El ente multilateral denuncia que la Defensoría del Pueblo ignoró deliberadamente las denuncias de los familiares de presos políticos que son víctimas de torturas
Las violaciones a los derechos humanos en Venezuela parecen estar lejos de desaparecer. Entre las instancias cuya inacción parece estar fomentando la repetición de estas vulneraciones resalta aquella que precisamente tiene por misión combatir estos hechos: la Defensoría del Pueblo.
La denuncia la formuló la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela en su cuarto informe sobre la situación del país, presentado el 20 de septiembre en Suiza. En el documento se registran al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración, 58 detenciones arbitrarias y 28 casos de tortura y otros tratos crueles.
En el reporte, de 429 páginas de extensión, el organismo multilateral afirmó tener «motivos razonables para creer que la Defensoría, de manera sistemática y deliberada, ha omitido dar respuesta efectiva a las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos presentadas por las víctimas y sus familiares, y tampoco ha actuado de oficio ante dichas violaciones».
A esta conclusión llegó el organismo luego de entrevistar a 299 personas tanto presencial como a través de conexiones telefónicas seguras, aplicaciones de mensajería o videollamadas, quienes suministraron información sobre casos ocurridos entre 2020 y 2023.
La instancia afirmó que al menos 27 denuncias presentadas ante las oficinas de la Defensoría del Pueblo en Venezuela jamás se analizaron.
Las denuncias ante la Defensoría venezolana «fueron rechazadas antes de ser registradas formalmente, o bien nunca recibieron una respuesta, ya sea a través de un escrito o a través de medidas concretas», reitera el documento de la ONU.
Defendiendo al gobierno madurista
Para la ONG Acceso a la Justicia, la negativa de la Defensoría del Pueblo a investigar dichos señalamientos es «cuando menos preocupante, porque esta instancia dirige la Comisión Nacional contra la Tortura».
El informe de la MDH destaca que la Defensoría del Pueblo desestimó las denuncias de los casos de John Jairo Gasparini, preso político detenido en el marco de la «Operación Constitución» que hace una semana fue condenado a 16 años de prisión. La familia Gasparini había acudido al despacho de Alfredo Ruíz con la finalidad de exponerle los malos tratos de los que John Jairo estaba siendo víctima desde su cautiverio.
Un caso similar ocurrió con los seis sindicalistas condenados a 16 años de presidio en agosto del 2023. Las familias afirmaron que acudieron a la Defensoría del Pueblo de Caracas por más de un año, pero en ningún momento sus denuncias se formalizaron.
En el informe de la ONU también se denuncia que la Defensoría del Pueblo tampoco ha tomado medidas para asegurarse de que el Estado atienda las recomendaciones realizadas por la propia MDH, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas o la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Defensoría del Pueblo solo se pronuncia «bajo los intereses y el respaldo del Gobierno», afirma el ente multilateral.
«El Defensor del Pueblo ha asumido un perfil público en la denuncia de las sanciones internacionales contra la República Bolivariana de Venezuela y su impacto sobre los derechos humanos, especialmente sobre el derecho a la salud y sobre los derechos de los grupos vulnerables», se lee en el informe.
Solo atiende casos de servicios públicos (y solo a veces)
También se expone que el organismo «responde únicamente a las denuncias relativas a fallas en los servicios públicos, y toma medidas para resolver ese tipo de cuestiones, obviando y aplazando todas las quejas que se refieran a graves vulneraciones de derechos humanos».
Alfredo Ruiz, defensor del Pueblo, dijo que la institución pública había acudido exclusivamente al derecho del acceso al agua y la electricidad al presentar en 2022 su informe anual a la Asamblea Nacional. Pero obvió otros derechos humanos, como el debido proceso y denunciar los tratos crueles e inhumanos.
«Si el pasado año [por 2021] fue difícil para todo el planeta, más lo fue para Venezuela, por el ensañamiento de los poderes hegemónicos en contra de nuestro país. Nos ha tocado padecer y resistir siendo golpeados en la salud, alimentación y la situación social y económica de la población; pero nunca la moral, ni la conciencia», dijo Ruiz.
De acuerdo con Acceso a la Justicia, todos los funcionarios detrás del cargo del defensor del Pueblo mantienen una clara ideología hacia el chavismo-madurismo desde la creación del ente, en el año 2000.
«Los testimonios coinciden en que ni el Ministerio Público, ni los jueces, ni la Defensoría del Pueblo han actuado diligentemente para esclarecer (las) violaciones (a los derechos humanos)», agregó la MDH.
Defensoría del Pueblo: un hilo en el entramado violador
La dependencia política de la Defensoría del Pueblo no es algo nuevo. En su reunión del 12 al 14 de octubre de 2016, la Alianza Global de Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (Ganhri, por sus siglas en inglés) degradó a la Defensoría del Pueblo venezolana de categoría, impidiéndole su derecho a votar en dicha institución y tener peso argumentativo frente a la ONU.
El Ganhri dejó solo el derecho de palabra a la Defensoría del Pueblo venezolana, que estaba a cargo de Tarek William Saab en ese momento, porque no era imparcial ni investigaba en favor de la defensa de los derechos humanos.
El informe de la MDH ratifica que bajo Alfredo Ruiz la Defensoría del Pueblo ha seguido el mismo camino que sus antecesores.
«El aparato represivo del Estado en la República Bolivariana de Venezuela, que se desarrolló para anular las amenazas al Gobierno, sigue vigente en la actualidad», denunció la MDH.
«Si bien (…) ha recibido menos denuncias de este tipo de violaciones, las mismas se han llevado a cabo de manera más focalizada contra líderes específicos y conocidos de la sociedad civil, tales como periodistas, dirigentes sindicales y personas defensoras de derechos humanos, así como otros que sirven de ejemplo disuasivo a los disidentes, con impactos diferenciados sobre las mujeres y la comunidad LGTBI+», agregó.
*Con información de Acceso a la Justicia
