Presupuesto

El pasado 25 de octubre, Venezuela retomó las clases presenciales tras una suspensión de 19 meses a causa de la pandemia.

Representantes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela (UCV) protestaron este viernes, 28 de enero, para exigir al Gobierno un «presupuesto justo» que incluya más recursos para las universidades.

«Los estudiantes estamos aquí exigiendo que digan la verdad y exigiendo un presupuesto justo para todos los universitarios», dijo el consejero universitario de la UCV, Jesús Mendoza, al protestar cerca de VTV.

En nota de prensa, los representantes estudiantiles criticaron que el presupuesto que el Estado asigna al canal estatal VTV sea mayor que el asignado a casas de estudio públicas que dependen de ello.

«Este año, se le asignó a VTV casi 24 millones de dólares, mientras que a la UCV casi 23 millones de dólares. Un presupuesto insuficiente, que no alcanza para la investigación y las reivindicaciones profesorales ni estudiantiles», denunciaron en el comunicado.

Las universidades públicas del país y sus representantes de estudiantes y profesores llevan varios años denunciando la crisis universitaria debido a la falta de presupuesto.

«Reclamamos el nulo presupuesto otorgado a la UCV y a las demás casas de estudios, así como nuestro derecho a denunciar esto sin temor a represalias, a expresarnos libremente”, dijo Mendoza.

Además, el representante estudiantil pidió a las autoridades universitarias y del Ejecutivo reactivar las clases presenciales en las universidades públicas con el fin de «recuperar los espacios» y la «vida académica» del país caribeño.

El pasado 25 de octubre, Venezuela retomó las clases presenciales tras una suspensión de 19 meses a causa de la pandemia. Sin embargo, en casas de estudio como la UCV se mantiene la paralización de la enseñanza presencial.

Con información de EFE

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Delcy Rodríguez señaló que el presupuesto presentado «está enmarcado en políticas que han permitido defender» la moneda y «avanzar en el combate de la hiperinflación»

La vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, presentó este 10 de diciembre la Ley de Presupuesto para 2022 con un monto de 62.379.454.806 bolívares (13.457.479.517 dólares al cambio oficial), que fue aprobado en un primer debate parlamentario, si bien todavía debe recibir luz verde definitiva.

«El 2022 será un año de esperanza y florecimiento para nuestra patria (…) Hoy hemos traído para el ejercicio fiscal un presupuesto que alcanza el monto de 62.379.454.806 bolívares», anunció Rodríguez al intervenir ante la Asamblea Nacional.

Dicho presupuesto, siempre según la intervención de Rodríguez, «está enmarcado en políticas que han permitido defender» la moneda y «avanzar en el combate de la hiperinflación».

Explicó que tanto el proyecto de ley de presupuesto como otro de endeudamiento presentado simultáneamente y que también recibió la primer aprobación.

«Este presupuesto que hemos traído hoy acá ha sido el resultado de un amplio proceso de consultas con el poder popular y todos los movimientos sociales», añadió.

«Este año se ha incrementado la inversión social; es una meta que nos proponemos cada año, incrementar la inversión social (…) en salud, educación, en las grandes misiones sociales, en el sistema patria, en la distribución, procura de alimentos», dijo sin facilitar el dato exacto dedicado a estas partidas.

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En ese apartado «está concentrado este presupuesto y allí está concentrado la inversión social, justamente para la recuperación de las capacidades de nuestros servicios públicos, que es donde más se ha golpeado a nuestro pueblo, en la remuneración de los trabajadores y en los servicios esenciales».

El presupuesto también «contempla gastos para pagos laborales del sector público por un monto de 7.777 millones (unos 1.677,7 millones de dólares)», 5.450 millones (unos 1.175,75 millones de dólares) para la plataforma Patria que distribuye distintos beneficios a la población y 4.410 millones (unos 951 millones de dólares) parabienes y servicios.

Contempla 5.662 millones (unos 1.221,49 millones de dólares) «para honrar compromisos».

«Obviamente, este monto no representa la totalidad puesto que las sanciones criminales han afectado la capacidad de pago de nuestra República», concluyó.

Información de EFE

Este monto se sumaría a los más de $30 millones que se aprobaron el pasado 19 de marzo

La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, aprobó $100 millones de dólares adicionales para la compra de vacunas contra la COVID-19, lo que se sumaría a los $30.309.040 que se aprobó el pasado 19 de marzo en sesión ordinaria virtual.

Con esto el presupuesto asignado para adquirir vacunas dentro del mecanismo COVAX, alcanza los $130.309.040 y que serían canalizados a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para garantizar la ejecución y transparencia.

La solicitud la hizo el diputado y presidente de la Comisión de Finanzas, Carlos Paparoni (PJ-Mérida) quien pidió «urgencia presupuestaria» y presentó el informe ante la Secretaría. Pero aunque el informe fue leído y aprobado en la sesión ordinaria virtual de este jueves, 22 de abril, no fue publicado o compartido a los medios de comunicación y periodistas que cubren el Parlamento.

El equipo de prensa de la presidencia de Juan Guaidó argumentó que este último informe será publicado en Gaceta Legislativa la próxima semana, aunque sí compartieron los proyectos de acuerdos sobre el acoso a la prensa y la beatificación de José Gregorio Hernández, al culminar la sesión. 

Esta misma situación se repitió la semana pasada, con la aprobación de un endeudamiento por más de 10 millones de dólares, para el pago de deudas con firmas de abogados en el exterior.

Un Fondo amplio

Igualmente los diputados de la AN, aprobaron otro crédito adicional para el Fondo Especial de Liberación por $152.330.533, de allí se destinarían los $100 millones para las vacunas; $23.496.400 para el programa de defensa de la democracia y el resto será distribuido entre programas para la «protección, ejercicio y funcionamiento tanto de los Poderes legítimos cómo de los activos en el exterior».

Para la AN se aprobaron $7.536.365 con lo que se cubrirán gastos de funcionamiento y «defensa» del Parlamento y la protección social de sus integrantes durante este año. Otros $5.614.700,04 serán destinados a la labor de acción y apoyo internacional del gobierno interino, a través de la Comisión Presidencial para las Relaciones Exteriores, Embajadas y representantes diplomáticos ante el mundo.

$4.583.319,96 se destinarán a las comunicaciones y acciones que permitan enfrentar la «sistemática política de censura de la dictadura» de Nicolás Maduro. Mientras que el Consejo de Administración del Gasto tendrá un presupuesto de $4.268.675 para gastos relacionados a las funciones que cumpliría un Ministerio de Finanzas, la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y la Tesorería de la República. Para el despacho de la presidencia se dispondrán de $2.365.857,00.

Este presupuesto incluye el pago de servicios legales y acciones jurídicas internacionales para la relación y gestión ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, además de el pago de servicios de la administradora como de la auditora internacional, servicios bancarios y gastos de funcionamiento en general.

Por último este crédito adicional incluye un presupuesto de $725.809,99 para el funcionamiento de la Contraloría Especial; $$1.758.000 para los magistrados en el exilio; $262.800 para el Consejo de Defensa Judicial; $348.600 para la Procuraduría Especial; $1.154.400 para las juntas directivas ad hoc y $215.606 para el Banco Central de Venezuela ad hoc.

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Jorge Rodríguez aseguró que el Parlamento chavista hará una investigación y citará también a Seguros Mercantil

El presidente de la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez aseguró que los diputados del Parlamento electo en 2015, presidido por Juan Guaidó, planifican una supuesta trama para «robarse» $52.118.733 millones.

En rueda de prensa, desde el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo, Rodríguez presentó un audio, en el que aseguró que es la voz del diputado Sergio Vergara, donde explica los detalles del mencionado presupuesto aprobado por la Oficina de Control de Activos (OFAC) de Estados Unidos.

El dinero sería distribuido supuestamente, entre funcionarios, parlamentarios y magistrados vinculados al gobierno interino de Guaidó. Vergara indicó en el audio que habría siete partidas: Defensa de la Democracia, $23.496.400; Asamblea Nacional, $siete millones 288.565; Despacho de la Presidencia, $un millón 930.545; Asuntos Exteriores, $cinco millones 614.700; Comunicaciones $cuatro millones 583.319; Consejo Administrativo, Gasto, $cuatro millones 268.675; Contraloría, $725.810; Magistrados, $un millón 758.000; Consejo de Defensa Judicial $262.800; Consejo de Empresas $435.312; Procuraduría, 384. 600; Juntas Ad Hoc $un millón 154.400 y Banco Central de Venezuela $215.506.

Rodríguez aseguró que las presuntas pruebas -los audios- indican que Guaidó y su equipo han utilizado recursos de bienes del Estado, como Pdvsa y Monómeros, para su disfrute personal. 

«Es un hecho que maltrata a todo el pueblo de Venezuela; nadie puede decir que el proyecto de Guaidó tiene algún viso de futuro y podría preguntarse por qué persiste esa pantomima, esa fantasía, la implantación de la república de Narnia», añadió.

También recordó que la firma del diputado Vergara aparece en el supuesto contrato suscrito con el exmilitar estadounidense, Jordan Goudreau, miembro principal de la empresa de seguridad SilverCorp, para organizar una incursión de elementos armados al país y así derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.

Jorge Rodríguez denuncia una reunión virtual 

Jorge Rodríguez también indicó que el presupuesto de $52 millones se acordó en una reunión virtual, el pasado lunes, 12 de abril de este año, a través de la plataforma Zoom, en la que habrían participado los diputados Vergara, Franco Casella, Freddy Superlano, Winston Flores, Adriana Pichardo, Gilber Caro y Tamara Adrián.

Agregó que actualmente hay una pelea dentro de la oposición por este dinero y que el diputado Alfonso Marquina, está solicitando, presuntamente, $180 mil para CapitolioTV.

«Decimos que es una doble estafa porque genera un presupuesto para presentárselo a la administración Biden y la OFAC, del dinero secuestrado de Venezuela los libere y les entregue la módica suma 53 millones de dólares», dijo el presidente de la AN chavista.

Igualmente dijo que Vergara refiere que el presupuesto es menor al de 2020, que llegó a $100 millones, porque se restaron fondos que irían destinados al pago de las vacunas contra la COVID-19 y también se suprimió el monto correspondiente al pago del bono «Héroes de la Salud».

En los audios presentados por Rodríguez, se hace referencia a una partida para cubrir un seguro médico para los diputados opositores, a cargo de Seguros Mercantil. Añadió que esto será investigado y que la empresa de seguros será convocada al Parlamento para que de explicaciones de esta situación.

Reclamos

Al hacer referencia a la partida para Asuntos Exteriores (más de cinco millones de dólares), Jorge Rodríguez aseguró que Juan Guaidó tiene «un rollo armado» en las embajadas de ese gobierno que insistió en llamar «de Narnia» para enfatizar el carácter imaginario del mismo. En ese sentido indicó que los embajadores de Guaidó están protestando porque les rebajaron los sueldos.

Precisó que la partida para comunicaciones va para el periodista Alberto Federico Ravell y el diputado Freddy Guevara, y que los magistrados recibirían un millón de dólares cada uno.

También llamó la atención en que hay recursos de $1.380.000 para gastos adicionales y que según el video presentado incluiría los consumos por concepto de alimentación por parte de Juan Guaidó y sus colaboradores.

Jorge Rodríguez aseguró que la Asamblea Nacional chavista iniciará una investigación sobre la apropiación de estos fondos del Estado por parte de diputados de la oposición.

Reacción

El exprocurador especial, José Ignacio Hernández respondió a las acusaciones de Jorge Rodríguez a través de su cuenta de Twitter.

Hernández aseguró que el gobierno de Maduro lo «acosa» y que «no se han enterado» que ya no es el procurador especial desde hace casi un año. «Pero así son: solo les queda el insulto y la mentira, como instrumentos de violación de derechos humanos», expresó.

«La ilegítima Asamblea Nacional y sus miembros son cómplices de violaciones de derechos humanos. Yo no soy procurador y no he solicitado -ni recibido- dinero alguno. Claro ejemplo de cómo elecciones amañadas terminan en más violación de derechos humanos», añadió en otro trino.

El régimen de Maduro sigue acosándome. Ni se han enterado que, desde hace casi un año, no soy Procurador. Pero así son: solo les queda el insulto y la mentira, como instrumentos de violación de derechos humanos. https://t.co/9lmV8aRRS1

— Jose Ignacio Hernández G. (@ignandez) April 13, 2021

La ilegítima Asamblea Nacional y sus miembros son cómplices de violaciones de derechos humanos. Yo no soy procurador y no he solicitado -ni recibido- dinero alguno. Claro ejemplo de cómo elecciones amañadas terminan en más violación de derechos humanos. https://t.co/HlFHA3LAdg

— Jose Ignacio Hernández G. (@ignandez) April 13, 2021

Hasta el momento no ha habido otras reacciones de los diputados mencionados por Rodríguez.

Con información de TalCual

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Venezuela obtiene cero puntos de 100 en participación pública en el proceso presupuestario, según se desprende de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019. Mercedes De Freitas advierte que el estado de emergencia no legitima que se impida el control ciudadano

Por segunda vez consecutiva Venezuela ocupa el último lugar de América Latina en transparencia presupuestaria, según indican los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019, índice que evalúa el acceso público a la información presupuestaria de los gobiernos centrales y la función de las instituciones de vigilancia y control.

La séptima edición de la Encuesta de Presupuesto Abierto divulgada este miércoles 29 por Transparencia Venezuela, demuestra nuevamente que en el país existe una política de opacidad en materia presupuestaria, al obtener un puntaje cero de 100 en participación pública en el proceso para definir los ingresos y gastos de la Nación.

El estudio forma parte de una iniciativa global de investigación que mide hechos basados en estándares internacionales para valorar la transparencia presupuestaria.

«Los venezolanos no tienen acceso a la información sobre cómo el gobierno recauda y gasta los recursos públicos. La participación es nula en las diferentes etapas: de la formulación del presupuesto, discusión y aprobación legislativa, implementación y auditoría», recalca Transparencia.

Precisamente desde hace dos años, los informe de ingresos y gastos (presupuesto de la Nación) y de endeudamiento, no han sido entregados por parte de la administración de Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional, dominada por los partidos de oposición. En su lugar, estos proyectos de ley se han entregado a la Asamblea Constituyente y al Tribunal Supremo de Justicia, ambas entidades sin competencia para ello.

En los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019, solamente Brasil, República Dominicana y Perú obtienen mayores puntajes en la discusión presupuestaria, mientras que Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Ecuador y Bolivia acompañan a Venezuela con las más bajas calificaciones.

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Mientras que en el ranking global, Venezuela ocupa el lugar número 115 de 117 países evaluados. Por otra parte, el resultado global culminó en 45 puntos en una escala de 100, lo que significa una nota inferior a 61 considerado el umbral mínimo que garantiza la participación formada en el proceso presupuestario.

*Vea la nota completa en TalCual

La ONG Transparencia Venezuela denunció hoy la supuesta opacidad en la administración de los recursos públicos del país al difundir el reciente estudio conducido por la International Budget Partnership (IBP) que calificó con la peor puntuación a la nación en el manejo de su presupuesto.

«Venezuela tuvo la peor nota en el Índice de Presupuesto Abierto, un ranking mundial que evalúa la gestión de los gobiernos en la administración de sus recursos», dijo Transparencia Venezuela al presentar un informe sobre este estudio de IBP 2017 que destacó que el país petrolero obtuvo «cero» como puntuación.

«Cero es la puntuación obtenida por el Gobierno nacional por la falta de transparencia en las cuentas públicas, que tiene su origen en el cerco informativo levantado en torno a las finanzas del Estado, lo que ha permitido un manejo abusivo del dinero de todos los venezolanos», señaló la ONG venezolana.

Asimismo, resalta que por quinta vez consecutiva, Venezuela forma parte de este estudio y asegura que «desde 2015 ya mostraba un franco declive por la marcada opacidad, pues ese año el país cayó 30 puntos con respecto a las anteriores evaluaciones».

La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, dijo a periodistas que la calificación de toda América Latina en este estudio que se desarrolló durante 18 meses -entre agosto de 2016 y enero de 2018- es «triste» pues solo logró 42 puntos sobre 100, pero que el caso de este país es un caso de análisis.

«Sacar cero en el Índice de Presupuesto Abierto, un informe tan serio que se realiza durante dos años (…) significa que hay muchas posibilidades de corrupción con todo el dinero de los venezolanos», dijo de Freitas que recordó que ni el jefe de Estado ni sus ministros pueden usar los recursos públicos sin la aprobación de una ley.

Transparencia Venezuela también recuerda que desde 2016 el Ejecutivo desconoce al Parlamento controlado por la oposición y por lo tanto no le rinde cuentas al Legislativo en materia presupuestaria, como dicta la Constitución, y en consecuencia se dejaron de presentar y publicar los proyectos de Ley de Presupuesto.

«Desde que cambió la composición del Parlamento en 2016, el Poder Ejecutivo -con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia- ha utilizado la figura de decretos de emergencia económica que le dan poderes para modificar partidas presupuestarias, elevar la Unidad Tributaria y suscribir contratos de interés nacional» sin contar con el visto bueno de la Cámara, subraya la ONG.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó este jueves 30 de noviembre, vía decreto, el presupuesto de la nación para 2018, por un monto de 36 billones 102 mil 59 millones de bolívares.

El vicepresidente de la República,Tareck El Aissami, elevó ante el órgano plenipotenciario el proyecto de Ley de Presupuesto 2018, que «busca mantener y garantizar el equilibrio económico y social de la nación, para asegurar la protección integral de las familia venezolanas».

El Aissami explicó que el monto de los recursos ordinarios que se prevé ingresará al tesoro nacional «corresponde en primer lugar a  las rentas a los ingresos ordinarios de la República, así como los recursos que provendrán de  la recaudación de los ingresos corrientes extraordinarios».

Indicó que la actividad petrolera contribuirá con 3 billones 708 mil 124 millones de bolívares , de los cuales 202 mil 124  millones, se derivan de la contribución fiscal por el pago del Impuesto Sobre La Renta (Islr) y 3 billones 506 mil provendrán de los dividendos de la industria petrolera.

Destacó que la recaudación de rentas internas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) tendrán la mayor participación dentro del financiamiento del presupuesto.

Recursos para las regiones

El vicepresidente informó que los egresos calculados en 36 billones 102 mil 59 millones de bolívares, incluyen los gastos de funcionamiento, el pago del servicio de la deuda pública, el financiamiento de proyectos por endeudamiento y cubrir las asignaciones del situado constitucional, y los aportes al  Fondo de Compensación Interterritorial y al sistema de justicia .

«A través del situado constitucional, se asignarán a las regiones 6 millones 463 mil 52 millones de bolívares, lo que supone un incremento 342,4 %, con respecto al año  2017», dijo.

Por medio del Fondo de Compensación Interterritorial, los estados recibirán 998 mil millones de bolívares  y los municipios obtendrán 755 mil 247 millones

Los aportes especiales se ubicarán en 465 mil millones.

72,5 % a la inversión social

El Aissami informó que el 72,5% del presupuesto de la nación para 2018, estará destinado a la inversión social y productiva del país.

“Para impactar en aspectos tan importantes como la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de las misiones, el reforzamiento de los Clap, la salud, el abastecimiento estratégico y el desarrollo de las regiones, entre otros objetivos sociales”,subrayó.

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Maduro se reunió con gobernadores opositores y les ofreció su apoyo como jefe de Estado

Tres de los cuatro gobernadores opositores que fueron electos el pasado 15 de octubre en los comicios regionales fueron recibidos por el presidente de la República, Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Maduro detalló que junto a Alfredo Díaz (Nueva Esparta), Ramón Guevara (Mérida) y Antonio Barreto Sira (Anzoátegui) conversó durante una hora sobre temas de interés regional.  (Globovisión)

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