DESDE 2015 HASTA LA ACTUALIDAD, la opacidad en el empleo de las finanzas públicas ha sido el sello de marca del gobierno venezolano. El desconocimiento total del uso de los recursos del Estado es una normalidad en el universo madurista.
La ONG, Transparencia Venezuela, en conjunto con la organización International Budget Parnetship (IBP) dio a conocer este miércoles el Índice Bianual de Presupuesto Abierto, donde por vez primera Venezuela recibió 0 de 100 puntos.
«Fue una investigación de 18 meses, efectuada entre agosto de 2016 y enero de 2018, con la participación de 300 expertos de 115 países», dijo Christi Rangel, integrante de Transparencia Venezuela y quien participó en el exhaustivo análisis a nivel mundial.
La nula claridad en el manejo de los dineros públicos, ubican al gobierno de Nicolás Maduro en la posición 110 de 115 países evaluados en todo el globo terráqueo y de último en América Latina.
Venezuela solo está por encima de Guinea Ecuatorial, Lesoto, Qatar, Níger y Yemen.
«Fueron alrededor de seis rondas de trabajo, donde se evaluó la transparencia y la posibilidad que tenían los ciudadanos de acceder a los números de la administración pública», aseveró Rangel.
30 puntos bajó Venezuela en el ranking con respecto a 2015, una vertiginosa caída que lo ubica en las postrimerías de las naciones de Sudamérica, fragmento del continente cuyo índice de transparencia presupuestaria se ubica en 42%.
«En 2017, factores independientes y medios de comunicación privados no tuvieron acceso a presupuesto alguno en Venezuela, fuentes oficiales nos informaron que algunos de estos documentos si se elaboran en la administración pública, pero no se publican, la opacidad sirve para tener un mayor dominio y discrecionalidad en las actuaciones, es una política de Estado», alertó Rangel.
El estudio revela que desde 2008 hasta el año pasado, la disponibilidad pública de documentos presupuestarios ha ido en franco descenso. De cinco tipos de presupuestos disponibles de un total de ocho que tenía Venezuela en 2008, en 2017 no registró ni uno, cinco de estos fueron producidos para consumo interno y tres simplemente no se hicieron.
«Desde hace tres años Transparencia Venezuela no tiene acceso a los datos macroeconómicos, recordemos que desde 2016 la memoria y cuenta no es entregada en la Asamblea Nacional, sino en el Tribunal Supremo de Justicia y en la asamblea nacional constituyente», dijo Rangel.
Nula intervención ciudadana
Venezuela también salió raspada en el Índice de Participación Pública. De un puntaje de 100, la administración chavista apenas acumuló 7, por debajo del puntaje promedio global (12). En esta oportunidad no finalizó de última, quedó por encima de Ecuador, que sumó 6 unidades.
La encuesta evalúa el grado en que el gobierno le ofrece al público oportunidades para participar en el proceso presupuestario.
«El hecho que nuestro país haya sido evaluado con una calificación tan baja, es una muestra del debilitamiento del sistema de libertades», indicó Rangel.
La vigilancia del presupuesto por parte de los órganos encargados de hacer auditorías también está ubicada en una posición paupérrima (30), inferior al promedio de América Latina que fue de 57/100.
Tanto la Asamblea Nacional como la Contraloría General de la República ofrecen una débil inspección de los haberes del Estado.
El parlamento fue declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia prácticamente desde que fue instaurado en enero 2016, alegando la fraudulenta incorporación de tres diputados del estado Amazonas. Dicha estrategia ha limitado el trabajo de las comisiones y evitado que ministros y demás funcionarios sean interpelados, incluyendo al presidente de la República.
Maduro violó los artículos 187 y 313 de la Constitución Nacional al presentar el presupuesto de la nación en el TSJ y la ANC.
Mientras que la Contraloría, controlada por Manuel Galindo, se hace de la vista gorda ante los manejos oscuros de las finanzas públicas, demostrando que en Venezuela no existen instituciones fiscales independientes.
«Consideramos que la falta de claridad y ausencia de rendición de cuentas, puede explicar los desequilibrios fiscales que contribuyen a la hiperinflación y el excesivo endeudamiento», comentó Rangel.
A un mes de haber comenzado 2018, el presupuesto para este año aún no ha sido revelado. En su discurso en la ANC, el presidente solo ofreció pequeños detalles en el marco de una perorata y trascendió que el monto estimado es de 36 billones de bolívares, una cifra que llama la atención tomando en cuenta los Bs. 48 millones de 2017.
Recomendaciones
Partiendo de la opacidad del gobierno, Transparencia Venezuela hizo las siguientes recomendaciones:
-Publicar en línea un proyecto de presupuesto, puntual y de fácil acceso a todo el mundo.
-Proponer audiencias legislativas sobre la formulación de un presupuesto anual.
-Ampliar un debate para que todos los sectores de la vida social, incluyendo el Parlamento, elaboren y den a conocer un presupuesto acorde con la realidad del país.
-Asegurar que la Asamblea Nacional reciba el presupuesto para su discusión y posterior aprobación.
-Considerar el establecimiento de una institución fiscal independiente.
