Proiuris

El informe «Mujeres dejadas atrás» advierte que las madres venezolanas tienen diferentes desafíos, y uno de ellos es la garantía de acceder a servicios públicos básicos: agua, electricidad, transporte y gas

“Mi familia vendía droga. Veía a mi hermano preso, a mi padrastro preso, veía muchas cosas, mucha violencia. Todavía siguen pasando cosas y han matado a muchos seres queridos míos», relató Sofía

El informe «Mujeres dejadas atrás» reportó que, debido a la crisis económica y política, las mujeres que residen en Venezuela cargan con la sobrecarga de responsabilidad y vulneraciones diferenciadas de derechos.

De acuerdo con el informe, que realizó Proiuris entre abril del 2021 y marzo del 2023, las mujeres cuyos miembros familiares emigraron tienen condiciones de vida deterioradas.

Para elaborar el documento, la ONG documentó los casos de 94 personas, de los cuales 33 son mujeres adultas mayores y adolescentes residentes en Venezuela, con miembros de su núcleo familiar en el extranjero.

El informe precisó episodios de responsabilidades cedidas del cuidado y la crianza, dependencia económica sobre familiares migrantes, emocionales y psicológicas por separación, entre otras.

Según la organización, la «feminización de la pobreza» ha empujado a las mujeres a la economía informal y las ha dejado sin posibilidades de desempeñar una carrera profesional.

Además, se han profundizado las barreras educativas y los riesgos asociados a las Violencias Basadas en Género (VBG), así como a sufrir enfermedades físicas y mentales.

Dimensión de la crisis: mujeres que fueron dejadas atrás

Según Proiuris, se encontró que el 36,64% de las mujeres entrevistadas son mayores de 56 años, es decir, ya cumplieron la edad mínima establecida para hacer efectivo su derecho a la jubilación.

El segundo renglón lo ocupan las mujeres con edades comprendidas entre 40 y 55 años (15%), quienes se encuentran en el umbral de su etapa productiva. Continúan aquellas entre los 29 y 39 años (12%) y, por último, con un 3,03% adolescentes entre los 14 y 17 años.

Por otra parte, el 39% de las entrevistadas está jubilada o pensionada. El 27% está desempleada.

Asimismo, el 24% es empleada dependiente y solo el 9% desempeña alguna actividad de forma independiente y/o remunerada bajo contrato laboral.

Un 48% de las reportó que sí recibía remesas frecuentemente, lo cual ocurre desde quincenal hasta mensualmente. Mientras que el 27% respondió que recibiría remesas eventualmente (una vez cada dos meses).

Con ese apoyo, las mujeres “oxigenan” la subsistencia familiar en Venezuela, con la adquisición de bienes y servicios necesarios.

No obstante, el 24% expresó que no reciben remesas, lo que complejiza más sus estrategias de afrontamiento frente a la hiperinflación y la dolarización en Venezuela,.

Una necesidad insatisfecha es la atención a su salud mental. El 22% confesó que experimentan episodios de estrés, ansiedad y depresión, disparados por la separación forzada de sus familiares, la falta de dinero y la falta de estabilidad.

Todos esos episodios son consecuencia del quiebre de sus proyectos de vida, causados por la realidad a la que deben enfrentarse.

Desafíos para las madres

El informe «Mujeres dejadas atrás» advierte que las madres venezolanas tienen diferentes desafíos, y uno de ellos es la garantía de acceder a servicios públicos básicos: agua, electricidad, transporte y gas.

Esto se evidencia en casos como los de Thaina, Eliannys y Greysmar, en cuyos estado residen los cortes de electricidad continúan y los racionamientos de servicios como el agua potable se convierten en cruzadas repleta de precariedad.

Thaina tiene problemas con el suministro eléctrico, pero además, le suma al problema del servicio de agua potable la inseguridad, pues en muchas ocasiones para poder acceder al derecho de contar con algún servicio queda expuesta su integridad física.

“Cuando llega el agua debo salir en la madrugada a agarrar agua y por acá en el barrio ha habido violaciones a mujeres», relató la mujer, residente del municipio San Francisco, estado Zulia. Vive con tres de sus siete hijos.

La salud sexual femenina

La salud sexual se ha vuelto un problema sensible, porque muchas adolescentes y mujeres sostienen que no cuentan con los medios para comprarse unas toallas sanitarias.

Con respecto a los métodos anticonceptivos, las protagonistas del informe relatan que les es «sumamente difícil» acceder a estos insumos, que además sirven para prevenir Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Vale recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado su preocupación por las denuncias sobre la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en Venezuela, lo cual impacta de forma desproporcionada en las mujeres.

La CIDH ha pedido al Estado venezolano a eliminar las barreras que les impiden acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, así como a revisar su legislación restrictiva en materia de interrupción voluntaria del embarazo.

Instrumentalización y abuso policial

El relato de Sofía aborda la vulneración de sus derechos por la violencia social y la delincuencia ciudadana. Esto afecta en gran medida a los menores.

“Mi familia vendía droga. Veía a mi hermano preso, a mi padrastro preso, veía muchas cosas, mucha violencia. Todavía siguen pasando cosas y han matado a muchos seres queridos míos», relató la joven.

Sofía contó que casi todas las personas que vivían con ella se drogaban frente a otras niñas y frente a ella misma.

«Yo era una de las que le vendía la droga, me tocaba verlos, a veces veía personas que mataban. Un día estaban y al otro no”, dijo.

Thaina tenía un sobrino de 14 años que en febrero del 2022 fue asesinado en una cancha del barrio Suramérica, en el municipio San Francisco, Zulia.

“Lo hemos denunciado y hasta tenemos foto del policía que lo mató, pero ninguna institución del Estado quiere investigar”, contó.

La salud es vital

La expectativa que tienen las protagonistas del informe «Mujeres dejadas atrás» es tener una vejez tranquila y en paz, toda vez que una persona que llega a la adultez ya siendo jubilado o pensionado.

Para Gloria esta situación es delicada y considera que las carencias en el sector de la salud con los años se han maximizado debido a la crisis humanitaria que atraviesa el país.

Por su parte, Omaira señala que la realidad médica es complicada. Sostiene que “nunca le falta las medicinas, ni las tres comidas del día si no fuera por lo que nuestros hijos desde Colombia y Argentina nos envían”.

Dependencia económica

Luz Marina Montenegro tiene 68 años y es jubilada de la Universidad del Zulia (LUZ) desde el 2003. Ella recibe su sueldo mensual y tiene el pago del seguro social y todavía así con estas dos fuentes de ingreso no le alcanza para cubrir sus gastos.

“Además de eso, mis hijos gracias a Dios me pasan una mesada mensualmente. Todos los meses me mandan lo que pueden, para la comida y otros gastos y si tengo un gasto extra, ellos también me ayudan”, agregó.

«Los que tenemos familia afuera somos los que estamos como mejor. Gracias a Dios nos ayudan, porque si no fuera por esa ayuda creo que nos veríamos cortos para sobrellevar todos los gastos”, acotó.

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El departamento colombiano fronterizo con Ecuador está dominado por grupos armados ilegales que se disputan el territorio desde hace décadas

El departamento de Nariño es una representación de toda Colombia. Geográficamente, su territorio está distribuido entre costa pacífica, cordillera andina y planicie amazónica, por lo que su clima y paisajes son variados según la altitud.

Más de 1.800.000 personas habitan en este departamento colombiano fronterizo con Ecuador, de alta vocación agrícola, en donde conviven comunidades de diverso origen étnico, campesinos, desplazados internos y muchos ecuatorianos.

Toda esta diversidad está signada por el control territorial de Nariño, que por décadas se han disputado unos 15 grupos armados ilegales: el Clan del Golfo (conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia), “E-30 Franco Benavides”, los “Cuyes”, “Contadores”, “Guerrillas Unidas del Pacífico”, “Guerrillas Unidas del Sur”, “La Empresa”, “Los de Sabalo”, “Los nuevos Delincuentes” y “La Gente del Nuevo Orden”.

Además, disidencias de las FARC, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), resistencias campesinas y pandillas juveniles cohabitan en Nariño. Todos los grupos armados identificados por el Ejército Nacional operan en esta región suroccidental de Colombia.   

En términos laborales, la tasa de desempleo en zonas urbanas de Nariño ronda casi el 15 %. La dinámica comercial transfronteriza legal está mermada por el cierre de la frontera entre Colombia y Ecuador, que se extenderá hasta junio próximo. Para la mayoría, generar ingresos económicos es una tarea compleja en las ciudades de Ipiales y Tumaco.

En las zonas rurales, la papa es el cultivo más representativo. La caña, el maíz, el trigo el café, la zanahoria y el tomate son otros productos apreciados. No obstante, los problemas de distribución y la competencia con algunos productos, que entran por contrabando desde Ecuador, sigue siendo una preocupación en Nariño.

15.000 nuevos habitantes

En Nariño, escenario de perennes desafíos de seguridad para el Estado colombiano, residen aproximadamente 15.000 migrantes provenientes de Venezuela, de acuerdo con cifras actualizadas de Migración Colombia. Además, todos los días transitan entre 700 y 800 venezolanos caminantes, que van en doble vía, ya sea para ingresar a Ecuador o para retornar a Venezuela.

A diferencia de lo que se observa en otras ciudades de Colombia, como Bogotá, Barranquilla y Cúcuta, en Pasto, capital nariñense, las y los venezolanos con vocación de permanencia no se ven en plazas, terminales ni semáforos, en actividades vinculadas a la economía informal. Tampoco se les ve trabajando en pequeños establecimientos como restaurantes, tiendas de ropa o talleres mecánicos.

Líderes comunitarios de la ciudad, que prefieren resguardar su identidad, refieren que muchos están radicados en asentamientos informales (invasiones) o en zonas rurales: “Hemos identificado que niños, niñas y adolescentes migrantes están siendo captados para trabajar como ‘raspachines’ (cultivadores de coca) o reclutados por grupos armados”.   

Algunas familias venezolanas encuentran refugio en municipios que siguen padeciendo el conflicto armado interno colombiano, como Barbacoas, Policarpa, Leiva, Samaniego. Y afrontan riesgos de reclutamiento y/o desaparición forzada, explotación sexual, explotación laboral y trabajos en economías ilícitas.

De acuerdo con un informe de la plataforma Humanitarian Response, hay un subregistro de los y las migrantes venezolanas en Nariño, que invisibiliza su situación de vulnerabilidad ante el crimen organizado.

En el documento de Humanitarian Response se explica que las zonas rurales de los municipios de la costa pacífica, frontera colombo ecuatoriano y de la cordillera nariñense son las más afectadas. Los problemas empeoran por el limitado acceso a servicios básicos, a una oferta educativa de calidad y a no contar con actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas de manera constante en el territorio.

Otras dificultades que afrontan las y los migrantes de Venezuela es la inseguridad alimentaria, así como la falta de acceso a agua potable y a servicios de salud.

En un intento de abordar de manera integral la situación de los y las migrantes de Venezuela en Nariño, las administraciones municipales de Pasto e Ipiales y la Gobernación de Nariño han constituido las Mesas de Coordinación y Atención a Población Migrante Venezolana. Estos espacios, que de manera anual cambian de liderazgo, trabajan de la mano con la mesa territorial de Nariño del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), que reúne a unas 20 agencias de cooperación internacional que implementan proyectos en el departamento.

Delincuencia y xenofobia

En un reciente estudio de seguridad hecho por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), el 68,6 por ciento se los habitantes de Pasto consultados dijo sentirse inseguro ante la presencia de migrantes de Venezuela.

Entre los delitos que mayor preocupación causan a las autoridades de Pasto destacan el hurto y el homicidio, sobre todo, en sectores como el centro y los barrios surorientales, habitados por migrantes de Venezuela. Sin embargo, los señalamientos de la policía local en cuanto a la participación de venezolanos y venezolanos en actividades delictivas, no han sido suficientemente documentados.

Particularmente en Pasto, durante el 2021 no se han registrado episodios de xenofobia o discriminación en el plano de la opinión pública. Sin embargo, líderes de la comunidad venezolana recalcan que las y los migrantes de Venezuela en Nariño siguen teniendo trabas para acceder a servicios fundamentales como la salud y educación, debido a que la mayoría está en situación migratoria irregular.

Con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la migración venezolana en Nariño aspiran que se agilice la regularización de los venezolanos y venezolanas que residen en el departamento.

Germán Chamorro, alcalde de Pasto, se ha referido en varias oportunidades, a que “se requiere una nueva ley de fronteras”, que se traduciría en un régimen especial que facilite la generación de oportunidades laborales y de desarrollo, tanto para la población de acogida como para las y los migrantes, que en teoría, propiciaría la integración entre los nuevos y viejos habitantes de este territorio colombiano.

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Está prevista la regularización de casi un millón de venezolanos que están en territorio neogranadino

El Estatuto Temporal para los Migrantes Venezolanos (ETPV), anunciado por el presidente de Colombia, Iván Duque, implica enormes desafíos de articulación de todos los actores involucrados para lograr una autentica integración  e inclusión de los venezolanos y venezolanas en las comunidades de acogida, en beneficio propio y en beneficio de la sociedad colombiana.

En un análisis del Instituto de Políticas Migratorias (MPI, por sus siglas en inglés), suscrito por  Natalia Banulescu-Bogdan y Diego Chaves-González, destacan el mérito del ofrecer protección a casi 1.800.000 personas venezolanas que han huido a Colombia por la profundización de  la emergencia humanitaria compleja en el país.

Los analistas consideran que mantener abiertas las puertas de Colombia (a pesar de que persiste  el cierre de la frontera terrestre por la COVID-19) es un ejercicio pragmático:  “…es el primero en reconocer que los venezolanos llegaron al país para quedarse y que, por lo mismo, el país obtendrá mejores beneficios si acepta esta realidad y se prepara para un proceso de integración en el largo plazo”.

Sin embargo, se enumeran varios desafíos de la implementación del ETPV.

Información y orientación accesible

“En una primera fase, que comenzaría en abril, los migrantes deberán mostrar documentos para comprobar su elegibilidad. Teóricamente, alrededor de la mitad de ellos y quienes hoy están en condición regular, podrán hacerlo, incluidos los migrantes que ingresaron a Colombia con pasaporte, los que ya tienen un PEP, los solicitantes de asilo y quienes estén tramitando o tengan una visa otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Sin embargo, existe la posibilidad de que no estén al tanto de los pasos que deben seguir o de los plazos (por ejemplo, quienes no cuentan con acceso fácil a telefonía celular o Internet)”, advierte el MPI.

Dificultad para acreditar ingreso y permanencia

El ETPV se ajusta a la idea de migración ordenada, regular y segura. Está prevista la regularización de casi un millón de venezolanos y venezolanas que están en Colombia en situación migratoria irregular. Y, por otra parte, restringir el ingreso al país por pasos ilegales (trochas) que, generalmente, están controlados por  el crimen organizado.

Al respecto, el análisis de MPI indica: “Los migrantes en situación irregular tendrán un camino más difícil. Tendrán que demostrar que estuvieron en Colombia antes del 31 de enero, y no queda claro, qué tipo de documentos podrán usar o cuáles son los mecanismos y dispositivos de verificación que utilizará el gobierno al momento del proceso de pre registro que se realizará en línea.

“Se necesitará una estrategia masiva y personalizada de comunicación y divulgación –prosigue el análisis- para garantizar que los migrantes conozcan los requisitos y tengan los conocimientos técnicos y prácticos para poder aplicar. Los funcionarios del gobierno también deberán evitar el fraude inevitable de «intermediarios» que cobran para entregar permisos. Todo esto deberá además hacerse siguiendo los protocolos para evitar el contagio del COVID-19”.

Muchas de las personas que huyen de Venezuela no tienen documentos de identidad, por las dificultades de obtenerlos en su país, y ello podría dificultar la inscripción en el Registro único de Migrantes Venezolanos, que constituye el primer paso para optar a la protección del Estado colombiano.

Coherencia en la garantía de derechos

La oferta que hace el gobierno colombiano a través del ETPV es de suma importancia en la medida que incluye garantías de derechos para las personas refugiadas y migrantes venezolanas en Colombia.

El MPI advierte que una de las tareas pendientes tiene que ver con la formación de todos los actores, públicos y privados,  involucrados:  “…también será necesario un acercamiento dentro del gobierno (especialmente a nivel local) para que los funcionarios comprendan cuáles son los derechos que cobijan a los beneficiarios de esta medida y garantizar que las reglas se apliquen consistentemente.

“Las lecciones del PEP –prosigue el análisis- muestran que esta no será una tarea fácil. Aunque el gobierno declaró que los migrantes con PEP podían, por ejemplo, acceder a productos y servicios financieros, los bancos continuaron exigiendo tarjetas de ciudadanía o pasaportes y prueba de un historial crediticio para abrir una cuenta bancaria”.

Educación y trabajo lo antes posible

Parece claro que la integración e inclusión de venezolanos y venezolanas en comunidades de acogida en Colombia es un proceso a largo plazo. Entre los desafíos que plantea el ETPV, el MPI considera que el acceso a los derechos a la educación y el trabajo es prioritario.

“Distintas investigaciones  -sostienen los analistas- han demostrado durante mucho tiempo que el mecanismo más propicio para la inclusión es lograr que los migrantes y refugiados vayan a la escuela y trabajen lo antes posible. De igual manera, también ha quedado demostrada la importancia de evitar que se conformen sistemas paralelos para brindar servicios a migrantes y refugiados, pues estos resultan en un mecanismo de exclusión que solo deben utilizarse como último recurso”.

Justificar la acogida

El MPI toma nota de algunos estudios que revelan opiniones hostiles sobre la migración venezolana. En ese sentido, señala como otro de los desafíos que plantea el ETPV invertir esfuerzos en la construcción de una narrativa positiva sobre la migración venezolana, sin desconocer las tensiones que se producen  en las comunidades de acogida por la llegada de nuevos vecinos.

“Muchos colombianos se solidarizan con los venezolanos, pero tienen miedo a que aumenten las tasas de desempleo, los índices de delincuencia y la sobresaturación de los servicios públicos. En efecto, ya circula información imprecisa de que los venezolanos recién regularizados podrán votar en las elecciones de 2022.

“Contrariamente a la intuición, la mejor manera de disipar estos temores es reconocer su existencia. En otras palabras, en lugar de tratar de explicarle a las personas punto por punto por qué están equivocados, los hacedores de política pública deberían escuchar la esencia de lo que hay detrás de estas preocupaciones y estar abiertos a discutir los costos de la migración, así como sus beneficios”, propone el MPI.

A modo de conclusión, Natalia Banulescu-Bogdan y Diego Chaves-González sostienen: “La integración tiene más éxito si no se enmarca como algo que hacemos “por ellos”, sino en algo que resulta beneficioso para toda la sociedad. Los líderes deben aprovechar los sentimientos de solidaridad, dándoles a las personas un espacio para actuar bajo su propio interés, haciendo que también sirva a los intereses de la comunidad”.

Faes y Cicpc son los principales señalados de cometer los asesinatos

Proiuris se dedica a visibilizar la violencia en Venezuela y en ese sentido han desarrollado varias investigaciones que desnudan la cruda realidad. 

En el informe Las Faes matan con el patrocinio del Estado retratan como este grupo adscrito a la Policía Nacional Bolívar se ha convertido en blanco de múltiples denuncias de ejecuciones extrajudiciales desde su creación en 2017. Masacres como la ocurrida en La Vega en enero de 2021 están vinculadas a esta división. La propia Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió su disolución. 

Pero no solo son las Faes que asesinan, también el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).  Mediante un monitoreo de prensa y documentación directa en el área metropolitana y el estado Lara, 264 ejecuciones extrajudiciales se atribuyen a las Faes y 225 al Cicpc. 

“Las víctimas promedio de las Faes son hombres entre 19 y 31 años, de piel morena, viven en zonas populares, de bajos recursos”, dijo Edwin Gil a la revista Diálogo, abogado con Proiuris.

“La versión oficial siempre es que se trata de un enfrentamiento”, agregó Gil. “Pero es curioso, las víctimas casi siempre se mueren de shock hipovolémico. Se corresponde más con un ajusticiamiento”. 

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello presentó los resultados de una investigación que destaca una nueva huida de venezolanos por la hostilidad de las condiciones de vida 

Huir por segunda vez de Venezuela y hacerlo a pie es una particularidad del éxodo venezolano que evidencia la profundización de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Los caminantes vuelven a escapar masivamente, a pesar del incremento de los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19 y el cierre de fronteras.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB)  presentó este miércoles los resultados de una investigación dirigida por Ligia Bolívar, la cual muestra el grado de desesperación que expulsa los venezolanos y venezolanas de su país.

“Un factor novedoso en el tránsito de caminantes en el contexto de la pandemia es el del reflujo. Para efectos de este informe, se entiende por reflujo el evento de salida de personas desde Venezuela por segunda vez, después de haber regresado a pie desde Colombia, Ecuador, Perú y Chile”, destaca el informe titulado “Caminantes de ida y vuelta”.

“Este fenómeno comenzó a presentarse desde junio de 2020, cuando algunos retornados llegan a la frontera entre Colombia y Venezuela, donde se encuentran con escenas de caos, o logran cruzar para enfrentarse con una Venezuela que los recibe con hostilidad y sin oportunidades”, prosigue el documento.

Antes, en un informe previo, el CDH UCAB había advertido: “a medida que la decisión de restringir el retorno por la frontera de entre Colombia y Venezuela comenzó a generar represamiento, empezó a observarse un reflujo de caminantes que habían llegado hasta poblaciones fronterizas y, después de varios días deambulando a la intemperie y sin certeza de poder cruzar la frontera, decidieron volver sobre sus pasos, adentrándose nuevamente en territorio colombiano”.

Según la investigación del CDH UCAB, el reflujo de caminantes corresponde a un mayor deterioro de las condiciones de vida en Venezuela, entre ellas la escasez de combustible y el incremento de las tarifas del transporte público que dificultan la movilización de las personas y, en definitiva, solo les queda la opción de huir a pie.

“Como consecuencia de esta situación, los caminantes comienzan su trayecto a pie entre 300 y 1000 kilómetros antes de llegar al límite con Colombia o Brasil. Esto significa que, cuando llegan a lo que debe ser el inicio de su viaje en la frontera, ya se encuentran agotados por el trayecto recorrido dentro del país”, se indica en el informe.

Familias extendidas y niños, niñas y adolescentes

Sobre la base de los registros de Migración Colombia, el CDH UCAB destaca que la pandemia de COVID-19 no ha detenido el éxodo y, por el contrario, “en este proceso de reflujo, cada migrante traería a una persona adicional”.

El reflujo de caminantes, indica la investigación, amerita una atención diferenciada de la situación de niños, niñas y adolescentes (NNA): “un dato preocupante es el aumento de niños, niñas y adolescentes no acompañados. Según datos aportados por la organización Apoyar, en la región de Arauca se registró un incremento de los NNA no acompañados o separados durante 2020, a pesar de la pandemia. La mayoría de estos NNA son caminantes y viajan en grupos con otros NNA que se conocen previamente o en el camino, a veces acompañados por un joven mayor de edad”.

Lejos de proteger a los y las caminantes, funcionarios del Estado venezolano se aprovechan de su situación de vulnerabilidad extrema para atropellarlos: “El CDH UCAB recibió testimonios de personas que fueron detenidas sin razón alguna en alcabalas a lo largo de las rutas por Venezuela, solo para retenerles su cédula de identidad, alegando una supuesta verificación”.

“Algunas personas afirman (continúa el documento) haber esperado por hasta seis horas sin que les devolvieran su cédula; en estos casos, estas personas decidieron proseguir su recorrido, dejando atrás la cédula, asumiendo que de todas maneras sería un documento innecesario en el país de destino. En otros casos, las cédulas fueron destruidas y sus titulares sometidos a maltratos verbales. Los documentos también son usados como forma de extorsión, ya que son retenidos y solo entregados a cambio de dinero, generalmente en divisas”.

El testimonio de un adulto mayor procedente de Barinas es revelador: “Yo traía un bolso con comida cruda y en todas las alcabalas que me fueron parando me fueron quitando, que si dos kilos de pasta, que si dos de arroz. (…) Muchas veces me tocó pasar por el monte, siendo venezolano, allá en Venezuela, para evitar la alcabala”.

De la frontera en adelante

El cruce por las trochas, que están controladas por grupos del crimen organizado, implica peligro de muerte: “El muchacho me dijo “por aquí pueden pasar, pero tiene que pagar algo”, entonces agarramos unas cosas que teníamos y se las dimos para que nos pasaran. Pasé por una trocha que daba miedo Eso era pura selva. Agarré a mis dos hijos y a mi sobrino. Yo le decía a mi sobrino que no me soltara, que caminara sin mirar para atrás (…)», cuenta una venezolana que ingresó a Colombia por Maicao.

Antes de la pandemia, las y los caminantes que recorrían las carreteras colombianas encontraban ayuda de organizaciones humanitarias desplegadas en las principales vías. Sin embargo, la acción humanitaria mermó por razones de bioseguridad y la respuesta del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) se ha quedado corta ante la confirmación de que el reflujo de caminantes va en aumento.

En todo caso, una de las recomendaciones del CDH UCAB es “reactivar los puntos de apoyo a caminantes en los países de tránsito y destino, con énfasis en elementos de higiene, bioseguridad y orientación sobre los riesgos en la ruta”.

Entre el 2017 y 2019, la desaparición de migrantes ha aumentado entre personas provenientes de Venezuela

El 26 de noviembre de 2020 Mariángel Romero desapareció en Maicao. La joven venezolana viajó a esta ciudad fronteriza colombiana para comprar ropa al mayor, que luego vendería en Tucupita, Delta Amacuro, de donde es oriunda.

Han trascurrido casi dos meses y la familia de la joven no tiene noticias de su paradero. El último rastro que dejó a sus parientes fue un mensaje de WhatsApp en el que “La Gocha”, como es llamada por cariño, les informaba que estaba bien.

“Ella no es de perderse y si le hubiesen robado el teléfono, ella busca manera de que alguien se lo preste para llamar. Ella no es persona de vicios ni nada de eso”, fue el mensaje que sus familiares difundieron la información en redes sociales y en diversos medios digitales del país.

El caso de Mariángel Romero no ha sido notificado a las entidades de búsqueda colombiana, debido a que la joven no tiene familiares ni amigos dentro del país que hagan la denuncia formal. Tampoco hay un móvil claro sobre su extravío. La esperanza de sus allegados sigue siendo alguna noticia que se les proporcione por redes sociales.

Reportes en redes sociales

La posibilidad de que las denuncias lleguen de forma masiva a miles de personas a través de Facebook, ha hecho que familiares y amigos recurran a los grupos públicos de migrantes venezolanos en Colombia para reportar las desapariciones.

Aunque no existe un patrón aplicable a todas las personas desparecidas, el rastreo realizado por Proiuris entre estas comunidades digitales indica que en diciembre de 2020 hubo nueve reportes. En casi todos los casos se trata de hombres y mujeres jóvenes, con menos de un año en Colombia, algunos se encontraban en condición de movilidad humana, específicamente caminando para salir de Colombia hacia Ecuador o retornando hacia Venezuela.

Internautas también han abierto debates públicos sobre estas situaciones, lo que ha generado diferentes teorías. La migrante Jasmina Méndez, por ejemplo, opinó en un grupo que “hay trata de mujeres. Ofrecen empleos por Facebook y van confiadas. Las secuestran y prostituyen”.

Por su lado, Howard Guerra, dijo que en realidad este fenómeno no existe. “Lo que pasa es que caminan y caminan, y las personas no le avisan a su familia por dónde van”.

Lo cierto del asunto es que las personas migrantes señaladas como desaparecidas, no son incluidas en las estadísticas ni bases de datos en Colombia, debido a que no hay denuncias formales, pues en su mayoría se trata de personas que no tienen familiares ni un grupo de apoyo en Colombia que haga seguimiento del caso.

“Las instituciones manejan una cifra baja, que no cuentan lo que realmente es el fenómeno de la desaparición, en especial en esta zona de frontera”, señaló recientemente Lorena Acevedo, representante de la Corporación Construyendo Poder, Democracia y Paz al medio colombiano RCN.

Visibilizar los casos

Iván Durán, periodista e integrante del grupo de comunicaciones del Gran Acuerdo Venezuela -una plataforma que agrupa a más de 100 organizaciones de venezolanos y venezolanas en Colombia- le ha hecho el seguimiento a un par de casos.

Él se ha tomado la tarea de llamar a los familiares, profundizar en el contexto en el que se dio la desaparición y enviar la información a las instituciones sin fines de lucro de la localidad ante las cuales se planteó cada caso. Además, en su canal de Youtube VENoticias ha creado una sesión llamada «Desaparecidos», en el que reseña estas situaciones.

“Esto nos ha servido para activar las alertas y sustentar la denuncia de la familia y parientes e iniciar los protocolos con los organismos de búsqueda colombianos”, expresó Durán.

Los casos que ha reportado se ubican en las regiones fronterizas como Villa del Rosario y Cúcuta (Norte de Santander), Riohacha (La Guajira) así como otras capitales como Barranquilla y Bogotá.

Según señaló Durán, en los casos que ha reportado, el 90% de las víctimas han aparecido con vida. “La mayoría aseguró que fue robada y abandonada en zonas despobladas. Solo tenemos un caso de una mujer de 30 años que a mediados del 2020 dijo que se iba a Barranquilla a trabajar como interna (servicio doméstico) y sus familiares nunca más han sabido de ella”.

En este contexto, alertó que las mujeres migrantes son más propensas a estas situaciones, ya que son engañadas con falsos trabajos que se publican en redes sociales, para robarlas, abusarlas sexualmente o involucrarlas en redes de trata de personas.

Acciones humanitarias

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), define a las víctimas de desaparición como personas de quienes no se tienen noticias y han sido dadas por desaparecidas sobre la base de información fidedigna, a causa de un conflicto armado, de otras situaciones de violencia, desastres naturales, migración u otras crisis humanitarias.

En un país como Colombia, en el que durante 60 años de conflicto armado desaparecieron unas 114 mil personas, encontrarlas seguirá siendo uno de los retos humanitarios más importantes.

Entre el 2017 y 2019, la desaparición de migrantes ha aumentado entre personas provenientes de Venezuela. “Estamos hablando de un número de personas desaparecidas que asciende a las mil”, añadió Acevedo, de PoderPaz.

Según Medicina Legal, en 2020 se registraron 1.578 desapariciones de hombres y 866 de mujeres. La entidad no clasifica dichos casos ni por edad ni nacionalidad.

Juan Viloria, presidente de la Coalición por Venezuela, añadió que esta plataforma tampoco ha recibido casos puntuales de desaparición, “pero sí en una ocasión recibimos un correo del CICR quienes estaban haciendo un rastreo de migrantes venezolanos que fallecen en la ruta de caminantes o son víctimas de desaparición forzada de algún conflicto o delincuencia común en los países de tránsito y acogida”.

¿Cómo denunciar una desaparición?

Muchos piensan que hay que esperar 72 horas para interponer la denuncia de una desaparición. Sin embargo, esa idea no tiene fundamento legal ni en Colombia ni en Venezuela. La policía debe comenzar la búsqueda de manera inmediata.

Si usted tiene a un familiar desaparecido en Colombia, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) brinda la ruta que debe seguir. Estos procesos son gratuitos y no necesitan intermediarios:

1.    Solicitar la búsqueda inmediata de su familiar extraviado en una estación de Policía o ante las fiscalías. 

2.    Si estos organismos no toman su solicitud, debe acudir a la Defensoría del Pueblo, la Personaría o la Procuraduría General de la Nación.

Las acciones son: Búsqueda en bases de datos de hospitales y Medicina Legal; revisión de los sitios donde se cree que estuvo la persona por última vez; entrevista a las personas que puedan tener información y dar aviso a otras autoridades

3.    Reportar la situación en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), que almacena los datos de las personas desaparecidas y de cadáveres en Colombia. Allí podrá reportar: 

·       Cómo ocurrió o pudo haber ocurrido la desaparición

·       Datos personales y descripción física y detallada de su ser querido

·       Material como fotografías y radiografías de huesos y dientes. 

Usted puede hacer el reporte del Sirdec en:

• Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (más conocido como Medicina Legal). 
• Personerías municipales
• Defensoría del Pueblo
• Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas
• Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES)
• Fiscalía General de la Nación

Cada 33 horas asesinan a una niña, adolescente o una mujer.

Noviembre cerró con 20 feminicidios en Venezuela. De enero al cierre de ese mes, se registraron 237 casos. Esta cifra representa un incremento de 62 % de los casos respecto a 2019.

El estado con más casos registrados durante noviembre fue Miranda con cuatro feminicidios. Les siguen Aragua y Carabobo con tres muertes en cada entidad.

El reporte mensual también subraya que en el mes de noviembre entre los años 2019 y 2020 los casos de feminicidios aumentaron un 82 %.

El documento puntualiza que estos datos reflejan que existe una media de cinco feminicidios semanales, es decir, cada 33 horas asesinan a una niña, adolescente o una mujer.

Sobre las edades de las víctimas el informe de Utopix indica que los feminicidios en Venezuela ocurrieron en casi todos los rangos de edad. Hay dos picos con dos casos entre los 11-15 años, y cinco entre los 36-40 años.

Otro hallazgo es que las armas para asesinar a las mujeres, niñas y adolescentes tuvieron un cambio considerable con respecto al mes anterior.

«Este noviembre se utilizaron armas de fuego en seis casos, seguidas del uso de armas blancas (cinco casos) y del uso de asfixia mecánica (tres casos)», destaca el informe.

Utopix explica que de los 24 feminicidas, seis se encuentran presos y tres se suicidaron.

Seis mujeres asesinadas eran madres; cuatro niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos. Asimismo, cinco familiares o amigos fueron heridos o asesinados en los hechos.

Otro dato que resaltó esta organización es que 10 cuerpos de las víctimas fueron abandonados en la vía pública.

Finalmente, en otros cuatro casos hubo presencia de torturas y en dos se utilizó un arma de fuego en contra de las víctimas, denunció Utopix.

947 mil 106 personas refugiadas y migrantes venezolanas se encuentran en situación irregular en la nación neogranadina

“Ningún país puede excluir a una persona de acceder al derecho a la salud por su estatus migratorio. Esto es especialmente importante en el contexto de una pandemia como la COVID-19”.

Así respondió Jiménez Sandoval, directora de Amnistía Internacional (AI), a las declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, quien informó que solo los venezolanos con doble nacionalidad y con estatus migratorio regular recibirían la vacuna contra la COVID-19.

El anuncio del presidente colombiano excluye a más de 947.106 personas refugiadas y migrantes venezolanas que se encuentran en situación irregular y que se han visto obligadas a huir de su país debido a la emergencia humanitaria compleja.

Esta cifra representa 55 % de la población total de venezolanas y venezolanos en Colombia; (1.700.000) se encontraría en condición irregular.

Respeto a los derechos humanos

Organizaciones internacionales y nacionales rechazaron el anuncio presidencial por parte del gobierno de Colombia.

Para expertos en salud, como el exministro Alejandro Gaviria, la decisión de Iván Duque es una mala idea desde el punto de vista epidemiológico.

«Pero es sobre todo una propuesta antiética. Excluye a los más vulnerables y discrimina de forma casi amenazante a un grupo de personas por su nacionalidad y estatus migratorio», dijo.

De acuerdo con Migración Colombia, más de 1.717.000 venezolanas y venezolanos están radicados en Colombia. Las cifras corresponden al corte del 31 de octubre de 2020.

A pesar de esto, el mandatario colombiano aseguró que quienes «no tengan regularizada su situación migratoria, no tendrán la vacuna”.

Frente a la situación de las personas refugiadas y migrantes, la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) también se pronunció y pidió que sean incluidas en las campañas de vacunación nacionales contra la COVID-19.

Advirtió que no deben quedarse de últimos de la cola en el acceso a las herramientas para combatir la pandemia.

“Es esencial que los migrantes se incluyan en las campañas de vacunación nacionales”, señaló Francesco Rocca, presidente de la FICR, en un comunicado.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) también rechazó la discriminación hacia las personas refugiadas y migrantes venezolanas en el plan de vacunación en Colombia.

El ente resaltó que, a pesar de que los recursos para atender a la población migrante son limitados, la respuesta no debe ser excluir a las venezolanas y venezolanos.

La institución alegó que el gobierno colombiano ha limitado la regulación migratoria, por lo que imponer estas medidas sería «doblemente discriminatorio».

Por último, citó los lineamientos de la oficina de los derechos humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en los que se señala que se debe garantizar el trato a todas las personas por igual, además del acceso a la salud, sobre todo, en tiempos de pandemia.