La iniciativa surgió en medio de las protestas de 2017
En lo que va de 2021 han atendido a 18 víctimas de violencia de género y maltrato infantil
Proyecto 860 es otra de las organizaciones que nació durante las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2017, manifestaciones que dejaron 158 fallecidos de acuerdo a Runrunes. Se llaman así porque operan en San Cristóbal, ciudad del estado Táchira que está a 860 metros sobre el nivel del mar. Un grupo de médicos, arquitectos, abogados, ingenieros, amas de casas y estudiantes decidieron organizarse en la entidad y luchar por lo que consideraban estaban siendo vulnerados: los derechos humanos de los venezolanos.
Así fue como en febrero de 2018 quedó oficialmente inaugurado Proyecto 860. Uno de los principales objetivos de la organización fue asistir jurídicamente a los detenidos por las manifestaciones hace cuatro años, especialmente a aquellos que no tenían para pagar una defensa privada. Posteriormente fueron más allá y también se involucraron con los trabajadores a quienes se les vulneran sus derechos por exigir una remuneración justa, con los enfermos que demandan el derecho constitucional a la salud y con la población en general que clama por asistencia en medio de una emergencia humanitaria compleja.
“Una de las principales razones para unirnos fue para dar asistencia jurídica y médica a los detenidos en las protestas y a los familiares de los asesinados. En 2017 nos encontrábamos en medio de una crisis humanitaria y política creciente, la violacion sistemática a los derechos humanos se agravaba sustancialmente. Las protestas de la población que disentía del gobierno era acallada a través de detenciones arbitrarias producidas por funcionarios de los diferentes cuerpos de policía auxiliar”, dijo Beatriz Salas, directora de Proyecto 860.
Cuatro años después, en Táchira ya no se producen manifestaciones masivas contra el gobierno y hay muertos y heridos en las calles a diario por la represión, pero el descontento es evidente. Las protestas hoy en día son básicamente por agua, electricidad, gas doméstico, escasez de combustible y acceso a alimentación y medicinas.
“En Venezuela se vulnera el derecho a la salud, con graves consecuencias para las personas que padecen patologías de alto riesgo como pacientes oncológicos, renales, con VIH, hemofílicos, trasplantados, cardiacos, entre otros”, sostuvo Salas.
La directora de Proyecto 860 también hizo referencia a la persecución y amedrentamiento contra representantes de medios de comunicación, defensores de derechos humanos y trabajadores de la salud en medio de la pandemia por la Covid-19.
De acuerdo a Salas en lo que va de 2021, Proyecto 860 ha atendido a aproximadamente 18 víctimas de violencia de género y maltrato infantil. “Este año solo hemos atendido a víctimas de violencia de género. También estamos dando apoyo a 77 miembros del personal de salud de las unidades de diálisis con dotación de insumos de bioseguridad ante la Covid-19”.
En busca de reconocimiento
La burocracia y regulaciones gubernamentales ha hecho que Proyecto 860 todavía no tenga la cualidad jurídica que la avale como organización civil. “Ha sido negada en los registros públicos correspondientes, eso imposibilita la cooperación internacional para la ejecución de proyectos, una de las principales amenazas que enfrentamos en Venezuela es el control que ejerce el Estado sobre el funcionamiento de las organizaciones”, indicó Beatriz Salas.
Pese al bloqueo del que es víctima Proyecto 860, la organización ha establecido vínculos con otras agrupaciones similares como Fundaredes, Juena, Iuris Analytica, Movimiento Vinotinto, Uniandes, Fundación Jóvenes por los DDHH. Aunado a eso Proyecto 860 forma parte de la Red de Defensores de DDHH del estado Táchira y la Coalición Anticorrupción
Proyecto 860 actúa básicamente en San Cristóbal, pero también en los municipios tachirenses de Cardenas, Lobatera, Guasimos y Jauregui.
Demandan justicia
A cuatro anos del asesinato de Ender Pena, Proyecto 860 exige al Ministerio Publico justicia. Hoy en día no hay detenidos ni acusados por el homicidio que sucedió el pasado 30 de julio de 2017 en la avenida Rotaria de San Cristóbal.
Pena de 20 años de edad murió por herida de arma de fuego en medio de la represión que ejercieron cuerpo de seguridad del Estado en las calles tachirenses.
Asimismo piden la intervención del Estado en el caso de Rina Elizabeth Orozco, quien exige a la Dirección Nacional del Instituto de Seguro Social la dotación de insumos para la práctica de hemodiálisis
Orozco de 45 años es una de las tantas pacientes renales tachirenses que no ha podido someterse a tratamiento debido a que las máquinas que funcionan en las siete unidades de hemodiálisis del estado no funcionan correctamente. “Es de acotar que desde marzo de 2018 se ha agudizado esta problemática. Orozco tiene que realizarse el tratamiento tres veces a la semana y por fallas en las máquinas y falta de mantenimiento no ha podido cumplir con el protocolo, poniendo en peligro su vida”, manifestó Beatriz Salas.
Salas indicó que quien desee involucrarse con Proyecto 860 puede escribir al correo electrónico ongproyecto860@gmail.com y seguir a @proyecto860 por Instagram o Twitter.
“Hablar es un hilo que hay que anudar, una y otra vez”
Herta Müller
@franzambranor
En una de las concentraciones contra el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas durante 2017, una mujer con un megáfono en la mano gritaba “Dale letra al cambio”, mientras un grupo de personas portaba cada uno una letra que formaba la palabra “alto al fuego”.
Eran tiempos de represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, acción que dejó 158 muertos de acuerdo a la base de datos recopilada por Runrunes.
Un mes después de que empezaron las protestas, a mediados de mayo de 2017, el movimiento Dale Letra tuvo su primera acción de calle en la capital venezolana y desde entonces ha acompañado a la ciudadanía en manifestaciones a favor de la recuperación de la democracia y los derechos ciudadanos.
“Dale Letra surge del afecto, del intercambio de un grupo de amigos, de civiles que llevamos años conversando y padeciendo la crisis del país. Nos impulsó la idea de desmontar la absurda polarización en la que nos han sumergido para disminuirnos y enfrentarnos”, dijo Mariela Ramírez, activista del movimiento Dale Letra.
Ramírez sostuvo que ante el rechazo a la violencia y al enfrentamiento como vía para solucionar el conflicto venezolano, decidieron participar en las protestas con algo que les permitiera recuperar simbólicamente la palabra y convertirla en un instrumento de cambio.
“De nuestras conversaciones y de la asistencia frecuente a las manifestaciones de calle surgió la necesidad de diseñar un canal de comunicación diferente. Con Dale Letra buscamos debilitar las intenciones del gobierno y de otros factores radicales que intentan transformar la protesta en un enfrentamiento entre hermanos venezolanos”, sostuvo Ramírez.
De acuerdo con Ramírez, el contexto en Venezuela ha empeorado desde la creación de Dale Letra y el cierre de espacios democráticos se ha profundizado. “Somos testigos de la progresiva fragmentación social y la ausencia de la palabra como hilo y amalgama en la vida colectiva”.
En Dale Letra, los integrantes trabajan en pro de la defensa de los derechos políticos y civiles. Lo hacen de manera voluntaria y hay desde abogados hasta críticos de arte, pasando por ingenieros, filósofos y arquitectos.
Letras amalgamadas
Dale Letra no rema sola hacia un eventual mejor destino, posee relación con una serie de organizaciones que defienden los derechos fundamentales y hacen incidencia por la recuperación del Estado de derecho.
“Tenemos alianzas con diversas organizaciones sociales, entre ellas, la red Sinergia, Cepaz, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, entre otros”, indicó Ramírez.
La organización funciona principalmente en Caracas, pero también se extiende a Lara, Aragua, Sucre, Mérida, Bolívar, Táchira y Nueva Esparta.
“Nos hemos planteado el reto de coadyuvar a la creación de una red de articulación ciudadana, para lo cual hemos propuesto la dinámica del diálogo nacional y social”, dijo Ramírez.
Dale Letra ayudó en la creación del Foro Cívico Nacional, una propuesta presentada el pasado 5 de febrero de 2021 para abogar por condiciones necesarias a fin de que en Venezuela pueda construirse un acuerdo democratico nacional.
Quienes quieran sumarse a Dale Letra pueden escribir al correo daleletra.info@gmail.com y manifestar si desean intervenir en actividades de voluntariado de calle, diseño o redes sociales.
A Leonardo González lo conocían como el “Doctor Cotillón”. Él era un payaso de hospital. Vistiendo una bata blanca, una nariz de payaso y gorro de arlequín, formaba parte de la organización Doctor Yaso que se encarga de visitar a niños, niñas y adolescentes en centros de salud para aliviar el sufrimiento de estos pacientes a través de la risa.
Así es como conocían al hombre de 48 años de edad, esposo y padre de tres hijas en su comunidad de Los Guayabitos en el estado Carabobo: por ayudar a la gente, por su alegría y su don servicial.
Fue por eso que la noticia de su asesinato el 27 de julio de 2017 causó consternación y dejó un vacío irreparable entre sus familiares, allegados y vecinos.
Ese jueves la gente se había concentrado en las calles para rechazar al gobierno de Nicolás Maduro una vez más. Las protestas callejeras llevaban más de tres meses consecutivos en todo el país. En la avenida Valencia del municipio Naguanagua, donde vivía Leonardo, también salieron a manifestar desde tempranas horas del día.
Todo marchaba con normalidad. Y de un momento a otro, apareció un contingente de la policía de Carabobo con intención de dispersar a las personas. Tras insultos, empujones y patadas vinieron las armas de fuego. Los efectivos soltaron varios disparos y la gente tuvo que salir huyendo del lugar.
El «Doctor Cotillón», quien suministraba agua y alimentos a las personas que manifestaba, fue el último en hacerlo: un joven de 18 años había quedado rezagado y él había regresado a buscarlo.
Un efectivo policial con un arma de fuego en la mano se dirigió violentamente a él y Leonardo decidió correr. Funcionarios de la policía de Carabobo iniciaron una persecución en su contra, luego se unió la policía municipal de Naguanagua. Más de 30 funcionarios lo perseguían.
Testigos del hecho contaron que Leonardo les gritaba a los policías desde el carro donde estaba que no le dispararan porque él era de la sociedad civil.
Lo acorralaron. El vehículo donde “Doctor Cotillón” estaba recibió 26 impactos de bala y una de ellas fue a parar en su espalda. Leonardo se bajó del carro y pidió ayuda a los efectivos, pero lo ignoraron. Él cayó al pisó y murió en el lugar, a pocos metros de su vivienda.
“La manera como actuaron revela la intención de los funcionarios. Trataron a Leo como un delincuente, siendo un hombre extraordinario, íntegro, padre de familia; a ellos no les importó nada”, expresó su esposa Olga de González.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones. Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público.
Según los tipos de lesiones registradas, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: el abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio comenzaron a tratar heridas de bala.
De acuerdo con normas internacionales que rigen el empleo de la fuerza, las armas de fuego no deberían ser empleadas para dispersar manifestaciones. “El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos letales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale al uso excesivo de la fuerza y, posiblemente, a una ejecución extrajudicial”, reza el informe.
Asimismo, el artículo 68 de la Constitución venezolana prohíbe el uso de armas de fuego para el control de las manifestaciones. «Al revisar el carro y los bolsillos de mi esposo solo encontraron caramelos, cotillones. Nada de armas, de ningún tipo”, cuenta su esposa.
Doctor Cotillón sigue repartiendo sonrisas
A las 48 horas de haber fallecido, un funcionario de la policía municipal de Naguanagua, Ronald Vidal Paternina Ramírez, fue detenido y acusado por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y motivo fútil, uso indebido de arma orgánica y omisión de socorro.
En 2018, fueron aprehendidos otros cinco funcionarios más, acusados como coautores de los delitos anteriormente señalados: Wuisnbert Alexander Fernández Riera, Johana Orlimar Medina Blanco, Joel Lenin Rodríguez Sánchez y los hermanos Krosslan Josueth y Radameth Josueth Acosta Malpica.
Más de tres años han pasado del asesinato de “Doctor Cotillón” y el caso sigue en etapa de juicio.
“El retardo se debe a múltiples diferimientos de la audiencia preliminar, debido a la falta de traslado de los privados de libertad, falta de debida notificación a las partes y la falta de despacho por parte del propio Tribunal, lo cual se ha agudizado tras la cuarentena”, dice Olga.
A todo esto, se le suman los frecuentes cambios de fiscales, lo que interrumpe la continuidad del proceso. “Me obliga a actualizar la historia cada vez que asume un nuevo fiscal, tener que empezar de cero, revivir los hechos (revictimización, en términos jurídicos), lo cual me parece un irrespeto del Estado hacia las víctimas; recientemente nos cambiaron ambos fiscales, el nacional y el regional”.
En 2019, Olga de González solicitó a la Fiscalía de Carabobo la apertura de una investigación sobre el sitio de reclusión de los exfuncionarios acusados. Porque no están cumpliendo la privativa de libertad en el centro penitenciario dispuesto por el tribunal. «Solamente Ronald Paternina está en el lugar de reclusión que fue dispuesto en su momento por el tribunal y la funcionaria Johana Medina que recibió una medida de arresto domiciliario por un embarazo que ya superó, y ahora estamos pidiendo que dicho beneficio sea revisado. La lucha es dura pero seguimos batallando hasta obtener justicia”.
Pero el legado de “Doctor Cotillón” continúa. Su familia creó la “Fundación Leonardo González Barreto: Sonrisas de Esperanza. “Mi esposo era un hombre extraordinario, un payaso humanista, una persona de bien que se dedicaba a llevar sonrisas, repartía alegrías, esperanzas a los hospitales, a los enfermos con cáncer. En tributo a su memoria nos dedicamos a llevar alimentos, medicinas y fuerza espiritual a personas en situación de calle, centros médicos, asilos, casas hogares y demás instituciones públicas o privadas de Naguanagua que requieran nuestro apoyo”.
A Daniel Infante lo hirieron en el estado Mérida en el marco de las protestas de 2017, cuando ni siquiera estaba en una de las manifestaciones. Su vida y la de su familia cambió para siempre
La hermana del joven presume que la bala que le atravesó la cabeza salió del arma de colectivos del gobierno
Daniel Infante ni siquiera estaba protestando cuando casi pierde la vida. Estaba en su casa, en el estado Mérida, recuperándose de una operación el día en que la oposición venezolana había convocado al primer gran plantón nacional para rechazar al gobierno de Nicolás Maduro. Era 24 de abril de 2017 y las protestas ya llevaban tres semanas consecutivas.
A pocos metros de su residencia, en la avenida Las Américas de Mérida, estaba la concentración de personas que habían salido a las calles. Al final de uno de los viaductos del centro de la ciudad, la policía y “tupamaros” habían cubierto los dos sentidos de los canales, una moto al lado de la otra. Y ahí estuvieron todo el día.
El joven se asomó a la ventana y vio a dos de sus vecinas en planta baja. Decidió que bajaría a hablar con ellas y a revisar la seguridad de la entrada principal. Su hermana Diana se negó a bajar con él y solo le dijo “no te tardes” antes de que el joven dejara el apartamento.
Ella cree que pasaron más de 20 minutos cuando su pareja, que estaba en la ducha, salió preocupado a preguntar por Daniel.
-Él bajó un momentico.
-¿Por qué lo dejaste bajar? Mira cómo está todo.
Desde el apartamento escuchaban los disparos. Diana cuenta que horas antes de que terminara el plantón, funcionarios y “tupamaros”, grupos armados del oficialismo, decidieron cruzar en moto todo el viaducto hacia donde estaban las personas concentradas mientras disparaban al aire para arremeter contra la protesta. “Obviamente esos disparos vaya usted a saber a dónde iban a parar”.
La gente comenzó a correr para resguardarse y el sitio se convirtió en caos. La escena se repitió varias veces: los manifestantes volvían a reunirse y ellos volvían a dispersarlos a punta de tiros y miedo.
Al ver lo que pasaba y tras escuchar el sonido de varios disparos, Diana abrió la puerta del apartamento y comenzó a llamar a su hermano a ver si estaba cerca y podía escucharla. Nadie le respondió. Decidió asomarse por la ventana y vio a Daniel tirado en el piso.
Bajó corriendo las escaleras hasta la planta baja del edificio. Lo primero en lo que pensó fue que su hermano estaba muerto. Al llegar, no podía acercarse a él porque había quedado entre dos de las rejas de la residencia y afuera los disparos seguían.
Cuando logró hacerlo, Diana vio que Daniel tenía un disparo en la cabeza. Su corazón seguía funcionando, pero no reaccionaba. La bala había cruzado de un lado a otro, del lado derecho al izquierdo del cerebro.
A Daniel Infante le tuvieron que retirar toda la parte derecha del cráneo para poder descomprimir la gran cantidad de sangre y el edema que había por el impacto que recibió. Después de casi cuatro años de lo ocurrido, el proyectil sigue ahí.
Uno de los vecinos ya había llamado al 171, así que los bomberos llegaron en pocos minutos y fue trasladado al Hospital Universitario de Mérida. Ahí Daniel estuvo en la unidad de cuidados intensivos por casi tres meses, en un coma inducido debido al trauma que tuvo a nivel cerebral, y unos cuantos meses más en hospitalización.
“Él estuvo vivo en todo momento, no tuvo ningún tipo de paro. No murió en ningún momento, pero la información que nos daban no eran muy alentadoras. Habían hecho lo posible para atenderlo, pero no nos decían que se fuera a salvar. Se esperaba lo peor”, cuenta Diana.
La cantidad de heridos por la represión que había en el hospital era alta. A pesar de que al joven lo llevaron rápido al centro de salud, Diana considera que la atención no fue la mejor por la congestión en el lugar y los niveles de estrés a los que estaban sometidos los trabajadores de la salud.
Ni en esa oportunidad ni en todo el tiempo que ha pasado le han dado un diagnóstico certero de lo que ocurrió con su hermano. “La atención en ese momento fue muy baja. Yo me cansé de preguntar para saber qué hacíamos y la respuesta de ciertos médicos era más bien de pensar en donar los órganos porque iba a ser una persona en estado vegetal. Los diagnósticos iban hacia otro lado más que pensar en tener que recuperar al paciente o ver qué se podía hacer”.
Nada volverá a ser igual
La vida le cambió a todos los integrantes de la familia Infante ese 24 de abril de 2017. Daniel pasó de estudiar Administración y trabajar como supervisor de recaudación de boletería en el TroleBus Mérida a estar acostado en una cama. Sin poder moverse ni hablar.
“Cuando él llegó a casa, era muy impresionante porque yo decía que era realmente como ver a una persona en estado vegetal, pero que abría los ojos. Yo me imagino que fue ese retorno y estar otra vez en su espacio, la impresión de él de estar en su lugar y no ser él, que estuvo mucho tiempo deprimido”, expresa Diana.
Ella, que ya vivía sola con sus dos hijas, tuvo que llevarse a su hermano y a su madre a vivir con ella para poderlo atender. “Normalmente en un hogar los niños son el centro de atención, aquí no. Si en su momento Daniel llama, hay que atenderlo porque si no vas en 10 minutos, a lo mejor se desespera. La dinámica pasó a ser primordialmente él, las niñas pasaron a un segundo plano. Así sigue siendo cuatro años después”.
Los avances de Daniel Infante han sido poco a poco. La estrategia de su hermana para animarlo y estimularlo fue seguir haciéndolo sentir parte de la dinámica familiar, sin importar que él no hiciera o ejerciera las acciones.
A pesar de no hablar, ha buscado hacerse entender. “Creo que hemos logrado establecer una forma de comunicación. Él responde con emociones. Él ríe muchísimo, llora, se molesta. Logramos darnos cuenta que tiene memoria, que no es responder por responder, sino que puedo comentar experiencias pasadas de la familia y él las entiende”.
Su atención médica, cuidados, terapias, medicinas ha sido una carga difícil de llevar porque Diana es la única en condición de salir a trabajar. El hecho de que en Mérida no haya centros de rehabilitación o que se les haga complicado trasladarlo a un centro de salud, ha afectado su recuperación. Siente que quizá en otras circunstancias, la situación fuese otra.
Es por eso que en sus planes está poder emigrar con Daniel. “A veces digo que sí se pudiera lograr que él respondiera, pero lo que falta es estimulación. Por eso no pierdo la esperanza de en algún momento poderlo sacar para que realmente pueda avanzar. Así sea tarde, pero yo digo que ese sería mi último intento”.
¿Quién es el culpable?
Durante la protestas de 2017, Runrunes.escontabilizó 157 muertes relacionadas a las protestas de ese momento. Por su parte, el Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de ese mismo año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5.341 y hubo al menos 4.000 heridos.
La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, además de múltiples países, condenaron la represión de los agentes de seguridad.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones.
Basado en los tipos de lesiones de los manifestantes, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: el abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio comenzaron a tratar heridas de bala.
Pero los familiares de Daniel Infante no saben con certeza quién es el responsable.
Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se acercaron al lugar para tomar declaraciones en todos los apartamentos del edificio y hacer las mediciones balísticas. Pero las investigaciones no avanzaron. En cambio, buscaron culpar a un muchacho de la misma zona que participaba activamente en las protestas. Para Diana, esa versión no tiene sentido.
Aunque en su momento no denunciaron ni presionaron por saber quién hirió a Daniel Infante, sobre todo después de avocarse a su recuperación, Diana tiene intenciones de no dejar que el caso de su hermano quede en el olvido.
“Hay culpables que están mucho más arriba que nunca se harán responsables de los hechos. Yo espero que en algún momento se sepa quién fue el culpable. ¿Y qué va pagar? El tiempo que tenga que pagar. Aunque el mayor daño, lo que le hicieron a Daniel, es difícil de revertir. Porque de lo que él era a lo que es o pudiera lograr ser en algún momento, son tres cosas muy diferentes”.
Fabián Urbina, de 17 años, falleció el 19 de junio de 2017 durante una protesta en el Distribuidor Altamira, en Caracas. Fue herido a nivel del tórax por el impacto de una bala
Johan Rojas, sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, fue identificado como el principal autor material de la muerte del joven. Después de dos años de retardo procesal, lo condenaron a 12 años y 10 meses de cárcel, pero la familia de Fabián sigue buscando justicia
No existía marcha, concentración, actividad a la que Fabián Urbina no iba durante las protestas de 2017.Convocatoria que hacía la oposición y ahí estaba. Le parecía inconcebible toda la crisis que sufrían los venezolanos con los alimentos y las medicinas, así que salía a expresar su descontento.
El 19 de junio de 2017 el llamado era para que todas las personas se concentraran en la capital, en una actividad denominada “La toma de Caracas”. Aunque Fabián vivía en Maracay, estado Aragua, decidió seguir con su asistencia casi perfecta a las manifestaciones. Cuadró con un grupo de amigos y se fueron hasta Caracas.
Horas después, su padre que estaba en su casa en Maracay, recibió una llamada de un familiar para decirle que su hijo Fabián estaba herido en una clínica. No le dio muchos detalles, pero fue suficiente para que su mundo empezara a darle vueltas por el estado de su hijo.
Iván Urbina se comunicó con el centro de salud y solo le contaron que su hijo estaba muy mal, sin importar cuantas veces insistiera. “Ella no me quiso decir, pero yo creo que ya mi hijo para ese momento ya había fallecido. Ellos dirán que es preferible que venga con la ilusión de que su hijo está vivo y que aquí se entere de la noticia a que vaya a venir manejando de Maracay para acá conmocionado. Hicieron lo que tenían que hacer, yo los entiendo”.
Buscó la forma de trasladarse hasta Caracas. Llamó a una amiga de la familia para que le diera la cola, mientras su esposa se quedaba en casa. Entre la logística y el trayecto desde Aragua, llegaron de noche a la capital pero el joven ya no estaba en la clínica. Para ese momento la noticia de Fabián había corrido por las redes sociales Iván confirmó lo que ya sospechaba: su hijo de 17 años había fallecido.
Fueron directo a la morgue de Bello Monte. Los médicos forenses y efectivos del cuerpo científico ya estaban en el sitio. Iván tuvo que esperar unas cuantas horas más para que los doctores le pudieran explicar lo que había ocurrido. “Me dijeron que hubo una herida de bala que le ocasionó lesiones viscerales y vasculares, lo que condujo a una muerte por hipovolemia”.
Fue al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) a hacer la denuncia y buscar el documento para poder sacar el cuerpo de su hijo de la morgue a la mañana siguiente. Primero tuvo que identificarlo a través de una computadora y después en físico. Lo único que soltó a decir fue: “Hijo, ¿para qué viniste a Caracas?”.
Iván cuenta que verlo de esa manera fue muy duro. “No te puedo ni siquiera contar lo extremadamente duro que es esa experiencia de ver a tu hijo ahí sin vida. Porque tú ves a tu hijo en la mañana vivo y ya en la tarde lo asesinaron. Es muy fuerte”.
¿Qué ocurrió con Fabián?
El 19 de junio de 2017 transcurrió entre marchas y represión, más la segunda que la primera. Iván Urbina cuenta que ese día la actuación de los cuerpos de seguridad fue desproporcionada. “Ni siquiera las marchas habían terminado de concentrarse en los puntos en los cuales se había destinado para ello, cuando ya empezaron a reprimir los diferentes organismos de seguridad del Estado”.
Cuando la protesta estaba a la altura del Distribuidor Altamira, en el municipio Chacao de Caracas, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) empezaron a reprimir con disparos.
“La represión fue tan brutal, desmedida y despiadada, a un punto inclusive criminal, que un Guardia Nacional sacó su arma de reglamento, apuntó hacia los muchachos y disparó sin ningún tipo de miramientos. Disparó a matar. El Estado venezolano es el responsable de la muerte de nuestro hijo”, expresa Iván. Cuenta cómo el hecho quedó registrado en fotos y videos de periodistas que en ese momento cubrían las protestas.
Fabián fue herido a nivel del tórax por el impacto de una bala alrededor de las 3:30 de la tarde. Como pudieron los jóvenes que estaban en el sitio junto a él, lo llevaron hasta uno de los puestos de la Cruz Verde para que fuera atendido, pero no fue suficiente. “Eran puesto de primeros auxilios para personas asfixiadas por bombas lacrimógenas, perdigones y cosas así. No era para atender una herida de esa magnitud”.
De ahí lo trasladaron hasta la Clínica Ávila, cerca del lugar, pero llegó sin signos vitales.
En un reporte que Runrun.es llevó durante las protestas de 2017, se contabilizaron 157 muertes relacionadas a las manifestaciones de esa época. El Foro Penal Venezolano, en un informe publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos.
En el informe publicado por la Misión de Determinación de Hechos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) manifestó tener motivos razonables para creer que «las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza letal contra la víctima cuando no era estrictamente inevitable para proteger vidas. Los casos documentados por la Misión revelan que las fuerzas de seguridad dispararon a quemarropa y a zonas vitales del cuerpo (cabeza, tórax, abdomen)». Entre los casos investigados, se encuentra el de Fabián.
Justicia a medias
Iván Urbina reconoce que la actuación del Ministerio Público, todavía bajo la administración de Luisa Ortega Díaz, fue acertada. Explica que actuaron de inmediato tras el asesinato de su hijo: esa misma tarde habían detenido a dos guardias nacionales y, al día siguiente, uno más.
En 45 días elaboraron las investigaciones pertinentes, hicieron pruebas de balística y recabaron información para poder formular la denuncia ante el tribunal. Y así lo hicieron: imputaron a Johan Rojas como el principal autor material de la muerte de Fabián Urbina.
Pero a partir de ahí comenzó el tortuoso proceso por la justicia. Las audiencias preliminares fueron diferidas 19 veces consecutivas, en un lapso de 24 meses, dos años. “Cada vez que llegábamos al tribunal, se difería. Te podrás imaginar el sacrificio que uno hacía para trasladarse a Caracas. A veces pasábamos todo el día ahí, desde las 8 de la mañana, y a las 3 de la tarde te decían que no habría audiencia”.
En la convocatoria número 20, más de dos años después del asesinato de Fabián se llevó a cabo la audiencia preliminar. El juez escuchó todas las partes y les dio la oportunidad a los efectivos de la GNB de aceptar los cargos y rebajarles un tercio de la pena. Pero al decirle que la condena sería de 21 años y 10 meses, el imputado dijo que no.
Así pasaron a la etapa de juicio. “Pasaron cinco meses para que el tribunal fijara la primera audiencia de apertura de juicio, fue el 10 de diciembre de 2019. Pero fue diferida para el 25 de febrero de 2020”, explica Iván. Esa fecha coincidía con la semana de Carnaval y los tribunales no trabajaban. Quedaron en el limbo a la espera de una nueva fecha por la llegada de la pandemia. “El caso se estancó ahí”.
El 17 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la segunda audiencia del juicio, en el que el imputado aceptó los cargos que le fueron imputados. “Al aceptar nos da la razón a nosotros como siempre la hemos tenido que asesinó a nuestro hijo vil y cobardemente”.
Pero hubo un detalle: la condena que le dieron fue de apenas 12 años y 10 meses, mucho menos de lo esperado. “Eso no es una pena, eso es un regalo de Navidad. Nos quedamos locos, sorprendidos. Eso no es justicia, eso es un parapeto de justicia. Porque tú no me vas a decir a mí que con todos los delitos que a ese guardia le imputan y de la forma tan horrenda en la que ese diablo asesinó a nuestro hijo, le van a dar 12 años”.
Iván Urbina y su esposa van a apelar la condena. Y no van a descansar hasta lograr una “justicia verdadera”. “Tanto mi esposa como yo, con la asistencia de los abogados del Foro Penal, vamos a conseguir una condena justa, que de verdad se apegue al tamaño del crimen. Haremos lo que tengamos que hacer, dentro de la ley, para una condena justa”.
Un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana fue señalado como el culpable del fallecimiento de Manuel Sosa durante una protesta en el estado Lara en mayo de 2017
El Ministerio Público no ha dado explicaciones sobre las diligencias realizadas para la detención del efectivo
“Y decirte que te extraño, aun cuando pasen los años jamás te olvidaré y siempre te guardaré en mi corazón”. Así dice la canción que Arturo Bello le escribió a su primo Manuel Sosa. Su madre y sus hermanas la han escuchado cientos de veces para recordar al joven asesinado en las protestas del año 2017.
Es una melodía triste, lenta. Una canción que resume cómo la muerte de Manuel Alejandro Sosa Aponte, de 34 años, le cambió la vida a todos en la familia.
Manu, como le decían cariñosamente sus amigos y allegados, fue la sexta víctima en fallecer en las manifestaciones de hace tres años en el estado Lara. En un registro llevado a cabo por Runrun.es durante 2017 en todo el territorio nacional, la cifra de muertos fue de 157.
Salió a las calles de Barquisimeto a mostrar su descontento en las protestas de 2014, con la convicción de aportar a la lucha por un cambio. Sus conocidos recuerdan que Manuel soñaba de forma desmedida, sobre todo, con la libertad de Venezuela.
Con esa misma convicción Manuel salió a las calles en 2017, después de que la oposición convocara a los venezolanos para rechazar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que usurpaba las competencias de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
Aunque Manuel trabajaba en un puesto de comida rápida y los horarios le complicaban asistir todos los días a las marchas. Aprovechaba a hacerlo los días miércoles y jueves, cuando estaba libre.
Era uno de los líderes de los jóvenes de la “Resistencia”. Así que el 24 de mayo se reunió con sus compañeros, antes de la marcha que tendría lugar al día siguiente. “Mañana será un día muy bonito, mañana será el día”, fueron algunas de sus palabras. Insistía en que los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) irían con todo. “Lo que no sabía era que ese era el día que le tocaba irse, se estaba despidiendo”, dijo uno de sus amigos.
El jueves 25 de mayo fue a protestar cerca de su residencia después de acompañar a su papá a llevar a su hermana al trabajo y de desayunar juntos con su mamá. Manuel estaba en el distribuidor del sector Valle Hondo de la ciudad de Cabudare en el estado Lara, donde había un pelotón de la GNB. Las horas pasaban y pasaban, nada que regresaba a almorzar.
Su padre le mandó un mensaje y Manuel le contestó que pronto iría a casa. Salió a buscar a su hija al trabajo y se encontró a su hijo. “Cuídate”, fue lo último que le dijo a su padre.
Los testigos que estaban en el lugar cuentan que alrededor de las 3:00 de la tarde, uno de los efectivos sacó un arma de fuego y comenzó a disparar a los manifestantes de la protesta. Manuel ya estaba en camino a su casa, pero cuando escuchó las detonaciones y vio que uno de los muchachos cayó herido, Manuel corrió al distribuidor a ayudarlo y alejarlo del peligro.
El funcionario volvió a disparar, ahora directamente a Manuel. La bala lo impactó por debajo de su clavícula derecha y le salió por la espalda. Lo hirieron gravemente, pero en un último esfuerzo se levantó, saltó el elevado y caminó hasta su urbanización. Los vecinos lo auxiliaron y él les pidió que no lo dejaran morir porque tenía un hijo de cinco años que cuidar.
Fue trasladado a la Clínica Quirúrgico Los Leones y lo metieron a quirófano. Estuvo en terapia intensiva donde luchó por su vida hasta las 11:40 de la noche cuando murió luego de sufrir un paro respiratorio.
“Solo así pudieron silenciar una voz valiente, que resistió con coraje y se propuso luchar por un mejor país”, expresó a la ONG Justicia, Encuentro y Perdón uno de los amigos de Manuel que no quiso dar su identidad por miedo a represalias.
La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, además de múltiples países, condenaron la represión de los agentes de seguridad.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones. Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público.
En un reporte publicado por el Foro Penal Venezolano en mayo de 2017, registraron que durante ese mes muchas personas presentaron heridas causadas por perdigones, balas u otros objetos como metras, cristales, trozos de metales que fueron disparados por efectivos militares, policiales o grupos paramilitares.
Aunque su familia denunció la actuación de los efectivos de seguridad del Estado, pensaron que no sabrían quién había sido el culpable por la cantidad de funcionarios que había ese día en el sitio donde Manuel murió.
Pero 22 días después de lo sucedido valiéndose de testimonios, evidencias físicas y demás pesquisas de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos del Ministerio Público, se logró determinar que el primer teniente de la GNB, Johnnuar José Pastor Arenas Castillo de 30 años, adscrito en el Destacamento 123 de Cabudare, fue el presunto responsable de disparar el arma que le quitó la vida a Manuel Sosa.
La Fiscalía 23 con competencia en Derechos Fundamentales solicitaron una orden de captura, pero fue en vano porque más de tres años después de la muerte de Manuel, la justicia no ha llegado.
La detención de Arenas Castillo no se ha llevado a cabo y hasta fue “premiado” en un acto público. En un documento del Ministerio de la Defensa, del 29 de junio del 2017, y según resolución 019647, se indica que el presidente de la República lo ascendió al grado de Capitán.
Familiares de Manuel han denunciado que el Ministerio Público no da respuesta, ni a ellos ni a sus abogados, sobre las diligencias realizadas para la aprehensión de Arenas Castillo, y mucho menos se evidencia en el expediente que la investigación haya sido dirigida hacia la cadena de mando.
“A más de tres años del asesinato de mi hijo, el caso está totalmente paralizado, ninguna institución se pronuncia mientras el funcionario señalado de matar a Manuel sigue libre, y hasta fue premiado por su actuación al ser ascendido al grado de Capitán”, contó su padre Alejandro Sosa.
“Estoy seguro, espero que más temprano que tarde, que habrá un giro en la dirección del país y en ese momento todos aquellos que hayan cometido desmanes, burlado la ley, violentado el estado de derecho, tendrán que pagar; inclusive esa persona que le arrebató la vida no solamente a Manuel, que le cambió la vida a mi tía Maritza, a mi prima Melissa, a su hijo Mauricio y a todos los que estábamos a su lado”, manifestó su primo Arturo Bello.
“Y que el futuro ya sin miedo calme todos los desvelos del ayer”, dice también Arturo en la canción que le escribió a Manuel, con la esperanza de que los días ayuden a aliviar el dolor de la pérdida.
La última vez que los padres de Daniel Queliz vieron a su hijo fue el 9 de abril de 2017. La familia tenía pensado viajar a Chichiriviche para tomarse unos días de descanso por Semana Santa, pero el joven decidió quedarse en casa para cumplir con sus obligaciones laborales y estudiantiles en su tercer año de derecho en la Universidad Arturo Michelena. Sus padres se despidieron con un “Dios te bendiga, hijo” y el plan era que él los alcanzara tres días después. No pudo.
La Mesa de la Unidad Democrática había convocado una marcha para el 10 de abril para exigir la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por usurpar las funciones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Venezuela llevaba días con las calles encendidas en protestas y represión, ese día no fue la excepción.
La situación de represión de los cuerpos de seguridad del Estado se recrudeció hasta horas de la noche en la capital del estado Carabobo, específicamente en la urbanización Los Parques de la parroquia Miguel Peña, donde vecinos salieron a protestar. Daniel Queliz se unió a ellos alrededor de las 11:30 pm.
Una patrulla que se encontraba en el lugar comenzó a disparar a los manifestantes, según testigos, con intención de causar daño más allá de disuadir la protesta pacífica. La angustia y confusión se apoderaron de todos.
Al principio pensaron que las detonaciones eran por las armas de bombas lacrimógenas. Pero unos gritos dieron la mala noticia: “¡Le dieron a Daniel, le dieron”. El joven había intentado protegerse, pero fue alcanzado por dos proyectiles: uno que impactó en su mano izquierda y el otro en la nuca.
A medianoche los vecinos llamaron a los padres de Daniel Queliz para decirles que su hijo había sufrido un accidente y que se encontraba en el Hospital Central de Valencia Doctor Enrique Tejera. “Nos devolvimos, mi esposa tenía una crisis de nervios. En el trayecto pedí hablar con mi hermano y le exigí que me dijera lo que estaba pasando. Él me dijo la verdad. Mi hijo estaba muerto. Mantuve la calma sin decirle nada a mi esposa hasta que llegamos directamente a la morgue del hospital”, expresó Alexander Queliz, padre del muchacho.
Daniel Queliz fue el primer fallecido del estado Carabobo durante las protestas de 2017. Runrunes.es contabilizó 157 muertes relacionadas a las manifestaciones de ese año. El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de 2017, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos.
La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, además de múltiples países, condenaron la represión de los agentes de seguridad.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones. Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público.
Se comprobó que Daniel Q. Falleció por impacto de bala de un arma asignada a un Policía de Carabobo quien será puesto a la orden del MP(2/2)
Basado en los tipos de lesiones de los manifestantes, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: el abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio, comenzaron a tratar heridas de bala.
Alexander Queliz afirmó que la respuesta del Ministerio Público y de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fue inmediata. Habían designado al Fiscal 28° del estado Carabobo José Antonio López para las investigaciones del asesinato. “Fue tanto así que el asesinato de Daniel se esclareció en menos de 48 horas”, dice.
Cinco funcionarios de la Policía de Carabobo fueron señalados por los vecinos como los autores del asesinato. La fiscal Luisa Ortega Díaz informó que dos efectivos habían sido detenidos: Marcos Ojeda y Edwin Romero. Fueron acusados por delitos de homicidio intencional, uso de armas orgánicas y alevosía.
“Quiero que sepa el país que nuestro equipo de médicos y expertos fueron quienes practicaron las autopsias para determinar las causas de las muertes (…) Apenas estamos comenzando las investigaciones, estamos trabajando para que se sancione a los responsables para que no haya impunidad, para que haya respuesta y justicia”, dijo Ortega Díaz en rueda de prensa.
Todo eso fue dejado atrás con la designación de Tarek William Saab. “Debo decir responsablemente que una vez que el señor Tarek William Saab asumió el mando como Fiscal designado por la asamblea nacional constituyente el caso de Daniel comenzó a tener retardos”, contó el padre del joven.
“Al momento de la autopsia a Daniel tuvieron que hacerle rayos X porque el proyectil estaba en una zona muy complicada para extraerlo, pero cuando hacen la comparación balística comprueban que efectivamente salió de un armamento asignado al supervisor jefe Marco Ojeda, que es el autor material de la muerte de mi hijo. A pesar de las pruebas, siguen retrasando el juicio”, afirmó Queliz.
Pero el dolor por haber perdido al muchacho fue un duro golpe para Glenis Araca, madre de Daniel Queliz: producto de la depresión por el asesinato de su hijo, se quitó la vida. El 1 de mayo de 2018 fue encontrada en su residencia.
“Destruyeron a mi familia directa, mi continuidad, apagaron los sueños de Daniel. Acabaron con mi hogar, con lo que mi esposa y yo construimos. Éramos una familia feliz, pero ese momento marcó un antes y un después. No es fácil. Me quedé sin mi único hijo y un poco después sin mi esposa. Los pedazos de mi vida han quedado esparcidos en el piso y tengo que ver qué hago con ellos”, declaró Alexander Queliz en julio de 2018.
A pesar de que las audiencias han sido diferidas y que no se ha hecho justicia, Alexander Queliz no deja de luchar por todo el daño que le hicieron a su familia. “A lo último que nosotros debemos renunciar en cualquier parte del mundo es a nuestros derechos. El día que renunciemos a nuestros derechos como ciudadanos, ese día estamos perdidos”.
N de R: El caso es extraído de las crónicas reseñadas por en el portal de Encuentro, Justicia y Perdón
David José Vallenilla fue asesinado el 22 de junio de 2017 por un efectivo de la aviación militar que le disparó directamente a su pecho
El Ministerio Público solicitó que el sargento primero de Fuerza Aérea, Arli Cleiwi Méndez Terán, fuera procesado por homicidio agravado con premeditación y uso indebido de un arma de servicio. Han pasado más de tres años de la muerte del joven y el juicio todavía no se ha llevado a cabo
David José Vallenilla, de naturaleza inquieta, tenía muchos intereses. Jugó fútbol, béisbol, natación, polo acuático; tomó clases de teatro y modelaje. Sus padres lo acompañaron y le dieron la oportunidad para que encontrara su pasión. Así que con el tiempo desarrolló una vocación de ayudar al otro.
Mientras todavía estaba en el colegio, le pidió a su padre que lo inscribiera en un curso de auxiliar de enfermería. Se graduó con rapidez y su interés creció tanto que al culminar las pasantías se quedó ayudando sin remuneración durante unos meses en un ambulatorio en Charallave.
Al salir del bachillerato, decidió estudiar enfermería y se hizo voluntario del cuerpo de bomberos de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Hacía una especialización en quirófano, trabajaba en la Clínica Bello Campo y estaba a la espera de convertirse en Técnico Superior de Enfermería del Instituto Universitario de Tecnología y Administración Industrial.
Pero David José no pudo recibir su título: fue asesinado el 22 de junio de 2017.
Sus padres le habían pedido que se abstuviera de asistir a las protestas antigubernamentales contra el gobierno de Nicolás Maduro, que para ese momento llevaban más de tres meses en todo el país. Pero el joven estaba empeñado y no dejaba de insistir en que quería participar.
El 18 de junio, en el almuerzo del día del padre, el tema volvió a surgir. Su padre David Vallenilla le explicó las rutas alternas que podía utilizar para evitar encontrarse en medios de las manifestaciones, trancones y enfrentamientos. Por todos los jóvenes que habían fallecido por la represión, le pidieron una vez más que no protestara. El joven les prometió que se mantendría a salvo.
Días después el padre de David estaba en su casa en Cúa, a las afueras de Caracas, cuando recibió una llamada de su exesposa y solo pudo decir unas pocas palabras antes de que la llamara se cortara: “David José se fue para una marcha y parece que lo metieron preso”. Él la llamó de vuelta pero tan pronto lo atendió, Milagros empezó a gritar.
Salió de la casa para buscar ayuda y consiguió a una señora que le mostró en el teléfono la foto de un joven que acababan de asesinar en las inmediaciones de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda. Se trataba de David José, su hijo.
Un familiar le dio la cola hasta Caracas. Al llegar al centro de salud donde estaba el muchacho, se encontró con un primo que es médico y estaba cabizbajo con los brazos cruzados .
—Carlitos, ¿qué pasó?
—Cuando llegó ya no había nada que hacer.
Directo al pecho
David José fue a la protesta cuando salió del trabajo, a las 3 de la tarde. Junto a unos amigos caminó desde la avenida Francisco de Miranda hasta La Carlota. Vestía un bluejeans, camisa azul y zapatos blancos que acostumbran a llevar los profesionales de enfermería. Cargaba consigo un morral en el que solo tenía un envase vacío de comida.
En el sitio se producía un enfrentamiento entre manifestantes y efectivos de seguridad del Estado. Los jóvenes lanzaban objetos al otro lado de la reja que rodeaba la base militar.
David José se acercó a la valla, recogió un objeto del suelo y lo intentó arrojar por encima de las altas rejas. Tenía puestos unos lentes de natación y un pañuelo en la cara para protegerse de los gases lacrimógenos.
Tres funcionarios militares desde el otro lado de la verja caminaron hacia él. Llevaban cascos, chalecos antibalas y equipos antidisturbios de protección. Uno de ellos blandía una escopeta y los otros dos lo protegían con un escudo antimotín. El del centro pasó su arma a través de la reja y le disparó a David José directo al pecho.
El muchacho cayó al asfalto. Los funcionarios le dispararon de nuevo apuntando al tronco, aunque no lo alcanzaron. Un cuarto militar se acercó desde atrás y le lanzó algo que parecía ser una piedra.
Un joven con un escudo de cartón apareció para intentar ayudar a David, quien caminó unos metros y se desplomó. Los manifestantes lo arrastraron y varios paramédicos de la organización Cascos Verdes le practicaron reanimación cardiopulmonar. Entre varios lo subieron en una moto para trasladarlo a la Clínica Ávila, pero llegó sin vida.
La causa de su muerte se registró como shock hipovolémico por hemorragia debido a la perforación del corazón, del pulmón derecho y del hígado, ocasionado por el disparo de un arma de fuego de proyectiles múltiples en el tórax.
Su muerte quedó registrada en video por los manifestantes que se encontraban en el lugar. Eran las 5 de la tarde. Lo ocurrido fue difundido por redes sociales y causó conmoción.
No se ha hecho justicia
El caso de David José ha estado cargado de irregularidades. Los intentos por obstruir la justicia han aparecido uno detrás del otro.
El mismo 22 de junio, el Ministerio Público anunció que la Fiscalía Ciento Veintiséis del Área Metropolitana de Caracas investigaría el hecho. Por su parte, el ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, anunciaba que un sargento asignado al grupo de la policía aérea había sido identificado como el autor del disparo, usando un arma no autorizada.
Su padre cuenta cómo, antes de que él llegara a la Clínica Ávila, una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) trató de llevarse el cuerpo de su hijo. Ya en el lugar se encontraba un representante del Ministerio Público que impidió que tal cosa sucediera y aseguró el traslado hacia la morgue de Bello Monte como corresponde en estos casos.
Ya en este lugar se dio una confrontación entre el entonces director de esta institución y los representantes del Ministerio Público: se trató de impedir la presencia de estos últimos en la autopsia y se desató una guerra por el resguardo de la evidencia.
Al cuerpo de David José le extrajeron cuatro esferas metálicas en la cavidad torácica izquierda, que habían perforado pulmón, hígado y corazón causándole al joven una hemorragia interna que le provocó el fallecimiento.
El informe de la Misión de Determinación de sobre la situación de derechos humanos sobre Venezuela señala que en el examen forense se “identificó un rasguño en el interior del cañón del arma de fuego y concluyó que el arma había disparado municiones no convencionales, como esferas metálicas”. El arma había sido intervenida para hacerla letal.
“La investigación determinó que, cuando se disparó el arma, la distancia entre la boca de cañón del arma de fuego y el pecho del Sr. Vallenilla no había sido superior a dos metros”, reza el informe. “La Misión tiene motivos razonables para creer que el Sr. David José Vallenilla Luis fue víctima de una ejecución extrajudicial”.
Un registro llevado por Runrun.es contabilizó 158 muertos en el contexto de protestas de 2017. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) documentó la existencia de violaciones generalizadas de los derechos humanos. Constató que las fuerzas de seguridad utilizaron de forma sistemática fuerza excesiva para frenar las protestas. Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público.
Basado en los tipos de lesiones de los manifestantes, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: el abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio comenzaron a tratar heridas de bala.
En un reporte publicado por el Foro Penal Venezolano en mayo de 2017, registraron que durante ese mes muchas personas presentaron heridas causadas por perdigones, balas u otros objetos como metras, cristales, trozos de metales que fueron disparados por efectivos militares, policiales o grupos paramilitares. “Existen heridos y evidencias del uso de esferas metálicas o de vidrio, presuntamente disparadas por efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado. Dichas esferas son introducidas dentro de los cartuchos de perdigones usados contra manifestantes. Ha sido denunciado y se han encontrado en los sitios de las manifestaciones, cartuchos previamente fabricados donde se introducen esferas metálicas o de vidrio en combinación con los perdigones de plástico”, reza el informe.
“Desde el primer momento quien violó el procedimiento penal fue el mismo gobierno. El autor material tenía que haber sido detenido en flagrancia y presentado frente al Ministerio Público puesto que el mundo entero fue testigo de lo que sucedió, casi lo televisaron en vivo”, expresó su padre David Vallenilla. Pero nada ocurrió así.
En octubre de 2017, el Ministerio Público concluyó su investigación y solicitó que se procesara al sargento primero de la Fuerza Aérea Arli Cleiwi Méndez Terán por homicidio agravado con premeditación y uso indebido de un arma de servicio
La audiencia preliminar del caso se llevó a cabo un año después del asesinato de David. Todas las audiencias anteriores fueron suspendidas, en su mayoría, por asuntos relacionados con el traslado del imputado, cuyo lugar de reclusión ni siquiera el juez de la causa parecía conocer con exactitud: “Yo dudo que ese individuo, que no lo llevan nunca a las audiencias, este privado de libertad. No tengo la certeza, por el contrario tengo razones suficientes para dudarlo”, cuenta el señor Vallenilla.
“El Vigésimo Primer Juez de Control decidió mantener la medida preventiva de privación de libertad en contra del imputado y ordenó el pase a juicio oral y público”, explica el informe de la ONU.
Más de tres años después de la muerte de David José, el juicio aún no ha tenido lugar.
Toda la familia de David José vive con el dolor de la pérdida, tratando de convertirlo en fortaleza: “Nos han mutilado nuestras vidas, no termino de aceptarlo, nuestras vidas no serán iguales nunca más”.
Vallenilla quiere que su hijo sea recordado por su osadía y sus ganas de luchar por un mejor país. “Quiero que mi hijo sea recordado como un joven valiente que dio su vida por ver a su país libre. Que se sepa quién fue y por qué luchó, por qué murió. Que sea recordado como un gran hombre, se lo merece, como todos esos jóvenes que dieron su vida por Venezuela. Se lo merecen”.
N de R: El testimonio forma parte del informe. Voces bajo represión: diez historias contra la impunidad en Venezuela, disponible en el portal de Cofavic.
