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Amnistía Internacional pide investigar masacre en Guanare
La directora del organismo afirmó que las autoridades venezolanas deben investigar el hecho para que crímenes de lesa humanidad no queden impunes 

 

La ONG Amnistía Internacional pidió una investigación completa de lo sucedido el viernes en la cárcel de Los Llanos, en Guanare, en el estado Portuguesa, donde al menos 47 encarcelados fallecieron y otras 75 personas resultaron heridas.

La versión oficial sostiene que se frustró un intento de fuga y que el enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y reclusos se saldó con estos muertos y heridos, entre estos últimos varios funcionarios comenzando por el director de la cárcel, Carlos Toro.

Sin embargo, según otra ONG, el Observatorio Venezolano de Prisiones, la masacre habría comenzado con una protesta de los presos contra la restricción del ingreso de alimentos que llevan los familiares al centro penitenciario.

De acuerdo con el OVP, esta medida es consecuencia de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, por lo que las personas privadas de libertad llevaban días sin recibir los alimentos que sus familiares les llevaban.

«Las grotescas imágenes de lo ocurrido, que ahora recorren el mundo, deben servir de recordatorio de que todas las personas responsables de esta atrocidad deben rendir cuentas frente a la justicia», declaró la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas.

«La respuesta letal de las autoridades debe ser investigada y analizada a profundidad, para que estos crímenes internacionales no queden impunes», añadió Guevara Rosas.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también ha emplazado este sábado a las autoridades venezolanas a investigar lo sucedido en el recinto carcelario.

La ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, aseguró que se ha iniciado un proceso de investigación profunda. «Rechazamos la violencia y lamentamos profundamente la situación que enluta a los hogares de humildes familias venezolanas», apuntó.

Carlos Nieto Palma Abr 17, 2020 | Actualizado hace 3 semanas
COVID-19 y liberación de presos

@cnietopalma 

La COVID-19 se ha convertido en un grave problema mundial y una de las grandes preocupaciones de la comunidad internacional. De esto no escapan los hombres y mujeres que se encuentran privados de libertad en cualquier rincón del planeta y de los cuales organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han solicitado a los gobiernos del mundo se tomen medidas especiales para estas personas, por la gravedad que resultaría un brote de esta pandemia en los recintos donde se encuentran.

En declaraciones dadas el pasado 25 de marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó: “Ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”.

Igualmente la CIDH, en un comunicado de prensa de fecha 31 de marzo, exhortó a los Estados a “Evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas”.

Muchos países del mundo han acogido estas recomendaciones y han visto en la liberación de personas privadas de libertad, con méritos de tenerla, una forma de detener la propagación de la COVID-19 en los sitios de reclusión, han entendido que, de desatarse una propagación de esta pandemia en las cárceles o centros de detención preventiva, las consecuencias serían una verdadera catástrofe pues su expansión sería inmediata e incontrolable.

Este temor lo tenemos también en Venezuela los que trabajamos en la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Lamentablemente las condiciones de los recintos carcelarios, así como de los calabozos policiales son deplorables y la llegada de esta pandemia a estos espacios sería una gran tragedia, gracias a Dios no ha llegado y esperamos que no ocurra.

En Venezuela pocas cosas se han hecho en la búsqueda de obtener la liberación de personas encarceladas a pesar de las diligencias que varias organizaciones de derechos humanos hemos intentado ante organismos nacionales e internacionales para la liberación de los presos políticos o por delitos menores, y lograr de alguna forma descongestionar las cárceles y calabozos policiales, pero hasta ahora poco se ha logrado.

Sin embargo, entre el 4 y el 5 de abril la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, otorgó 284 libertades a reclusos de las cárceles Rodeo 2 y 3 y Yare 1, 2 y 3 mediante el otorgamiento de una facultad que le da el Código Orgánico Penitenciario en sus artículos 161 al 164, como es el otorgamiento de un Régimen de Confianza Tutelado a reclusos o reclusas que tengan sentencia definitiva y hayan cumplido con los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal para obtener una fórmula alterna de cumplimiento de pena, como son haber cumplido la mitad de la pena, mantener buena conducta dentro del recinto que se encuentren, un pronóstico favorable emitido por el equipo técnico, entre otros.

Yo realmente desconozco a qué personas se les otorgó ese régimen de confianza tutelado o si cumplían los requisitos o no para obtenerlos. Lo cierto es que es una facultad que le da la ley a la titular del despacho de prisiones, cuando los presos condenados cumplan los requisitos para una fórmula alterna de cumplimiento de pena y el tribunal de ejecución de su causa no la haya otorgado y ella lo aplicó. Realmente esperamos que ese mismo tipo de medidas u otras similares se sigan otorgando a personas privadas de libertad, siempre y cuando reúnan los requisitos para obtenerlas. Ojalá los próximos liberados sean los más de 300 presos políticos que tenemos en Venezuela, cuyo único delito es pensar diferente.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

La madrugada de este miércoles se registró un presunto motín en los calabozos del Comando Policial de Boleíta, mejor conocido como Zona 7, que habría dejado varios reclusos heridos luego de que los agentes de policía actuarán para intentar controlar la situación.

La ONG Una Ventana a la Libertad confirmó la noticia a través de sus redes sociales. 

De manera extraoficial se conoció que los funcionarios lanzaron bombas lacrimógenas y lograron controlar a los encarcelados.

A raíz del hecho, familiares de los detenidos acudieron al lugar para exigir información sobre el estado de salud de sus parientes.

El 3 de septiembre sucedió un hecho similar luego de que ingresaran al recinto a un supuesto violador que fue asesinado. En total fallecieron tres personas en esa oportunidad.

Algunos reclusos quemaron colchonetas y exigieron traslados. El centro de detención preventiva es considerado uno de los más hacinados y violentos de Caracas.

 

1.400 privados de libertad del Centro Penitenciario Rodeo III en Guatire, estado Miranda, iniciaron una huelga de hambre pacífica para rechazar que en los últimos 25 días sólo han recibido como único alimento un caldo de caraotas, presuntamente en fase de descomposición.

La huelga comenzó durante la noche del martes 10 de diciembre, cuando los reclusos decidieron encerrarse en sus celdas y declararse de brazos caídos, sin contribuir en la limpieza y preparación de la comida.

 

La medida, según denuncian los reclusos, generó agresiones por parte de los funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodia (Gric), lo que dejó como saldo un recluso herido en el rostro y la cabeza.

 

El equipo de El Pitazo conversó vía telefónica con un grupo de los privados de libertad, quienes desmintieron que reciban un menú balanceado y certificado por el Instituto Nacional de Nutrición (INN), como aseguró en días recientes la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela.

Informaron que la comida, el caldo de caraotas envasado en tobos, permaneció durante la noche del martes a la intemperie y recibió el agua de la lluvia que cayó durante la madrugada de este miércoles 11 de diciembre en el eje Guarenas-Guatire.

«Aunque hayamos cometido errores, primero somos seres humanos, como para que nos den algo que no se pueden comer ni los perros de la calle. Lo único que pedimos es que se le permita a nuestros familiares que nos puedan traer algo de comida», manifestaron los reclusos.

Revelaron que desde hace dos meses, cuando fue cambiado el director del penal, han empeorado las condiciones en las que se encuentra este recinto carcelario.

Sin atención médica

Los reclusos aseguran que el lugar no dispone de atención médica para quienes presentan alguna enfermedad. Revelaron que han fallecido cerca de 15 reclusos por enfermedades desconocidas. El último deceso ocurrió el pasado sábado 7 de diciembre, un reo que estaba enfermo desde hace dos meses.

«Se puso flaquito y hacía pupú con sangre, cambió su semblante y aquí nunca lo vio un médico ni lo trasladaron a un hospital. Ya aquí no hay respuesta ni solución a nada», declararon.

 
Hambre y enfermedades acaban con la vida de seis presos en lo que va de octubre de 2019
En distintos penales del país el hambre y enfermedades como el paludismo y la tuberculosis han acabado con la vida de seis presos venezolanos

 

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP),  ha venido monitoreando como el hacinamiento y la falta de atención médica es la principal causa para que las enfermedades avancen dentro de los recintos carcelarios. Observamos que, no existe voluntad del Ministerio de Servicios Penitenciarios para erradicar esta situación.

OVP conoció seis muertes ocurridas este mes de octubre, dos en el estado Zulia, y los otros cuatro en Bolívar, Portuguesa, Aragua y Lara.

La primera de estas muertes de octubre, ocurre en el Zulia el 2 de octubre. Debido a una tuberculosis, Víctor José Fernández Bracho (24), fallece en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas, quien estaba recluido desde el 2017 en dicho Centro.

Ese mismo día a las 4 de la tarde se tuvo conocimiento de la muerte de Junior Márquez, en Centro Penitenciario de Oriente, mejor conocido como El Dorado, en el estado Bolívar, había sido trasladado desde el estado Mérida padecia paludismo y desnutrición. Junior solicitó en numerosas ocasiones a los funcionarios del penal ser atendido por un médico porque presentaba fiebre alta, pero nunca lo asistieron, ni le prestaron los primeros auxilios, fue cuando murió que lo trasladaron a un centro asistencial.

Dos días después, específicamente el 4 de octubre, a OVP fue reportada la muerte de José Chiquinquira Parra de 39 años de edad, recluido en el Centro Penitenciario de Los Llanos conocido como CEPELLA, ubicado en la ciudad de Guanare. OVP conoció que su muerte fue producto de una tuberculosis que contrajo en CEPELLA, se tuvo conocimiento que, son muchos los presos infectados y que no tienen acceso a un médico ni a medicamentos.

El 6 de octubre en el Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto estado Lara, murió Freddy Rafael Fernández (54) este preso fue trasladado el viernes 4 de octubre del Centro Penitenciario David Viloria mejor conocido como Uribana, presentaba un cuadro de desnutrición severa, había llegado al penal pesando 80 kilos y a la fecha de muerte, pesaba 40 kilos, comía con suerte dos veces al día según lo denunciado al OVP. Precisamente,  la falta de una alimentación balanceada provocó que se debilitara, ese día estaba durmiendo en la parte superior de una litera, se fue a bajar, pero el hambre que tenía hizo que se mareara y callera al piso, el golpe le causó un traumatismo a nivel de la cervical, dos días estuvo hospitalizado y murió el viernes 4,  en horas de la tarde.

Uribana, se encuentra bajo medidas de protección provisionales dictadas por la CorteIDH y a pesar de ello, continúan las violaciones a los derechos humanos de los presos, lo que OVP ha denunciado en reiteradas ocasiones por los constantes maltratos físicos, psicológicos, tortura, además de la calidad de alimentos que reciben los presos y la nula atención médica, hasta ahora el Ministerio de Servicio Penitenciarios no ha dado cumplimiento a lo solicitado  con las medidas.

El 7 de octubre Luis José Barreto Medina (34) falleció por una tuberculosis en el Complejo Penitenciario de Aragua, conocido como TOCORON específicamente en la torre administrativa.

Luis José era del estado Lara, por uno de los castigos que acostumbra el Ministerio de Servicios Penitenciarios fue trasladado hasta la cárcel de El Dorado en el estado Bolívar, allí tenía más de un año recluido y contrajo una tuberculosis, sus familiares hicieron algunos contactos para que fuera sacado de ese recinto y trasladarlo a Lara lugar donde se les haría más fácil suministrarle el tratamiento pero debido a su condición tan delicada fue dejado en Aragua mientras se recuperaba para ser trasladado a su penal de origen pero esto no paso, el preso empeoró y falleció.

 El sexto recluso del que OVP tuvo conocimiento, fallecido en este mes de octubre se trata de Tibaldo Antonio Martínez Martínez (57) se encontraba desde el 2017 en el CICPC Subdelegación Villa del Rosario del estado Zulia en julio del 2018 fue condenado, tenía dos años recluido en un calabozo, que son para corta permanencia y en condición de penado tenía un año y tres meses. Fue en ese recinto donde contrajo la tuberculosis que lo mató este 9 de octubre.

Carolina Girón, directora del OVP siente preocupación por la situación que se está presentando en los penales además de los calabozos policiales en donde existe una gran cantidad de presos en condición de penados y que no son trasladados a un centro penitenciario como lo establece la ley. Girón lamenta y condena cada una de estas muertes que no son más que responsabilidad del Estado y por ende del Ministerio de Servicios Penitenciario, quienes deben adecuar su política penitenciaria para la protección de los derechos humanos de los privados libertad de manera integral y no continuar en la constante y sostenida violación de DDHH, al no suministrar una adecuada alimentación en los penales y no brindarles una atención médica a cada uno de los presos venezolanos.

Como lo viene haciendo OVP con todos los hechos irregulares estás seis muertes serán notificada a la Comisión Interamericana de DDHH, al Relator de Personas detenidas en Las Américas de la CIDH, Sistema Interamericano a la Relatoría de Personas Privadas de Libertad y Relator de Venezuela de CIDH, al Sistema Universal al Comité Contra la Tortura y otros Tratos Crueles Degradantes e Inhumanos a la Relatoría de Detenciones Arbitrarias.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

Presos aprovecharon racionamiento de electricidad para escaparse en Zulia

EL RACIONAMIENTO ENTRE LAS AVENIDAS 7 y 8 del sector San Carlos Norte, en el municipio Colón, al Sur del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia; está pautado por tres horas. Los privados de libertad del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas San Carlos del Zulia, ubicado en esa zona, se ven también afectado por la medida. Tres de los detenidos aprovecharon la oscuridad forzada y escaparon de sus calabozos.

Los cuatro custodios de guardia tardaron, según detallaron a sus compañeros, una hora y media en percatarse de la evasión. Otros internos delataron a los fugitivos. Estiman que se evadieron, el 31 de agosto de 2019 entre las 8.00 y 9.00 de la noche; faltando poco para acabar el tiempo de racionamiento eléctrico.

Víctor Alfonso Hernández Sierra (30), Mariángel UrinareSuárez Peña y alias el “Lagrimita”, de quien los cuerpos de seguridad no aportaron la identidad, se saltaron al cerca perimetral del penal y escaparon a pie. El alboroto de otros internos permitió a los funcionarios actuar ante la fuga y pedir apoyo a otros organismos de seguridad, detalló un policía.

Los cuatro oficiales del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ) responsable del resguardo externo del recinto quedaron detenidos mientras se descarta su complicidad con los prófugos. Se activó un patrullaje especial en el municipio Colón y  se solicitó el apoyo de rastreo a las policías municipales de los municipios Jesús María Semprún y Francisco Javier Pulgar, para evitar que los evadidos lleguen a Colombia.

Prensa Una Ventana a la Libertad

OVP: En Venezuela ha muerto un preso por día desde que comenzó la gestión de Iris Varela

HUMBERTO PRADO, COORDINADOR DEL OBSERVATORIO Venezolano de Prisiones (OVP), aseguró que, en los 20 años que lleva el oficialismo al frente del gobierno, han muerto 7.329 personas en las cárceles del país y, en ocho años de la creación del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, en el país han muerto 2.823 reclusos.

Prado califica como «un caos» el sistema penitenciario de Venezuela y es enfático al manifestar que, desde que comenzó la gestión de Iris Varela como ministra de Asuntos Penitenciarios, se ha agravado la situación carcelaria, tanto así que, según cifras que maneja el OVP, en promedio muere un preso por día. 

Para Prado,  Varela ha mentido al país pues, en ocho años, no ha podido acabar con los problemas de hacinamiento, retardo procesal, ocio, corrupción, violencia, problemas de salud, tráfico de droga y armas.

“El presupuesto para los presos ahora es peor antes le daban basofìa ahora es un agua marrón con gusano o arroz y lo tienen que para ingerir”, destaca el coordinador general de OVP.  

Con información de la OVP

Familiares de 105 presos en Valle de la Pascua denuncian torturas

FAMILIARES DE LOS 105 PRESOS que se encuentran detenidos en una comisaría de la Policía del estado Guárico en Valle de la Pascua, están denunciando que los internos son sometidos a torturas y tratos crueles por la fuga de seis reos el pasado 15 de julio. 

Familiares de los detenidos se comunicaron con el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) para denunciar que los presos que se dieron a la fuga fueron atrapados de forma inmediata, pero que dos de ellos los habían asesinado por un supuesto enfrentamiento que se produjo a cuatro cuadras de la comisaría. Sin embargo, familiares desmintieron el hecho y aseguraron que adentro no hay armas ya que en las visitas “nos revisan hasta el alma”. 

Otro familiar consultado por el OVP aseguró que los presos están siendo castigados por la actuación de quienes se evadieron. Explicó que el pasado 20 de julio fueron corridos por el director de la policía quien les dijo de forma grosera que “a ellos hay que tratarlos como lo que son unos perros”.

Un familiar de un detenido quien prefirió ocultar su identidad, dijo que los 105 presos fueron sacados de sus celdas y los desnudaron en el patio. “les botaron todo y además comenzaron a golpearlos con unas tablas que cargan, con tubos y hasta les han metido corriente, eso ha sido diario y los están torturando”.

Aseguran que al menos 20 reclusos necesitan atención médica urgente, pues les han roto  la cabeza, el rostro y en otras partes del cuerpo, ameritan sutura o una cura y no han sido trasladados a un centro asistencial. 

“Estar con una herida abierta, expuestos a tanta insalubridad como la que ellos conviven es sumamente peligroso”, expone un familiar a OVP. 

Humberto Prado, coordinador general de OVP una vez más advierte sobre la situación de hacinamiento, de maltratos y falta de atención que padecen los presos que se encuentran en los centros de detención preventiva en donde un preso no debería estar un lapso mayor a 48 horas. Prado manifiesta que la principal responsable de esta problemática que se ha generado en calabozos policiales es quien está a cargo del Ministerio de Asuntos Penitenciarios pues es quien niega la entrada de los presos a un penal aun cuando tienen sus respectivas boletas de traslado por orden de un tribunal y así ha creado un sistema carcelario paralelo que ha trasladado los problemas de un penal a una comisaría.

 

*Con información de OVP