Caricatura cortesía de Roberto Weil.
Los perdones presidenciales y las medidas tribunalicias para presos de conciencia obedecen a una operación política que comenzó a cobrar forma en diciembre de 2019.
Nicolás Maduro adelantó el día de la Virgen de Las Mercedes.
Hasta hace poco tiempo, era tradición que cada 24 de septiembre, cuando se celebra la fecha de la llamada Patrona de los Presos, los presidentes de turno otorgaran perdones a reos por delitos considerados poco graves, y que habían mostrado buena conducta.
Pero lo ocurrido el lunes 31 de agosto es un proceso de naturaleza y propósitos totalmente distintos y mucho más complejos que el que tradicionalmente desemboca en el día de Las Mercedes.
Lo que se ha puesto de relieve inicialmente es la cantidad de indultos decretada ese día (110), en su mayoría para personas que aún no habían recibido sentencia, o cuyos procesos están paralizados pues ni siquiera están en el país, lo cual ha sido punto de debate entre juristas. Algo similar -aunque guardando las distancias- a las medidas otorgadas en sus respectivos momentos a Larry Tovar Acuña y al general de brigada Ramón Guillén Dávila. Sin duda, eran otros tiempos y otras leyes.
Simultáneo a los perdones presidenciales, los tribunales han impartido medidas cautelares de casa por cárcel. La más relevante ha sido la que beneficia al diputado Juan Requesens, enjuiciado en el caso del “magnicidio frustrado”, quien desde el 28 de agosto se encuentra en su residencia. Luego, otros presos han abandonado las celdas del Sebin, la Dgcim y Ramo Verde, como por ejemplo el líder sindical de la CVG Ferrominera del Orinoco Rubén González.
Los indultos y estas medidas cautelares, aunque emitidos por autoridades distintas, forman parte del accionar de un mismo régimen. El objetivo de fondo entonces no es hacer justicia sino alcanzar ciertos propósitos políticos.
Las tácticas aplicadas ahora parecieran ser las mismas de otros momentos. No en balde, el director del Foro Penal Alfredo Romero ha acuñado la expresión “puerta giratoria” para describir el proceso en el que unos presos políticos salen de sus celdas, para que casi de inmediato esos espacios sean ocupados por otros opositores. Hay la sospecha de que todas estas libertades pronto serán revertidas.
Pero en realidad hay matices con respecto a lo visto en otras oportunidades. Por ejemplo, en la liberación del activista Yon Goicoechea, en noviembre de 2017, jugó un rol fundamental el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) general en jefe Gustavo González López, quien en nombre del régimen quería pactar la participación del dirigente en la elección municipal de diciembre de ese mismo año, con lo que se desvirtuaba parcialmente la decisión de los grandes partidos de retirarse de aquel proceso.
Ahora González López ha pasado a un segundo plano en la negociación, por más que él asegure que nada ocurre puertas adentro del Helicoide sin su consentimiento. Según fuentes con conocimiento directo de este proceso, la primera intervención del grupo liderado por Henrique Capriles fue en diciembre de 2019, cuando se produjo un acercamiento entre él y el parlamentario Requesens. En esa oportunidad, el exgobernador de Miranda fue acompañado por Carlos Ocariz.
En los primeros cinco meses de 2020, ocurrirían otros dos encuentros, con el diputado Stalin González ya incorporado. En ellos, Capriles no descubriría abiertamente su interés en fomentar la participación de individuos específicos en las venideras elecciones, pero sí sostendría que esa es la única ventana de oportunidad para lograr cambios políticos en el país. Para él las alternativas de un golpe militar o una intervención extranjera son escenarios cada vez más remotos.
La perspectiva de una pronta liberación emocionaba al diputado. Él expresaba ese sentimiento a otros presos. Pero González López y posteriormente el jefe de Investigaciones Estratégicas de la policía política, comisario general Ángel Flores, advertían a “Reque” que lo mejor era mantener una actitud prudente.
A los presos políticos solo llegaban datos inconexos sobre el proceso que se desarrollaba en el exterior. Los beneficiarios en realidad no tenían conocimiento sobre la verdadera intención de las medidas, tal y como lo manifestó este miércoles el diputado Gilbert Caro.
Al parecer, hay múltiples objetivos. Según un abogado penalista que participó en la tramitación de estos perdones, con Requesens, Renzo Prieto y Gilbert Caro la idea es que promuevan sus candidaturas con miras en el proceso pautado para el 6 de diciembre. Pero en el caso de Roberto Marrero (jefe de despacho de Juan Guaidó), el propósito es ponerse a tono con las exhortaciones formuladas por la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet. Según el litigante consultado, la ONU es un foro vital para Maduro, en un momento en el que más de 50 países desconocen su mandato.
Marrero fue aprehendido por agentes de la policía política en marzo de 2019, cuando se reportó el hallazgo de fusiles y munición en su residencia de Las Mercedes. Posteriormente, el general Manuel Christopher Figuera (director de ese cuerpo al momento de la detención) reconocería que tal acción fue un montaje. Organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional se pronunciaron en contra de la acción policial.
Para el momento de la redacción de este trabajo, los tribunales continuaban emitiendo medidas cautelares, en lo que sería la segunda fase del proceso de liberaciones. Hasta ahora, salvo lo ocurrido con Requesens, el régimen no ha tocado a los implicados en casos controversiales del ámbito militar como el de los drones y la Operación Gedeón. Sin embargo, hay un interés manifiesto en acelerar estos juicios, presumiblemente con el propósito de tomar luego alguna decisión de orden político.
Breves
* El 28 de agosto, el director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, anunció en su cuenta Instagram que ese cuerpo de investigación había identificado a uno de los individuos que aparece en varios videos, conocidos públicamente a partir del 22 de agosto, en el que un grupo armado con fusiles AK-103 y granadas exige el pago de un porcentaje por el fichaje de una joven promesa del béisbol. Según el funcionario, se trata de Josué Ángel Santana Peña, de 24 años de edad, quien es solicitado por las autoridades desde 2016.
Un aspecto clave en la identificación de este individuo fue un tatuaje en el brazo izquierdo. Más allá de este detalle, cabe preguntarse por qué elementos ligados a la megabanda Tren de Aragua pondrían su atención en la actividad deportiva de una academia infantil con sede en Maracay, al punto de conocer numerosos detalles sobre la vida privada de su director. Según policías familiarizados con el caso, el nexo viene de una situación que ha afectado no solo a estos deportistas sino también a la mayoría de la población del país: la escasez de comida. En Aragua, así como en casi todo el territorio venezolano, hubo momentos en los que conseguir un pollo o un kilo de harina de maíz era prácticamente imposible, excepto en el internado judicial del estado Aragua, mejor conocido como Tocorón. En medio de la necesidad por suministrar una carga calórica diaria a estos muchachos, en su mayoría de procedencia muy humilde, fue necesario para los representantes de la academia acudir al famoso bodegón Tokio, que opera en la referida instalación. Con el pasar del tiempo, la relación se hizo más estrecha, hasta que los delincuentes comenzaron a exigir que les entregaran una tajada por los fichajes. Las presiones no solo han sido en la forma de videos y mensajes de voz. También han disparado contra las fachadas de viviendas de allegados a las víctimas e incluso han colocado coronas fúnebres en la puerta de estos inmuebles.
* Hay estupor en la Guardia Nacional luego de la anulación, vía ministerio de la Defensa, de un conjunto de nombramientos para posiciones de comando, el pasado 21 de agosto. Según el general retirado Marco Ferreira, no es la primera vez que ocurre algo así. Solo que ahora llama la atención el elevado número de decisiones revertidas. Esto hace pensar que se trata de algo más que una mera disputa entre las facciones que hacen vida en ese componente, por mantener o hacerse del control de mercados importantes, como por ejemplo algunas zonas militares del Arco Minero. Para entender la magnitud de lo ocurrido, está la explicación del general de brigada retirado Régulo Díaz, ex subcontralor de la FAN.
Los nombramientos, indicó, llevan un proceso. Una vez hecha la selección de los nombres para cada plaza, el jefe de Secretaría del despacho del ministro envía la decisión a la oficina de Resoluciones, donde se redacta el documento para la firma de la autoridad que hace el nombramiento. Luego, “se lo llevan de nuevo al ministro para la revisión y firma”. Cada funcionario que participa en la elaboración de los resueltos debe colocar su media firma en una casilla en la parte inferior del documento. Esto hace suponer que los nombramientos revertidos en primera instancia contaban con el visto bueno de Vladimir Padrino López. Según Díaz, la única explicación posible es que apenas salieron las primeras designaciones, “le fueron con el chisme” a Nicolás Maduro. Generalmente, indicó el oficial, cuando ya los nombres han sido seleccionados en cada fuerza, hay una revisión de Contrainteligencia Militar, que reporta directamente al mandatario. “Es el presidente quien quita y pone, de acuerdo con un criterio que en este caso es de lealtad (…) Algo huele mal”, dijo.
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