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Protestas

Impunidad por el Caracazo sigue amparando represión a civiles en Venezuela

Este lunes, 27 de febrero, la ONG Cofavic denunció que a 35 años de los sucesos del Caracazo aún no hay un solo funcionario condenado por las muertes y lesiones causadas a cientos de civiles que se oponían a las medidas económicas anunciadas por el Gobierno de Carlos Andrés Pérez. 

La ONG Cofavic, que desde 1989 se ha encargado de defender y acompañar a personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos, denunció a través de su cuenta en X, antes Twitter, que «tal impunidad sigue amparando la violenta represión a civiles en Venezuela».

El Caracazo fue una serie de protestas, disturbios y saqueos que comenzaron en Guarenas y se extendieron a Caracas en los meses de febrero y marzo. Según cifras oficiales se reportaron 276 muertos; sin embargo, datos extraoficiales reportaron unos 3000 fallecidos, la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional.

En su cuenta en X, Cofavic destacó una vez más que, a pesar de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ningún funcionario involucrado en estos sucesos ha sido condenado o juzgado.

Cofavic recordó que lo que ocurrió durante el Caracazo (el uso desproporcionado de la fuerza pública contra civiles) es, precisamente, ·lo que hasta nuestros días ha seguido cobrando víctimas tanto en manifestaciones y marchas, como en operativos de seguridad ciudadana».

Víctimas siguen esperando justicia 

Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional (AI), utilizó la misma red social para recordar que, a 35 años de los sucesos, los familiares de las víctimas aún esperan que se haga justicia. «No más impunidad», exigió. 

«A 35 años del Caracazo, el gobierno aún mantiene deudas sin saldar, víctimas sin justicia y políticas sin transformaciones estructurales que garanticen los derechos humanos de todas las personas. Familiares y víctimas esperan por verdad, justicia y reparación», se lee en un video que acompaña la exigencia de Gómez. 

Por su parte, la ONG Provea también recordó otro aniversario del Caracazo y aseguró que en Venezuela continúan las violaciones a los derechos humanos y  «sigue reinando la impunidad». 

 
Víctimas de las protestas de mayo 2017 en Barinas aún esperan justicia
Fundehullan afirmó que ante estos hechos el Estado venezolano ha vulnerado el debido proceso y sus principios y garantías fundamentales y constitucionales del derecho a la vida

 

La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) denunció que aunque han transcurrido seis años y nueve meses de las protestas de mayo de 2017 en Barinas, las familias de los jóvenes fallecidos aún esperan justicia.

Yorman Alí Bervecia Cabeza, Elvis Adonis Montilla Pérez y Miguel Ángel Bravo fueron asesinados en la ola de protestas los días 21, 22 y 23 de mayo. Desde entonces sus familiares, acompañados con asistencia jurídica por parte de Fundehullan, exigen justicia al Estado, debido a que los casos aún se encuentran en «proceso de investigación».

Yorman Berbecia, de 18 años, estudiante, se encontraba en la urbanización José Antonio Páez en el sector “Los Pozones”, cuando participaba en una protesta y recibió un disparo en el tórax.

Elvis Adonis Montilla Pérez se encontraba en la urbanización Andrés Eloy Blanco, en una manifestación pacífica, cuando recibió un disparo en el intercostal izquierdo, fue trasladado al Hospital Luis Razetti de Barinas, donde llego sin signos vitales.

Mientras que Miguel Ángel Bravo tenía 25 años el día de su asesinato. Falleció de una hemorragia interna y shock hipovolémico a causa de heridas de arma de fuego en Socopó.

Vulneración al derecho a la vida

Fundehullan afirmó que ante estos hechos el Estado venezolano ha vulnerado «el debido proceso y sus principios y garantías fundamentales y constitucionales del derecho a la vida».

Resaltaron que en los tres casos ha habido retardo procesal y silencio por parte del Ministerio Público y de los Jueces del Circuito Judicial Penal del estado Barinas a las diferentes solicitudes realizadas.

Cabe destacar que con que este hecho violatorio de derechos humanos fue vulnerado el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá someterse a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”, en el que Venezuela esta suscrita desde 1.978.

Del mismo modo, fue vulnerado el derecho a la vida consagrado en el Artículo 4 en el Pacto de San José, en este se establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida”, del cual Venezuela ya no es parte desde el año 2013. Con este hecho también se vulnera el artículo 43 establece “el derecho a la vida es inviolable” de la Carta Magna de Venezuela.

Finalmente, Fundehullan exhortó al Estado venezolano a hacer justicia y reparación a las víctimas.

Casi 7000 protestas se registraron en 2023, según el OVCS
La organización documentó 4100 manifestaciones de trabajadores, un 28 % más respecto a 2022, cuando hubo 3185 protestas laborales

 

El informe anual de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), señaló que en 2023 se registraron 6.956 protestas, una reducción del 1,08 % en comparación con 2022, cuando se computaron 7032 manifestaciones.

De acuerdo con la ONG, hubo 5.583 protestas por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, mientras que las restantes 1373 fueron por derechos civiles y políticos; y del total, 118 fueron reprimidas por los cuerpos de seguridad.

Los trabajadores lideraron, por tercer año consecutivo, las manifestaciones en el país, en las que exigieron ingresos «dignos» para satisfacer sus necesidades, ante un salario mínimo que se mantiene, desde marzo de 2022, en 130 bolívares, hoy 3,5 dólares al mes, mientras que los gastos básicos en alimentación superan los 100 dólares mensuales por persona, según cálculos independientes.

Ingresos insuficientes y el derecho a la libre asociación 

La organización documentó 4100 manifestaciones de trabajadores, un 28 % más respecto a 2022, cuando hubo 3185 protestas laborales.

«Los ingresos por salario mínimo del trabajador venezolano resultan precarios e insuficientes para alcanzar el acceso a vivienda adecuada, alimentación, cuidado a la salud física y mental de las familias. En definitiva, tener una vida digna», aseguró el observatorio.

Los empleados también exigieron respeto al derecho a la libre asociación y manifestación pacífica, «sin recibir amenazas, amedrentamientos o detenciones por salir a protestar».

En el documento, el OVCS señaló que hubo movilizaciones para denunciar «detenciones arbitrarias y procedimientos judiciales a organizaciones y personas que defienden derechos humanos y realizan acciones humanitarias».

Asimismo, opositores exigieron la activación permanente del registro electoral y el levantamiento de inhabilitaciones políticas, entre ellas la que pesa sobre la candidata de la principal coalición antichavista a las presidenciales de este año, María Corina Machado, medida que le impide competir en elecciones hasta 2036 y que fue ratificada recientemente por el Supremo.

Por otra parte, la ONG indicó que el sector oficialista se movilizó para rechazar la guerra en Gaza y para respaldar el referendo unilateral del pasado 3 de diciembre, en el que la mayoría aprobó anexionarse una zona en disputa con Guyana, que sigue controlada por Georgetown.

 
DDHH Olvidados | La familia de Cristian Ramos lleva cinco años esperando justicia
Cristian era un joven soñador, trabajador y muy pacífico. Era estudiante de quinto año de bachillerato cuando comisiones del Faes ingresaron a su casa, lo secuestraron, golpearon, torturaron y luego lo mataron por presuntamente haber participado en la quema de la casa de la alcaldesa Gisela Rodríguez

 

@yeannalyfermin

 

Enero de 2019 quedó grabado en la memoria de todos los venezolanos y especialmente en la de los habitantes de El Tocuyo, estado Lara, con el asesinato de Cristian Ramos, de 19 años de edad, a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

La convulsión en Caracas de una sociedad que creía que el momento del cambio político, económico y social había llegado se extendió por todo el país y miles de personas se lanzaron a las calles del sector El Bosque a protestar y exigir un cambio. Pero otras como Cristian, que se quedaron en casa, igual fueron alcanzados por el uso excesivo de la fuerza de los cuerpos de seguridad. 

El 24 de enero, El Tocuyo estuvo agitado por los disturbios y enfrentamientos entre civiles y policías. La versión oficialista indica que en horas de la noche unos manifestantes intentaron quemar la casa de Gisela Rodríguez, la alcaldesa y mano derecha de Carmen Meléndez, gobernadora de la entidad para ese momento.

Eran las 2:00 de la tarde del 25 de enero cuando un grupo de funcionarios del FAES ingresÓ de manera violenta a la casa de Cristian, quien se encontraba jugando con su computadora Canaima y esperando a su tío para irse a trabajar.

Neymar Escalona, prima de Cristian, relata que lo sacaron de la casa a punta de golpes y se lo llevaron a una vivienda cercana donde vivían los hermanos José Alfredo y Anderson Torres Cortez de 24 y 17 años, respectivamente. “Acusados sin pruebas de intentar quemar la casa de la alcaldesa los secuestraron, los golpearon, torturaron, simularon un enfrentamiento y luego los mataron a tiros”, dijo.

Escalona asegura que la noche que supuestamente intentaron quemar la casa de la alcaldesa, el papá de Cristian no lo dejó salir por lo revuelta que estaba la zona: «Le ordenó que se acostara a dormir y él lo obedeció”. 

Según cifras de la ONG Provea, cuatro personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado en los dos primeros meses de 2019, mientras que 653 fueron detenidas por protestar.

En el caso de Cristian Ramos y los hermanos Cortez hubo varias contradicciones en las versiones oficiales que ofreció el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el secretario de seguridad del estado Lara, Kleyder Ferreiro.

El órgano de investigación informó en una minuta policial que los jóvenes se habían enfrentado a unos funcionarios y los señaló de haber causado graves destrozos en la vivienda de la alcaldesa. Ferreiro, por su parte, dijo que los fallecidos formaban parte de una banda de delincuencia organizada que mantenía azotada a la comunidad y negó la actuación de las FAES en el hecho.

Según información recopilada por medios locales en la entidad, habitantes de El Bosque tomaron las calles para exigir justicia y para desmentir que hubo enfrentamiento entre los jóvenes y la policía y la versión de Ferreiro. 

“No se ha hecho justicia”

Neymar Escalona explicó que hace un año, junto a los abogados, se acercaron a la fiscalía para saber el estatus del caso, pero les informaron que sigue en fase de investigación.

“La verdad es que no ha pasado nada. No se ha hecho justicia. El caso de Cristian es delicado porque involucra a la alcaldesa y funcionarios policiales”, aseguró.

Escalona describe a su primo Cristian como un joven soñador, trabajador y muy pacífico. “Era estudiante de quinto año de bachillerato cuando pasó lo que pasó”.

“A Cristian le gustaba trabajar. Trabajaba con su papá en el campo y con el dinero ayudaba a su familia. Tenía previsto irse con un hermano a Perú porque quería un mejor futuro”, dijo.

Neymar Escalona señaló que en el caso de los hermanos Escalona, la madre retiró la denuncia producto de manipulaciones y promesas de bienes materiales ofrecidos por la alcaldesa.

Sector educativo siguió liderando los reclamos laborales en el mes de octubre
El Inaesin subrayó que los empleados del sector público protagonizaron el 91,55 % de los reclamos de octubre, con denuncias formales ante instituciones del Estado

 

El sector educativo nuevamente lideró los reclamos laborales durante el mes de octubre, según el Observatorio de Conflictividad Laboral del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).

El observatorio registró 69 reclamos colectivos de trabajadores en octubre (25 menos que en septiembre), con denuncias y protestas por parte de docentes y personal sanitario, entre otros, para exigir mejores salarios.

El ente indicó que el 34,78 % de los reclamos estuvieron protagonizados por el sector educación, seguido del gremio de la salud, con el 11,59 % del total de quejas registradas, mientras que el 10,14 % restante se divide entre diversas áreas, que no precisó.

El Inaesin subrayó que los empleados del sector público protagonizaron el 91,55 % de los reclamos de octubre, con denuncias formales ante instituciones del Estado, movilizaciones en la vía pública y concentraciones en señal de protesta.

Las regiones que concentraron mayor cantidad de conflictos fueron, según el observatorio, Caracas, con el 20,59 % del total; Bolívar (sur), con el 19,12 %, y Carabobo (norte), con el 13,24 %.

Piden incluir en diálogo el tema de la “justicia salarial”

El pasado 18 de octubre, la Junta Directiva de la Central de Trabajadores ASI Venezuela exhortó al gobierno y a la oposición que participa en el proceso de diálogo que se reactivó en Barbados a debatir políticas de protección e inversión social que beneficien a los ciudadanos. 

A través de un comunicado, la central consideró que es «urgente hacer justicia salarial» y mencionaron que los trabajadores merecen un ingreso «digno y suficiente.

«Es urgente lograr salarios justos para todos los trabajadores activos, jubilados y pensionados”, recalcan. 

Añaden que con los recursos que se puedan derivar del levantamiento de sanciones es urgente el logro de medidas de protección social y de inversión social, ya que los servicios públicos y fundamentalmente el servicio de salud, «cada vez está más lejos de las necesidades de la población y de los trabajadores que somos los más vulnerables”.

Consideran importante que se instale una  mesa de articulación entre el diálogo socio laboral, con asistencia técnica de la OIT y el diálogo político «para debatir los temas derivados del punto 6 del memorando de entendimiento suscrito entre la oposición y el gobierno en Barbados el 17 de octubre de 2023, con la representación de los trabajadores y de los empleadores”.

Añaden en que saludan y aplauden la continuación del diálogo, pero con resultados, «que se vean en la mesa y en la vida digna y próspera de la familia, de todos los venezolanos”.

sector educativo

Salario digno y suficiente sigue siendo el principal motivo de las protestas en Venezuela
Las exigencias del sector educación se incrementaron en 96% en comparación con mayo de 2022

 

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 398 protestas por derechos laborales durante el mes de mayo de 2023. El salario digno y suficiente sigue siendo  el principal motivo de las manifestaciones en Venezuela.

De las 398 exigencias laborales documentadas, en al menos 273 participaron docentes de todos los niveles educativos acompañados de personal administrativo y obreros, lo que representó un 69%.

El OVCS documentó que por quinto mes consecutivo las protestas de trabajadores ocuparon el primer lugar de exigencias, representando el 66% del total registrado durante este periodo.

Un aspecto resaltante es que las protestas laborales aumentaron en comparación con el mismo periodo del año 2022. 341 y 398 respectivamente. Mientras que las exigencias del sector educación se incrementaron en 96% en comparación con mayo de 2022.

Aspectos de las protestas laborales

Trabajadores exigieron un aumento salarial justo; sin embargo, fue inexistente durante la conmemoración histórica del Día del Trabajador. En la actualidad el salario mínimo está en 130 bolívares mensuales, equivalente 5 dólares según el cambio oficial del Banco Central de Venezuela.

Los trabajadores rechazaron que el único ajuste que recibieron haya sido por concepto de bonificaciones, lo que afecta el cálculo de prestaciones sociales, vacaciones y aguinaldos.

Personal activo, jubilados y pensionados exigieron aumento en sus ingresos, pensiones dignas, pago de deudas pendientes y la firma del nuevo contrato colectivo.

Las precarias condiciones laborales y salariales del sector de salud pública han hecho que se mantenga la migración de profesionales de la enfermería.

Los trabajadores de Guayana protestan contra las acciones de sindicatos parcializados con el Gobierno nacional. La jornada de protestas desencadenó luchas de poder y hostigamiento a los trabajadores.

 

 

*Vea el informe completo AQUÍ

Máximo Briceño: Protestas de maestros han disminuido por el desgaste y la frustración
El presidente del Sindicato de los trabajadores de la Educación del Estado Mérida aseguró que el descontento del gremio docente no es solo el salario, sino también por el “abandono” a las escuelas 

 

Desde enero de 2023, maestros y docentes de todo el país han tomado las calles para exigir un salario digno que se ajuste a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución y la firma del contrato colectivo. Sin embargo, en el mes de mayo se ha visto una merma en la cantidad de protestas de los docentes y sindicatos del país.

A juicio de Máximo Briceño, presidente del Sindicato de los trabajadores de la Educación del Estado Mérida (Sinditem), esto se debe principalmente al desgaste, pues considera que las protestas se convirtieron en jornadas de frustración “porque es un gobierno indolente, un gobierno que al parecer no le interesa lo que es su sistema educativo”.

En entrevista para el programa «Háblame Bajito» que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, Briceño señaló que otro elemento que ha producido el desgaste es que dichas protestas no fueron organizadas por las federaciones y sindicatos.

“Las federaciones tienen que replantearse, tienen que modificarse los sindicatos regionales y reestructurar lo que debería de ser el trabajo en los municipios del país, también en las parroquias”, recomendó.

Briceño señaló que actualmente hay maestros que continúan exigiendo sus derechos, pero que otros “han mordido el anzuelo” de tener libres dos días a la semana para “rebuscarse” económicamente.

El presidente del Sindicato de los trabajadores de la Educación del Estado Mérida aseguró que el descontento del gremio docente no es solo el salario, sino también por el “abandono” a las escuelas.

“Todos sabemos que es un sistema que dejó de funcionar hace rato y que estamos precisamente en la mitad de una crisis”, finalizó.

Advierten que indignación por corrupción en Pdvsa puede intensificar protestas

Foto: @angelcolmenarez05 / El Informador

El sociólogo destaca que con las consignas que han utilizado en las protestas se desmantela la narrativa que quiere imponer el gobierno que «por culpa de las sanciones no hacen ajustes salariales»

 

A juicio del sociólogo Nelson Freitez, integrante de la Red de Derechos Humanos del estado Lara y profesor titular de la UCLA, la indignación que ha producido la trama de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), podría intensificar las protestas de calle. 

Así lo dio a conocer en el evento virtual “Perspectiva País: Proyecciones Sociales 2023″ que realizó la organización Medianálisis este miércoles 29 de marzo. 

El sociólogo afirmó que el ingrediente que más ha sazonado las 1200 protestas que se han producido en lo que va de 2023 ha sido la indignación.

“Es previsible que este elemento (el caso de corrupción en la estatal petrolera) venga a agudizar el malestar y el descontento que hay en la población y ya eso se evidenció en las protestas más recientes, pues maestros, médicos, obreros y demás trabajadores públicos que han protestado en las calles de 15 estados venezolanos se destaca que no es bloqueo, sino saqueo lo que no permite los aumentos de salarios», dijo Freitez. 

El también profesor de la UCLA destaca que con las consignas que han utilizado en las protestas se desmantela la narrativa que quiere imponer el gobierno  deque «por culpa de las sanciones no hacen ajustes salariales».

La trama corrupta 

El pasado 25 de marzo, Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta ANC, reveló que hay 21 personas detenidas por una trama de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y 11 órdenes de aprehensión.

Según Saab, se trata de la trama de corrupción número 31 desde que asumió funciones en el Ministerio Público.

El Fiscal explicó que lograron detectar una red de funcionarios, que valiéndose de sus cargos y sus niveles de autoridad, procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas a la de Pdvsa. 

Agregó que dichas operaciones se hicieron a través de la asignación a la Sunacrip, la carga de crudo en buques por parte de la estatal «sin ningún tipo de control administrativo ni garantías» y que una vez comercializado el crudo, asignado legalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a Pdvsa.

Según la ONG Transparencia Venezuela ha registrado 127 casos de presunta corrupción o manejo irregular de recursos públicos en Pdvsa o alguna de sus filiales, con lo que se comprometieron, de acuerdo a sus datos, más de 42.000 millones de dólares, en los últimos 20 años.

Indignación