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Presos políticos en venezuela

DDHH Olvidados | La salud de Emirlendris Benítez está cada vez más deteriorada

Ella solo era una comerciante. Madre de dos hijos y con otro en camino, el 5 de agosto del 2018, Emirlendris Benítez fue detenida en una alcabala en la autopista José Antonio Páez. La acusaron de participar en el presunto intento de magnicidio contra el gobernante Nicolás Maduro que se registró el día anterior a su detención. 

A partir de ese momento, la vida de Emirlendris tomó un tono lúgubre, pues más nunca pudo estar en libertad. Cuando la detuvieron, estaba en un vehículo junto a dos personas que ella no conocía, pero que estaban supuestamente implicados en el caso de los drones. La policía buscaba a estos hombres y a una mujer identificada como “María”, con quien la confundieron.

Emirlendris Benítez  fue condenada a 30 años de prisión, la pena máxima que establece el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Está recluida en Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, estado Miranda.

En el libro “Ahora van a conocer el diablo. 10 testimonios de presos torturados por el chavismo”, publicado por la editorial Dahbar, la cronista Kaoru Yonekura relata toda la historia de Emirlendris, desde su detención hasta las torturas que sufrió y que le causaron secuelas físicas que, casi seis años después, le siguen afectando gravemente su salud.

En el año 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar a favor de Emirlendris Benítez, la cual el Estado venezolano se ha negado a cumplir.

Una víctima de las torturas

Mientras estuvo detenida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Emirlendris recibió golpes de varios funcionarios y hasta fue asfixiada con bolsas plásticas. Como consecuencia de todos esos tratos crueles de los que fue víctima, tuvo un aborto espontáneo.

«Una y otra vez la llamaron ‘María’, pero por no serlo y por no responder como esperaban los funcionarios, la golpearon con las manos y con un palo. La patearon por ‘perra’ y ‘zorra’. Le martillaron el pulgar del pie derecho. La asfixiaron con una bolsa plástica, le sumergieron la cabeza en un tobo de agua”, reveló Kaoru Yonekura en su crónica.

 La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón ha denunciado en constantes ocasiones que las torturas físicas de las que fue víctima Emirlendris le generaron graves secuelas de salud.

En junio de 2023, la organización Amnistía Internacional urgió a Celsa Bautista, ministra de Servicios Penitenciarios, a permitir que Emirlendris tuviera atención médica, así como que se concrete su liberación inmediata. Esto último no ha ocurrido.

“La vida y la integridad de Emirlendris Benítez están en peligro debido a las graves violaciones de derechos humanos a las que ha sido sometida desde su detención en agosto de 2018, entre ellas detención arbitraria, tortura, violencia de género, discriminación, juicio injusto y condiciones de reclusión inhumanas”, señaló la ONG en la carta dirigida a Bautista.

La lucha por recibir atención médica

Desde el año 2022, Emirlendris perdió al menos 11 consultas médicas con un especialista. Actualmente, tiene una hernia en la columna. Un familiar que pidió no ser identificado asegura que todas las dolencias que tiene son por causa de las torturas físicas de las que fue víctima, pues antes de ser detenida, era una persona completamente sana. También sufre de hipertensión arterial.

Ella tiene muchos dolores corporales. Su pariente reveló que no puede dormir debido al extremo dolor. “Tiene dolores en el cuerpo, más que todo en la parte derecha. Se le duerme la mitad del cuerpo y siente hormigueo. Le ha dado fiebre, y muchos dolores de cabeza”, contó el familiar en entrevista con Runrun.es.

Tras muchos intentos, por fin pudo tener atención médica. El martes 27 de febrero la llevaron a una consulta en el Hospital Vargas con un neurocirujano y el equipo médico coincide en que la hernia que tiene en la columna no es la causante de sus malestares, sino una fibromialgia crónica.

“El doctor le mandó a hacer ejercicios con un fisioterapeuta. Le mandaron otro tratamiento aparte de lo que tiene con unas pastillas para que ella pueda dormir, porque no puede dormir por el dolor”, señaló su pariente.

Emirlendris tiene muchas dificultades para caminar. No puede hacerlo a menos que se sostenga de las literas o de la pared en donde está recluida. “No se pone recta, ella camina dobladita por el fuerte dolor que tiene. Ya los analgésicos no le quitan el dolor, lo que hacen es darle reacciones, pero no le quitan el dolor”, dijo el familiar.

“La veo igual o hasta peor, porque ahora no puede ni dormir. Tiene demasiadas ojeras”, contó el pariente, quien también añadió que Emirlendris tiene un brazo dislocado y para esto no han logrado que le hagan ningún estudio médico.

Una familia dañada emocionalmente

Benítez tiene dos hijos. Una que vive fuera del país y otro, un niño de 10 años, que reside en Barquisimeto, estado Lara. El niño no ve a su mamá desde hace dos años y tampoco sabe que ella está privada de su libertad.

“Está en Barquisimeto con su abuela paterna. No sabe que su mamá está detenida. Nosotros le decimos que la mamá está en una fábrica trabajando. No sabe tampoco que su mamá casi no puede caminar”, contó el pariente entrevistado por este medio.

El hijo de Emirlendris “ha estado sufriendo”, dice el pariente de la mujer, y actualmente está en terapia psicológica, “a pesar de la corta edad que tiene, por la falta de su mamá”.

Pero ella también necesita ayuda psicológica. En varias oportunidades le ha comentado a sus familiares que necesita terapia y que está “muy sentimental”, por toda la situación que vive y todos los problemas de salud.

Con todo y las dificultades, su familia no pierde las esperanzas de que pueda ser liberada. “Que las personas que la tienen allí sepan que ella es inocente de todos los cargos que se le imputan, que ella no ha cometido ningún delito y que por la cabeza nunca se le ha pasado atentar contra la vida de otra persona”, señaló su familiar.

Aumentan las detenciones de mujeres por razones políticas

El pasado 16 de febrero, el director de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, señaló que, según los datos de la organización, actualmente en Venezuela hay 19 mujeres detenidas por razones políticas.

Romero puntualizó que durante el mandato del fallecido Hugo Chávez hubo menos detenciones políticas de mujeres, pero que desde el año 2014 han documentado un significativo aumento, que suma 429 presas políticas y 1.729 mujeres detenidas con fines políticos.

A finales del 2023, Martha Tineo, abogada y cofundadora de Justicia, Encuentro y Perdón, declaró a Runrun.es que los presos políticos, en su mayoría, son torturados y sometidos a tratos crueles o degradantes. «Y las mujeres no escapan de todo esto», lamentó.

“Jamás han tenido un trato diferencial por su condición de mujer. Al contrario, son igualmente víctimas de violaciones sexuales, malos tratos, tortura, golpizas e intentos de ahogamiento”, denunció Tineo en aquel momento.

Diferentes organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón han solicitado medidas por razones humanitarias para que las presas políticas puedan ser atendidas y ayudadas. Sin embargo, las autoridades han ignorado estas peticiones.

@Andrea_GP21

Foro Penal: 113 presos políticos tienen más de tres años detenidos sin condena
«113 de los 288 presos políticos tienen más de tres años en prisión preventiva, sin condena, muchos de ellos ni siquiera han comenzado el proceso judicial», denunció el presidente de Foro Penal
La mayoría de los presos políticos del país según el conteo que lleva Foro Penal son militares, quienes suman 155. Otros 133 son civiles

 

 

En Venezuela hay 113 «presos políticos», de un total de 288, que tienen «más de tres años» detenidos sin condena, denunció este lunes la ONG Foro Penal.

La misma ONH reveló que entregó una lista con los nombres de estos privados de libertad a la Corte Penal Internacional (CPI).

«Esto es gravísimo, (…) esta lista la tiene la Corte Penal Internacional, cuya investigación se reabrió y (…) está llevándose a cabo, (…) 113 de los 288 presos políticos tienen más de tres años en prisión preventiva, sin condena, muchos de ellos ni siquiera han comenzado el proceso judicial», dijo el presidente de la organización, Alfredo Romero, durante una rueda de prensa.

El abogado indicó que, según la más reciente actualización del monitoreo de la ONG, la «mayoría de los presos políticos» son militares, quienes suman 155, por lo que los 133 restantes son civiles.

Señaló que, desde 2014, Foro Penal ha registrado 15.791 personas que han «pasado por la prisión política», y 9.415 «se encuentran bajo medidas cautelares», es decir, «todavía se mantienen con medidas restrictivas a su libertad».

Asimismo, Romero afirmó que «11 personas han fallecido en custodia del Estado desde el año 2014″ y 875 civiles han sido «presentados ante tribunales militares».

Presos políticos sufren enfermedades

Actualmente, al menos 50 «presos políticos» tienen «algún problema de salud», de acuerdo con la organización, entre ellos el general Héctor Hernández Da Costa -condenado a 16 años de cárcel por el caso presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en agosto de 2018.

La esposa del general, Lili Barboza, denunció hoy que su estado «es muy delicado».

Aseguró que el militar, en «injusta prisión a pesar de ser inocente«, «sufre una cardiopatía congénita» y «presenta un cuadro muy delicado» por «diabetes», además de padecer «otra serie de patologías» que ha sufrido durante «los cinco años de prisión».

El Foro Penal aseguró que «todo lo que está pasando en Venezuela» está «bajo la lupa» de la CPI, por lo que agregó que la apelación del Gobierno  a la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la corte internacional «no detiene la investigación» sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.

Con información de EFE

DDHH Olvidados | Sobre Gabriel Blanco pesa el delito de ser sindicalista
Familiares del trabajador humanitario reiteran que los tribunales no dan ningún indicio o prueba que lo vincule con los cargos por asociación para delinquir y presunta conspiración

El 13 de julio de 2023 Diannet Blanco llevó un pastel a la sede de la Policía Nacional Bolivariana en la Yaguara, en Caracas. Gabriel José Blanco Flores, su esposo, cumplió 46 años, pero lleva 1 año y 8 días detenido arbitrariamente por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). 

Fue el segundo cumpleaños que Gabriel tuvo sin libertad. 

En la noche del 6 de julio del 2022 los cuerpos de seguridad del Estado venezolano se acercaron a la casa de Gabriel Blanco, en la urbanización Carlos Delgado Chalbaud, en la parroquia Coche, al suroeste de Caracas, y lo conminaron a acompañarlos a la sede central del organismo para una «entrevista». 

No hubo una orden de aprehensión o solicitud judicial para que la Dgcim fuera a casa de Gabriel. El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) registró que los funcionarios no mostraron ningún documento que involucrara a Blanco con alguna investigación en curso. 

 

Tanto Gabriel como Diannet grabaron y denunciaron el intento de aprehensión arbitraria, los vecinos de Coche salieron a la calle para defenderlo. Sin embargo, los cuerpos de seguridad llamaron a los refuerzos y Gabriel empezó su capítulo como preso político el 7 de julio a las 12:49 a.m. 

Juicios aplazados, pruebas inexistentes

«La audiencia preliminar fue el 26 de septiembre del año 2022. Aún continúa el juicio», dice Diannet. «Después de denunciar el intento de colocarles un defensor público, logramos que tuviese un abogado de su confianza». 

Gabriel Blanco se graduó como trabajador social en la Universidad Central de Venezuela. Por más de cinco años se dedicó a la promoción y enseñanza de los derechos humanos y la igualdad de género. También es miembro de la Alianza Sindical Independiente (ASI), una de las asociaciones que ha encabezado los procesos de diálogo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en ese año y que constataron que en Venezuela no se cumple ningún derecho laboral.

Por protección de Gabriel y de Diannet, las ONG donde el activista trabaja no pueden ser mencionados. 

Según los activistas de Provea, dos días antes privaron de libertad a los sindicalistas Alcides Bracho y Emilio Negrín en Caracas. Los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) allanaron, sin orden judicial, las viviendas de los detenidos. En ninguno de los casos hay una orden de aprehensión clara. 

Los tres sindicalistas están supuestamente conectados por una denuncia de un «patriota cooperante», un término que acuñó el gabinete de Nicolás Maduro para designar a los civiles que delatan comportamientos y mensajes críticos al chavismo en cualquier red social o comunitaria. Esa es la única información que manejan los abogados defensores sobre las acusaciones de «asociación para delinquir» y «conspiración» que tiene Gabriel y los otros líderes sindicales. 

Los tribunales y ministerios no brindan más información. 

«No hay pruebas de los delitos que le fueron imputados, y hasta la fecha han diferido las audiencias porque el patriota cooperante que denunció no aparece», reitera Diannet.

Un DDHH olvidado que se repite

Mientras Gabriel sigue bajo la custodia del Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia con competencia en terrorismo, Diannet y su familia busca visitarlo casi todos los días a la Yaguara. 

Ella conoce muy bien lo vulnerable que es un preso político: estuvo retenida en el Helicoide, un centro de torturas identificado por la ONU, por 1 año y 12 días. 

«Gabriel no ha tenido maltratos de golpes pero la peor tortura es estar encarcelado siendo inocente, atropellando la calidad de vida, la salud, el poder trabajar y estar con la familia», dice. 

Diannet reconoce que los contextos son muy diferentes, pero el derecho humano violentado es el mismo. Ella fue detenida arbitrariamente en 2017 por unos 25 funcionarios encapuchados que allanaron un apartamento donde guardaban medicinas para las personas que protestaban contra el gabinete madurista

«Fui víctima de desaparición forzada temporal, detención arbitraria y tratos crueles e inhumanos. Las condiciones de mi esposo son diferentes, creo que eso tiene que ver con el tipo de cárcel y de los funcionarios» reflexiona.

La liberaron el primero de junio de 2018 como parte de una orden del Tribunal Supremo de Justicia que benefició a 39 presos políticos. Sin embargo, casos como los de Diannet y Gabriel se repiten: la ONG Foro Penal estima que existen 284 presos políticos para el 10 de julio del 2023, y solo en el año 2022 la ONG Cofavic registró unas 125 detenciones arbitrarias

«Su próxima audiencia es el 17 de julio. Esperemos a ver qué pasa. Solo espero que no tenga que cumplir otro año como preso político», dice Diannet, rogando que su esposo no llegue a pasar más tiempo sin libertad de lo que ella estuvo.

Militares detenidos en Ramo Verde protestaron por tener cinco días sin recibir agua
Un día antes de realizarse esta protesta, Nicolás Maduro estrechaba manos con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan. Juntos firmaron un documento que confirmaba la instalación de una oficina de la CPI en Venezuela

Detenidos militares en la Cárcel de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, estado Miranda, protestaron este sábado, 10 de junio, porque tenían cinco días sin recibir agua.

De acuerdo con una denuncia de la organización no gubernamental Familia S.O.S Libertad, la protesta se realizó en horas de la mañana de la fecha mencionada para exigir que les suministren agua.

Asimismo, la organización detalló que la protesta por parte de los militares detenidos en Ramo Verde se realizó en contra del director del centro de reclusión, Omar Lozada.

Mediante un mensaje publicado en la red social Twitter, la ONG señaló que Lozada, presuntamente, «manifiesta la negativa de suministrar el preciado líquido».

Cabe recordar que, según cifras de la ONG Foro Penal Venezolano, Foro Penal, en el país existen aproximadamente 154 militares arrestados por razones políticas.

Un día antes de realizarse esta protesta, Nicolás Maduro estrechaba manos con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan. Juntos firmaron un documento que confirmaba la instalación de una oficina de la CPI en Venezuela.

*También puede leer: CLAVES | CPI confirma apertura de oficina de asistencia técnica en Venezuela

Por otra parte, familiares de presos políticos denunciaron tras la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, a finales de enero, que los atropellos en contra de los reos incrementaron.

*Con información de TalCual

Militares del caso Armagedón: cinco años sin juicio y con vulneraciones a sus DDHH
Abraham Suárez Ramos y otros oficiales que están recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares por la denominada operación «Armagedón» cumplieron esta semana cinco años separados de su familia y a la espera de ser juzgados
«Todos esperan por justicia y su juicio», resaltó Alonso Medina Roa, abogado de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia

 

 

Alonso Medina Roa, abogado de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, denunció retardo procesal y violación del derecho a la salud en el caso de los militares del caso «Armagedón», que tienen cinco años esperando juicio. 

Dijo que el mayor Abraham Suárez  Ramos y otros oficiales que están recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares cumplieron esta semana cinco años separados de su familia y a la espera de ser juzgados.

«Un retardo procesal marcado, no hay respuesta por parte de los órganos judiciales», denunció el experto en derecho penal.

Advirtió Medina Roa que lo más grave es que el mayor Abraham Suárez presenta un cuadro de salud delicado y que no ha contado con atención médica oportuna.

Señaló que, desafortunadamente, los presos políticos tanto civiles como militares sufren un deterioro evidente de su salud, además han sido torturados y presentan daños psicológicos. Exigió al Estado venezolano que garantice el derecho a la defensa a los privados de libertad por motivos políticos, quienes anhelan demostrar su inocencia en un juicio transparente.

Cabe recordar que en abril de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su «preocupación por la salud y vida» del mayor Suárez, después de un intento de quitarse la vida tras el cual fue devuelto a su celda. 

Víctimas de desaparición forzada, tortura y tratos crueles

La  operación «Armagedón» fue un supuesto plan denunciado por el gobierno por el que detuvo a un grupo de militares, a quienes acusó de intentar «desestabilizar» los poderes públicos para sabotear los comicios presidenciales del 20 de mayo de 2018, en los que Maduro fue relegitimado de espaldas a la comunidad internacional. 

Según el medio oficialista Misión Verdad, la “Operación Armagedón” se gestó en 2017 y tenía como objetivo tomar la Base Aérea de la Carlota en Caracas, evitar la reelección de Maduro en las presidenciales de 2018, y finalmente, el magnicidio del gobernante. 

A los militares los detuvieron por un presunto documento al que tuvo acceso la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y que usaron durante la audiencia de presentación ante el Tribunal Militar 1° de Control. En agosto de 2021 se ordenó el pase a juicio de los oficiales.

En el grupo de detenidos se encuentra el capitán  Luis de la Sotta, a quien arrestaron el 18 de mayo de 2018 en la estación naval Bahía de Turiamo, Aragua, por presuntamente instigar y liderar esta operación. 

En recientes declaraciones a Runrun.es su hermana, Molly de la Sotta, aseguró que el caso de su hermano es una venganza por haber denunciado a su jefe. 

“Mi hermano denunció a su jefe, Edwar Ojeda Sojo, porque utilizaba al personal militar para construir su casa en la playa, también reclamó que le robaba la comida a la tropa y lo acusó de ladrón”, dijo. 

El capitán, aseguró su hermana Molly, ha sido víctimas de torturas: ha sido golpeado con palos de madera, asfixiado con una bolsa plástica y le aplicaron descargas eléctricas en los pies y polvo lacrimógeno en los ojos para que confesara más detalles del supuesto plan. 

Luis de la Sotta llegó a su audiencia de presentación con la misma ropa que lo detuvieron: sucio, ensangrentado, con olor a orine y con evidentes signos de tortura. Aún así, se declaró inocente y además denunció que había sido torturado, acusación que el juez desestimó.

DDHH Olvidados | Luis de la Sotta cumple cinco años detenido, sin juicio y sometido a torturas

“Latinoamérica sin presos políticos”: La campaña que promueven en Venezuela, Cuba y Nicaragua
En el día del Amor y la Amistas, se difundió un video en el dos parejas de presos políticos conversaron sobre sus vidas siendo pareja de personas detenidas por razones políticas

Organizaciones no gubernamentales de Venezuela, Cuba y Nicaragua se unieron para promover una campaña a favor de la liberación de presos políticos.

Sé Humano de Nicaragua, Justicia, Encuentro y Perdón de Venezuela y Cuba Decide, de Cuba,  se unieron a los familiares de presos políticos en una campaña para lograr un  tratamiento humanitario y liberación de las personas injustamente detenidas. 

De acuerdo con la página web Latinoamérica sin presos políticos, los principales protagonistas de este trabajo son los familiares de las personas presas políticas. «Sus voces, historias y demandas son nuestro impulso para llamar a la acción», señala.

Estas organizaciones trabajan para visibilizar a nivel regional las violaciones de derechos humanos que sufren las personas presas políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela y sus familiares.

La iniciativa alerta que en la América Latina del siglo XXI «urge que en ningún país de la región se utilice el encarcelamiento como una forma de control y castigo a la libertad de expresión, organización y manifestación».

En ese sentido, consideran que actores de la sociedad civil y de los gobiernos latinoamericanos deben pronunciarse públicamente y tomar acciones para erradicar la tortura y la prisión por razones políticas, sin importar distingos ideológicos o partidarios.

Ser pareja de un preso político en Venezuela

Ismael Boris Reñi es esposo de la presa política Aimara Nieto Muñoz. Claudia Morillo es esposa del preso político Jhon Hader Betancourt. 

En el día del Amor y la Amistad, Boris y Morillo difundieron un video en el que ambos conversaron sobre cómo es vivir mientras sus parejas están presas por razones políticas.

Reñi tiene dos hijas, una de 10 años y otra de 15 años. «Imagínate el sufrimiento al no tener la madre al lado, sin poder tocarla, sin poder abrazarla», comentó.

En un video de este encuentro, que se hizo de forma virtual, ambos mostraron imágenes de sus parejas.

Morillo le preguntó a Reñi qué hace cuando se siente solo, puesto que su esposa es presa política. «Siempre busco la compañía de mis hijas y empiezo a conversar con ellas», contestó el hombre.

En el caso de Claudia, dice que cuando le preguntan lo mismo ella, responde: «Yo cada día me siento más enamorada de mi esposo. Es un amor muy bonito y me apoyo en esos momentos vividos», dijo Morillo.

 

Ismael Boris Reñi contó que sus hijas le han preguntado por qué su mamá está presa y él les responde que ella no hizo nada malo, que es presa política por su forma de pensar.

Por su parte, Claudia Morillo señaló que su hijo, que era un bebé cuando su esposo fue detenido, también le pregunta cuándo vendrá su papá y que quiere jugar con él.

«Cuando se sienta triste, piense que aquí también está Claudia Morillo sufriendo como usted. En el nombre del amor, por la pareja, por la familia, por la vida, nos puedan permitir ya salir de esta pesadilla», expresó Morillo a quien vive una situación como la suya,

CIDH: Cuba, Venezuela y Nicaragua suman casi 1.500 presos políticos
Cuba es el país del continente con más presos políticos, con 1.034. Le siguen Venezuela, con 247 y Nicaragua, con 192 privados de libertad por razones políticas
La CIDH tildó de autoritarios a los gobiernos de estos tres países

 

Cuba, Venezuela y Nicaragua cierran 2022 con casi 1.500 personas encarceladas por motivos políticos entre los tres países, denunció este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH calificó en un comunicado de «autoritarios» a los Gobiernos de estos tres países y los acusó de instrumentalizar el poder judicial para la perseguir y encarcelar a personas por motivaciones políticas.

«La independencia y la autonomía del poder judicial es un elemento esencial para la existencia de un Estado de derecho», reivindicó la comisión, un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.

En total en los tres países, la comisión reportó 1.467 detenidos por motivos políticos, contando civiles y militares. Cuba es el país con más prisioneros de este tipo, con 1.034 personas detenidas a noviembre de 2022.

La sigue Venezuela, con 247 presos políticos a octubre de este año y Nicaragua, con un total de 195 detenidos.

Las personas privadas de la libertad bajo estos Gobiernos, además, son tratadas de manera distinta al resto de la población carcelaria, subrayó la CIDH, «lo que ha provocado un grave deterioro de salud» en varias de ellas.

Existe poca información oficial sobre la situación de los detenidos, ya que están aislados y les resulta difícil mantener un contacto regular con sus familias y en algunos casos son sometidos a torturas y tratos crueles, denunció la CIDH.

Las mujeres detenidas se enfrentan además a violencia por su género, al igual que «malos tratos como método de castigo, represión y humillación», subrayó la comisión.

15.777 detenciones políticas desde 2014.

El pasado 22 de diciembre, el Foro Penal dijo que de los 274 presos políticos en Venezuela, 261 son hombres y 13 son mujeres. Además, 123 son civiles y 151 militares

Adicionalmente, la organización señaló que 120 presos políticos han sido condenados y 154 aún esperan por la sentencia de un tribunal.

Foro Penal añadió que desde 2014 se han registrado 15.777 detenciones políticas. Además de los llamados presos políticos, más de 9.000 personas siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad.

Foro Penal indicó que en Venezuela hay 274 presos políticos

Con información de EFE

Exigen fe de vida del capitán Luis de la Sotta, detenido desde 2017

La oposición venezolana, encabezada por Juan Guaidó, exigió al Gobierno de Nicolás Maduro una «fe de vida» del militar venezolano Luis de la Sotta, considerado preso político, pues aseguran que se encuentra «confinado» en una celda y sometido a «trato cruel e inhumano».

«El capitán de navío Luis de la Sotta lleva siete días confinado en una celda 2×2 (dos metros de ancho/dos metros de largo) en la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), le prohibieron su legítimo derecho a ver a su abogado y continúan sometiéndolo a trato cruel e inhumano, exigimos fe de vida del capitán», denunció Luis Somaza en su cuenta en Twitter.

Por su parte, el también opositor Eduardo Battistini aseguró que se trata de una denuncia hecha por familiares del militar y sus abogados y calificó la situación como «una clara violación continuada a los derechos humanos» del privado de la libertad.

«Hoy en Venezuela existen más de 300 presos políticos, civiles y militares que permanecen en las mazmorras del régimen por defender la libertad y la democracia. Reiteramos al mundo democrático que en nuestro país la situación no es un tema de ideologías sino una cuestión de DD.HH», dijo.

De la Sotta, quien también tiene nacionalidad peruana, fue detenido y acusado dentro de un supuesto caso de conspiración en 2017, acusándole de delitos de rebelión y traición a la patria.

En julio de 2019, el Parlamento, entonces de mayoría opositora, denunció la «desaparición forzosa» de cuatro personas consideradas «presos políticos», uno de los cuales era el militar. 

Familiares del capitán de navío han denunciado en diferentes oportunidades su grave estado de salud y el sometimiento constante a torturas. Han señalado que un médico forense lo evaluó en octubre de 2021 y, sin practicarle los exámenes de laboratorio, determinó que se encontraba bien.

Debido a las condiciones insalubres de su detención, el capitán se contagió de COVID-19, sin que le fuera suministrada atención médica.

En un recuento que hace la organización Defiende Venezuela, indican que desde su reclusión en el Dgcim de Boleíta fue aislado, con restricción de alimentos, sin aseo personal y presentado a los tribunales cuatro días después de su detención sin que la familia tuviera conocimiento de dónde estaba.

Con información de EFE