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Presos Políticos

Relator de la ONU ratificó que en Venezuela persiste la crisis alimentaria
Reiteró que el CLAP «se ha convertido en un sistema de clientelismo porque no cumple las formas del derecho a la alimentación»

Foto: EFE

Michael Fahkri, relator independiente de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, declaró este 14 de febrero en rueda de prensa que en Venezuela aún persisten «los problemas de distribución y producción» de alimentos, lo que afianza la desnutrición de distintas comunidades, la desatención sanitaria a los presos políticos y los casos de mujeres que se ven obligadas a ofrecer servicios sexuales a cambio de comida. 

«Me preocupa la alimentación de los presos y detenidos en Venezuela. Los centros de detención no cumplen con los requisitos sanitarios para atender los derechos humanos», dijo en sus observaciones finales en su visita al país. «Esas condiciones son inhumanas, degradantes y pueden atribuirse como una tortura. (…) Pese a que se intentó visitar los centros penitenciarios, el gobierno no permitió las visitas», declaró. 

Fahkri, después de su visita de dos semanas al Distrito Capital y a los estados Miranda, Sucre, Zulia y Anzoátegui, reiteró que Venezuela tiene «muy buenas leyes» en materia de seguridad alimentaria, pero no se aplican debido a la opacidad de los datos demográficos y de salud pública. 

«Gente de todo el país sigue teniendo problemas para acceder a alimentos buenos y sanos», reiteró el relator y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oregón.

También, destacó que la población venezolana en los cuatro estados visitados tiene un déficit en la ingesta de proteínas, frutas y hortalizas, tal como lo documentó la Academia de Ciencas Físicas, Matemáticas y Naturales (Aficman) que en un reporte de diciembre de 2023 concluyó que los caraqueños consumen la mitad de las frutas y verduras recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (400 gramos). 

«Pero el déficit depende de las comunidades. Por ejemplo, en las zonas costeras, las personas intercambiaban pescados, que es una proteína, por frutas y verduras. (…) No se puede dar un estimado porque no hay datos verificables y abiertos. Pero los testimonios apuntan a que solo se consume los carbohidratos con frecuencia», apuntó.

En sus comentarios iniciales, explicó que la dolarización de facto que vive Venezuela, los bajos ingresos y la alta inflación -que cerró en 189,8 % el año pasado- «debilitan el poder adquisitivo» de las personas y aumenta los riesgos a sufrir inseguridad alimentaria.

Transacciones sexuales por comida y discriminación

El relator de la ONU aseveró que las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las poblaciones indígenas, los adultos mayores y las comunidades sexodiversas son las poblaciones más afectadas por la desatención estatal en la alimentación. 

«Si bien no tuvimos tiempo de escuchar un testimonio directo (de una víctima), en reiteradas ocasiones, y por múltiples fuentes a lo largo de la visita, vemos un panorama donde las mujeres recurren a la transacción sexual para obtener alimentos. (…) Esto es un tema que se debe resaltar como un «síntoma» de un problema socioeconómico más grande y grave que se debe atender», dijo. 

Denuncias similares ocurren en la región sur y oriental del país, donde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello informó que una de las variantes de la esclavitud moderna en el estado Bolívar y el Arco Minero del Orinoco es el tráfico sexual de mujeres y menores de edad para adquirir alimentos. 

Fahkri destacó que la malnutrición infantil se mantiene tanto en el hogar como en los centros educativos. «Los niños acuden a las escuelas solo cuando se les garantiza comida. El futuro de Venezuela corre riesgo», dijo. También, destacó que la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, así como de las mujeres embarazadas y lactantes, tiene más de ocho años en proceso, siendo otro tema de salud pública desatendido «pese a los esfuerzos de las comunidades».

«En la gran mayoría de los casos, la migración en Venezuela se produce por la búsqueda de una mejor alimentación y estabilidad económica. Se han reportado casos en donde se dejan atrás a los adultos mayores, quienes quedan aún más vulnerables porque no pueden adquirir comida», enfatizó. 

El representante de la ONU indicó que el cambio climático está dejando en situación de mayor vulnerabilidad a las comunidades indígenas, específicamente de las poblaciones Añú y Wayúu ubicadas en la Península de la Guajira, en el estado Zulia:  «La sequía y la sedimentación de la Laguna de Sinamaica ha hecho muy cuesta arriba la seguridad alimentaria de esa región».

El «clientelismo» del CLAP

Fahkri destacó la labor de algunas comunidades para sortear el hambre de manera local, «pero esto no es una solución definitiva». 

Destacó que el proceso logístico para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) «es interesante y productivo», pero  denunció que la ideología los ha convertido en un arma política y ha ganado «más críticas» en la población.

«Pese a que muchas familias ven el CLAP una especie de salvavidas, la distribución se ha vuelto un sistema de clientelismo porque no cumple las formas del derecho a la alimentación. (…) Además de varias críticas que incluyen la inconsistencias de las entregas, el desbalance o falta de aportes nutricionales (en los productos que entregan) y denuncias de personas que le han privado el CLAP por sus posturas políticas», acotó.

El relator también mencionó que algunos beneficiarios sugieren que las bolsas Clap «son tratadas por las autoridades como una limosna caritativa y no como parte de la liberación del hambre y esto socava la dignidad humana de quienes la reciben».

Destacó que las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea «ha aumentado el costo y el acceso de la ayuda humanitaria», lo que precariza aún más «el ingreso de la población y sus capacidades de mitigar el riesgo».

Sin alimentar a la desinformación

Durante la ronda de preguntas hacia el relator, medios de tendencia oficialista como Venezolana de Televisión (VTV), Radio Miraflores y Telesur cuestionaron los presuntos «desplantes» del representante de la ONU en, al menos, tres comunidades de Caracas. También pusieron en objeción el presunto «balance de las fuentes» frente a las visitas de las ONG.

Fahkri aseguró que los cambios en el itinerario no fueron por razones ideológicas, sino que el propio gobierno venezolano cancelaba las visitas o las cambiaba «a última hora». Enfatizó que las visitas anuladas de su parte fueron «por problemas de logística», como una infección que sufrió durante el viaje. 

«El gobierno no permitió que visitáramos los centros penitenciarios de Anzoátegui o cualquier centro de salud u hospital en las regiones visitadas. Ustedes podrán sacar después sus interpretaciones», comentó. «Nosotros pudimos hablar con todos los actores, esa era mi prioridad».

Con respecto a las recomendaciones sobre las sanciones, recordó que su posición como miembro de la ONU es «relatar lo que observa», y advirtió que toda acción relacionada con las sanciones es una actividad política que afecta a la distribución de ayuda humanitaria, más no es un tema que le pueda competir a la ONU, menos en el ala de la alimentación. 

Llamado a la transparencia

El relator recomendó al Estado venezolano a mejorar los sistemas de producción y de distribución alimentaria nacional, así como una mayor transparencia y acceso a datos socioeconómicos, demográficos y de salud pública. 

«Si bien se ha visto un incremento en el apoyo con la industria privada, la Ley de transparencia y acceso a la información de interés público le otorga un gran poder al Ejecutivo y no se encuentran disponibles los datos, tanto en lo público como en lo privado», enfatizó. «Hago un llamado para que se haga un plan de seguridad alimentaria con las leyes o los proyectos sociales vigentes lo más pronto posible». 

Si bien el representante de la ONU reiteró que los venezolanos aún siguen saltándose platos de comida y sufren de malnutrición y no existen cifras verificables por parte del Estado, las Naciones Unidas recopilará y analizará todos los datos disponibles y presentará su informe el próximo año frente a la comunidad internacional. 

Fahkri

DDHH Olvidados | La GNB se convirtió en cárcel para los hermanos Zambrano Arias
Entre la extorsión, la tortura y la privación de un juicio, los hermanos Zambrano Arias cumplirán dos años como presos políticos en abril del 2024

Con información de Justicia, Encuentro y Perdón

Si le preguntas a la familia Zambrano Arias cuándo perdió su libertad, no te dirán que fue el 26 de abril del 2022, cuando detuvieron arbitrariamente a Juan Nahir Zambrano Arias, ni el 28 de mayo del mismo año, cuando también detuvieron arbitrariamente a Daniel Josué Zambrano Arias, sino el 20 de marzo del 2020, cuando Juan ingresó a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 

El joven de 20 años quería seguir los pasos de su hermano Daniel, quería ser un militar. Lo logró en plena cuarentena del covid-19 en Venezuela. 

Juan vivía con sus padres en Palmira, una ciudad del estado Táchira, cerca de la frontera con Colombia.

Su mamá, Luz Marina, no compartía las aspiraciones de Juan:  él tiene un diagnóstico de autismo y fue admitido en la GNB sin una evaluación psicológica

Pero el disgusto de Luz Marina se convirtió en angustia cuando los funcionarios de la GNB no le permitían visitar a su hijo en el cuartel. 

Ella expuso una denuncia al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), otro cuerpo de funcionarios del Estado venezolano, pero le negaban la solicitud porque «él ya es mayor de edad», pese a que es una persona neurodivergente —con un diagnóstico de autismo— sin monitoreo dentro de la milicia. 

Las semanas pasaban y Juan les confesaba a sus padres que pasaba hambre. En el GNB no lo alimentaban. No alimentaban a nadie. Por nueve meses estuvo aislado y su padre era el único que le daba comida constantemente. 

En diciembre del 2020 Juan Nahir pudo salir del cuartel, pero ya presentaba un cuadro de desnutrición y se contagió de covid-19 mientras estaba recluido. El récipe médico no impidió que tres funcionarios de la GNB se llevaran a Juan en enero del 2021 para que «cumpliera sus funciones en Caracas». 

Luz Marina protestó, pero los funcionarios le amenazaron: si Juan no iba lo metían preso por ser «desertor» de la milicia. 

Y Juan, con 21 años, viajó hasta Caracas, a 657 kilómetros de su casa.

Ida y vuelta a la fuerza

En la capital los funcionarios de la GNB discriminaban a Juan Nahir debido a su neurodivergencia. Desde la zona conocida como El Volcán, en el municipio El Hatillo, Juan pasó tres meses encerrado como «castigo» por tener un permiso médico y pasó otros cinco meses bajo las burlas de otros cabos de la Guardia. 

Tuvo que regresar a Táchira bajo su propia cuenta en septiembre del 2021. Tres meses después, el Ministerio de Defensa lo expulsó de la milicia. 

La familia Zambrano Arias trató de que Juan estudiara en la universidad una carrera, pero él se contactó con miembros de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana y le decían que podía volver a la milicia. 

Daniel, su hermano mayor, que se había retirado del mundo castrense en marzo del 2022, le advirtió que solo el ministerio podía reintegrarlo. Pero la extorsión fue más fuerte que la razón. 

Juan Nahir volvió a viajar junto a los funcionarios de la GNB a Caracas el 26 de abril del 2022. Pero está vez no ha podido regresar a su casa: la GNB lo metió en la cárcel de Yare II, en el estado Miranda, bajo la presunción de estar involucrado en una supuesta conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. 

Impunidad en aumento

Daniel, al enterarse de que su hermano estaba detenido arbitrariamente, intentó contactarse con el comando castrense. Trató de averiguar su paradero desde su antigua posición como sargento mayor de tercera (SM3) de la GNB, pero no logró obtener información. 

Sus padres intentaron comunicarse por teléfono, pero la GNB había bloqueado el número de Juan y no podían comunicarse con él. 

El 28 de mayo de 2022 funcionarios del CICPC invadieron la casa de Luz Marina. Apuntaron a la familia con armas de fuego y los amenazaron. Buscaban a Daniel para detenerlo, pero no traían una orden judicial. 

«¡¿Por qué!? ¿Por qué se lo quieren llevar?», repetía Luz María mientras abrazaba al único hijo que estaba en libertad. 

En vez de darle una respuesta directamente, uno de los policías «aconsejó» a Daniel.

«Hermano, usted sabe cómo es la vaina. Dígale a su mamá que lo suelte. Y si no, pues los eliminamos aquí mismo. Nadie va a ver nada, ni se va a saber nada. Si usted no se entrega, los sacaríamos a los dos, porque esa es la orden, entonces».

Daniel se entregó, el CICPC le puso una capucha y se lo llevó a Caracas. 

Luz Marina y su esposo intentaron denunciar ante el CICPC, pero siempre le negaron que Daniel o Juan estuvieran bajo su custodia. 

Torturas e incertidumbre

Los padres no supieron del paradero de sus hijos hasta el 15 de junio. Cuando pudieron reunirse, Juan relató parte de los malos tratos que sufrió. 

Lo encerraron en un sótano sin agua, comida ni luz. Lo asfixiaron con baldes de agua. Le introdujeron objetos que él no pudo identificar por el ano. Lo obligaron a grabar un video donde él decía que era culpable de una trama de conspiración contra los militares. Lo amenazaban con matar a su familia si no grababa el video. Le rompieron su pierna derecha a punta de golpes… 

Luz Marina escuchaba el relato de una tortura. 

De acuerdo con un abogado de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, que prefirió guardar su identidad por temor a represalias del gobierno madurista, a la familia Zambrano Arias no le permiten tener un abogado propio. No existe un expediente judicial que puedan consultar. 

Los hermanos están bajo la custodia del Tribunal Segundo de Control con competencia en terrorismo. Durante los 14 meses que los hermanos han estado recluidos en Yare II, el tribunal ha diferido su primera audiencia al menos 5 veces. 

Los padres se convirtieron en víctimas indirectas y ahora denuncian la libertad de sus hijos en protestas en Caracas y desde las redes sociales. Denuncian que Juan no tiene atención psicológica. 

Daniel es el único que puede cuidar a Juan Nahir en Yare II, porque ningún personal carcelario lo hace. No hay un informe médico que pueda precisar qué tan grave están los hermanos. 

Entre el 29 y el 30 de enero del 2024 la abogada y defensora de derechos humanos Tamara Sujú denunció en redes sociales que cuatro presos políticos, entre ellos los hermanos Zambrano Arias, recibieron golpes de parte de los reos bajo el comando de los funcionarios de seguridad

Luz Marina y su esposo se enteraron horas después, porque en Táchira el servicio de electricidad e internet se corta a cada rato, y en Venezuela los fiscales y las denuncias aparecen en la red social X. 

La familia Zambrano Arias se siente amenazada desde ese día: varios funcionarios de las fuerzas armadas venezolanas les «advierten» que Juan y Daniel pueden sufrir más si ellos mantienen la denuncia. 

Bajo la protección de la prensa y los activistas de los derechos humanos, ellos esperan que la justicia venezolana o la justicia internacional pueda apelar por ellos y por más de 260 presos políticos que el gobierno mantiene en cautiverio desde el 2001, según la ONG Foro Penal.

Denuncian que cuatro presos políticos fueron golpeados en Yare II por oponerse a extorsiones
El OVP denunció que una de las cuatro víctimas tiene diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA)

 

Este miércoles, 31 de enero, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que cuatro presos políticos fueron golpeados por oponerse a pagar extorsiones en la cárcel de Yare II, en el estado Miranda.

Según informó el OVP, la golpiza y violación contra los derechos humanos fue ordenada por un custodio conocido como “El Federal”.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el OVP publicó un video de uno de los reclusos golpeados, quien es un sargento segundo, en donde denuncia «haber sido víctima de unos presos que se hacen llamar funcionarios».

«Nos golpearon con tubos», dijo, y responsabilizó a la ministra del Servicio Penitenciario, al fiscal Tarek William Saab y a Nicolás Maduro de la situación y posibles represalias en su contra. 

El observatorio denunció que una de las cuatro víctimas tiene diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) lo que, a juicio del OVP, constituye una doble violación flagrante de sus derechos humanos y arroja luces sobre las consecuencias de un sistema penitenciario «sin diferenciación de género y mucho menos de condición mental».

 

El Observatorio Venezolano de Prisiones solicitó una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial del hecho por parte de los organismos del Estado. También, investigar las acciones del funcionario Geomar Cabrera, alias “El Federal”, quien manipula al resto de la población penal para que arremetan contra los presos políticos.

Familiares de Karen Gómez Gutiérrez y Juan Freites exigen una fe de vida
Denuncian que los hijos de Gómez no tienen papeles de identidad luego de que la militar fuera detenida, mientras que Vente Venezuela denunció que dos de sus cuatro dirigentes regionales detenidos arbitrariamente se presentaron ante tribunales sin abogados ni familiares

La abogada y directora de la organización Casla Institute, Tamara Sujú, denunció este 26 de enero que los familiares de la primera teniente Karen Gómez Gutiérrez, detenida el pasado 22 de enero por fuerzas del Estado Venezolano, y de Juan Freites Cabrejo, dirigente del partido Vente Venezuela en el estado La Guaira detenido el 23 de enero, exigen una fe de vida al Estado venezolano. 

A través de la red social X (Twitter), Sujú publicó videos testimoniales de Roland Gómez, hermano de Gómez, y de Graciela Martínez, madre de Freites, donde denuncian que ni el Ministerio Público ni las fuerzas policiales les informan del paradero de los detenidos arbitrariamente

«Hago un llamado a la comunidad internacional de derechos humanos y a (los integrantes del) Acuerdo de Barbados. (…) Espero esté bien, que esté a salvo, no sabemos dónde está. Exigimos que aparezca y que aparezca con vida», denunció Roland Gómez.

«Mi hijo fue secuestrado hace más de 48 horas. No tenemos noticias de él. Para ese momento, mi hijo estaba sufriendo una crisis de asma y estaba sin medicinas. No nos dan información (…) quisiera saber que al menos no lo están maltratando», dijo Graciela Martinez.

Estado deja desamparado a los hijos de Gómez

Gómez y su esposo, el coronel Carlos Sánchez Vásquez, fueron señalados el pasado 22 de enero por el Ministrio Público debido a los señalamientos de una presunta trama de «conspiración» contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

De acuerdo con la directora de Casla Institute, Gómez había pedido su retiro de las Fuerzas Armadas venezolanas el 16 de octubre del 2023. 

«El 22 de enero es detenida luego de ser llamada a una supuesta reunión en el ZODI (Zona Operativa de Defensa Integral ) de Guatire (estado Miranda), a la que acudió dejando a sus 2 pequeños hijos, un varon de 2 años y una niña de 11 meses, al cuidado de una vecina mientras regresaba. Nunca regresó», denunció la abogada. 

Según Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, ambos militares están bajo la custodia del Tribunal Segundo de Control con competencia en terrorismo. Pero, hasta el momento, el Estado no ha birndado información del paradero de Gómez, ni Sánchez, ni de más de 30 detenidos anunciados por el fiscal.

«Los documentos de nacimiento de los menores están en la camioneta retenida y la familia no ha podido recuperarlos», agregó Sujú.

Detención arbitraria express

Un día después de la detención de Gómez, presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a Juan Freites frente a su casa mientras él se preparaba para un mitin político del partido de María Corina Machado, representante de la oposición inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia este 26 de enero.

Junto a él, detuvieron otros tres dirigentes del partido: Luis Camacaro, Tomás Sequera y Guillermo López. De ese grupo, solo se sabe que Camacaro y Sequera fueron trasladados a la sede del Sebin llamada «El Helicoide», lugar que la ONU ha denunciado desde el 2014 como un centro de torturas y tratos crueles e inhumanos por parte del Estado. 

Vente Venezuela denunció que Camacaro y Freites fueron presentados ante tribunales el pasado 25 de enero sin sus abogados y sin permitir el contacto con familiares y conocidos, luego de 72 horas de desaparición forzosa.

El partido político alertó a la comunidad internacional que los derechos civiles y políticos tanto de Machado como de los dirigentes regionales detenidos arbitrariamente están siendo vulnerados fragantemente.

Sujú, al igual que Gómez, está siendo señalada por el Ministerio Público de participar en la presunta trama de «conspiraciones» contra el gobierno madurista. La comunidad internacional ha denunciado en reiteradas ocaciones que el gobierno madurista mantiene a más de 250 presos políticos bajo imputaciones hechas en medios de comunicación del Estado y sin un debido proceso judicial. 

El Mañanero del #10Ene: las siete noticias que debes conocer

En El Mañanero de Runrun.es de este 10 de enero resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: trabajadores de la administración pública, educadores, jubilados, pensionados y enfermeros protestaron en 12 estados del país para obtener mejoras salariales y prestaciones sociales acordes a la economía venezolana y la sociedad civil advierte que aún quedan 286 presos políticos por ser liberados en el país.

«Este año será decisivo»: Machado respalda protestas de docentes y trabajadores

Gobierno de Maduro dice que evitará «despojo definitivo» de Citgo

«Con hambre no se puede enseñar»: Educadores y empleados públicos protestaron en todo el país por mejores salarios

Instan al CNE a activar un proceso masivo de inscripción y actualización del registro electoral

Abogan por medidas humanitarias o indultos para liberar a más presos políticos

Casi 40 suicidios ocurrieron en Aragua entre enero y noviembre de 2023

Investigan muerte de privado de libertad en internado de Barinas

«Quiero informar y ordenar a los honorables diputados que se sumen al proceso de consulta que inicia el próximo día viernes (12 de enero) de la ley ya aprobada en primera discusión, denominada ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y afines», instó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional impuesta por el madurismo, en la seción parlamentaria del martes 9 de enero.

Gracias por leer El Mañanero de Runrun.es del este miércoles 10 de enero de 2024

Abogan por medidas humanitarias o indultos para liberar a más presos políticos
Las defensoras de los derechos humanos dijeron que se desconoce por qué el Estado paralizó las liberaciones de presos políticos que se dieron en diciembre

Familiares de presos políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron a la administración de Nicolás Maduro implementar medidas humanitarias o indultos para consumar la salida en libertad de sus parientes.

Theresly Malavé, abogada y directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela, denunció que en la nación aún hay 286 presos políticos. Detalló que de ese total 171 tienen más de dos años detenidos.

Durante una rueda de prensa realizada este 9 de enero, Malavé aseveró que la permanencia de ciudadanos por más de tres años tras las rejas es una violación al Código Orgánico Procesal Penal.

Asimismo, explicó que todas estas personas pueden estar en libertad por decaimiento de la medida. Precisó que hay aprehendidos por razones políticas que esperan juicio desde hace nueve y hasta siete años.

La defensora de los derechos humanos apuntó que del total de los presos políticos 13 son mujeres civiles y cinco son militares. «Están presas por ser hermanas o amigas o por estar en el directorio telefónico de un investigado por temas políticos», reclamó.

Precisó que 117 de los detenidos son hombres civiles y 151 militares. Mencionó que 35 son ciudadanos que padecen enfermedades graves y que de no ser atendidos pueden morir.

Señaló que los tribunales no han concedido ni una medida humanitaria a privados de libertad que tienen estos padecimientos. Cuestionó que el Estado, «que no puede proveerles de salud, tampoco les de su libertad».

Por su parte, la defensora de derechos humanos Yajaira Castro abogó por medidas humanitarias o indultos para consumar la liberación de los presos políticos.

«No queremos que pasen a formar parte de la lista de presos políticos que han muerto estando en custodia del Estado. Para poder liberar a los presos políticos hay fórmulas alternativas. Está en las manos del gobierno porque ni siquiera de los jueces», dijo.

Hay 103 presos políticos condenados y que le corresponden las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena.

«En 2023 tuvimos la esperanza de que se dieran más liberaciones. Aún nos faltan. De los cuales no son solo ellos, sino también 286 familiares que deben estar pendientes de ellos, que tienen que proveerles desde la alimentación hasta los medicamentos.

Afirmó que la administración madurista es el único que puede liberar a los presos políticos y subrayó que hay un abanico de mecanismos para hacerlo. «No queremos que pasen a formar parte de la lista de personas que murieron en custodia del Estado».

Las defensoras de los derechos humanos dijeron que se desconoce por qué el Estado paralizó las liberaciones de presos políticos que se dieron en diciembre, cuando se produjo el canje por el empresario colombiano Álex Saab, acusado de lavado de dinero.

*Con información de TalCual

CIDH rechaza la «persecución penal» contra dirigentes políticos afines a María Corina Machado
Reiteraron que se deben liberar a los 274 presos políticos que se encuentran en Venezuela para el 29 de diciembre del 2023

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó este 26 de diciembre la «persecución penal» contra los dirigentes opositores en Venezuela que «busca obstaculizar la participación política» de los críticos al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

En un comunicado, la CIDH afirmó que las órdenes de captura anunciadas este mes por el Ministerio Público (MP) contra 14 personas, entre ellas tres «dirigentes opositores e integrantes del equipo de trabajo de la aspirante presidencial María Corina Machado», forman parte de un «patrón de persecución dirigido a desalentar la participación política».

Señaló también el caso de Roberto Abdul, presidente de la ONG Súmate, dedicada a la promoción de los derechos políticos y a la participación en comicios, quien fue «detenido, temporalmente desaparecido y presentado ante los tribunales sin contar con acceso a una defensa técnica de su elección», y liberado el 20 de diciembre, tras estar 14 días preso.

Estas cuatro personas, junto con otras diez que se encuentran en el exterior, fueron acusadas por la Fiscalía venezolana de «traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir» en una supuesta conspiración contra el referendo del 3 de diciembre sobre la disputa territorial con Guyana.

Justicia amañada

La CIDH reiteró que el sistema de justicia venezolano «no ofrece garantías de independencia e imparcialidad» y que «ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al Gobierno de Nicolás Maduro».

Además, advirtió que el «uso de figuras penales extremadamente amplias, vagas y ambiguas, como traición a la patria, pueden instrumentalizarse para perseguir e impedir la legítima participación política».

La comisión exigió al Estado venezolano, además de liberar «de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente», adoptar, «con urgencia, medidas para restablecer la separación e independencia de los poderes públicos y garantizar la participación política de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024».

El pasado 9 de diciembre, Machado, candidata presidencial de la principal coalición opositora, afirmó que se ha incrementado la «arremetida» del Gobierno en contra de su partido, Vente Venezuela (VV).

La exdiputada, quién espera la confirmación de su inhabilitación política para competir por cargos de elección popular, denunció entonces agresiones contra la sede de la formación, bloqueo de cuentas bancarias y amenazas «con órdenes de captura a ciudadanos que lo único que hacen es dedicarse a trabajar por Venezuela».

*Con información de EFE

Excarcelan a dos presos políticos militares vinculados a la «Operación Armagedón»
Adrián De Gouveia De Sousa y Abraham Suárez Ramos salieron de su reclusión arbitraria luego de 5 años de estar en la cárcel de Ramo Verde, estado Miranda

Tamara Suju, abogada especializada en derechos humanos y directora ejecutiva de Casla Institute, informó este 28 de diciembre que excarcelaron al Mayor de la Aviación Adrián De Gouveia De Sousa y el Mayor de la Guardia Nacional Abraham Suárez Ramos, dos presos políticos vinculados a la «Operación Armagedón», una presunta pugna para intervenir las elecciones presidenciales de Venezuela en 2018, cuando Nicolás Maduro fue presuntamente reelegido como mandatario. 

«Desde Casla Instituye y la campaña Apadrina A Un Preso Político Del Mundo celebramos la libertad de los presos políticos mayor Adrián De Gouveia De Sousa y Abraham Suarez Ramos y le damos las gracias a sus madrinas, María Corina Machado y Carlos Angola por haber visibilizado sus causas y su solidaridad», dijo Suju en su cuenta de la red social X, este jueves 28 de diciembre.

A De Gouveia lo detuvieron arbitrariamente el 20 de mayo de 2018 y a Surárez lo privaron de su libertad siete días después. Ambos fueron imputados por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión, motín y contra el decoro militar sin seguir un debido proceso judicial, según denunció la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. 

Hasta el momento de redacción de esta noticia, no se ha informado las condiciones de la excarcelación de los militares.

En 2019, Suju informó que el mayor Abraham Suárez Ramos intentó por segunda vez quitarse la vida en los sótanos de la Dirección General de Inteligencia Militar (Dgcim).

«El mayor (Suárez) sufre de grave crisis depresiva y nunca le suministraron el tratamiento que le ordenaron en el hospital la primera vez», indicó. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amparó la denuncia este mes de septiembre, alavando que Suárez es uno de los más de 50 presos políticos que están en un estado de salud crítico sin atención oportuna

Aunque el Estado venezolano no ha dictado alguna medida para reparar los derechos humanos vulnerados por De Gouveia, Suárez y sus familiares, ellos fueron los últimos presos políticos liberados relacionados a la «Operación Armagedón». El pasado 30 de septiembre excarcelaron los otros ocho presos políticos involucrados en ese caso. 

Suju, durante los cinco años que los militares estuvieron privados de libertad en Ramo Verde, una cárcel militar ubicada en el estado Miranda, en la región central de Venezuela, denunció que Suárez y De Gouveia fueron víctimas de tratos cureles e inhumanos.

Al tomar en cuenta los datos de la ONG Foro Penal, aún quedan 274 presos políticos en Venezuela, donde 19 son mujeres y 146 son militares.