Prisiones

Un informe reveló que 54 % de los presos están aún bajo proceso judicial, es decir, «todavía no ha sido probada la culpabilidad» de los delitos, mientras que el restante 46 % ya está penado 

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que el hacinamiento en centros penitenciarios de Venezuela fue de un 159,09 % durante el año 2021, aun cuando la población reclusa se redujo un 10 % respecto a 2020.

La directora de la organización, Carolina Girón, dijo durante la presentación del informe del pasado año que la población penitenciaria al cierre de 2021 era de 33.710 reclusos, que son 3.833 menos que en 2020, cuando los centros cuentan con capacidad para 21.188 personas.

El 68 % de la población reclusa se encuentra en 14 de los 52 centros carcelarios que hay en Venezuela, según el estudio.

Aseveró que la población reclusa está en «riesgo crítico» debido al hacinamiento, cuyas causas son, principalmente, la disminución de 5.050 plazas vacantes por el cierre de 10 centros penitenciarios desde 2002 y el retardo procesal, que afectó al 70 % de los casos.

Señaló que el 54 % de los presos están aún bajo proceso judicial, es decir, «todavía no ha sido probada la culpabilidad» de los delitos, mientras que el restante 46 % ya está penado.

Además, aseguró que hay casos de reclusos que, pese a que cumplieron su pena, no han sido emitidas sus boletas de excarcelación, o de otras de personas con boletas de excarcelación que continúan presas.

Por otra parte, indicó que 126 personas privadas de libertad fallecieron en 2021, lo que representó una reducción del 56,8 % respecto a 2020, cuando murieron 292.

De los 126, 90 fallecieron por cuestiones de salud.

En el año 2021 se registraron como principales patologías la tuberculosis, desnutrición grave, neumonía, hepatitis, paludismo, escabiosis, enfermedades gastrointestinales y enfermedades cardiovasculares.

Aquí puede leer el informe anual 2021 del OVP

Información de EFE

Los hechos tuvieron lugar en los estados Mérida y Monagas, explicó la ONG en un comunicado en el que consideran que las dos muertes son un «claro reflejo del colapso penitenciario en Venezuela»

Foto referencial

Al menos dos presos murieron y 26 más resultaron heridos en dos motines ocurridos en dos centros de detención policial, denunció este domingo la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Los motines tuvieron lugar en los estados Mérida y Monagas, explicó la ONG en un comunicado en el que consideran que las dos muertes son un «claro reflejo del colapso penitenciario en Venezuela».

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En el caso del centro de detención de Monagas, el motín comenzó a las 2.00 am de este domingo tras una explosión en el calabozo 3, conocido como «El Rastrillo», en el Centro de Coordinación de la Policía.

El estallido puso en alerta a los funcionarios de guardia, quienes notaron que «había reos heridos dentro de la mencionada celda, que a su vez está rodeada de otros calabozos», agregó la información.

La OVP detalló que, al menos, 17 presos fueron trasladados al principal centro asistencial de Monagas, donde corroboraron el fallecimiento de Ronny Samuel Guaratarasma, de 20 años de edad, por la explosión.

Otros dos reos permanecen en «delicado estado de salud», uno de los cuales fue intervenido quirúrgicamente.

En el caso de Mérida, el motín se produjo en el Centro de Coordinación Policial Número 8 del municipio El Vigía, tras una riña por lucha de poderes entre reclusos, siempre según la información de la OVP.

El reo fallecido fue identificado como Rene Antonio Mendoza Rendirles, de 32 años de edad, quien murió a causa de traumatismo craneoencefálico.

Durante lo que el observatorio también califica de «motín», ocho personas fueron heridas con arma blanca y dos reclusos con arma de fuego.

La ONG aseguró que los calabozos «tienen hacinamiento crítico, al igual que en Monagas», con un total de 150 presos en «un área extremadamente pequeña e inadecuada para el tratamiento de los privados de libertad».

El informe presentado por la ONG Una Ventana para la Libertad detalla el resultado del monitoreo de los derechos humanos de las personas recluidas en centros de detención preventiva

Los cupos existentes para los 238 centros de detención preventiva estudiados a finales de 2019 eran 6.448, pero se encontraban detenidas 19.091 personas

En 2018 la capacidad instalada en 174 instalaciones de detención preventiva fue de 5.332 cupos, pero se contabilizaron 16.719 personas retenidas. 

La ONG Una Ventana a la Libertad presentó este miércoles 19 de febrero su informe anual de los centros de detención preventiva en Venezuela en el cual se detallan las cifras referentes a las violaciones a los derechos humanos en 238 recintos en 15 estados del país. 

Durante el año 2019, relata el informe, se detuvieron en el primer semestre, en los centros de detención preventiva monitoreados, a 38.318 personas; mientras que para el segundo semestre, el número descendió a 19.268. La organización explica que este descenso se trata por la cantidad de detenidos por protestas políticas y manifestaciones durante el primer periodo. 

De ese total de recluidos en centros de detención preventiva, 17.800 eran hombres, 1.305 mujeres y 140 adolescentes de ambos sexos, 12 indígenas y 11 personas de la comunidad LGBTI. Cinco estados presentaron más de 1.000 detenidos para el fin del año 2019: Zulia, Distrito Capital, Anzoátegui, Lara y Nueva Esparta. 

Los datos de la organización para diciembre de 2019 revelan que los cupos existentes para los 238 centros de detención preventiva eran 6.448, pero se encontraban detenidas 19.091 personas. A esto se le suma que únicamente 18 centros reportaron tener áreas separadas para mujeres, hombres, adolescentes entre 14 y 18 años, y población LGBTI. 

22 de los detenidos murieron por tuberculosis

86 fue el número de detenidos muertos por distintas causas; 46 de ellas (53%) por enfermedades tratables y, de ellos, 22 (48%) fallecieron por tuberculosis. 

La precariedad de los servicios de salud en este tipo de centros también es un dato resaltado en el informe. En el primer semestre 76 centros reportaron tener acceso a servicios de salud, y en el segundo 118. 

Sin embargo, se aclara en el documento que este incremento no se puede explicar como un ascenso en la cobertura de la salud, ya que para el segundo periodo se incluyeron nuevos centros al monitoreo. 

Asimismo, en el segundo semestre, solo cuatro centros de detención preventiva o calabozos indicaron a Una Ventana a la Libertad tener un personal médico propio; mientras que en el primer periodo de 2019 fue de 10. 

Por el contrario, hubo un aumento en el número de unidades de transporte de emergencia, de 8 a 84, pero no se especifica que se trata de ambulancias, patrullas u otros vehículos. 

Mujeres en situación de vulnerabilidad  

Para el cierre del año 2019, un total de 1.305 mujeres (6,77%) se encontraban detenidas, las cuales no contaban con las condiciones apropiadas para vivir dignamente en los centros de detención preventiva. La organización explica que son muy pocos los recintos (18 o 7,5%) con áreas separadas para mujeres y, en particular, para mujeres embarazadas. 

En la mayoría de los calabozos sólo son llevadas al centro de salud más cercano para dar a luz, lo cual no ha evitado que algunas tengan el parto en el suelo del CDP”, reza el texto. 

De los 238 centros monitoreados, ninguno tiene un área separada para mujeres en estado y solamente 15 (6,3%) reconocen algún tipo de atención a ellas. De estos, solo en cuatro son trasladadas a un centro de salud cuando van a dar a luz, en tres se les traslada para controles prenatales esporádicos, en uno para controles mensuales y en uno solo se les incluye en las jornadas de salud esporádicas.

Adicionalmente, la salud de las mujeres no embarazadas es vagamente reseñada, puesto que no disponen de mucha información. Lo poco que se conoce es que las mujeres no reciben ningún tipo de atención médica, independientemente de la enfermedad que padezcan. 

Aunado a esto, las reclusas no tienen derecho a la vida sexual dentro de los centros de detención preventivas, pero igualmente la organización no gubernamental reseña que se embarazan. 

En referencia a los casos de tortura, de los 229 contabilizados, 88 (38,4%) fueron cometidos contra mujeres detenidas en los calabozos y 141 (61,6%) contra hombres. En la data de las fugas, se encontraron 5 (1,4%) de mujeres, de las 358 que ocurrieron en el 2019.

@franzambranor

UN AÑO, DOS MESES Y 26 DÍAS había pasado Kimber José Carrasquel González (29) recluido en la sede del Cicpc en El Hatillo. El martes 14 de agosto, Carrasquel amaneció muerto en el calabozo del cuerpo policial. Familiares informaron desde la morgue de Bello Monte que Carrasquel fue estrangulado presuntamente por otros compañeros de celda.

Según allegados, Carrasquel, quien era conocido bajo el alias de “El Kimber” estaba solicitado por se cómplice de secuestro y homicidio en Caracas y se mudó de su residencia en el El Cementerio a vivir en casa de una cuñada en Ocumare del Tuy. Hace poco más de un año funcionarios lo detuvieron y enviaron a la delegación de El Hatillo a la espera de condena.

“La noche antes que lo mataran nos llamó y nos dijo que le había llegado la comida, nunca nos dijo que estaba en peligro aunque ya había recibido amenazas”, contó una hermana de Carrasquel.

Familiares denunciaron que mientras estuvo recluido en El Hatillo, las visitas eran restringidas. “En un año cuando mucho lo pude ver dos veces y era cuando lo trasladaban a las audiencias en los tribunales”.

Antes de mudarse a Ocumare, Carrasquel trabajaba como almacenista en una fabrica de pantalones según familiares. Dejó cinco hijos, tres varones de 11, 9 y 2 años y dos hembras de 8 y 2 años.

Entre los más buscados

En la lista de los 10 más buscados elaborada por el Cicpc en marzo de 2017 aparecia Kimber José Carrasquel González, cédula de identidad 19.721.477.

Se maneja que Carrasquel era líder de una banda dedicada a la extorsión, secuestro, tráfico de drogas y homicidios que operaba entre el barrio 1 de Mayo y El Cementerio. Carrasquel era supuestamente el segundo al mando de la banda de Adrián de Jesús Linares, alias “El Koala”, asesinado en julio de 2016 en El Valle.

Tras la muerte de alias Koala, cuyo cadáver fue localizado en el sector Los Jardines de El Valle, Carrasquel quedó como líder absoluto de la banda, sin embargo tuvo que huir de El Cementerio ante la fuerte arremetida policial que tenía tras de sí, de esta manera fue como terminó viviendo en Ocumare del Tuy, donde fue capturado a mediados del año pasado.

Muertes en calabozos

Según datos recopilados por el Monitor de Víctimas entre el primero de mayo de 2017 y finales de julio de 2018 se registró la muerte de cinco personas en los calabozos policiales de Caracas.

Del total de homicidios perpetrados en los calabozos policiales, cuatro ocurrieron en comisarías ubicadas en el estado Miranda y una en el Distrito Capital. Al analizar los móviles de los asesinatos, se encontró que en su mayoría, cuatro de cinco casos, ocurrieron por riñas y venganzas. La principal arma utilizada para perpetrar los asesinatos fue la fuerza física, en tres casos las muertes fueron producto de golpes, y en dos fueron consecuencias del estrangulamiento de las víctimas.

La edad de los fallecidos era de menores de 27 años, sólo uno tenía 38 años.

Según la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad (UVL), en Venezuela hay 11.316 personas privadas de la libertad en calabozos policiales, denominados oficialmente Centro de Detención Preventiva, el hacinamiento se ubica en 271%.

UVL reportó la muerte de 163 personas durante el primer trimestre de 2018 en todo el país, un incremento del 184% en comparación con el mismo período en el año 2017 cuando se registraron 89 fallecidos.

Al menos 40 personas fueron tomadas como rehenes en dos motines suscitados en cárceles venezolanas oentre la mañana de este lunes y la madrugada del martes.

Los motines ocurrieron en la sede de la Policía Municipal del municipio Chacao, del estado Miranda y en el Internado Judicial de Cumaná en el estado Sucre.

Cumaná 32 funcionarios retenidos

En horas de la mañana de este lunes 25 de junio se registró la toma de las instalaciones del Internado Judicial de Cumaná por un grupo de reclusos liderados por el líder, o pran, del penal, en la acción fueron capturados 32 duncionarios del Ministerio de Servicio Penienciario, en su mayoría personal administrativo y custodios. Además fueron retenidos 14 ex funcionarios de diversos cuerpos de seguridad que se encuentran privados de su libertad en dicho establecimiento.

Según nota informativa del Observatorio Venezolano de Prisiones los presos señalaron que mantendrán retenidos al personal del Ministerio en protesta para exigir mejores condiciones para los 333 privados de libertad que se encuentran en el Internado Judicial.

Los reclusos además rechazaron las constantes violaciones a los derechos humanos, el derecho a la salud y a una alimentación balanceada.

Los internos estarían dispuesto a dialogar, no están cerrados a la comunicación con el Gobierno y agregan que algunos de ellos piden traslados a otros centros y agregan que “no todos los internos desean irse”.

Los reclusos solicitan además la destitución del director del penal Luis Álamo a quien señalan de ser un violador de derechos humanos y una persona que presuntamente se presta para la corrupción.

En horas de la noche del lunes fue suspendido el servicio eléctrico en el Internado Judicial de Cumaná y en medio del conflicto una de las trabajadoras del personal administrativo sufrió una fuerte crisis nerviosa, por lo que los presos decidieron liberarla quedando con ellos hasta ahora 31 funcionarios.

Al sitio llegó WilmerApóstol, director del Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC) con su equipo y así mismo se presentó la Viceministra del Ministerio de Asuntos Penitenciarios quienes estarían hablando con los internos que mantienen la toma en el Internado Judicial. Desde el Ministerio no han realizado pronunciamiento alguno.

Rehenes adolescentes en Polichacao

Por otra parte en horas de la madrugada del martes, 26 de junio, se registró una motín en los calabozos de la Policía de Chacao. En el motín fueron tomados como rehenes tres adolescentes que se encontraban detenidos.

Según información policial, los presos amenazaron con herirlos con objetos punzopenetrantes a sus rehenes si no eran trasladados.

El área fue acordonada para evitar que familiares ingresaran al centro policial. Al que llegaron funcionarios antimotines de la PNB y uno de los agentes intentó negociar con los reos alzados, pero los detenidos mantenían el motín e incluso lesionaron a un recluso, mayor de edad.

En vista de la situación el grupo antimotines actuaron con armas no letales y retomaron el control del centro policial.

El saldo parcial es de dos reclusos heridos durante las tres horas que duró el motín, sin embargo no hubo declaraciones oficiales sobre el hecho.

Familiares de las víctimas esperan que se haga justicia                              Foto Miguel Gutiérrez EFE

Con la muerte de Yorman Alexander Trejo Morales, se elevan a 69 las víctimas que dejó el incendio que el pasado 28 de marzo arrasó los calabozos de la sede de la Policía del estado Carabobo, ubicada en avenida Navas Spinola de la ciudad de Valencia.

Con esta muerte ascienden a 67 los presos muertos en el siniestro, en el que además perecieron dos mujeres que se encontraban pernoctando junto a los reclusos.

Trejo Morales habría muerto la mañana del pasado viernes 6 de abril en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) de Valencia donde permaneció recluido durante diez días luego de haber sufrido quemaduras graves en la cara, un hombro, brazo, costado y pierna.

En la tragedia de Policarabobo además unos 100 reclusos presentaron quemaduras y reseñó la agencia ACN.

Por el caso el Ministerio Público dictó cinco órdenes de captura contra igual número de funcionarios de la Policía del Estado Carabobo, aun cuando la fiscalía no descartó que pudiesen dictarse otras medidas.

Los detenidos son el subdirector del organismo, el comisionado José Luis Rodríguez Ramírez, el jefe del Reten, el comisionado agregado José Antonio Carrera Loaiza, el supervisor jefe Aníbal Antonio Padrón Pacheco, el oficial José Rafael Colina Palencia y el oficial Sergio Enrique Rodríguez Rodríguez.

Por su parte la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, se deslindó de la tragedia, al señalar la semana pasada que su despacho no tenía nada que ver con la muerte de prisioneros en calabozos de policías, que eran competencia de las gobernaciones, alcaldías y organismos policiales nacionales.

El Ministerio Público emitió cinco órdenes de aprehensión en contra igual número de funcionarios de la Policía del Estado Carabobo por la tragedia ocurrida el pasado miércoles en la que fallecieron 68 personas que se encontraban privadas de la libertad en los calabozos de la sede de la policía regional.

El anuncio lo hizo Tarek William Saab, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, a través de dos tweets publicados en su cuenta de la red social Twitter.

Saab anunció la detención del sub director del organismo policial, José Luis Rodríguez, quien había sido detenido la víspera y prometió que se esclarecerán los trágicos hechos, sancionando a los responsables.

Familiares lloraron al no saber qué pasó con sus parientes detenidos   Foto Miguel Gutiérrez EFE

Carlos D´Hoy

@carlos_dhoy

Cerca de 80 reclusos perdieron la vida y más de 30 resultaron heridos, entre ellos dos funcionarios policiales, durante un motín y un incendio que se desató en horas de la madrugada del  miércoles 28 de marzo en los calabozos de la sede de la comandancia de Policía del estado Carabobo, ubicada en la avenida Navas Spinola de la ciudad de Valencia.

Extraoficialmente se pudo conocer que entre los fallecidos se encontrarían 66 hombres y 2 mujeres, cuyas identidades no fueron suministradas por las autoridades. Otras fuentes indican que serían 78 los fallecidos, entre ellos diez mujeres.

Según cálculos de fuentes policiales, el centro de detención preventiva tendría una población de 255 reclusos.

Informaciones extraoficiales señalan que todo comenzó por un motín generado por  un “cambio de gobierno”, o pelea entre grupos rivales por el control de los calabozos. Durante el enfrentamiento se habría provocado un  incendio del cual se perdió el control con las consecuencias conocidas.

El incendio se desató a primeras horas de del miércoles 28 de marzo                                       Cortesía

Otra versión apunta a un intento de fuga. Al parecer los internos habrían provocado el incendio para escaparse, pero no se les permitió salir mientras el fuego se extendía y el humo ahogaba a los detenidos, lo que terminó causando la muerte por asfixia y por quemaduras de quienes se encontraban en los calabozos.

Represión contra familiares y periodistas

Parientes de los reclusos acudieron desde tempranas horas al centro policial con el objetivo de solicitar información sobre la salud de sus familiares, pero ante la falta de respuestas protestaron exigiendo datos  sobre el número de víctimas y su identidad.

La protesta fue disuelta por funcionarios de la brigada de orden público de Policarabobo cuando un grupo de los manifestantes intentó ingresar a la comandancia policial.

Los uniformados además agredieron a los periodistas que cubrían los hechos, e intentaron hacerles borrar el material que había sido grabado durante la jornada.

Familiares de los presos protestaron ante la falta de respuestas             Foto Miguel Gutiérrez EFE

Solicitarán medidas cautelares ante la CIDH

Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) señaló que solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los presos que se mantienen en la comandancia de la Policía del Estado Carabobo.

“Informaremos sobre la situación por la que atraviesan los detenidos en ese centro, particularmente sobre los hechos ocurridos la mañana  del miércoles 28 de marzo. Además continuaremos denunciando sobre el hacinamiento que afecta a la población detenida en los centros policiales del país, la falta de atención por parte del gobierno a la situación penitenciaria y sobre el grave retardo procesal que se acerca a 450%”, indicó Prado.

Responsabilizan a ministra Iris Varela

Carlos Nieto Palma, coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, organización dedicada a velar por los derechos de los privados de libertad, responsabilizó a la ministra Iris Varela por  la situación ocurrida en el centro policial de Carabobo.

“Responsabilizamos de manera directa a al Ministerio de Servicio Penitenciario y a su titular por este hecho. Esto lo hemos venido denunciando desde hace varios años”, destacó el activista de DDHH.

Agregó que el caso será denunciado ante el Ministerio Público la próxima semana, debido al feriado decretado por el Ejecutivo nacional, “además notificaremos a los organismos internacionales sobre esta nueva masacre ocurrida en las cárceles venezolanas”.

Nieto Palma señaló que los informes de la ONG sostienen con cifras, la dramática situación que se vive en los calabozos policiales del país. “Lo que ocurrió en Carabobo es una muestra de lo que se padece en toda Venezuela”, dijo.

Aseguró que todas las policías del país se encuentran en caos por la negligencia del ministerio debido a que desde hace varios años prohibió  el ingreso de nuevos reclusos a los centros penitenciarios si no son autorizados por ellos”.

“Hace 11 años prometieron construir nuevas cárceles y no lo hicieron, ahora tenemos esta tragedia en las manos”, sentenció.

Apoyo a patólogos desde Caracas

Comisiones del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Caracas (Senamecf) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), integradas por un médico patólogo, un odontólogo forense, un antropólogo y un tanatólogo, se trasladaron hasta Valencia con el objetivo de prestar apoyo al equipo de patólogos en las autopsias correspondientes .