EL 45,19% DE LAS PROTESTAS ACONTECIDAS en el municipio Libertador, del Distrito Capital, durante los primeros siete meses de 2018 tuvieron motivos laborales. Los trabajadores de la capital y de las regiones, cansados de no ver atendidos sus reclamos, llegaron a la jurisdicción donde se centralizan las sedes de los poderes públicos y de la mayoría de los ministerios que componen el Ejecutivo Nacional, para encender las calles y reclamar sus derechos.
El Termómetro de la Calle, un monitor de conflictividad social de TalCual, El Pitazo y Runrunes, registró que en los primeros siete meses del año en curso, Libertador fue el municipio en el que acontecieron más protestas, con 416 manifestaciones en la localidad caraqueña. Cifra que representa casi cinco veces el número de protestas que tuvieron lugar en el municipio Sucre de Miranda y en el resto de los municipios que componen la Gran Caracas en el mismo lapso.
Aunque los números contrastan con los del año pasado, donde para la misma época ya se 5.950 protestas solo por razones políticas y para este semestre solo se cuentan 277 por el mismo motivo, el bajón de 95,34% en este renglón puede atribuirse en un aumento en los reclamos de orden social que cobran protagonismo y humanizan las protestas de 2018.
Tanto en Baruta como en Chacao los números indican la baja más notoria de manifestaciones con relación al año 2017, donde, en el contexto de las protestas antigubernamentales, se vivieron 497 y 416, respectivamente. Este año, en cambio, Baruta se alzó 38 veces, la mayoría de ellas por problemas con los servicios públicos y en Chacao se dieron 43 quejas públicas, casi todas relacionadas con la situación política de Venezuela.
En Libertador se puede vivir a escala la crisis laboral del país, donde los reclamos por mejoras salariales, condiciones dignas, pago de deudas, discusiones de contratos, despidos injustificados, persecución y violaciones a la ley incrementan con el pasar de los días y se extienden por todo el territorio nacional. De hecho, de las 416 protestas registradas durante el período estudiado, 188 fueron por motivos laborales.
Si bien en enero aún se registraron números más abultados por razones políticas (17) y por las deudas del prometido pernil navideño (nueve), en febrero ya comenzaba a crecer la temperatura del reclamo laboral. Así, pasaron de apenas dos en el primer mes del año, a cinco en el segundo y seis en el tercero. Pero en abril todo cambió: se registraron 18 manifestaciones de trabajadores, especialmente del sector salud. Desde entonces no dejó de crecer el indicador y se consolidó en el primer lugar en mayo, junio y julio, por lejos.
Carlos Navarro, presidente de la Central de Trabajadores ASI Venezuela (Alianza Sindical Independiente), atribuye esta situación a que la clase trabajadora del país se ha visto en la necesidad de “enfrentar al poder que está centralizado en Caracas”, lo que implica “un gran sacrificio que está asumiendo la gente para reclamar sus derechos”. El dirigente sindical explica que “hay una violación contumaz de los derechos individuales y colectivos del trabajo y esto está sucediendo en los sectores claves del país: educación, salud, transporte, en las instituciones públicas y el resto de las organizaciones sindicales”.
Para Navarro se ha desvirtuado el reclamo laboral ante las instituciones competentes, razón que ha motivado el repunte de las protestas por este tema. Explica que aunque posiblemente haya otras épocas, como el año pasado, en las que las manifestaciones han sido mayores en cantidad, en esta ocasión se trata de “protestas más contundentes” por la cantidad de participantes. Comentario que se refleja en el hecho de que en la Gran Caracas las protestas bajaron 66,71%, con respecto al mismo período de 2017 y que en todo el país la baja es de 52,59%.
“Esta gente y las organizaciones no tienen a dónde acudir para que les hagan respetar sus derechos laborales y primordiales, para lo cual tienen dos estructuras, una que es la cuasi jurisdiccional: el Ministerio del Trabajo y la Inspectoría, donde no les hacen caso. La otra, la jurisdiccional, que son los sistemas judiciales vienen a ser los tribunales que tampoco les hacen caso, y solo les queda una alternativa: movilizarse en un país donde no hay ley. Tienen que acudir a la fuerza y se tienen que activar en las calles”, aclara el sindicalista.
Tal como lo expone el dirigente, el reclamo del sector laboral se ha cruzado con la protesta política, de salud y por agua, temas que, de acuerdo a El Termómetro de la Calle, le siguen a las quejas de los trabajadores y representaron en el municipio Libertador el 14,42%, 12,46% y 12,02%, respectivamente, desde enero y hasta julio de 2018.
Al revisar las tendencias, se evidencia que las protestas por agua, misiones o transporte se mantuvieron más estables, mientras que aquellas por comida o CLAP se redujeron hasta desaparecer en junio y julio. Las motivadas por reclamos de salud tuvieron un pico en abril (25), inusual para el comportamiento promedio durante el resto del período cuando se mantuvieron en alrededor de cinco cada mes.
La data agrupada en los renglones «Otros» y «Otros servicios» se corresponde con protestas puntuales. Por ejemplo la manifestación por títulos académicos no entregados por el Ministerio de Educación el 25 de julio, o por recolección de basura en La Vega el 3 de julio, respectivamente.
La protesta cualitativa
El presidente de la ASI Venezuela asegura que en este momento hay una diferencia en la lectura de las diversas manifestaciones que han tenido lugar, pues es posible que “cuantitativamente hayamos tenido mayor número de protestas en años anteriores, pero las de este momento son mucho más cualitativas, más reales, con mensajes mucho más contundentes y respondiendo a una crisis humanitaria gravísima”.
De allí que las 416 manifestaciones que han sucedido en Libertador se decanten en 114 referentes al sector salud, seguidas de 10 manifestaciones realizadas por empleados de la Universidad Central de Venezuela (UCV), nueve de trabajadores petroleros y otras nueve por parte del personal del Pedagógico de Caracas. Quienes laboran en Corpoelec alzaron la voz seis veces en los primeros siete meses del año, mientras que en Supracaracas empresa dependiente de la Alcaldía de Libertador, ocurrió en cuatro oportunidades. Otros seis registros corresponden a protestas por motivos salariales ante diversos empleadores.
En todos los casos la respuesta ha sido la misma: sus quejas no han sido escuchadas por el Gobierno. “Lo que estamos buscando es un salario digno que es lo que establece la Constitución que señala que el ingreso de los trabajadores tiene que ser para vivir con dignidad y eso no pasa en Venezuela, con el ingreso que tenemos no vivimos, con lo que pretende darnos el gobierno para acabar con el paro no nos sentimos satisfechos”, es el testimonio de Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de Fetrasalud, parte del gremio que tiene más de 50 días en protesta activa en los hospitales públicos de Caracas.
Del otro lado de la misma protesta, los pacientes y sus familiares llevan “el calvario por dentro”, tal como lo afirma Vicky Fernández, madre de un joven de 15 años que se dializa en el J.M de los Ríos desde los dos años de edad. Asegura que en ese centro de salud, tienen tres meses sin protestar pues la prioridad es la queja de los trabajadores, pero recuerda cómo en los meses anteriores, particularmente en el mes de abril, como da cuenta El Termómetro de la calle, protestaron por causas que iban desde la falta de agua en el centro hospitalario, pasando por el desalojo de las pensiones, hasta por la paralización de tratamientos por falta de insumos. “Ahora medianamente se está cumpliendo con lo básico. Supongo que no les conviene que nosotros volvamos a la calle cuando tienen ese hervidero por las enfermeras”, opina Vicky.
Entretanto, los profesores universitarios también reclaman. Keta Stephani, representante nacional de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), explica que las 18 universidades del país se mantienen en protesta activa por lo que describe como “un cerco presupuestario” que mantiene en colapso a las universidades y en el precipicio a sus profesores. “Hemos unido fuerzas con la protesta del sector salud porque es la misma exigencia, salarios dignos e insumos para trabajar. No hemos sido escuchados, nos han prometido reuniones y no se han cumplido”, aclara la profesora.
A los rojos también se les alzan
Hasta los trabajadores de la Alcaldía del municipio Libertador decidieron hacer públicas sus quejas. Cuatro protestas en SupraCaracas, una de la Corporación de Servicios Municipales y una de los directamente dependientes del despacho de Erika Farías se sumaron a las nueve protestas de trabajadores de Pdvsa, tres de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, seis de Corpoelec, tres del Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales (IVSS) y dos de Hidrocapital.
En el caso de Petróleos de Venezuela, no se trata solo de quienes cumplen funciones en la capital, sino de quienes viajaron desde Monagas, Anzoátegui, Falcón o Sucre hasta Caracas para intentar ser escuchados. Luis Hernández, director del Frente de Trabajadores Petroleros de Monagas, llegó a la capital a principios de junio para protestar junto a sus compañeros pues “el sueldo que me ganó no alcanza para nada. Todos los días como mango y las comidas que nos ofrecen allá son como para los perros”.
El trabajador petrolero, en el ranking mundial, gana por encima de los dos mil dólares al mes. Pero en Venezuela no alcanza los dos dólares. Iván Freites, secretario de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, hace la comparación y explica que “las condiciones laborales, la pérdida del contrato colectivo y de reivindicaciones nunca antes vistas hizo del trabajador de Pdvsa el peor pagado”. Freites expone que, por la crisis, 85% del personal de Pdvsa ha huido de la empresa, especialmente durante los meses más recientes, pues no tienen transporte, agua potable, ni seguridad en las instalaciones. Además, le suma a esa cadena de problemas la persecución a la que asegura han sido sometidos los trabajadores que alzaron su voz.
Perseguidos y amenazados también dicen estar los empleados de la Alcaldía de Libertador. Yennys Silva, del Sindicato Único de Obreros Municipales, Gubernamentales e Institutos Autónomos de este despacho refiere que han sufrido intimidación por evitar que se impongan los sindicatos patronales. La funcionaria asegura que en el caso de SupraCaracas el número de protestas no ha aumentado por miedo.
Por su parte, Carlos Rivero, secretario de Finanzas del Sindicato Único de Trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas (Sumet- Alcamet), indica que iniciaron sus protestas el 20 de diciembre de 2017 cuando la asamblea nacional constituyente “suprimió” este despacho, y que pararon sus quejas ante la Defensoría del Pueblo y la Vicepresidencia porque en marzo pagaron sus sueldos atrasados.
