propaganda

 

por Juan Carlos Molleda

 

Desde hace más de medio siglo la profesión de relaciones públicas en todo el mundo ha incrementado su profesionalización, legitimidad y diferenciación como ejercicio estratégico, distanciándose de la pura propaganda. Organizaciones profesionales tales como la Sociedad de Relaciones Públicas de América (PRSA), la Asociación Internacional de Relaciones Públicas (IPRA) y la Alianza Global para las Relaciones Públicas y Gestión de Comunicación han contribuido a este logro. Sin embargo, parece que todavía quedan reductos donde se pone en cuestión la profesionalización y sus estándares éticos.

El 15 de marzo de 2015, la presidenta cubana de la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas (CONFIARP), una organización miembro de la Alianza Global, distribuyó una declaración escrita para todos sus miembros y colaboradores, enviada sin consultar a los miembros de su junta directiva, quienes representan asociaciones en otros países latinoamericanos. La llamada “DECLARACIÓN DE CONFIARP a favor de la paz y la integridad de Venezuela como nación” expresa en un claro tono propagandístico, que “[e]s injusto y nada serio pretender convencer al mundo del peligro de Venezuela para la seguridad nacional de los Estados Unidos y de la necesidad de emitir una orden de emergencia nacional para el país más poderoso del mundo”.

También dice que Venezuela enfrenta “una guerra económica sin tregua para provocar descontento en el pueblo”. La declaración después resalta “el sospechoso desplome de los precios del petróleo en el mercado internacional condimentada con una campaña mediática a través de los más diversos soportes y medios que tuvieron en las guarimbas [barricadas] el primer episodio para justificar supuestas violaciones de los derechos humanos”. Finalmente, CONFIARP “llama a todos los relacionistas públicos y comunicadores sociales del Continente a aplicar su capacidad profesional para hacer uso, una vez más, de las herramientas que dominamos para despertar conciencia, movilizar voluntades y desatar la participación ciudadana en defensa de la patria de Bolívar, que es también la defensa de la integridad y soberanía de nuestros países”.

Esta declaración es una clara violación al Código de Estándares Profesionales para el Ejercicio de las Relaciones Públicas de la Alianza Global. Aún más serio, es una amenaza para la reputación y legitimidad de la profesión y del área de conocimiento académico. Si no se frena a CONFIARP en este tipo de acciones de marcada posición ideológica, asociaciones nacionales e internacionales de relaciones públicas corren el riesgo de convertirse en herramientas de propaganda de gobernantes en varios países del continente y del mundo. Las relaciones públicas han batallado durante 70 años por desvincularse de actores como Joseph Goebbels, jefe del ministerio Nazi para la ilustración pública y propaganda. ¿Vamos a dejar que alguien nos despoje de los logros que ha alcanzado nuestra profesión?

El papel de una asociación profesional es representar, abogar y trabajar para el avance de la profesión y sus profesionales. Su rol incluye la promoción de debates, entrenamientos, investigación y educación sobre las estrategias y tácticas empleadas por la función e impacto gerencial y social de las relaciones públicas en todo tipo de organizaciones. Por el contrario, tomar parte de un conflicto político y económico internacional, sin información fiable de todas las partes, es una proposición peligrosa que se excede a su misión, más aún cuando se realiza sin el consenso de los asociados. Esto es aún más contraproducente en una profesión que se esfuerza por dejar atrás una reputación negativa asociada a la manipulación y en la que el mutuo interés y los procedimientos democráticos se consideran como fundamentos de su legitimidad en nuestros días.

Una asociación de relaciones públicas debe entonces esforzarse por aumentar la profesionalización de todos sus miembros y debe tener como centro de acción el interés de la profesión. Esto es por naturaleza una posición universal y neutra, que es indispensable cuando los profesionales se encuentran en el medio de una crisis nacional. Es por eso que se debe amonestar a los profesionales que perjudican a una profesión por sus acciones y conductas. Aunque hay profesionales que trabajan para gobiernos y sus agencias, no debemos permitir que ningún gobierno ejerza excesiva influencia sobre una asociación profesional de relaciones públicas y gestión de comunicación, menos si esta tiene alcance continental.

Debemos hacer todo lo que este en nuestro poder para rechazar y evitar cualquier intento de hacer de la profesión de relaciones públicas y gestión de la comunicación un instrumento de propaganda. Debemos velar por la supervivencia y avance de nuestra profesión, así como por su legitimidad e identidad como función estratégica de las organizaciones e instrumento de desarrollo social.

El ejercicio y la naturaleza de las relaciones públicas se investigan y enseña en muchas instituciones de educación superior del mundo, incluyendo programas ¿estelares? en Latinoamérica. Sin embargo, a creadora o creadores de la declaración de CONFIARP parecen ignorar que las relaciones públicas están basadas en principios democráticos y que prosperan en sociedades donde reinan las libertades económicas, políticas y sociales, así como también en las sociedades donde múltiples voces tienen participación en el debate público y compiten por la atención y el respeto.

A pesar de las respuestas y argumentos contundentes de profesionales y académicos denunciando lo inapropiada y lo perjudicial de la declaración, CONFIARP no se ha retractado de su posición o emitido una nueva declaración sobre la gravedad de la crisis venezolana y las complejas relaciones entre ese país y los Estados Unidos; una posición que sea más conciliatoria y constructiva. Es una farsa tener una confederación regional que toma una posición política/ideológica desafiante y sesgada como representante de una profesión en todo un continente.

¿Qué podemos hacer? Esta situación no nos puede dejar impasibles. Las asociaciones miembros de CONFIARP deben considerar seriamente su vinculación con una entidad que utiliza la propaganda ideológica al margen del consenso de sus asociados. La Alianza Global debe tomar medidas al respecto y evaluar la membresía de CONFIARP. Aún más, las asociaciones profesionales nacionales e internacionales deberían ratificar una declaración universal que reafirme la independencia de las asociaciones de relaciones públicas y gestión de comunicación que permita evitar cualquier afiliación con propaganda de gobiernos.

* El Dr. Juan Carlos Molleda es profesor y jefe del Departamento de Relaciones Públicas de la Facultad de Periodismo y Comunicaciones en la Universidad de Florida, Gainesville. También es miembro de la junta directiva del Instituto para las Relaciones Públicas, del Comité de Asuntos Educacionales de PRSA y evaluador académico de la Certificación en Educación para las Relaciones Públicas de PRSA. Su área de investigación son las relaciones públicas globales y latinoamericanas. Hadado conferencias en todo el continente y ha trabajado como evaluador extranjero de programas educativos en Suramérica que han logrado la certificación internacional de PRSA, tales como carreras de relaciones públicas y gestión de comunicación en Argentina, Colombia y Perú.

 

El escritor chino de 81 años, Tie Liu, veterano crítico del régimen, fue condenado este miércoles a dos años y medio de cárcel y a una multa, según su abogado, mientras Pekín endurece su represión contra los disidentes.

Un tribunal de Chengdu, en la provincia de Sichuan, en el sureste, condenó al intelectual a dos años y medio de prisión por «gestión de una empresa ilegal», indicó a la AFP su abogado y amigo, Liu Xiaoyuan.

Los jueces suspendieron, sin embargo, la sentencia durante cuatro años, lo que le permitirá evitar la cárcel si no infringe la ley en ese periodo.

Tie Liu, cuyo verdadero nombre es Huang Jing, también deberá pagar una multa de 30.000 yuanes (unos 4.790 dólares).

La policía detuvo al escritor en su domicilio de Pekín en septiembre y lo encarceló por «provocar querellas y suscitar problemas», una acusación que las autoridades chinas emplean, últimamente, con frecuencia para acallar a los intelectuales e internautas críticos con el Partido Comunista.

El escritor pasó 20 años en los campos de reeducación por oponerse a Mao Zedong, el fundador del régimen, publicando unas memorias prohibidas por la censura. El régimen lo rehabilitó, sin embargo, en los años 1980.

Para su esposa, la última detención de Tie Liu se debe a un ensayo reciente en el que criticaba al jefe de la propaganda del régimen, Liu Yunshan.

Adriana Núñez Moros | @AdrianitaN

Maria Alesia Sosa Calcado | @MariaAlesiaSosa

A un año del 12 de febrero de 2014, se conocen los nombres pero no todos los rostros de los 43 muertos relacionados de alguna manera con los hechos de aquel Día de la Juventud.

El saldo de las protestas que comenzaron en febrero de 2014 está allí: 43 muertos.

El Gobierno no garantizó el constitucional derecho a la vida a ninguno de esos venezolanos ni tampoco ha concedido justicia a sus familiares, pero sí los utiliza como propaganda política para criminalizar las protestas. Algunos de ellos participaban, otros no.

La versión del Gobierno sobre estas muertes es distinta en la mayoría de los casos. Y muy distante a la que sostienen los familiares y organizaciones de Derechos Humanos. Hasta las cifras son diferentes.

Un especial del canal estatal Telesur habla de 49 personas fallecidas, mientras que el Foro Penal maneja la cifra de 44. La organización no gubernamental relaciona a 10 víctimas (de las 44 que reconoce) directamente con las guarimbas. Mientras, el Centro de Derechos Humanos de la Ucab y Provea informan que se trata de  42 muertes.

El Ministerio Público reconoce la muerte de 43 venezolanos desde que “iniciaron los hechos de violencia fascista en gran parte del país”, según reza una nota de prensa de esa institución el 26 de mayo de 2014.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz, en su columna “Guarimbas”, publicada en todos los medios del Estado el 10 de febrero de 2015, explica que esas 43 personas muertas son “un balance, una muestra de la alteración de la paz social”. Además dice que el Estado “con absoluto respeto del derecho al debido proceso, adelantó las investigaciones para establecer las responsabilidades ante estos graves delitos”.

La propia fiscal reconoció que hay 43 fallecidos, pero mencionó que sólo cuatro de las muertes están siendo investigadas: Bassil Dacosta, José Alejandro Márquez, Geraldine Moreno y Adriana Urquiola.

Si bien la Fiscalía ha adelantado esos cuatro casos de 43, ninguno se ha resuelto.

El caso de Geraldine Moreno con el rostro deformado por heridas de perdigones, es emblemático para mostrar el uso que la propaganda gubernamental ha hecho con las víctimas mortales de las protestas. Su foto ha sido utilizada infinidad de veces por grupos oficialistas para denunciar que fue una muerte ocasionada por las llamadas guarimbas.

En el caso de Moreno, no sólo se comprobó que quienes le dispararon fueron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, sino que tampoco se ha hecho justicia.  Cuatro funcionarios fueron presentados por el caso, de los cuales sólo dos están privados de libertad, mientras que los otros dos se encuentran bajo régimen de presentación. Las ONGs reconocen que al menos 25 funcionarios intervinieron en el ataque.

El 22 de febrero de 2015 se cumple un año del asesinato de Geraldine Moreno, y aún no ha comenzado el juicio, ha sido diferido ocho veces.

El Gobierno ha utilizado estas muertes para criminalizar las protestas que iniciaron los estudiantes en febrero de 2014.

El 24 de febrero de 2014, apenas dos semanas después de la marcha del 12F, el presidente Nicolás Maduro dijo que las protestas de la oposición habían provocado la muerte de 50 personas. «Ya van más de 50 muertos productos de las barricadas y de las guarimbas», señaló en cadena de radio y televisión desde el Palacio de Miraflores.

También la Fiscal Ortega Díaz dijo el 14 de noviembre de 2104 en su programa de Unión Radio que muchos de los muertos entre febrero y junio fueron causados por las guarimbas.

La campaña del canal Telesur en favor de la «Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado» utiliza imágenes de Geraldine Moreno para condenar las guarimbas. Rosa Orozco, la madre de Moreno, en una entrevista a NTN24, negó esta versión. “Mi hija no fue víctima de la guarimba, sino de este gobierno asesino”.

La misma campaña utiliza la imagen de Bassil Da Costa. La madre de Dacosta, Janeth Frías, también declaró a El Impulso en diciembre de 2014 que su hijo fue asesinado por el Sebin y negó relación con las guarimbas.

«Mi hijo no era guarimbero. El simplemente fue a marchar como todo ciudadano venezolano porque yo tenía cuatro meses esperando una operación y nunca había insumos. Fue a alzar su voz en protesta por lo que está pasando en este país, pero encontró la muerte por culpa de un Sebin, porque quiso matarlo, porque lo mandaron, por odio o por rabia”.

A continuación la lista que presenta algunos medios del Estado con correcciones realizadas por el equipo de Runrun.es:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Gráficos: Daniela Dávila Torres

 

En Venezuela ha surgido un nuevo magnate de medios: el Estado. En mitad de una crisis económica que ahoga las finanzas públicas, la autodenominada Revolución Bolivariana cuenta con una red de 14 canales de televisión, una red global por satélite (TeleSur), cuatro periódicos —y pronto, un quinto rotativo— y decenas de emisoras de radio, en un grupo mediático destinado a “promover la gestión del Gobierno, los valores socialistas e impulsar la revolución”, como reza el Presupuesto presentado recientemente por el Ejecutivo para 2015. Para financiar sólo una parte de este conglomerado, el Gobierno de Nicolás Maduro prevé invertir el año próximo 3.600 millones de bolívares (según la tasa oficial de cambio menor, algo más de 508 millones de dólares, aunque en el polémico sistema cambiario venezolano, con el tipo más favorable para el bolívar supondría sólo 64,7 millones de euros).

Al mismo tiempo, el chavismo se dispone a aprobar con su mayoría parlamentaria una ley que le permitirá aportar fondos de manera directa a más de 500 emisoras comunitarias que le son afectas, sin tener que pasar por las autoridades locales. Desde sus inicios, el proceso comandado porHugo Chávez consideró el terreno mediático como un campo de batalla crucial, por lo que debía hacerse con un arsenal de medios propios. De allí estas cifras, recolectadas en un estudio del académico Marcelino Bisbal, director de los Estudios de Posgrado en Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas, una institución docente jesuita.

“Tomamos todos los renglones destinados a comunicación de los distintos entes en la Ley de Presupuesto y, desde luego, la mayor partida corresponde al Ministerio de Información y Comunicación”, relata el investigador.

A pesar de que la redoblada inversión oficial en difusión “no guarda ninguna relación con los escasos índices de audiencia de los medios del Estado”, Bisbal sostiene que la lógica para medir la eficiencia de esa inversión se corresponde en realidad a “una voluntad de copar todos los espacios de la vida pública. Si bien es cierto, como insisten voceros del Estado, que, medidos en unidades, todavía hay muchos más medios privados, se trata de medios intimidados y autocensurados, donde la verdad oficial predomina”.

Los 3.600 millones de bolívares asignados en el Presupuesto superan las partidas previstas para el Poder Judicial y el Poder Electoral, dos de los cinco poderes del Estado según la Constitución vigente desde 1999.

En 2015 deben celebrarse las elecciones para renovar el Parlamento, una ocasión que regularmente exigiría recursos adicionales para el Consejo Nacional Electoral (CNE), núcleo de ese poder.

Ese monto, destinado a financiar apenas una fracción de los medios del Estado —en el Presupuesto, según el estudio, no se especifican los desembolsos para la televisión de la Fuerza Armada o para la Corporación Maneiro, el ente encargado de importar papel de prensa, por ejemplo—, bastaría para costear la construcción de 301 escuelas, según calcula a partir de los datos de Bisbal la reportera Maru Morales, del diario El Nacional de Caracas, en una nota que el rotativo destacaba este lunes.

En la distribución de recursos, en cualquier caso, la Administración revolucionaria refleja las prioridades de su proyecto: destina a TeleSur, su canal internacional, un 75% más que el dinero reservado para Tves (Televisora Venezolana Social), la emisora que en 2007 improvisó para ocupar la frecuencia tradicionalmente asignada a RCTV, un canal privado al que el entonces presidente Hugo Chávez sancionó y obligó a desaparecer del aire.

El domingo, en un espacio de entrevistas del canal Televén, el diputado del oficialismo a la Asamblea Nacional Julio César Chávez (que no está relacionado con la familia del fallecido presidente), vaticinó además que antes del 15 de diciembre el Parlamento —dominado por la mayoría chavista— aprobará la nueva Ley de Comunicación del Poder Popular.

Julio César Chávez, quien preside en la Asamblea Nacional la Comisión de Medios, se felicitó de que la nueva normativa incluya la conformación de un fondo “para que los medios comunitarios se financien y no dependan de gobernaciones y alcaldías”.