efectos de que se garantice la presencia de Onán Pereira en el tribunal en la nueva fecha establecida”, dijo Santoyo.
Además, el abogado denunció que los funcionarios de Polianzoátegui están demorando el proceso al impedir los traslado, y teme que el acusado pueda darse a la fuga por la complicidad con sus excompañeros que lo custodian y la falta de protocolos de seguridad en el recinto.
La nueva fecha para continuar el proceso se fijó para el miércoles 1º de agosto de 2018 a las 9:00 am.
“La madre de quien le quitó la vida a Manuel sufre más que yo, sabe que tiene un hijo asesino”, dice Maritza, la mamá del hombre de 43 años que mataron el 25 de mayo del año pasado en medio de una manifestación en Cabudare
@KaryPerazaR
EL CUARTO DE MANUEL ALEJANDRO SOSA APONTE, de 33 años, está casi como lo dejó aquel 25 de mayo de 2017. La habitación, que está entre la de su hermana mayor y la de sus padres, tiene colgada en la puerta una corbata de plástico de una hora loca y una medalla. Sobre su cama matrimonial está la imagen de un Divino Niño y también la de un ángel que puso su madre para coronar el lecho bien tendido. En su closet hay trofeos y preseas que ganó jugando fútbol y también las 60 camisetas de sus equipos favoritos de balompié. Además, están perfectamente acomodadas sus camisas manga larga, sus pantalones y algunos balones en el suelo del armario. Su desodorante y hasta los jabones que usaba para lavar la ropa están sobre un estante, el mismo lugar que tenían hace un año antes de que al joven lo mataran durante una protesta antigobierno ocurrida en el distribuidor Valle Hondo de Cabudare, municipio Palavecino de Lara.
En el contexto de las manifestaciones de 2017, Manu, como le decían cariñosamente, fue la sexta víctima fatal en el estado. El proyectil que causó su muerte, proveniente del arma de un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), impactó por debajo de su clavícula derecha y le salió por la espalda.
Maritza Aponte, su madre, comenta que no toca el cuarto de su hijo salvo para limpiarlo. Está como lo dejó, salvo por los escritos que se ven en una pizarra colgada de lado izquierdo de la habitación: “hermano, te amo” e “hijo mío, siempre te voy a amar”. De resto, todo sigue igual. Hasta la sábana sigue como él la acomodó, y ella no la cambia “ni de broma” porque no quiere que se vaya “ese olor que dejó cuando se levantó”.
A Maritza se le quiebra la voz cuando habla de Manu, porque para ella el tiempo no ha pasado: “Es muy difícil todo esto”. A diario se le repiten en la mente, como una película, las palabras que pronunció Manuel aquel 25 de mayo y todo lo que pasó después. Se pregunta si habría podido evitar lo que sucedió. “Si yo lo hubiese buscado seguro se venía conmigo”, dice.
Manu era un joven que salía a la calle por convicción porque quería cambiar el país, lo quería libre; aseguraba, según sus allegados, que luchaba por su hijo, su familia y por todos los venezolanos. En 2014 había participado en las protestas junto a Gruseny Antonio Canelón Scirpatempo, conocido como Tony, quien fue la tercera víctima en caer en Lara en 2017. Cuando Manu supo de su asesinato, se indignó, estuvo presente en su funeral y hasta sostuvo la bandera de Venezuela. Expresaba que ahora era cuando se tenía que estar en la calle. Casi un mes después lo mataron.
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Manu, al igual que Tony, fue asesinado por un Guardia Nacional. Aunque su familia lo denunció en el momento y su madre pensó que nunca se sabría quién había sido porque hubo muchos uniformados durante el suceso, 22 días después de su muerte salió a relucir el nombre del militar. Se trataba del Primer Teniente de la GNB, Johnnuar José Pastor Arenas Castillo, de 30 años, adscrito al Destacamento 123 de Cabudare, a quien le libraron orden de captura luego de que la Fiscalía 21 con competencia en Derechos Fundamentales, de la mano de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos del Ministerio Público, logró identificar a través de testimonios y evidencias físicas que él fue el responsable de disparar el arma que le quitó la vida al joven.
Todavía hoy no se ha hecho justicia. Sigue libre y hasta fue “premiado” por su actuación. En un documento del Ministerio de la Defensa, del 29 de junio del 2017, y según resolución 019647, se indica que el presidente de la República lo ascendió al grado de Capitán.
Arena Castillo cursó sus estudios en el Colegio La Salle de Barquisimeto, el mismo lugar donde Manuel estuvo desde preescolar hasta bachillerato y recinto en el que Maritza, su madre, fue educadora por 19 años.
Maritza, con los ojos tristes, habla de lo difícil que fue para ella el último Día de las Madres. “Quizás fue por haber perdido un hijo que lo daba todo por los venezolanos. Ahora, el que le quitó la vida a Manuel… Su mamá debe sufrir al saber que su hijo es un asesino”, señala.
“Estoy seguro, espero que más temprano que tarde, que habrá un giro en la dirección del país y en ese momento todos aquellos que hayan cometido desmanes, burlado la ley, violentado el estado de derecho, tendrán que pagar; inclusive esa persona que le arrebató la vida no solamente a Manuel, que le cambió la vida a mi tía Maritza, a mi prima Melissa, a su hijo Mauricio y a todos los que estábamos a su lado”, comenta su primo Arturo Bello Aponte, quien emigró recientemente por la situación del país.
Alejandro Sosa, padre de Manuel, no entiende cómo es que los cuerpos de seguridad investigan unos casos y otros no. Asegura que es responsabilidad del Estado dar una respuesta.
Este hombre delgado y moreno era quien todas las noches, cuando su hijo llegaba del trabajo, cumplía un ritual. Esperaba que el muchacho llegara a su cuarto y lo invitara para irse, juntos, hacia la parte de atrás de la casa. “Uno de los dos se acostaba en esa hamaca, donde hablábamos todas las noches de cómo había sido el día y de la situación del país”, recuerda.
A Alejandro le arrebataron esas charlas nocturnas de padre e hijo. Ahora, cuando siente la necesidad de hacerlo, lo hace frente a una tumba. Acude entre dos y tres veces por semana, va solo porque su esposa no lo ha superado, ella nunca ha podido visitar el lugar donde enterraron a Manuel.
La relación de Manuel con su hijo de 5 años estaba siendo cultivada al igual como era con su padre: hablaban mucho. Hoy el niño dice que su padre le sigue diciendo qué hacer y se siente muy orgulloso de él.
Los padres de Manuel indican que, después de su muerte, conocieron la nobleza de su hijo, porque supieron que ayudaba a muchas personas y que tenía una gran cantidad de amigos. En la pared de la sala están tres cuadros con el rostro de Manu. Dos fueron hechos por amigos y vecinos y otro, que ha dado la vuelta al mundo, es uno de los retratos del ilustrador Oscar Olivares, quien lo envió a la familia con un certificado de originalidad.
Manu se despidió
Manu, que también era conocido por muchos como Sosa, se convirtió en un objetivo a raíz de un video difundido en abril de 2017, en el que se le veía hablando con un coronel de la GNB. “Allí lo marcaron”, dicen los jóvenes de la Resistencia. Sabían que era uno de los líderes.
Relatan que Manuel era un “guerrero” desde 2014. Conocía las estrategias y, aunque sabía que en 2017 la lucha no era igual a la que vivieron años atrás, que tenía nuevos compañeros y que muchos se acercaban solo por la comida –algo que a él le molestaba– quería guiarlos. Trabajaba en un puesto de comida rápida, por lo que asistía menos a las manifestaciones, pero los miércoles y jueves estaba libre.
El 24 de mayo de 2017, se reunió con todos. “Mañana será un día muy bonito, mañana será el día”, fueron algunas de sus palabras. Hacía hincapié en que la Guardia iba a venir con todo. “Lo que no sabía era que ese era el día que le tocaba irse, se estaba despidiendo”, dijo uno de sus amigos.
Al día siguiente, el jueves 25 de mayo, Manu y su padre se fueron a llevar a su hermana mayor al trabajo. Al regresar a casa, ambos desayunaron junto con la mamá. Manuel les advirtió que estuvieran alertas en Barquisimeto, pues sabía que ellos tenían que salir a cobrar su pensión.
“Como madre, uno siente algo. Y yo le decía a Alejandro que nos fuéramos, que yo tenía que hacer la comida”. Poco después, los padres de Manu llegaron a su residencia en la Etapa I de Valle Hondo. Maritza mandó a su esposo a buscar a Manu, quien ya tenía rato en el distribuidor de la zona y donde había un pelotón de la GNB. Eran como las 3:30 de la tarde cuando Alejandro, el padre, le mandó un recado a su hijo. Él le contestó que pronto iría a su casa. Todo estaba tranquilo.
“Ya viene Maritza. Él está en la esquina y yo voy a salir a buscar a Melissa que me está esperando”, dijo Alejandro.
En las adyacencias del distribuidor estaba Yicsney Rodríguez, prima de Tony, que abrazó a Manu cuando lo vio. Le pidió que se cuidara y que recordará lo que le había pasado a su primo. Él le respondió que se quedara tranquila.
Cuando Alejandro salió, se topó con su hijo nuevamente. “Cuídate”, le dijo Manuel. Y mientras el padre comenzó a caminar hacia Cabudare, Manu se fue hacia el distribuidor.
Alejandro había caminado unos 50 metros cuando escuchó una detonación seca. Calcula que estaba a unos 100 metros de su hijo. Se refugió de las balas pegándose a la pared. Volteó, pero no podía ver qué pasaba en el elevado. Oyó otra detonación y siguió caminando. En casa, Maritza tapó la comida porque Manuel no llegaba. En su lugar, vecinos arribaron corriendo para decirle que su hijo se estaba desangrando. Ella corrió hacia el lugar, pero en la esquina, a 50 metros de su hijo, se paralizó. No caminó.
Paralelamente, Alejandro recibió una llamada en la que le informaron que habían herido a Manu. Lo primero que hizo fue correr hasta llegar a una zona del distribuidor en donde pedían auxilio para un muchacho. Pero ese no era Manu, sino un joven de 18 años. A su hijo ya se lo habían llevado.
Ninguno de sus padres pudo ver el sitio en el que lo hirieron, pero sí supieron que Manuel ya iba camino a su casa cuando escuchó la primera detonación y, al ver caer a un muchacho, se devolvió al distribuidor para sacarlo de allí. En ese momento, el guardia disparó por segunda vez y lo impactó. Baleado, Manuel saltó el elevado y, al llegar a la urbanización, preguntó por su padre. La sangre le brotaba por la herida abierta bajo su cuello. Pedía que no lo dejaran morir porque tenía un hijo. Los vecinos lo sacaron hacia una clínica al este de la ciudad, pero cuando arrancó el vehículo los guardias dispararon de nuevo. En Santa Rosa estaba todo trancado, pero cuando el propio Manuel dijo que iba herido le abrieron paso.
De inmediato fue ingresado a quirófano. Había perdido mucha sangre. A la anestesióloga, que era madre de un amigo de él, le pidió que le dijera a su padre que cuidara de Mauricio, el pequeño de 5 años de edad que era todo para él. Alejandro asegura que en el momento en el que dispararon no había enfrentamiento, ni molotov, ni piedras, ni cohetes. Solo salieron las balas de parte de los guardias.
Fueron horas de angustia en la clínica. Maritza no quiso aparecer, pero Alejandro estuvo acompañado por mucha gente que conocía a Manuel. Hoy no los recuerda porque estaba en shock. Alrededor de las 10 de la noche le informaron que murió. Maritza fue el sábado 27 de mayo a la funeraria y pidió verlo a pesar de que las puertas de la sala no se habían abierto. Frente al cadáver, la madre le reprochó a su hijo el tener que verlo en ese cajón. Fue allí también que, rememora, lo vio con una sonrisa hermosa, como la que él tenía.
Una canción para Manuel
Arturo, el primo, escribió una canción para Manuel que Maritza y sus hermanas no dejan de escuchar. En esta melodía resume cómo la muerte del joven les cambió la vida, cómo quisiera arrancar la página del calendario con el día en el que lo mataron para poder volverlo a ver.
“No creo que todo está igual, yo creo que todo está peor, pero siento que los muchachos fueron utilizados por actores políticos que luego traicionaron la buena voluntad de la Resistencia. Se luchó a más no poder, con las uñas, sin herramientas, contra un poder armado. Fue una lucha totalmente desigual”, asegura Arturo.
Mientras Maritza dice no creer en políticos ni de un lado, ni de otro, recuerda cómo a Manuel lo invitaban a irse de Venezuela. “Él decía que el país no se le podía dejar a esta gente, había que luchar. Muchas veces le decía: ‘hijo, solamente sales tú, los demás muchachos de la cuadra no salen. Y él contestaba: “mamá, esto no es un partido político, esto sale del corazón, el país se quiere con el corazón”.
La muerte de un “infiltrado”
Pasado mediodía del sábado 27 de mayo, el cuerpo de Manuel Sosa fue sacado de la funeraria. Su féretro fue detenido en el Distribuidor de Valle Hondo porque sus amigos, vecinos y familiares querían rendirle un homenaje, despedirlo.
En medio del improvisado acto, un grupo de personas observó a un sujeto, a quien no conocían, que grababa el funeral y a los presentes. Para ellos se trataba de un infiltrado y lo atraparon, comenzaron a interrogarlo. Le pidieron la cédula y le sacaron un carnet que indicaba que era teniente de la Guardia Nacional. Su nombre: Danny José Subero, de 34 años.
Los ánimos se caldearon. Lo rodearon cuando el cortejo fúnebre ya había arrancado. El hombre explicó que tenía dos años de haberse dado de baja, pero no decía por qué estaba en el lugar. Muchos lo golpearon, aunque hubo quienes lo defendieron. Trató de irse en la moto que tenía, pero se la quitaron y la quemaron debajo del distribuidor. Luego un grupo de al menos ocho personas se lo llevó hasta la estación de servicio cercana. En ese momento muchos pensaron que todo iba a empeorar y decidieron retirarse.
Subero fue golpeado por encapuchados que lo mantuvieron cautivo durante una hora. Lo desnudaron y fue a eso de las 2:30 de la tarde que una comisión de la Policía del estado Lara intervino. A ellos se lo entregaron, estaba desmayado y sangrando. Fue trasladado al ambulatorio cercano donde lo remitieron de inmediato a la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda, donde murió. Los médicos le vieron tres impactos de bala, en el brazo derecho, la espalda y el cuello. De inmediato se corrió la noticia de que habían linchado a un funcionario.
Hasta el presidente Nicolás Maduro se pronunció y lamentó la muerte de Subero, pero nunca dijo nada de los manifestantes caídos en el estado Lara.
Comenzó la cacería
Las fotos del homenaje a Manu salieron a través de distintas redes sociales. Una imagen en la que se ve a Subero rodeado por quienes lo querían agredir y por quienes lo defendían también circuló. Todos fueron ubicados por funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc Lara, a quienes les ordenaron dedicarse completamente a ese caso. Douglas Rico, director nacional del Cicpc, estuvo al mando de la investigación.
Residentes de Valle Hondo no quieren identificarse, pero aún recuerdan cómo en los días posteriores a los hechos, los funcionarios del cuerpo detectivesco llegaban a la urbanización entre las 4 y 5 de la mañana y se quedaban hasta la tarde para allanar las residencias de todos. “Buscaban que alguien hablara. Se llevaron prácticamente a todos los que salían en esa foto que no era prueba de nada”, comentó un vecino.
Cinco días después de haberse ejecutado el linchamiento de Subero, el caso ya estaba resuelto. El 1 de junio de 2017, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, lo oficializó a través de una cadena nacional.
Destacó que al menos 20 personas estarían presuntamente involucradas en el hecho y apuntó que cuatro habrían participaron de forma directa. Para ese momento había siete detenidos, pero solo dos eran responsables materiales de lo sucedido: Jonathan Javier Sandoval Navas, de 23 años, y Jesús Alberto Alejos, de 18, fueron imputados por el delito de homicidio calificado en grado de cooperadores inmediatos. Posteriormente fueron arrestados Antony Jesús Pérez Torres, de 25 años, conocido como “El Cuina”, a quien apresaron días después en Valencia, estado Carabobo. También encarcelaron a un adolescente de 14 años apodado “El Cachorro”. Según las investigaciones del Cicpc, ellos dos serían los responsables de disparar a Subero.
Por este crimen también fueron detenidos Ronny Raúl Granado, de 37 años; Uvaldo Martínez González, de 43; Milarys Josefina Saavedra Rea, de 42; así como Rómulo Antonio Marín, Jonathan Eduardo Riera Oropeza y un adolescente de 17 años. Todos fueron imputados por homicidio calificado en grado de facilitadores. Los abogados del Foro Penal Capítulo Lara que llevaron este caso alegaron que todos eran inocentes y que los investigadores se guiaban por fotos sin tener certeza de que los señalados sí estaban allí.
Ante los insuficientes elementos de convicción presentados en contra de Granados, Martínez González, Marín y Riera Oropez, la fiscal pidió una medida de presentación semanal, pero fue negada. Este año, ocho de los detenidos salieron en libertad. Tan solo están arrestados “El Cuina” y el adolescente apodado “El Cachorro”.
La abogada del caso, Mariuska Padilla, aseguró que no podría emitir declaraciones del caso. Todos los familiares se lo habían prohibido, pues temen por la vida de los suyos y de los que aún están tras las rejas, pues afirman que son inocentes.
José y Elvira Pernalete asistieron al Ministerio Público con la intención de conocer el estatus del caso de su hijo Juan Pablo, asesinado durante las protestas del 2017. Tras dos horas de espera, una funcionaria los atendió y les dijo: “Yo no soy adivina para saber qué va a pasar”.
El estudiante universitario y deportista de 20 años de edad, Juan Pablo Pernalete, fue asesinado el 26 de abril en Altamira, Caracas, cuando participaba en una manifestación en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
Este 24 de mayo se cumple un año desde que la fiscal general Luisa Ortega Díaz confirmó en una rueda de prensa lo que Runrun.es había sostenido: Juan Pablo fue asesinado por el disparo de una bomba lacrimógena y el culpable era un Guardia Nacional. Esta declaración desestimó las del entonces ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, y otros actores del oficialismo, quienes mantenían que el arma homicida era una pistola de perno disparada por otro manifestante.
De acuerdo al padre del joven, José Pernalete, el comando que se encontraba ese día ya ha sido identificado, pero no se ha señalado quién fue el efectivo que disparó. Por ello, hizo público hoy un comunicado en que pide se imponga la justicia.
Sra. Elvira y Sr. José Pernalete, no descansaré hasta que a Maduro, Padrino, Benavides y demás responsables del asesinato de su hijo, les caiga todo el peso de la justicia nacional e internacional. Pronto en #Venezuela se acabará la impunidad y aplicaremos la ley #24Mayhttps://t.co/tZYJDPrBXc
Pernalete dijo que fue la directora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, Aramita Moraima Padrino de Gómez, quien les afirmó desconocer lo que sucederá con el caso. Fue Padrón quien dijo no ser adivina. La mujer se ha desempeñado como una ficha de Tarek William Saab, y se ha desempeñado como abogada de las víctimas del 11 de abril de 2002, secretaria ejecutiva permanente del Consejo Moral Republicano -que fue presidido por Saab- y como directora de Consultoría Jurídica de la Defensoría del Pueblo. Al lado de Padrino de Gómez se encontraba la exfiscal 62, ahora subdirectora de Derechos Fundamentales, Eddmysalha Guillén, quien era originalmente la fiscal encargada del caso de Juan Pablo, pero su reubicación dentro del ministerio dejó por meses sin fiscal el caso. Según dicen los padres de Pernalete en el comunicado, el fiscal recién asignado al caso no lo conoce suficiente.
Después de dos horas de espera para que nos atendieran, nos encontramos con NADA. respuestas vacías, vagas, esquivas tales como: " yo no soy adivina" respuesta de una funcionaría encargada de velar y dar justicia en este país (2)
La fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, había prometido la pronta identificación del individuo semanas antes de que tuviese que dejar el país por la persecución política del gobierno. Sin embargo, desde el exilio, aseguró a los padres de Pernalete que la justicia llegará a los responsables del asesinato.
Hace un año anuncié que la investigación criminalística y objetiva del MP, reveló que efectivos de la GNB asesinaron al joven Juan Pablo Pernalete. Ese lamentable hecho demostró el carácter criminal y violatorio de DDHH que caracteriza al régimen madurista @IntlCrimCourtpic.twitter.com/x4wYZ0hxmm
El fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, abrió nuevamente el caso de Pernalete el pasado 7 de septiembre, pero desde entonces no han sido anunciados adelantos o nueva información sobre el caso.
El padre de la víctima asegura que William Saab no está interesado en hacer su labor. “Desde que asesinaron a Juan Pablo, Saab se dio a la tarea de ocultar la verdad con respecto al caso”, dice el padre.
Lucha sin límites
Los Pernalete no solo están pidiendo justicia por la muerte de su hijo. También están pidiendo por ellos mismos, quienes consideran que han recibido tratos crueles por parte de autoridades del Estado y funcionarios del gobierno de Maduro.
Ante el Tribunal Supremo de Justicia solicitaron el antejuicio de mérito para ocho funcionarios del gobierno de Maduro, quienes -según la pareja- incurrieron en los delitos de obstrucción a la justicia, tratos crueles, usurpación de funciones, instigación al odio y abuso de la credulidad popular en el caso del estudiante. Los funcionarios demandados son Vladimir Padrino López, Antonio Benavides Torres, Fabio Zavarse Pabón, Diosdado Cabello, Pedro Carreño, Ernesto Villegas, Delcy Rodríguez y María Alexandra Díaz.
Además, han acudido a instancias internacionales de Derechos Humanos para presentar el caso de su hijo, y esperan llegar a la Corte Penal Internacional (CPI) junto con los familiares de otras víctimas de la represión de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones.
A continuación el comunicado de los padres de Juan Pablo Pernalete:
Hoy 24 de mayo del 2018 se cumple un año que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se pronunció sobre las investigaciones del Ministerio Público donde se determinó que nuestro hijo Juan Pablo Pernalete fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Altamira el 26 de Abril del 2017, artefacto que fue disparado directamente al pecho a “quemarropa” causándole la muerte por un shock cardiogénico por traumatismo de cerrado de tórax.
La Fiscal Indicó para ese momento que la investigación se realizó en base al reconocimiento técnico, el acoplamiento del cartucho, la presencia del residuo en la franela de Pernalete con los elementos que lo componen, el análisis químico y las experticias necesarias. Afirmó que estaba identificado el grupo responsable de hacer el disparo y que en los próximos días se sabría quién era el responsable directo.
Lo dicho por la fiscal desmintió a Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, y a Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia para aquel entonces, quienes aseguraron que a nuestro hijo lo habían asesinado con una pistola de perno. También lo dicho por el diputado Diosdado Cabello, que aseguró que la GNB no estaba en el lugar cuando asesinaron al estudiante de la Universidad Metropolitana. El diputado por el PSUV también dijo que a Pernalete lo habían asesinado «ellos mismos», en referencia a los manifestantes opositores.
A un año de este pronunciamiento, el día de ayer 23 de mayo del 2018 nos dirigimos al Ministerio Público como lo hemos hecho frecuentemente exigiendoles respuestas como institución encargada de velar y dar justicia a los venezolanos y nos conseguimos que el expediente sigue exactamente igual desde el pronunciamiento oficial, no han individualizado al Guardia Nacional las respuestas son vagas, que el componente militar no les ha dado respuestas, al preguntarles cómo Ministerio Público cuales son los pasos que van a seguir para solicitar al Componente Militar la individualización del Guardia Nacional no hay respuestas… eso aunado a que la fiscal 62 que llevaba el caso de nuestro hijo ahora esta como subdirectora de derechos fundamentales y es otro fiscal que ahora va a comenzar el caso.
Nosotros como padres ante lo señalado y después de buscar infructuosamente la justicia en Venezuela siempre apegados tanto a las normas nacionales y a la constitución nacional exigiendo justicia como víctimas directas e indirectas en el asesinato de Juan Pablo Pernalete, hemos llegado a la conclusión que NO NOS VAN A ENTREGAR EL GUARDIA QUE ASESINO A NUESTRO HIJO, porque eso significaría tener que condenar a los personeros y voceros del Estado, periodistas, medios televisivos y periodísticos que tergiversaron la verdad y llamaron a nuestro hijo delincuente, criminal, terrorista.
Las Denuncias que hicimos debidamente en su momento ante el Tribunal Supremo de Justicia como víctimas: Al comando y estado mayor de la Guardia Nacional Bolivariana encabezados por los generales Vladimir Padrino López , Benavides Torres y Fabio Enrique Zavarse; del mismo modo de los Funcionarios del Estado Venezolano: Ernesto Villegas y Delcy Rodríguez ambos Ministros del Ejecutivo Nacional para el momento del asesinato de nuestro hijo e igualmente los diputados para ese momento: Diosdado Cabello y Pedro Carreño y actualmente a la Constituyentista María Alejandra Díaz,.
Denuncias al Ministerio Público, Fiscalía 49 a los conductores de los programas de televisión del canal Venezolana de Televisión (VTV): Ricardo González, Pedro Carvajalino y Llanfrancis Colina; conjuntamente con el Director del periódico Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel.
A la fecha no hay respuesta ni de la fiscalía 49 y del Tribunal Supremo de Justicia a las solicitudes de antejuicios de mérito, por parte de la Juez asignada Dra. Marjorie Calderón.
Queremos dejar constancia que seguiremos buscando justicia tanto nacional como internacional, en fecha 26 de Abril del 2018 se introdujo ante el COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU, una Denuncia formal contra al Estado Venezolano por la violación de los derechos humanos en contra de nuestro hijo Juan Pablo Pernalete y en contra de nosotros sus padres José Gregorio y Elvira Pernalete esta denuncia esta basada en la violación de los derechos humanos como lo son el derecho a la Vida, Derecho a Libertad de Expresión y Reunión Pacífica, Derecho al honor y reputación de nuestro hijo Juan Pablo Pernalete (debido a que nosotros como padres hemos sido objeto de tratos crueles e inhumanos y degradantes por parte de funcionarios y personeros del Estado, al mancillar la memoria de nuestro hijo, al llamarlo terrorista, delincuente, causandonos un daño moral, psicológico y humillante. Demanda por violación de la integridad psicológica (porque quienes en su propósito de obstaculizar la búsqueda de la verdad, han hecho que se mantenga la impunidad por parte del Estado en las investigación para la individualización del guardia nacional y la cadena de mando que asesinaron a nuestro hijo.
