protestas 2017

El joven Yorman Bervecia fue asesinado en mayo de 2017 durante una protesta en Barinas contra el gobierno de Nicolás Maduro por cuerpos de seguridad del Estado

@ValeriaPedicini

Yorman Bervecia apenas tenía 19 años cuando una bala le quitó la vida. Un disparo le impactó el lado izquierdo del pecho mientras se encontraba en una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro en el estado Barinas. 

Era 22 de mayo de 2017 y la manifestación había sido convocada en conjunto por el movimiento estudiantil y sectores de la oposición, en rechazo a las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. 

Hoy #22May se cumplen 3 años del asesinato de Yorman Bervecia, quien murió por un disparo en el pecho durante una manifestación pacífica en Barinas. Yorman solo tenía 18 años, recién graduado de bachillerato y con un hijo de 1 año cuando fue asesinado. #AúnSinJusticia pic.twitter.com/AmMjPskcgj

— PROVEA (@_Provea) May 22, 2021

Aquel lunes en la mañana, la protesta en la urbanización José Antonio Páez, en Los Pozones, cerca de un destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), estalló. Efectivos de seguridad acompañados de civiles armados salieron a reprimir y disparar contra los manifestantes.

Yorman, que había decidido unirse a la concentración, fue impactado por una de las armas de fuego. Según testigos que se encontraban en el lugar, la bala provino del contingente de funcionarios militares. 

Al muchacho lo montaron en una moto y lo trasladaron a un ambulatorio cercano. A pesar de la acción, ya era tarde: no tenía signos vitales.

PROHIBIDO OLVIDAR Hoy se cumplen 2 años del FUSILAMIENTO por parte de Maduro del estudiante Yorman Bervecia en #Barinas, Venezuela #22May pic.twitter.com/crqs28UaT4

— TRGlobalNEWS (@TITORODRIGUEZZ) May 21, 2019

Yorman fue uno de los siete manifestantes que ese día fallecieron en Barinas producto de la represión de cuerpos de seguridad del Estado. Fue la víctima número 61 tras 52 días de protestas en el país.

Las investigaciones

El mismo lunes 22 de mayo de 2017 fue comisionado el Fiscal 1 de Barinas para investigar la muerte de Yorman Bervecia, según informara el Ministerio Público en su cuenta de Twitter. 

La fiscal María Di Lorenzo, encargada de las investigaciones en 2018, le notificó a Luz Cabeza, madre del joven, que el expediente se había perdido. 

Para Luz, eso solo significaba que la justicia por el asesinato de su hijo se alejaba más y más. “¿Quién garantiza que la reconstrucción del expediente corresponda con lo que se había recabado? ¿Qué clase de respuesta es esta? Nosotros no gozamos de un sistema judicial justo, un sistema político recto; todo está corrompido, monopolizado, secuestrado. Queremos que ocurra la reparación de daños ante las pérdidas humanas, que se limpie la memoria de nuestros hijos. Pretenden borrarlo todo y no es justo, tenemos derecho a que las futuras generaciones conozcan lo que pasó aquí y lo que sucedió con nuestros hijos”, expresó a la organización Justicia, Encuentro y Perdón.

Un registro llevado por Runrun.es contabilizó 157 muertos en el contexto de protestas de 2017. El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones. Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público.

El caso pasó a estar a cargo de Henry Rico, abogado responsable de la Fiscalía Primera del Ministerio Público en Barinas, quien le dijo que necesitaba tiempo para estudiar el expediente. 

Pero eso no ha significado ningún cambio. El caso de Yorman se paralizó. No hay investigaciones, no hay avances después de más de cuatro años de su fallecimiento. 

En 2020, Luz decidió emigrar. Entre las razones, estaban las intimidaciones que habría sufrido por parte de agentes estatales desde la muerte de Yorman. Así que hizo las maletas y se fue con tres de sus cuatro hijos a Perú, donde todavía reside. 

Cuenta que no ha sido un proceso fácil. Primero por el asesinato de su hijo y luego por todos los cambios que su familia ha tenido que enfrentar tras ese hecho que lo cambió todo. “Esto ha trastocado mi vida y la de mi familia. Pensé que sería él (Yorman) quien iba a enterrar mis restos, como es ley de vida”. 

Luz quiere justicia y limpiar el nombre de su hijo. “El gobierno lo ha tildado de terrorista, malandro, delincuente y guarimbero, términos ligeros que usan los funcionarios que nos atienden en la fiscalía, sin ningún respeto ni consideración a que somos los padres de esos muchachos que nos arrebató el Estado”.

La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad busca ubicar a quienes sufrieron atropellos en las protestas de 2014 y 2017 y emigraron sin denunciar 

Antes de que el fiscal Karim Khan visitara Venezuela a comienzos de noviembre de este año y dijera que la Corte Penal Internacional va a abrir una investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro, la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad había empezado un estudio para dar con las víctimas de violaciones a derechos humanos fuera del país. 

Alonso Domínguez, coordinador de la red, sostuvo que en este 2021 las organizaciones Defiende Venezuela, Un Mundo sin Mordaza y el Observatorio Venezolano contra Crímenes de Lesa Humanidad comenzaron un trabajo para recolectar testimonios de personas que sufrieron la represión de organismos de seguridad del Estado en el marco de las protestas de 2014 y 2017 y decidieron emigrar sin denunciar. 

“Nuestra hipótesis de trabajo es que hay muchas víctimas que no fueron atendidas, fueron encarceladas y sometidas a torturas por funcionarios del gobierno y posteriormente emigraron, huyendo de esta violencia y de la crisis humanitaria compleja”.

Domínguez informó que, en vista de esta realidad, decidieron crear un voluntariado fuera de las fronteras venezolanas para recolectar testimonios de posibles víctimas.  

“Suponemos además que hay muchos afectados que ni siquiera tienen conciencia de que sufrieron una violencia de Estado, porque regímenes autoritarios hacen ver ciertas prácticas policiales como normales”.

Somos una red internacional de documentación y denuncia de Crímenes de Lesa Humanidad cometidos contra venezolanos que han huido del país.🇻🇪

Nuestro objetivo es facilitar investigaciones internacionales y lograr justicia para las víctimas. ⚖️ pic.twitter.com/T83OQgVJJB

— Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) May 11, 2021

Más de 100

El abogado indicó que, hasta el momento, han identificado a 150 eventuales víctimas de atropellos a los DDHH en el exterior y cuentan con 17 casos plenamente documentados.

“Nuestro objetivo es que no quede ni un venezolano que esté fuera y haya sufrido esta tragedia sin denunciar”, agregó.  Para ello, disponen de un grupo de personas voluntarias que están llevando a cabo la investigación. 

“A esos equipos de trabajo le damos una capacitación en materia de derechos y le hacemos el respectivo seguimiento. No es fácil, porque en la mayoría de los casos, también son migrantes que tienen dos y tres trabajos y deben abrir un espacio en su agenda para hacer esta labor que es voluntaria”. 

Domínguez informó que hasta ahora cuentan con voluntariado en Estados Unidos, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Perú y México y es probable que se sumen en el futuro cercano Alemania, Paraguay y El Salvador.

“Solamente en Estados Unidos ya representa un reto. Los venezolanos están dispersos por todos los 50 estados de ese país, no hablamos únicamente de Florida y Texas, hemos detectado casos en poblaciones como Omaha, Nebraska y Missouri”, detalló. 

Humano Derecho con Alonso Domínguez de la la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad

Un par de años indagando

Al coordinador de la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad le parece atrevido estipular un tiempo para recolectar toda la información, pero considera que en dos años podrán contar con una base de datos sólida.  

Dijo que la finalidad de las organizaciones que recogen testimonios de personas víctimas de violaciones a DDHH es complementar el trabajo que hace la Corte Penal Internacional.

“La investigación que acaba de abrir la CPI está referida a hechos en 2017, pero hay que exigir que la investigación se amplíe a 2014, donde también hubo un número importante de víctimas a raíz de las protestas de ese año”, recordó.

Domínguez confía en que el proceso que inició la CPI llegue a buen puerto y sean sometidos a la justicia los verdaderos responsables de la represión en Venezuela.  

“El temor de que haya unas personas de rango medio que sean expuestos como chivos expiatorios no debe existir. El Estatuto de Roma, acuerdo al que Venezuela está suscrito, establece que en los crímenes de lesa humanidad se deben buscar a las cabezas de las cadenas de mando, no solo a los perpetradores”, recordó. 

El abogado indicó que, como en todo caso de derech,o hay un camino largo que recorrer. “Estamos confiados en que la CPI hará su trabajo de recabar pruebas y testimonios. No sabemos cuántas víctimas serán, esto apenas está comenzando, incluso sabemos que la propia CPI tiene problemas presupuestarios”.

Domínguez informó que cualquier persona que quiera ponerse en contacto con ellos para ofrecer su testimonio u ofrecerse como voluntario puede hacerlo a través del correo electrónico documentacionclh@sinmordaza.org. También alerto que en la página www.redclh.org estará disponible un mapa con la ubicación de todas las víctimas en el mundo. “Por supuesto respetando la privacidad de cada una de ellas”.

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Ignacio, un joven de Maracaibo, fue detenido en el contexto de las protestas de 2017. Durante su reclusión fue víctima de tortura y violencia sexual por varios de los funcionarios 

@ValeriaPedicini 

Ignacio fue detenido en 2017. Era 20 de julio y en Maracaibo había sido convocada una manifestación en el marco de una huelga general convocada a nivel nacional. Junto a él, 22 personas más fueron apresadas, incluidas dos mujeres y una niña de 13 años.

Las autoridades respondieron a la movilización con un despliegue mixto de fuerzas de seguridad compuesto por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Mientras la GNB se enfocaba en tareas de control de la manifestación, la PNB llevaba a cabo las detenciones. 

Un informe policial señala que cerca de las 7:00 de la noche, los cuerpos de seguridad se encontraron frente a una situación de disturbio público cerca del cruce Amparo. En el sitio había “un grupo de ciudadanos encapuchados, visiblemente portando bombas molotov, objetos contusos y escudos estaban arremetiendo contra los bienes públicos y privados de la zona”.

Pero las declaraciones de los testigos registradas en el primer informe emitido por la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela en septiembre de 2020 dicen algo distinto. Según sus testimonios, fueron detenidos en lugares y en momentos diferentes a aquellos registrados en las actas policiales. 

Algunas detenciones se hicieron a tempranas horas de la mañana, otras alrededor del mediodía y otras al final de la tarde. Solo dos de las 23 personas detenidas recuerdan haber sido arrestadas a la hora que indicaba la policía. Los informes policiales no registraron la detención de las mujeres, ni de la niña de 13 años. 

Ahí vino lo peor

Los detenidos fueron llevados en la parte trasera de un gran camión estacionado frente a las instalaciones de Corpoelec, donde fueron golpeados por funcionarios con cascos, puños y las culatas de sus armas y les rociaron la cara con productos irritantes. 

También hubo agresiones sexuales. 

A una de las mujeres detenidas la manosearon de forma sexual mientras se burlaban de su novio. A la otra la llevaron a una zona junto al vestuario y le dijeron que si realizaba actos sexuales, sería liberada.

A la niña de 13 años le quitaron la camisa, le tocaron el pecho, las nalgas y la entrepierna; le dijeron que era imposible tener un cuerpo así a una edad tan joven. 

Ignacio* también fue una de las víctimas. 

Funcionarios lo agarraron por el pelo y uno de ellos le dijo: “¡Este es el nalgón que me hizo correr, vamos a jugar con él!”. Le bajaron los pantalones y uno de ellos lo violó con una porra. Mientras lo hacían, lo insultaban y degradaban. Dijeron cosas como “Mira cómo aprieta, mira cómo puja” y que le debía gustar lo que le estaban haciendo, registró el informe de La Misión de la ONU. 

Los otros detenidos lo vieron todo. Al menos diez funcionarios, entre ellos dos mujeres, estaban presentes en la habitación cuando agredieron a Ignacio. Aunque algunos fueron identificados más tarde por testigos, otros tenían las caras cubiertas o los nombres cubiertos en sus uniformes. Uno de los detenidos identificó al jefe supervisor de la PNB ante el Ministerio Público, diciendo que había estado presente todo el tiempo. 

Al día siguiente fueron llevados al hospital Alfonso Pons para realizarles exámenes médicos forense de rutina y ordenaron a la doctora no plasmar en el informe los signos de violación evidenciados. Efectivos de la PNB amenazaron con golpear a los detenidos de nuevo si contaban sus lesiones. 

Las acusaciones 

El 22 de julio, los detenidos fueron trasladados al Tribunal Militar Decimoctavo de Zulia, sin que ninguno fuera militar. Fueron acusados de los delitos militares de rebelión, ataque y ultraje al centinela, menosprecio a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y destrucción e inutilización de naves y valores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y violación a la zona de seguridad. 

Durante la audiencia de presentación ante el tribunal militar, Ignacio declaró que había sido violado. Denunció frente a la jueza la tortura a la que fue sometido en las instalaciones de Corpoelec e identificó a dos funcionarios custodios presentes en la sala como los perpetradores.

Los exámenes realizados el 25 de julio de 2017 indicaron que Ignacio presentaba un hematoma en los glúteos en forma de barra y fisuras anales consistentes con la penetración. El resto de los detenidos presentaban lesiones como moretones en la cara y la cabeza, el abdomen, la espalda y las piernas producidos por objetos contundentes, heridas por perdigones en el abdomen, quemaduras en los glúteos y el cuello y quemaduras químicas en los ojos.  

Pero la jueza militar ordenó un arresto domiciliario por 45 días para el muchacho y prisión preventiva para el resto,  no para los funcionarios. Con posterioridad, a solicitud de la Fiscalía Militar, se desistió de la prosecución y el tribunal militar otorgó el sobreseimiento del caso. 

10 meses después, en mayo de 2018, la denuncia realizada ante la justicia militar fue tomada en cuenta por la Fiscalía 45 del Ministerio Público con competencia en materia de protección de derechos humanos. 

En la audiencia de presentación de los funcionarios detenidos, el Ministerio Público imputó a los funcionarios los delitos de violación y trato cruel, ratificando que se mantuvieran privados de libertad, requerimiento que fue acordado por el tribunal de control.

El Ministerio Público acusó a Labarca de violación y al resto de ser cómplices en la comisión de este delito. Para complementar la acusación fiscal, el equipo de defensa de la organización Codhez, presentó una acusación particular propia con el objetivo de resaltar que la violación fue un acto de tortura.

Un largo camino

La audiencia preliminar fue diferida siete veces en 2018 y los representantes de las víctimas tuvieron dificultades para acceder al expediente penal. Finalmente consiguieron acceso al documento, a través de una orden de protección constitucional.

La audiencia preliminar tuvo lugar el 5 de diciembre de 2018 ante el Décimo Tribunal de Control del Zulia. El juez confirmó los cargos de violación y trato cruel, con uno de los acusados como autor de los actos y los otros como cómplices. 

Los abogados del Codhez solicitaron sin éxito que los acusados fueran acusados de tortura, según la ley nacional sobre la tortura y los tratos crueles e inhumanos, dado la gravedad de los hechos y el daño. 

El juicio fue diferido varias veces, debido a la ausencia de los fiscales, los abogados defensores o a las dificultades para transportar a los acusados.

Sin embargo, no se han presentado cargos por actos de detención arbitraria, tortura, incluyendo la violencia sexual, u otros actos crueles, inhumanos o degradantes contra las demás víctimas, incluyendo la menor de edad y las demás mujeres detenidas el 20 de julio de 2017.

En el primer informe emitido por la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela en septiembre de 2020 señalaron que “hay motivos razonables para creer que se cometieron actos de violencia sexual y de género, incluida la violación contra” Ignacio y otras formas de “violencia sexual contra una niña de 13 años y una mujer, lo que equivale a tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes”. 

Para Codhez, las circunstancias del caso constituyen un patrón de persecución y criminalización en contra de las personas disidentes al régimen político actual, ejecutado y materializado por funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano.

“Esperamos que este caso siente un precedente para detener la impunidad reinante en el sistema judicial venezolano en relación con los casos de violaciones de derechos humanos, que involucran la actuación de funcionarios de seguridad nacional, tanto de fuerzas policiales como militares”, apunta Codhez.

*El nombre de Ignacio es ficticio 

Carlos Briceño, director general de la ONG, llamó a no crear falsas esperanzas en el inicio de una investigación contra el Estado venezolano de parte de la Corte Penal Internacional por presuntas violaciones a derechos humanos 

Celebró la apertura del proceso y dijo que ahora más que nunca las organizaciones deben apoyar a las víctimas de la represión 

@franzambranor

Para la ONG Defiende Venezuela, la decisión de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación al Estado por supuestos crímenes de lesa humanidad abre una ventana de justicia en el país, pero compromete a las organizaciones a seguir trabajando en pro de apoyar a las eventuales víctimas de atropellos y vejaciones por parte del gobierno. 

En su reciente visita a la nación durante la primera semana de noviembre, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, informó a la administración de Nicolás Maduro que el caso de Venezuela pasaba de la fase preliminar a la apertura de una investigación formal.   

El paso histórico por parte del Fiscal Karim Khan que abrió investigación para Venezuela da esperanza a las víctimas de represión y persecución que han ocurrido en el país y permitirá a la fiscalía de la @IntlCrimCourt ejecutar sus recursos para obtener más pruebas de lo ocurrido pic.twitter.com/x84sbOX2pG

— Defiende Venezuela (@DefiendeVE) November 8, 2021

Briceño resaltó que ahora las reglas del juego cambian porque durante la fase preliminar, la CPI recibe información de organizaciones no gubernamentales y el propio Estado, mientras que en la etapa de investigación puede enviar misiones al país a investigar, emitir órdenes de comparecencia ante la corte e incluso arresto si lo considera necesario. “Recabaría evidencia que comprometa a individuos, pero también pudiera determinar que no hay indicios para continuar la investigación y cerrarla”, agrega. 

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Ojo puesto en organismos de seguridad

Aunque en su breve visita, Khan aseveró a través del documento firmado con el gobierno que “no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo”, Briceño indicó que a través de la investigación la CPI podrá recabar evidencia y estaría en condiciones de presentar cargos contra un sujeto.  

“En estos casos se maneja la presunción de inocencia, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero la Fiscalía de la CPI hizo una selección de organismos que estarían ligados a violaciones a derechos humanos como el Sebin, la Dgcim, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, cuerpos de civiles armados y otros casos potenciales que en un futuro pudieran formar parte de esa investigación”, sostuvo Briceño.

Dentro de esos casos potenciales entrarían las cadenas de mando y responsables no solo materiales de violaciones a derechos humanos, sino también intelectuales.

“Sino se investigan las cadenas de mando esas averiguaciones van a ser insatisfactorias para la CPI y, por lo tanto, ello alentaría a la propia Fiscalía a investigar, el Estado está obligado a señalar a presuntos responsables para evitar que la CPI entre en su jurisdicción, al menos así está estipulado en el ejercicio de complementariedad”.  

Entre las principales víctimas de la represión por parte del Estado en Venezuela existen: sindicalistas, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos, líderes políticos de la oposición y militares críticos. pic.twitter.com/IajTGiXctm

— Defiende Venezuela (@DefiendeVE) November 8, 2021

Briceño sentenció que para que el gobierno venezolano logre con éxito una investigación imparcial sin la intervención de la CPI tendría que juzgar no solo a los autores materiales sino a superiores dentro de las cadenas de mando. “Eso no lo hemos visto, por el contrario el sistema de justicia ha sido criticado por la politización que hay en él y todo ello ha generado mucho escepticismo a nivel internacional desde que se produjeron las protestas en el año 2017 en concreto”. 

Víctimas hasta ahora sin nombre

El director general de Defiende Venezuela indicó que actualmente tampoco se puede hablar de víctimas con nombre y apellido. 

“Una vez que la Fiscalía de la CPI determine la identidad de los presuntos culpables, las víctimas tienen que acreditarse ante la corte y exponer sus casos particulares”. 

Para Briceño, la CPI solicitó el ejercicio de la complementariedad con el Estado venezolano porque es incapaz de abarcar todo el proceso investigativo. 

“La CPI atiende asuntos a escala global, la corte no va a poder juzgar a todos los perpetradores. Pareciera que el Estado se está comprometiendo a colaborar. La CPI forzó al Estado a desarrollar procesos legítimos, esto no significa que la Fiscalía no pueda adelantar sus propias investigaciones”.  

A juicio de Briceño, el gobierno de Maduro sabía que la apertura de una investigación era inminente por la cantidad de pruebas consignadas ante la Corte Penal Internacional y su intención fue siempre dilatar el proceso.

“Por eso introdujeron un recurso de investigación judicial durante la gestión de la anterior fiscal Fatou Bensouda y ahora invitaron al país a Karim Khan para buscar disuadir, nosotros siempre tuvimos claro que este momento tarde o temprano iba a llegar”, acotó finalmente.

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Luis Guillermo Espinoza fue asesinado en las protestas de 2017

“Mi hijo y todos los asesinados injustamente merecen justicia”, Zulmith Espinoza, madre de Luis Guillermo Espinoza, asesinado por la GNB en 2017.

15 años de edad, hijo único, estudiante de 4to año de ciencias, con muchas cualidades y valores, dinámico, ocurrente, solidario, activo, feliz y gran amigo. Así describe Zulmith Espinoza a su hijo Luis Guillermo, quien fue asesinado por la Guardia Nacional Bolivariana en las manifestaciones del 2017.

Luis, quien era un estudiante con honores, tuvo una voz que exigiese justicia por él ante el 48°
período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el diálogo
interactivo de la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos sobre
Venezuela.

Su madre, Zulmith Espinoza, quien con el apoyo de Defiende Venezuela presentó la historia y el caso de su hijo, expusó que cientos de venezolanos víctimas de violaciones de derechos humanos, enfrentan un patrón de impunidad estructural que niega el acceso a la justicia.

Dentro de su relato reseñó que, el 5 de junio 2017, su hijo de tan solo 15 años asistió a una
manifestación en ejercicio de sus derechos a la manifestación pacífica y de reunión. Agentes del Estado le ordenaron arrodillarse y lo amenazaron con asesinarlo, cuando intentó huir y le
dispararon con un arma de fuego en la cabeza.

“Luis Guillermo falleció el 13 de agosto de 2017 luego de luchar durante 2 meses ante un
sistema de salud decadente y el acoso de funcionarios del Estado que solo buscaban ocultar las
pruebas”, dijo Zulmith Espinoza ante el Consejo.

Cuando Zulmith se enteró de lo que había pasado con su hijo, Luis Guillermo, recuerda que se
dirigió inmediatamente al sitio donde le indicaron que estaba y al llegar encontró aglomerados
en la sala de emergencia a funcionarios del SEBIN y CICPC.

Durante los dos meses que estuvo internado en la UCI del hospital, Luis vivió la decadencia del
sistema hospitalario en el país, donde sin la alimentación necesaria llegó a ser un niño desnutrido. Siendo ese mismo niño, que se encontraba intubado, visitado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana constantemente, haciéndole vivir a él y a su madre tratos
inhumanos y degradantes que incluían amenazas por llamadas telefónicas.

Dentro de la Sesión de Consejo de Derechos Humanos, Zulmith expresó que: “El protocolo de autopsia se emitió 6 meses después de su muerte, y no refleja la presencia de esquirlas metálicas del proyectil encontradas en la tomografía inicial. En el 2018 introduje 3 escritos. El Estado asignó 2 fiscalías que en año y medio no realizaron ninguna investigación, además, hubo 4 cambios de fiscal”.

Su caso en el 2020 fue trasladado a Caracas y se cambió 3 veces de fiscal. Han pasado 4 años,
ha tenido 9 fiscales y el caso sigue en etapa de investigación. Hay 14 solicitudes de órdenes de
aprehensión que no han sido decretadas.

“En Venezuela no existe justicia. Es por esto que solicito a los miembros de este Consejo a que
sean más convincentes con el respaldo a La Misión. Mi hijo y todos los asesinados injustamente
merecen justicia”, finalizó Zulmith Espinoza.

Diannet Blanco fue detenida de forma arbitraria durante las protestas de 2017. Estuvo más de un año y medio presa en El Helicoide

@ValeriaPedicini

Desde muy joven, Diannet Blanco quiso contribuir en la transformación de una mejor sociedad. Lo empezó a hacer en su liceo cuando fue escogida como vicepresidenta del Centro de Estudiantes y comenzó a impulsar cambios en su colegio. Exigir que arreglaran las canchas, mejoraran los pupitres y organizaba protestas con otros centros educativos de Guarenas y Guatire para defender el pasaje preferencial estudiantil. 

Soñar con ser educadora iba de la mano de sus deseos de hacer por los demás, de aportar. Y ese camino empezó cuando fue admitida en la Universidad Central de Venezuela. No fue sorpresa cuando al llegar a la casa que vence las sombras sintiera la necesidad de involucrarse en la vida universitaria más allá de las aulas. 

Ganó la presidencia del Centro de Estudiantes de la Escuela de Educación en 2003 y en 2004 ocupó el cargo de secretaria de reivindicaciones de la Federación de Centros Universitarios, que le permitía relacionarse con dirigentes estudiantiles de todo el país. 

Llegaron las protestas de 2017. Marchas, bombas lacrimógenas, disparos. Mucha represión. Muchos heridos, muchos muertos. Diannet era parte de los cientos de venezolanos que salían a las calles. No solo por la necesidad de expresar su descontento sino que ayudaba con insumos de primeros auxilios a los jóvenes de la Cruz Verde, quienes ayudaban a los manifestantes. 

Diannet Blanco estuvo un año y 12 días en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), en el Helicoide. Al llegar, se encontró con Daniel Ceballos y Villca Fernández; con quienes había compartido en libertad, ahora lo hacían tras las rejas por las mismas razones: luchar por sus derechos. 

Compartía una celda de 50 metros cuadrados con otras 26 mujeres, presas políticas y presas comunes. Estaban hacinadas, en el lugar era poca la ventilación y por los grifos no salía agua. No había baños limpios, así que tenía que defecar en bolsas plásticas. 

Los días se le hacían eternos. Era difícil no caer en desesperaciones. “Vive un día la vez, esto es temporal”, se repetía a sí misma para darse fuerzas durante su encierro. 

Durante sus largas horas de encierro, pensaba en las historias que le habían contado sus abuelos que vivieron la dictadura. Sentía que ella debía honrarlos siendo fuerte y seguir resistiendo. “Era como si hubiese heredado un testigo familiar”. 

Dentro de El Helicoide, Diannet volvió a encontrar una forma de ayudar a los demás. Había organizado tertulias con sus compañeras acerca de las distintas formas de violencia contra la mujer. En esas charlas insistía en la idea de que todas merecían ser tratadas con dignidad.

Una de esas tantas noches que pasaban juntas, una de ellas dijo que necesitaba ver la luna. La situación de su encierro golpeó a Diannet con fuerza: se sintió presa y sintió un vacío hondo por dentro. 

Antes de que la luna desapareciera, varias se acostaron al lado unas de otras para ver a través de la ventana. “Esa noche me acosté pensando en los meses que tenía sin ver el cielo. Sin ver las estrellas. Sin sentir el sol. Sin sentir la brisa en mi rostro”. 

A pesar de todo lo que estaba pasando, Diannet no podía quedarse de brazos cruzados ante tantas injusticias. El 16 de mayo de 2018, casi un año de prisión, comenzaron a protestar en el Sebin. 

“La manifestación se extendió por dos días. Había mucha tensión. Desesperada porque las autoridades estaban dispuestas a sofocar el motín, se me ocurrió hacer un video pidiéndole ayuda a las organizaciones de derechos humanos y a la iglesia, con la esperanza de que intervinieran de alguna manera y garantizaran el respeto a nuestros derechos. Lo grabé con un celular y antes de que me lo quitaran y me quedara incomunicada, se lo mandé a mis amigos. Lo hice sin reparar en el castigo al que me someterían luego”. 

Ese video se hizo viral en las redes sociales. Y arremetieron contra ella por su rebeldía. Les quitaron las camas de la celda donde dormía y tuvo que pasar las noches en el piso, acostada solo sobre una delgada colchoneta.

Diannet fue excarcelada. Dos años después de haber salido de El Helicoide, sigue con medidas cautelares: debe presentarse cada 15 días ante un tribunal militar y tiene prohibido salir de Caracas. “Por eso a veces he sentido como si me hubiesen cambiado la celda del Sebin por una más grande”. Cuenta que, igual como hizo mientras estuvo en prisión, ha intentado darle sentido a su nueva realidad.  

Con Provea, ha organizado lo que ella misma llamó “Comités populares para la defensa de derechos humanos” para educar y organizar a la gente para que pudiesen exigir, documentar, denunciar y difundir lo que sucede en el país. 

“Esta labor me ha llenado de esperanzas, de seguridad. Lo que he hecho me ayudó a desestimar la idea de irme del país, una salida que —después de todo lo había vivido— muchas personas me insistían que considerara. Decidí quedarme, no huir. Y aquí sigo reinventándome”. 

A Luis González le amputaron la pierna izquierda tras recibir un impacto de bala por parte de la policía del estado Vargas en las protestas de 2017

El joven está recaudando dinero a través de GoFundme‌ para poder adquirir una nueva prótesis

@ValeriaPedicini

Luis González participó en las protestas de 2017 desde los primeros días. Es de Barquisimeto, pero se trasladó al estado Vargas para estudiar ‌Comercio‌ ‌Exterior‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌Universidad‌ ‌Simón‌ ‌Bolívar, así que todos los días subía a Caracas para las manifestaciones. Siendo parte de los escuderos de “La resistencia”, lo hirieron varias veces. 

Una de esas ocasiones, después de tres meses en las calles, fue en la autopista Francisco Fajardo, cuando un contingente en motos de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana emboscó a la multitud y comenzaron a disparar perdigones. 

El joven hizo el intento de aguantar con su escudo, pero eran tantos disparos y el caos del momento, que soltó su escudo y corrió. Por el miedo y la adrenalina del momento no se había dado cuenta de que estaba sangrando hasta que un amigo le dijo. Recibió 12 impactos de perdigones en todo el cuerpo, 6 de ellos alojados en su pierna izquierda. 

Los cascos verdes de la Universidad Central de Venezuela lo atendieron, pero por el estado de las heridas, que eran grandes y profundos orificios, lo llevaron a la Clínica Ávila. Le extrajeron los perdigones superficiales, le limpiaron la herida, se la vendaron y le dieron de alta. No hubo mayor daño, solo necesitaba reposo y se recuperaría. 

Primero llegó la GNB a dispersar la protesta, pero después llegó la Policía Municipal de Vargas para reprimir. Comenzaron a disparar y Luis pensaba que eran balas de goma porque apuntaban directamente a sus cuerpos. Hasta que le dieron un tiro en la pierna izquierda, la misma que tenía herida, y el dolor que sintió le hizo entender que eran balas. 

Del shock, Luis estuvo consciente alrededor de 15 segundos en el que pudo avisar a sus amigos que lo habían herido, pero después perdió el conocimiento, se le nublaron los sentidos. Despertó en la emergencia del ambulatorio

El diagnóstico era que la bala había roto la arteria poplítea, pero que no había mayor complicación porque había causado orificio de entrada y salida en la pierna. Se equivocaron. 

Le informaron a los médicos, quienes chequearon el estado de la pierna. Tras varias horas, le dijeron que tenían que trasladarlo hasta el Hospital Pérez Carreño en Caracas porque había que operarlo y en el lugar no tenían al especialista necesario. Luis quedó desconcertado. ¿No le habían dicho que no era nada de gravedad?

Cuenta que en el Pérez Carreño, al saber que tenía un tiro en una de las extremidades, lo trataron como si hubieran recibido a un criminal. Estuvo toda la madrugada esperando a que lo atendieran. Un cirujano cardiovascular fue a verlo y le clavó un yelco en la pierna. 

-¿Lo sientes?

-No

-Ya no hay nada que hacer, hay que amputarte. 

Una operación con escaso pronóstico para Luis González

No hubo más explicaciones y Luis González sintió que el mundo se le iba encima. Además, tenían que regresar al recinto en Naiguatá para la operación porque había ocurrido negligencia médica y ellos no se iban a hacer responsables. 

Con un contacto de un amigo, lo pudieron trasladar al Hospital Universitario de la UCV en busca de otro diagnóstico. Una cirujana cardiovascular lo evaluó y le dijo: “Tengo que ser clara, el estado de tu pierna es crítico. 95% de tu pierna está muerta y tiene 5% de probabilidad de que se pueda salvar, pero igual yo me voy a arriesgar a hacerte la operación”. 

Esa misma tarde lo operaron para intentar salvarle la pierna. “Me la abrieron en ambos lados, al punto de que cuando la levantaba, podía ver a través de ella y veía el hueso”. Así estuvo dos meses, con limpiezas diarias a carne viva y evaluando el estado de la extremidad. “Fue una montaña rusa, una semana podía mejorar mucho y en la otra empeoraba. Fueron dos meses de altibajos”. 

Una madrugada, el muchacho se levantó sobresaltado, casi sin poder respirar. El corazón le palpitaba muy rápido, sentía mucho frío y no controlaba su cuerpo. “Eran los indicios de una infección que había avanzado muy rápido”. Lograron estabilizarlo, pero horas después le volvió a ocurrir lo mismo. 

Los doctores decidieron enviarlo a cuidados intensivos para estar pendiente de él. Le pusieron una vía y eso fue lo último que recuerda. “Cuando despierto cinco días después me encuentro con la noticia y la sorpresa que me habían amputado la pierna”. 

Luis González no encontraba lógica a la situación. Para él había pasado solo una noche, estaba intubado, no se podía mover porque sentía el cuerpo adolorido y tenía una mano amarrada al borde de la camilla. Se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando le pidió a un enfermera que le subiera la espalda de la camilla y la sábana que tenía encima de las extremidades se movió y se dio cuenta que había un vacío en donde se suponía que debía estar su pierna izquierda. 

“Fue demasiado duro y traumático. Incluso dentro de mi shock, mi mente jugó en mi contra buscando otra explicación cuando en el fondo sabía lo que había pasado. Como estaba dormido pensé que la pierna se me había doblado o partido”, cuenta. 

Aprender a caminar

Los primeros meses fueron muy complicados para Luis. El volver a caminar, usar muletas, entender que la persona que iba a ver en el espejo diariamente era alguien diferente. “Eran muchas cosas nuevas. Saber que las cosas iban a cambiar en las actividades que yo hacía y que al principio iba a depender de mi mamá mientras me adaptaba para ir al baño, ducharme, levantarme de la cama”. 

Al principio andaba con muletas para mantenerse activo entre el trabajo y la universidad. Era una odisea pero mantenerse ocupado le permitía seguir en sus actividades. A los dos meses de que lo amputaron, estrenó una prótesis que le permitió tener mayor facilidad para caminar. Terminó el primer trimestre de su carrera, pero ‌cada‌ ‌vez‌ ‌se‌ ‌le‌ ‌hacía‌ ‌más‌ ‌difícil‌ ‌tener‌ ‌calidad‌ ‌de‌ ‌vida‌ ‌en‌ ‌Venezuela. Por‌ ‌eso ‌decidió‌ ‌emigrar‌ ‌a‌ ‌Chile‌ ‌el‌ ‌18‌ ‌de‌ ‌octubre‌ ‌del‌ ‌año‌ ‌2018.‌ ‌ ‌

‌Pero su‌ prótesis‌ ‌empezó a fallar. Le cuesta caminar con ella y a veces ha tenido que ir al trabajo sin ella porque le causa dolores de espalda. Luis ‌no‌ ‌cuenta‌ ‌con‌ ‌el‌ ‌dinero‌ ‌para‌ ‌comprar‌ ‌una‌ ‌nueva‌ ‌debido‌ ‌a‌ ‌los‌ ‌elevados‌ ‌costos,‌ ‌alrededor‌ ‌de‌ ‌15.000‌ ‌dólares. Por esos sus‌ ‌amigos‌ ‌abrieron‌ ‌una‌ ‌cuenta‌ ‌GoFundme‌ ‌‌para‌ ‌lograr‌ ‌la‌ ‌meta‌ ‌de‌ ‌una‌ nueva‌ ‌prótesis‌ para el muchacho. 

Como migrante, Luis González cuenta que no se puede dar el lujo de dejar de trabajar, Incluso‌ ‌entrena‌ ‌fútbol‌ y powerlifting,‌ ‌un‌ ‌deporte‌ ‌de‌ ‌levantamiento‌ ‌de‌ ‌pesas‌ ‌para‌ ‌personas‌ ‌con‌ ‌algún‌ ‌tipo‌ ‌de‌ ‌discapacidad.‌ ‌No le gusta ver su amputación como una limitación para hacer lo que quiera hacer. Al contrario, se ha dado cuenta de todo lo que es capaz de hacer si se lo propone. 

El joven falleció por una bala de grupos paramilitares que impactó en su cabeza en una protesta de 2017 en Caracas

@ValeriaPedicini

Carlos Moreno estaba lleno de entusiasmo cuando se levantó temprano aquel 19 de abril de 2017. Era feriado, no había clases. Pensaba en el partido de fútbol que tendría en unas canchas en la urbanización Chuao con sus amigos y en los preparativos de su cumpleaños dentro de tres días porque cumpliría la mayoría de edad. 

Desde principios de mes los venezolanos protestaban diariamente contra el gobierno de Nicolás Maduro, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera dos sentencias que le arrebataron los poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. 

Ese día no fue la excepción. La oposición había convocado a “La mamá de todas las marchas”. En Caracas, la movilización pretendía llegar a la Defensoría del Pueblo, en el centro de la ciudad, desde 26 puntos distintos. La plaza La Estrella, en San Bernandino y a cinco cuadras de la casa de Carlos, formaba parte de la ruta. 

Por esa razón, su madre Ana Marisel Barón no estaba convencida de dejarlo ir. Pero el muchacho insistió y ella ni siquiera tuvo tiempo de hacerle el desayuno a su hijo menor por el apuro que tenía. 

–Ya me están llamando.

–No vayas a ir a la marcha mira que es peligroso.

–Te juro que no voy a la marcha, ¿acaso estoy vestido como para ir a una marcha?

La ropa deportiva que llevaba encima le daban la razón. La mujer le echó la bendición y el joven salió de su casa ubicada en La Candelaria, cerca de la Cruz Roja. “Yo le di permiso porque los 365 del año él quería ir a jugar fútbol y quería salir con sus amigos”.

No se sabe cómo o por qué, si esperaba a sus amigos para irse a jugar o realmente fue a la marcha tal como se lo había manifestado a su mamá en otras oportunidades y ella le negaba el permiso, pero estaba en la concentración cuando llegaron los pistoleros a la plaza La Estrella. Los manifestantes, con pancartas, pitos y gorras tricolor, habían comenzado a congregarse puntualmente en las esquinas que conforman la plaza. 

Ahí estaba concentrado un piquete de la Policía Nacional que, de acuerdo con testimonios recogidos por Runrun.es en 2017, se retiró cinco minutos antes de la llegada de los colectivos. 

A esa hora, ya la zona estaba repleta. Cientos de personas habían llenado la plaza y sus alrededores. “Aquí estábamos bien apretados”, apuntó un manifestante que estuvo ese día en el sitio.

De repente, los manifestantes escucharon tiros. 

Testigos del hecho aseguran que, cerca de las 10:30 am, al menos 15 colectivos bajaron en moto por la avenida Anauco mientras disparaban y lanzaban bomba lacrimógenas. Muchos corrieron huyendo del caos. 

Como pudieron lo levantaron, lo montaron en una moto y lo trasladaron hasta la Clínica Caracas, cerca del lugar. 

“Él transitaba por la plaza La Estrella cuando ocurrieron los disparos. En el lugar había presencia de los llamados ‘colectivos’ y tras las detonaciones él cayó en la vía, víctima de un disparo a la cabeza. A mi casa llegó el rumor de que una persona había sido herida, pero jamás imaginé que se trataba de mi hijo”, cuenta su madre. 

Runrunes.es contabilizó 157 muertes relacionadas a las protestas de hace tres años. El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos.

Carlos, joven cursante de su primer año de Economía en la Universidad Central de Venezuela (UCV), fue el sexto. El primer fallecido en las protestas de 2017 en Caracas. Fue la tercera víctima de los colectivos armados que, en total, mataron a 28 personas durante las protestas de 2017, y el segundo menor de edad que murió en manos de estos grupos paramilitares

Las horas pasaron y alrededor de la 1:30pm, los doctores le dieron la noticia a los familiares del joven: no había aguantado la operación. “Yo analizo y pienso que la vida fue muy injusta conmigo, con él; tanto que luché para que pudiera estudiar, tanto que nos costó para que llegara a la universidad”. 

El mismo día de su muerte, los familiares de Carlos fueron hasta la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) a introducir la denuncia. Un grupo de uniformados de ese organismo, así como representantes del Ministerio Público, ya habían estado en la clínica levantando información sobre el suceso. La investigación quedó a cargo de las fiscalías 79° nacional y 55° del Área Metropolitana de Caracas. Un mes después del suceso, el fiscal encargado del caso le notificó que “el que accionó el arma está preso, junto a tres más”.

Se hicieron solicitudes de arresto para 16 miembros del Frente 5 de Marzo, pero solo cuatro han sido capturados y acusados. El 18 de mayo de 2017, el Tribunal 9º de Control de Caracas dictó privativa de libertad al oficial jefe de la Policía del municipio Sucre (Polisucre) Jonathan Ramón Camacho Delgado, de 35 años de edad, según informó el ministro de Interior, Néstor Reverol. El individuo, de alias “Jonathan 38” y supuesto autor material de la muerte del adolescente, pertenecía al grupo de colectivos denominado 5 de Marzo, pertenecientes al sector San José de Cotiza.

A Alexander José Linares, de 40 años de edad, también lo apresaron en las adyacencias de la avenida Fuerzas Armadas de Caracas. Lo imputaron por homicidio calificado, lesiones y agavillamiento. Un año después del asesinato, ninguno de los dos acusados ha sido sometido a juicio. Los mantienen en la cárcel de El Rodeo. 

El juicio todavía no se ha iniciado.

Ana Marisel lucha para reivindicar la memoria de su hijo y contra la impunidad de aquellos que le arrebataron su tesoro más preciado. Mientras tanto centra su esperanza en la justicia divina, ya que desconfía de la actual administración del sistema judicial venezolano: “Cuando ocurra un cambio de sistema espero que las personas que me arrebataron a mi héroe paguen por el daño que causaron. Un dolor de madre es inmenso. Siento que el corazón se me parte en dos”. 

N de R: El caso es extraído de las crónicas reseñadas por en el portal de Encuentro, Justicia y Perdón