Carla estuvo desaparecida 15 días. Después de su aprehensión, le negaron a sus familiares la oportunidad de visitarla por más de cuatro meses
La teniente cumanense tuvo su primer juicio en abril del 2022 «con un abogado público que nunca la defendió»
Carla fue trasladada a la cárcel militar de Ramo Verde y mantiene las represalias del pranato de la cárcel militar «La Pica», en Monagas
Era el 17 de junio del 2019 cuando Carla Yancelys Antón Farías fue detenida por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). En silencio, se la llevaron desde el Fuerte Paramaconi hasta la cárcel «La Pica», ambos en la ciudad de Maturín del estado Monagas.
«La privaron de su libertad sin orden de aprehensión. Hasta ahora, cuatro años después, aún no aparece esa orden», recuerda Yanmarys Antón, hermana de Carla. «Ella es una teniente. Entregaba su guardia en el Fuerte cuando un militar de rango superior la llamó. Eran las 07:00 de la mañana cuando la detuvieron sin derecho a defenderse».
Yanmarys supo que su hermana estaba detenida 15 horas después gracias a un amigo de Carla, quien la contactó extraoficialmente. Pero nadie supo de los cargos que tuvo la teniente ni de su paradero hasta 15 días después de la detención.
A Carla Antón Farías, nacida en Cumaná, estado Sucre, la imputaron por estar involucrada en un supuesto complot que pretendía privar de libertad a la exgobernadora del estado Monagas, Yelitze Santaella, y tomar el Fuerte Paramaconi.
«Sé que ella es inocente. Nunca se presentó alguna prueba que la culpara de ese supuesto complot», alega Yanmarys.
Sin visitas, expuesta al pranato
Carla Antón empezó su carrera militar a los 18 años en Cumaná. Es la mayor de 4 hermanos de una familia residente en Sucre. La teniente de 34 años, mientras estaba recluida en «La Pica», le negaron su derecho a la alimentación y a la salud y fue expuesta a maltratos físicos.
«Ella fue golpeada varias veces en esa cárcel por sus compañeras de celda, por orden del director de ese penal, por negarse a formar parte del pranato», afirma Yanmarys.
Siendo sometida a tratos crueles e inhumanos, negándole la alimentación y agua, no se le permitió visita de abogados ni contacto con sus familiares. El 26/06/2017 fue trasladada a Ramo Verde con 8 compañeros.#LiberenALasPresasPolíticas
— Observatorio Nacional de DDHH (@ONacionalDDHH) November 25, 2020
Ni familiares, ni amigos ni abogados tuvieron la oportunidad de visitar a Carla mientras estaba en «La Pica». Los militares le negaban su derecho sin decir por qué.
«Como pudo, ella logró dar con los números telefónicos de su familia y pudo contactarse conmigo para decirme cómo estaba», dijo su hermana. La comunicación que tienen es mediante videos, cartas o recados que envía a través de algunas amistades
Sin defensa legal efectiva
Después de 2 años y 10 meses privada de libertad en Monagas, Carla tuvo su primer juicio en Maturín el 6 de abril del 2022. A la audiencia tampoco pudieron asistir ni familiares ni amigos. Le negaron su permanencia en el estrado. El juicio se hizo en la noche y finalizó después de las 10:00 p.m. No duró más de 3 horas.
«No podemos cubrir un abogado privado. Los juristas en su caso, tanto el defensor como el acusador, eran públicos y nunca presentaron pruebas que la culparan (o la absolvieran) del supuesto complot que ella presuntamente está involucrada. El abogado defensor se llama Rouser Ávila», recalca Yanmarys.
Feliz y bendecido inicio de semana,una semana más de lucha alzando mi voz exigiendo LIBERTAD y JUSTICIA para @Carla encerrada INJUSTAMENTE.
Por una Venezuela LIBRE y sin PRESOS POLÍTICOS#LibertadParaLosPresosPolìticos #Libertad#Justicia pic.twitter.com/9WGeVg2wRF— Yanmarys Anton (@YanmarysAnton) June 12, 2023
Carla fue sentenciada a 7 años y 9 meses de prisión. La trasladaron al Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en Caracas, 21 días después de ese juicio.
Cuando sus familiares se enteraron del veredicto, la madre de Carla cayó en un cuadro depresivo.
Vencer el miedo
433 kilómetros separan la cárcel de Ramo Verde de la casa de los Antón Farías. Al no tener familiares en Caracas, Yanmarys busca quedarse temporalmente en las casas de sus amistades para visitar a su hermana.
«Solo la he visitado en dos oportunidades: una el año pasado y otra en marzo de este año. Sin transporte público ni gasolina es difícil viajar hasta allá», dice. «Mi madre podía visitarla mientras Carla estaba en Monagas. Pero después de la pandemia no ha podido verla más».
Mientras la teniente está en Caracas, sus familiares han denunciado que ella sufre de sinusitis, «pero no ha sido atendida por ningún tipo de médico en estos años».
Desde las redes sociales y desde la ONG Familia SOS Libertad, Yanmarys denuncia diariamente un debido proceso para su hermana. De acuerdo a la ONG Foro Penal, Carla Antón Farías es una de los 283 presos políticos que mantiene el gabinete de Nicolás Maduro hasta el 12 de junio de 2023.
Junto a Carla, otros cuatro militares fueron detenidos por el presunto caso de la exgobernadora de Monagas. Varias organizaciones civiles venezolanas, como el Observatorio Nacional de Derechos Humanos, recalcan que este hecho enmarca una «sistematización de persecución, mentiras y retaliación, contenida en un informe no controlado por el tribunal de la causa», sino por funcionarios de la Dgcim.
«Seguiré venciendo el miedo para visibilizar los casos de presos políticos, de gente que ha sido secuestrada por este gobierno», reflexiona Yanmarys.
