Foro Penal Venezolano y Human Rights Watch (HRW) emitieron este viernes un pronunciamiento en conjunto para explicar la situación de las 1.000 personas que sigue detenidas en el contexto de las manifestaciones que se llevaron a cabo en el país durante los últimos cuatro meses.
Las organización explican que más de 5.300 personas han sido detenidas en el contexto de las protestas antigubernamentales, según cifras del Foro Penal Venezolano. Al 22 de agosto, cerca de 1.000 personas seguían encarceladas.
Los detenidos arbitrariamente por razones políticas incluyen más de 640 personas que fueron sentenciadas, están siendo procesadas, o cuentan con una orden judicial de prisión preventiva (a quienes el Foro Penal Venezolano llama “presos políticos”); personas que todavía no han sido llevadas ante un juez; al menos 19 personas a favor de quienes se han dictado órdenes judiciales de liberación pero no son puestas en libertad por agentes de inteligencia; y más de 100 personas que tienen órdenes judiciales de liberación bajo fianza pero cuyo procesamiento viene siendo demorado por largos períodos por funcionarios judiciales.
La libertad bajo fianza en Venezuela no requiere consignar dinero ante un tribunal, explican en el texto. El derecho venezolano permite que la justicia libere a personas que van a ser procesadas penalmente si presentan un fiador que puede asegurar al juez que el detenido comparecerá ante el tribunal durante el proceso. Sin embargo, la implementación de estas medidas ha sido demorada indebidamente por funcionarios judiciales, y estas personas han quedado detenidas arbitrariamente por períodos de incluso varios meses. «La continuidad de la detención de estas personas luego de que se dispusiera su liberación, indican, es un acto arbitrario e ilegítimo según el derecho internacional de los derechos humanos», indicaron.
A continuación se presentan algunos relatos de abogados que brindaron asistencia legal a personas que estaban o siguen estando detenidas arbitrariamente, en razón de que la orden judicial que disponía su liberación bajo fianza se ignoró durante semanas:
* El 13 de abril, miembros de pandillas armadas partidarias del gobierno llamadas “colectivos” detuvieron a Alberto Brito y Maribel Ilarraza en incidentes separados en Caracas; Brito salía de su vivienda, mientras que Ilarraza regresaba a casa luego de una jornada de trabajo. Ambos fueron entregados a la Guardia Nacional Bolivariana, después a miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y nuevamente a la Guardia Nacional Bolivariana. Los dos detenidos fueron finalmente llevados juntos ante el mismo tribunal en Caracas, donde un juez los acusó de “instigación a delinquir” y “detentación de sustancias incendiarias” durante una manifestación contra el gobierno. El juez impuso la libertad bajo fianza a Brito y autorizó la liberación de Ilarraza sin fiador, pero solicitó que prestara caución juratoria de que se presentaría ante el tribunal. Sin embargo, desde entonces el tribunal no ha tramitado la documentación que la abogada de Brito e Ilarraza presentó en sus casos. Siguen detenidos.
* El 19 de mayo, agentes del CICPC detuvieron a Yusmari Cañizalez, Haydee Brusco y Caride Malavé —madre, hija y nieta, respectivamente—en su vivienda en el estado de Miranda. Un informe policial al cual tuvo acceso su abogado indicaba que habían sido detenidas en flagrancia mientras estaban saqueando una tienda de juguetes en la zona. El 21 de mayo, las tres fueron llevadas ante un tribunal en Los Teques y acusadas de “aprovechamiento de las cosas provenientes del delito”. El juez dispuso su libertad condicional luego de que presentaran fiadores. Aunque el abogado afirma que presentó toda la documentación pertinente ese mismo día, Cañizalez fue liberada el 7 de julio —50 días después de la detención— mientras que Malavé y Brusco permanecieron encarceladas 72 días, hasta el 29 de julio.
* El 25 de mayo, la policía del estado de Aragua detuvo al estudiante Walter José Yepez Vargas, de 19 años, mientras se retiraba de una manifestación. El 27 de mayo, fue llevado ante un juez. Aunque el fiscal presente en la audiencia no presentó cargos contra Yepez por ningún delito, el juez lo imputó por obstrucción y daños en la vía pública, y dispuso que fuera liberado bajo fianza una vez que presentara seis fiadores. Sin embargo, la justicia rechazó los garantes propuestos por Yepez por distintos motivos, incluyendo en un caso que la persona había indicado un número de teléfono celular en vez de una línea fija. Cuarenta días después, ante la creciente presión pública, un tribunal dispuso su libertad sin fiadores.
* El 20 de julio, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron al estudiante y músico Francisco Gamboa, que estaba dentro de la vivienda de un familiar en Mérida. El 23 de julio, Gamboa fue llevado ante un tribunal y acusado de instigación pública a delinquir. El juez autorizó su liberación bajo fianza, luego de que presentó un fiador. El abogado de Becerra presentó la documentación pertinente para su liberación ese mismo día, así como documentos adicionales que había solicitado el tribunal, pero Becerra siguió detenido 27 días, hasta el 15 de agosto.
* El 22 de julio, Ferney Becerra Pérez, un vigilante, fue llevado ante un tribunal penal en Mérida, dos días después de haber sido detenido por miembros de la Policía Nacional Bolivariana mientras comía una hamburguesa en un puesto callejero. Aunque el fiscal no presentó cargos contra Becerra por ningún delito y pidió su liberación, el juez igualmente le imputó el delito de instigación pública y dispuso que fuera liberado recién después de presentar dos fiadores ante el tribunal. El abogado defensor de Becerra presentó la documentación para que fuera puesto en libertad, pero permaneció detenido 26 días, hasta el 14 de agosto.
* El 27 de julio, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron al violinista Wuilly Arteaga, que se ha convertido en un símbolo de la protesta pacífica en Venezuela, durante una manifestación en Caracas contra la intención del gobierno de convocar a una Asamblea Constituyente. El 30 de julio, Arteaga fue llevado ante un tribunal de la justicia penal ordinaria, pero ni a su familia ni al abogado les dijeron cuándo se celebró la audiencia, a pesar de que lo habían visto llegar al tribunal y estaban esperando fuera para recibir información de las autoridades acerca de qué tribunal tomaría el caso. Más tarde, su abogado supo a través de un funcionario judicial que el tribunal asignaría a Arteaga un defensor público y que el Ministerio Público lo había acusado de detentación de sustancias incendiarias, incitación pública a delinquir y agavillamiento. En esa audiencia, el tribunal dispuso que fuera liberado a condición de que presentara un fiador.
* Cuando su abogado finalmente accedió al expediente, presentó la documentación para la fianza, pero Arteaga nunca fue puesto en libertad. Tribunal recién permitió que Arteaga fuera liberado el 15 de agosto, luego de que su caso tuvo amplia repercusión internacional y su liberación fue pedida pública y formalmente por Tarek William Saab, el fiscal general designado por la Asamblea Constituyente oficialista. Miembros de la Guardia Nacional condujeron a Arteaga en un vehículo hasta la Plaza Altamira en Caracas y lo dejaron allí, sin informar a sus abogados ni familiares sobre la liberación. Arteaga debe presentarse personalmente ante el tribunal a diario y no puede participar en manifestaciones.
El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, acusó hoy a su antecesora, Luisa Ortega, de ser la autora intelectual de todas las muertes ocurridas durante la oleada de protestas que se inició en abril contra el Gobierno de Nicolás Maduro y se saldó con más de 120 fallecidos.
La considero la autora intelectual de cada uno de los muertos y heridos que ocurrió a partir del 1 de abril, dijo Saab ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Luisa Ortega se distanció del Gobierno a finales de marzo al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo lo que detonó la oleada de protestas y luego acusó al Ejecutivo de acometer terrorismo de Estado por la represión contra ciudadanos que participaron en las manifestaciones.
Su declaración el 31 de marzo apuntó hacia una guerra civil en este país, apuntó a que hubiese una intervención extranjera, a que hubiera una ocupación militar en este país. Yo la denuncio como una agente de la conspiración, la más terrible que ha vivido esta nación venezolana, sostuvo.
Saab, un fiel defensor de la llamada revolución bolivariana, señaló que cada declaración de Ortega durante los cuatro meses de protestas generaba más muertos y heridos y que los organismos internacionales se prestaran para esta conjura.
Consideró que la exfiscal apostó a la disolución del Estado y desarrolló una aberrada actuación durante los casi 10 años que pasó como titular del Ministerio Público, una institución, remarcó, convertida en un “cartel de extorsión” que mantenía una guerra de impunidad en el país.
Dijo además que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que ha denunciado en varias ocasiones abusos por parte de la fuerza policial en Venezuela, tendrá que rendir ante la historia su complicidad en cada uno de los muertos y heridos que hubo en este país.
Incluso de los que propiciaron los propios agentes del Estado hasta los particulares encapuchados y los que promovieron los crímenes de odio, agregó.
A GABRIEL JOSÉ CONDE HURTADO, uno de los cuatro detenidos por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) el 07 de agosto, le correspondía ser presentado en audiencia el pasado viernes, pero su condición de salud no era óptima. Durante su estadía en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (Hcuamp) condiciones externas pudieran haber entorpecido su recuperación al ritmo deseado, tal como lo señalaron representantes del capítulo Lara del Foro Penal Venezolano (FPV) y de la ONG defensora de derechos humanos Funpaz.
El caso de Conde, al modo de ver del abogado acreditado por el FPV, Abraham Cantillo, ha sido de controversia por haber sido víctima de asedio constante por funcionarios del cuerpo castrense que lo detuvo junto con Jean Michale Thielen Guerrero (19), Jean Carlos Spinely Presti, (22), y Moisés David Gómez Colmenarez (18) en el distribuidor Bellas Artes, en el municipio Palavecino, donde dieron muerte a Eduardo Orozco, la vigésima muerte en Lara vinculada con protestas contra el Gobierno nacional.
El jueves pasado, Funpaz hizo público parte de esta conducta de amedrentamiento del Conas contra el detenido al intentar llevárselo del recinto de salud, luego de que un médico autorizara el alta médica del joven, pese a que debía continuar la recuperación de la operación en la mano derecha que le practicaron por una herida de arma de fuego que le hicieron en el lugar del arresto.
La actitud del Conas califica como asedio, argumentó Cantillo, porque al organismo en este caso solo le corresponde asegurarse que el detenido no salga del hospital y debe procurar que goce del derecho a la salud sin presentarle obstáculos.
Adicionalmente, por ser el organismo encargado de la custodia, recalcó el coordinador de Funpaz, Andrés Colmenarez, “el Estado tiene que garantizar el derecho a la vida y adquiere más responsabilidad cuando está bajo la tutela de un organismo de seguridad”.
Por este mismo asedio y el episodio violento del que fue testigo el lunes, Conde podría padecer de crisis de pánico solo con notar la presencia de los efectivos. El equipo médico tratante considera esta posibilidad luego de los vómitos y los temblores que presentó el muchacho ayer. Queda por descartar si se trata de síntomas netamente psicológicos o si es parte de los efectos secundarios de las medicinas y para eso requiere, como explicó el especialista al abogado defensor de Conde, tiempo de recuperación para hacer una evaluación más completa y que el paciente esté en total reposo para garantizar la efectividad del tratamiento. Por lo pronto, el médico tratante insiste en tenerlo bajo observación.
Dadas las condiciones de Conde, la audiencia ante el Tribunal Sexto de Control se postergó para el lunes. El caso está a cargo Fiscalía de flagrancia, igual que los otros tres jóvenes detenidos junto con él y quienes fueron liberados el jueves con medida cautelar de presentación cada ocho días por instigación.
El caso de Conde no es aislado. Otro testimonio reciente de actuaciones en contra de los derechos de los detenidos tiene registrado el FPV en la región larense. Corresponde al caso de Erick Gómez, aprehendido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el 26 de julio en el sector Fundalara de Carora, municipio Torres, día de intensa represión y actuación de grupos armados en esa zona.
Según el relato de Gómez ese miércoles él iba caminando por la zona de conflicto y, asustado, detuvo la marcha cuando vio pasar a la GNB. Enseguida y sin dar razones los castrenses lo arrestaron.
En el destacamento, entre varios uniformados lo golpearon fuertemente y lo torturaron, incluso, aplicándole electricidad, contó el muchacho a los abogados del FPV. Los agresores dejaron de golpearlo por petición de otro funcionario. Lo trasladaron al Hospital Pastor Oropeza de Carora y desde allí lo remitieron al Hcuamp, donde le hicieron una cirugía y donde sigue recuperándose.
Ante esta situación, el equipo del FPV estudia la posibilidad de formalizar una denuncia ante la Fiscalía 21 por violación de principios fundamentales y tratos crueles e inhumanos.
En el Hcuamp, según datos de Funpaz, hay por lo menos cinco personas hospitalizadas por tratos crueles de parte de los organismos de seguridad durante protestas.
De la condena internacional a la protesta creativa. De la «corrección» del TSJ al encuentro de los opuestos. De los funcionarios sancionados a la realización de una consulta popular inédita. Las movilizaciones contra Nicolás Maduro demostraron cómo el gobierno actúa en contra de los ciudadanos que le adversan y eso arrastró una serie de logros que aquí enumeramos
AUNQUE HAY SECTORES DE LA OPOSICIÓN que consideran que haberse inscrito en las elecciones regionales significa haber echado por tierra las actividades de calle emprendidas desde abril de este año, hay que ampliar el foco y observar cómo las manifestaciones ayudaron a que los problemas de los venezolanos se hicieran parte de las preocupaciones de todo un continente.
La cruenta represión emprendida por los organismos de seguridad del Estado dejó más de 150 muertos, centenas de heridos y miles de detenidos, pero también sirvió para evidenciar, ante la comunidad internacional, cómo el gobierno venezolano se oponía a la protesta pacífica y a cualquier iniciativa o respuesta que lo contrariara. Fue tanta y tan desmedida la violencia en contra de los manifestantes, que hasta los mismos chavistas dejaron ver sus fisuras y se plantaron ante la necesidad de buscar una salida a la crisis que vive el país.
Por esa razón, Runrun.es presenta a continuación algunas consideraciones sobre las marchas y el efecto que produjeron a favor de la defensa de las garantías constitucionales:
El recule del TSJ
El primero de los logros llegó a solo a días de iniciar las protestas y después de que la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, declarara la ruptura del hilo constitucional. La mañana del sábado, 1 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia decidió “aclarar” las sentencias 155 y 156 que desencadenaron las manifestaciones. La crisis se presentó así como un malentendido entre los poderes públicos. Por eso, la noche anterior, Nicolás Maduro anunció que desde el Consejo de Defensa de la Nación se había solicitado a la máxima corte «revisar» las medidas que habían usurpado funciones del Poder Legislativo, disuelto la Asamblea Nacional y allanado la inmunidad parlamentaria de los diputados. Estas dos últimas se restituyeron en ese recule histórico y declarado en horas de la madrugada.
Conocimiento mundial y defensa de los derechos humanos
Durante los cuatro meses que van de protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro Moros, las organizaciones de Derechos Humanos y la prensa internacional han dado a conocer la crítica situación política, social y económica por la que atraviesa Venezuela.
Desde el pasado 1 de abril, los ojos del mundo están puestos en el país. Medios internacionales como Infobae, BBC Mundo, El País de España, El Nuevo Herald, The New York Times, las agencias internacionales, los diarios colombianos El Tiempo y El Espectador, se han dedicado a informar y dar a conocer a través de videos, imágenes y opiniones todo lo que ocurre en la nación.
También organizaciones internacionales han estado muy pendientes de la situación. El pasado 29 de junio, la directora de Amnistía Internacional –ONG dedicada a la protección de Derechos Humanos– denunció que la población civil venezolana afrontaba una de las peores crisis. «Se están cometiendo violaciones de todos los derechos básicos», dijo.
Guevara Rosas además condenó que el Estado venezolano utilizara la represión para acallar a la disidencia y llevar a sus ciudadanos a tribunales militares, acusados de terrorismo y otros delitos graves.
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Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, emitió un comunicado el pasado 8 de agosto donde responsabilizó al gobierno de Venezuela de «uso excesivo de la fuerza» contra manifestantes que no están de acuerdo con las políticas de Maduro.
El alto comisionado hizo un llamado a las autoridades venezolanas «a poner fin de inmediato al uso excesivo de la fuerza, a detener las detenciones arbitrarias y liberar a los que han sido detenidos».
Más chavistas disidentes
La declaración de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, sobre la ruptura del orden constitucional abrió una compuerta para que otros simpatizantes del chavismo se le «voltearan» al régimen de Nicolás Maduro. Al grito de independencia de la funcionaria destituida por la asamblea nacional constituyente se unió el de su esposo, el diputado Germán Ferrer y el de los también parlamentarios Eustoquio Contreras e Ivón Tellez, creadores del disidente Bloque Socialista, incorporado a la Asamblea Nacional, foro que también acogió recientemente al suplente del PSUV, Marcos Padovani.
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Antes de la elección de la ANC ya habían sumado sus voces de protesta la ex Defensora del Pueblo, Gabriela Ramirez y el politólogo Nicmer Evans. Asimismo, se adhirieron las voces de otros disidentes que ya llevan años de confrontación con Maduro, como el ex ministro de Planificación, Jorge Giordiani, considerado el padre de todo el desastre económico actual; el ex ministro de Educación, Héctor Navarro; la ex ministra de Ambiente, Ana Elisa Osorio; el ex ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodriguez Torres, y el ex alcalde metropolitano, Juan Barreto.
En la lista negra de Estados Unidos
Que Estados Unidos te incluya en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés), debe causar una sensación similar a la de firmar el “libro de vida” del colegio, ser descubierto como coleado en una boda y ser el moroso del condominio y de las tarjetas de crédito… Así, pero todo a la vez y sopotocientas veces peor.
El listado es una relación secreta en la que el país norteamericano inscribe a personas y empresas que, de acuerdo con sus investigaciones, están vinculadas al tráfico de drogas, al terrorismo, a la violación de derechos humanos y a las restricciones a las libertades democráticas. Estar allí significa tener prohibida la entrada a esa nación, congelados los bienes e instrumentos financieros en ese país (cuentas, tarjetas de crédito, acceso a financiamiento, medios electrónicos de pago, etc), impedimentos para hacer negocios con empresas estadounidenses y la confiscación de las propiedades que allí se tengan.
Desde abril, la administración de Washington ha aplicado esta sanción a tres decenas de funcionarios del gobierno venezolano, como los 7 magistrados de la Sala Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, por usurpar los poderes de la Asamblea Nacional a través de las sentencias 155 y 156; militares relacionados con la represión en las manifestaciones; figuras al mando de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), así como algunos de los elegidos, considerada como un nuevo intento por socavar la democracia; personeros en cargos públicos señalados por corrupción dentro del Estado.
El hito de las sanciones se alcanzó con la de Nicolás Maduro, quien se convirtió en el cuarto jefe de Estado en ejercicio en recibir esta medida. Los otros son Kim Jong Un, de Corea del Norte; Robert Mugabe, de Zimbabue y Bashar al Assad, de Siria.
La condena internacional
Todo lo que ha sucedido en Venezuela, desde la muerte de 156 personas por violencia y represión, hasta la convocatoria de una asamblea nacional constituyente considerada por decenas de países como un instrumento que alejaría al país de la línea democrática, ha sido observado y señalado por el orbe.
En total, más de 40 países criticaron, rechazaron y condenaron la imposición de la constituyente denunciada por fraude electoral. Otra docena de países decidieron desconocer los resultados de las elecciones. Tanto la Unión Europea como el Parlamento Europeo rechazaron la ANC, al igual que Argentina, España, Chile, Brasil, Perú, Canadá, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Puerto Rico, Alemania, Noruega, Suiza, Finlandia, Reino Unido, Italia, entre otros.
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro presentó tres informes en los que expuso y pidió sanciones para el gobierno venezolano por la crisis humanitaria y la violación de derechos humanos. En estos documentos, Almagro ha criticó la alteración del orden constitucional, el incremento en los índices de pobreza y el deterioro sostenido del país en el ámbito económico, político y social.
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El Secretario General también llevó la situación de Venezuela al Senado de Estados Unidos. Durante su intervención enumeró los casos de represión, la cantidad de presos políticos, la corrupción y el narcotráfico como los factores detonantes de la crisis. Afirmó que «el pueblo venezolano está condenado a que lo maten en las calles».
Además de esto, Mercosur decidió expulsar a Venezuela del bloque económico el sábado 5 de agosto a través de la aplicación de la «cláusula democrática» contemplada en el Protocolo de Ushuaia, cuya sanción última es la exclusión del país caribeño de todos los órganos de acción del bloque regional.
Los movimientos ciudadanos
Con el golpe de Estado contra la Asamblea Nacional, la protesta se activó en toda Venezuela y, con ella, la creatividad para hacer que esta tuviera matices diferentes. Fue así que surgieron grupos como “Las Piloneras”, que convirtieron cantos tradicionales en consignas políticas; o “Dale Letra”, que construyó un alfabeto móvil para portar frases que critican al gobierno y a la represión; o “Billete alzao”, que hicieron que la devaluada moneda venezolana se transformara en materia prima de pancartas que condenan la crisis y claman por libertad.
Pero no solo la protesta creativa se hizo presente en estos meses de convulsión. Profesionales de distintos gremios se activaron desde sus trincheras para contribuir con la lucha en la calle. Así revivió la “Cruz Verde”, el conjunto de estudiantes y médicos que conformaron brigadas para socorrer a los manifestantes que sufrían los ataques de los cuerpos de seguridad del Estado y los colectivos.
Los periodistas fueron más allá de las notas en medios tradicionales y portales en internet e idearon iniciativas para combatir la desinformación. Una de estas fue el “Servicio de Información Pública”, que emitió mini noticieros a través de notas de voz para ofrecer datos precisos sobre lo que sucedía en el momento. También nació así “El Bus TV”, que llevó a los reporteros a subirse a unidades de transporte público para dar las noticias del día.
Casa por cárcel
El TSJ dijo que había sido por cuestiones de salud, Tarek William Saab debido a una petición Lilian Tintori y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino Lopez que fue producto del “dialogo” entre gobierno y oposición. Lo cierto es que Leopoldo López llegó en la madrugada de un sábado a su casa sin previo aviso. Su traslado de la cárcel de Ramo Verde a su residencia en Los Palos Grandes fue consecuencia, según los líderes de oposición, de mas de 100 días de protestas en las calles.
Con o sin los oficios del ex presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, el ex alcalde de Chacao volvió a abrazar a sus hijos portando un grillete electrónico en el tobillo.
López arrojó a las redes sociales un video conminando a la gente a protestar horas antes de producirse la elección de la ANC. Asimismo lo hizo el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, aunque en un tono mucho más autocrítico hacia la dirigencia opositora. Tales licencias enfadaron a la cúpula del poder que, a través del Sebin, les volvió a trasladar de madrugada y en pijamas a la prisión militar en las afueras de Caracas. 48 horas después fueron regresados a sus casas con la amenaza de no volver a emitir comentario alguno.
Capacidad de organización cívica
La jornada del 16 de julio de 2017 se inscribe como la más contundente demostración de la capacidad de organización que pueden tener los venezolanos. No sólo permitió que 7.676.894 ciudadanos tanto en Venezuela como en más de 500 ciudades del extranjero expresaran su rechazo al régimen de Nicolás Maduro sino que logró convocar en un sólo día a la más masiva manifestación en casi 4 meses de protestas por un objetivo común: la defensa de la democracia.
Se trató de una multitudinaria cívica organizado en tiempo récord, apenas en 11 días desde que la Asamblea Nacional aprobara su realización el 5 de julio de 2017. Convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), contó con la participación de más de 80 voluntarios en todo el país. No contó con recursos propios de otros eventos electorales organizados por el CNE como el sistema de voto electrónico ni el Plan República (que implica la participación del Ejército).
Fue un acto de desobediencia civil como respuesta a la crisis institucional y política que estalló en abril y que tomó los artículos 333 y 350 de la Constitución Nacional para desconocer al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Supremo de Justicia por la “ruptura de hilo constitucional”.
El 16-J, además, venció considerables obstáculos: desde el cambio de denominación inicial (de plebiscito a la constitucional Consulta Popular), prohibición de Conatel a los medios de llamar “Consulta Popular a la actividad de la MUD”, críticas de los mismos sectores de la oposición que desconfiaban de la eficacia de esta herramienta y descrédito de los poderes del Estado (CNE, Contraloría, Defensoría) que consideraron tanto evento como resultados inconstitucionales y sin validez jurídica.
Considerado por líderes de la oposición como «uno de los eventos más importantes en tres meses de lucha», el plebiscito logró obtener el respaldo internacional de Naciones Unidas, Unión Europea y varios países de América, incluyendo Estados Unidos. Visibilizó ante el mundo el tamaño del descontento de los venezolanos hacia el régimen de Maduro.
Diálogo entre opuestos
Una semana después de las elecciones a la asamblea nacional constituyente, en el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) se llevó a cabo un encuentro que podría considerarse no tiene precedente contemporáneo. Los venezolanos se dieron cita, en la UCAB y por internet, para escuchar las posturas sobre la situación del país de personajes tan aparentemente opuestos como el gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski y Miguel Rodríguez Torres. O el del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges y el parlamentario Eustoquio Contreras. E incluso, la ex defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez y el primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara.
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Más allá del tema central del foro, la defensa de la Constitución ante la ANC, los 12 minutos que tuvo cada participante demostraron que todas las intervenciones contaban con un mismo hilo conductor: el reconocimiento, el debate, el respeto, la despolarización y el llamado a la separación de los poderes. Por más difícil que haya sido sentarse con quienes han sido sus adversarios, como confesó Ramírez en el evento, se demostró que es posible llegar a puntos medios en beneficio de todos.
Esta semana el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, habló fuerte y claro: “En Venezuela ha habido un claro patrón de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Miles han sido detenidos arbitrariamente, muchos han sido víctimas de malos tratos y tortura”.
Los malos tratos no se refieren solo a agresiones físicas o psicológicas, sino también a las condiciones infrahumanas en las que los detenidos deben esperar por un proceso judicial enlentecido adrede, denuncian abogados del Funpaz, Foro Penal y Fundeci.
Desde abril han sido detenidas más de 5.000 personas en el contexto de las protestas, de las cuales más de 1.300 siguen tras las rejas, esperando audiencia preliminar o la admisión de los fiadores impuestos por los tribunales.
Sin acceso a agua potable, expuestos a enfermedades, hacinados y durmiendo junto a delincuentes comunes, pasan los días, las semanas y los meses de los presos por protestar.
Al mediodía de este sábado arrancó en Caracas la marcha, convocada por la oposición venezolana, en apoyo a los alcaldes del país que han sido víctimas de la persecución política. Miles de personas caminaron y entonaron consignas en contra del gobierno de Nicolás Maduro, al que catalogan como una dictadura.
La movilización se hizo desde dos punto de la capital ubicados en el este: Parque Cristal, en el municipio Chacao, y el Centro Comercial Plaza Las Américas, en Baruta.
La caminata transcurrió de manera pacífica hasta llegar a su destino, la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, en donde dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), pronunciaron discursos ante los asistentes.
Más de 20 alcaldes de distintos municipios del país han atravesado procesos jurídicos que los destituyeron, los llevaron a la clandestinidad o los condenaron a la cárcel. El período de protestas que comenzó en abril pasado desembocó una nueva cacería contra las autoridades municipales de jurisdicciones donde se escenificaron las principales manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
“¡Arrástrate como un gusano!”, gritaban soldados a Paula Colmenarez Boscán, una estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, tras ser detenida en el este de Caracas en una movilización contra Nicolás Maduro en julio. “Me arrestaron decenas de militares. Me manoseaban la entrepierna mientras me trasladaban en una motocicleta. Me cubrieron la cabeza, me golpearon y robaron el celular. Solo me liberaron cuando se hizo viral una foto en la que aparecía siendo arrestada”, dice.
Su ejemplo ha alertado a instancias internacionales acerca de la creciente represión en Venezuela. El martes, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas señaló al Gobierno de Maduro por el uso “generalizado y sistemático” de “fuerza excesiva” contra miles de manifestantes. El comunicado denunciaba detenciones arbitrarias, tratos crueles y torturas a disidentes durante las protestas de la oposición, que han entrado ya en su quinto mes. Tarek William Saab, defensor del pueblo y fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, no respondió a EL PAÍS sobre este informe.
Tamara Taraciuk, de Human Rights Watch (HRW), dibuja un perfil de los torturados. “Son mayormente disidentes o críticos. No son solo aquellos líderes opositores conocidos, sino que se trata de ciudadanos de a pie que el Gobierno considera disidentes simplemente por participar en manifestaciones o por estar pasando cerca de una”, explica.
En junio, Mileidy González, una joven auxiliar de enfermería, fue detenida por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cuando caminaba cerca de una protesta en Barquisimeto, capital del Estado de Lara (oeste). “En la comandancia policial me ataron por las muñecas, me colgaron y así comenzaron a golpearme una y otra vez. Amenazaron con violarme y sembrarme droga si denunciaba, me destrozaron”, dice.
Sus evidencias son fotos, recuerdos, cicatrices en la piel y una lesión en el bazo. González estuvo hospitalizada ocho días después de ser salvajemente golpeada, pero nunca recibió un informe médico que certificara su condición durante el arresto. “Ningún doctor se atrevió a dármelo. Ni siquiera quisieron darme una constancia médica en un CDI [Centro de Diagnostico Integral, red de ambulatorios creada por Hugo Chávez]”, explica. Sus agresores están en libertad, mientras ella debe presentarse cada mes ante un tribunal, imputada por daños violentos y resistencia a la autoridad. “Si eres policía o militar en Venezuela, lo puedes todo. Ellos te quitan tu libertad y violan tus derechos sin importar si eres inocente”, agrega.
Gaetano Costa, un politólogo de 42 años, ya había experimentado los excesos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) en 2014. En mayo de ese año fue detenido en una protesta. “No estaba solo. Varios manifestantes fueron detenidos ese día. Nos encerraron en una oficina en el interior de una comandancia de la GNB. Allí nos golpearon, amenazaron con desaparecernos, nos apuntaron con armas de fuego y hasta lanzaron dos bombas lacrimógenas. Parecía una cámara de gas nazi. Los militares decían que íbamos presos por guarimberos [opositores]”, recuerda Costa, militante de Voluntad Popular, el partido del preso político Leopoldo López, y regresó a las calles para protestar nuevamente contra Maduro este año. Fue detenido y golpeado, una vez más, en Lara.
Familiares de manifestantes asesinados en las protestas de 2014 y 2017, criticaron que luego de más de 120 asesinatos, miles de detenidos y heridos, varios partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática inscriban su candidatura en las elecciones regionales fijadas por el Consejo Nacional Electoral para el próximo 10 de diciembre.
Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno; Zugeimar Armas, madre de Neomar Lander y Zulimar Villegas, mamá de César Pereira, coincidieron en que la ciudadanía no puede “abandonar la calle” para participar en elecciones bajo las condiciones del actual ente electoral.
“Nuestros hijos dieron la vida por la libertad de Venezuela, no por unas gobernaciones”, manifestó Armas. Recordó que la lucha que emprendieron desde el primero de abril de este año fue por cuatros razones: un canal humanitario para solventar la crisis, elecciones libres y democráticas, libertad de presos políticos y respeto a la Asamblea Nacional.
“He criticado a las personas cuando dicen que las muertes de nuestros hijos es culpa de los diputados. Cada quien es conciente de lo que hace. Pero si la MUD va a decir ‘no hay más calle’, los responsabilizo de las muertes que hay”, expresó la mamá del joven de 17 años.
“Eso es una cortina de humo para engañar al pueblo”, declaró Villegas. A su parecer la lucha en la calle no debe claudicar hasta lograr “que caiga el gobierno”. “Desde el momento en que enterré a mi hijo salí a la calle y voy a seguir en ellas, por él, por sus hermanos y por lo que le prometí a él”, expresó.
Por su parte, Orozco recordó la promesa que le hizo frente a la tumba de su hija, asesinada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana el 19 de febrero de 2014 en Carabobo. “Hasta la ultima gota de mi sangre estará en Venezuela para recobrar la libertad y democracia”.
