Tienen menos de 35 años y son candidatos a diputados en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Runrunes presenta una serie de los jóvenes que apuestan por hacer cambios en el país desde el poder legislativo.
Los candidatos #PalaANconmenosde35 respondieron un cuestionario que resume lo que será su propuesta y sus intenciones como parlamentarios.
“ESTO NOS TOCÓ, NOS TOCÓ por pensar distinto a ellos, a los que están gobernando”, dice convencida y rota de dolor Alicia Vargas, de 73 años, y madre de Jimmy Torres Vargas, quien desde hace 17 meses está preso en la cárcel de Ramo Verde.
El 10 de junio de 2014 Jimmy salió temprano a hacer diligencias, y luego se reunió con un dirigente de Funpaz, una organización de Derechos Humanos con la que solía colaborar. Fue al centro comercial Ipsfa en la Avenida Venezuela de Barquisimeto (estado Lara). Cuando se estacionó, vio una manifestación de estudiantes, y quiso acercarse a tomar fotografías. Sacó la cámara, que había sido el regalo de su familia en la última navidad. Un joven vestido de civil trató de quitársela y pero Jimmy se resistió. Otras personas se abalanzaron sobre él, lo tiraron sobre un carro, y se lo llevaron a la brigada. Entonces se dio cuenta que lo estaban arrestando.
Ese día empezó la tragedia de la familia de Jimmy Torres, quien fue condenado a más de 5 años de cárcel, por el tribunal militar segundo de ejecución, luego de un juicio sin pruebas en su contra.
Jimmy Torres tiene 53 años, es militar retirado desde el año 98. Fue maestro técnico de tercera en las FAN, donde pasó 20 años de su vida. Tiene una deficiencia motriz por un accidente que tuvo hace algunos años, lo que no le permite caminar bien. Su familia cuenta que está deprimido, que se ha sentido enfermo y tiene dolores en las piernas. “Le molesta la rodilla, tiene unos ligamentos rotos, y son muchos pisos para subir y bajar a su celda”, explica Linda de Torres, esposa de Jimmy. Comparte cuarto con uno de los Policías Metropolitanos condenados por el caso del 11 de abril de 2002, Luis Molina Cerrada.
Celeridad Procesal
El juicio de Torres lo llevó un tribunal militar, aunque él llevaba retirado más de 15 años. Su defensa alegó que debería ser tratado como un civil pero no fue posible.
En este caso no hubo retardo procesal como en la mayoría de los juicios de detenidos tras las protestas de 2014. Su juicio avanzó rápidamente, y el tribunal militar no tardó en sentenciarlo por los delitos de: violación de zona de seguridad (por tener una cámara cerca de la brigada, ultraje al centinela (por presuntamente haber golpeado a unos jóvenes en la protesta), injuria, ofensa y menosprecio a las Fuerza Armada (por unos volantes con panfletos insultantes a las FANB, que supuestamente encontraron en su carro, pero que su familia dice le sembraron). Le asignaron como sitio de reclusión, la cárcel de Ramo Verde en Los Teques (estado Miranda).
Linda de Torres, esposa del acusado, cuenta que cuando lo detuvieron y le encontraron en la cartera el carnet de militar retirado, empezaron a maltratarlo e insultarlo. “Le decían viejo, traidor, que para quién tomaba fotos, que para quién trabajaba. Estaba junto a otros dos muchachos a quienes golpearon”.
Lo esposaron y lo dejaron detenido. También se llevaron su carro, lo registraron sin presencia de fiscal, ni de abogados. Ahí le robaron todo lo que llevaba en el vehículo: un gato, herramientas de trabajo, el celular.
Su familia no sabía nada de él desde las 3:00 de la tarde. Pasaban las horas y comenzaron a preocuparse. “Yo le escribí un mensaje: No me importa dónde estás ni qué estás haciendo, pero por favor dime que estás bien”, recuerda su esposa. Poco después de las 12:00 de la noche, recibió una llamada de Jimmy. “Me dijo: Linda, estoy detenido, por favor llama al abogado de Funpaz”.
El abogado Manuel Virguez se fue esa noche a la brigada donde estaba detenido Torres pero no le permitieron verlo ni hablar con él. Al día siguiente (11/06/14) a las 5:30 de la mañana su familia fue al sitio pero tampoco les permitieron verlo. Ese día fue trasladado a la fiscalía militar en la Base Aérea de Barquisimeto.
El 12 de junio de 2014, se realizó la audiencia de presentación en el Tribunal Séptimo de Control Militar del estado Lara.
Torres pasó dos días sin tener contacto con familiares ni abogados. Pudieron verlo después de la audiencia de presentación, gracias a que los militares que lo estaban trasladando “pararon la camioneta debajo de una matica para poder verlo cinco minutos”, según relata la familia.
Torres está en el mismo lugar de reclusión del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, a quien solía ver en la misa de los domingos de Ramo Verde, pero ahora no tiene contacto con él. La familia de Jimmy dice que López está completamente aislado.
“Mi suegra hace unos días lo vio, lo saludó con la mano, y le llamaron la atención. La regañaron, le preguntaron que por qué había hecho eso, que eso estaba prohibido. O sea, a Leopoldo no se puede ni saludarlo”, contó la esposa de Torres.
Amenazas en el tribunal
En la última audiencia de Torres, el 17 de septiembre de 2014, el mismo juez, Mayor José Coromoto Barreto, le dijo entre pasillos a los abogados que él no tenía posibilidades de “eliminar ningún cargo, dijeran lo que dijeran, que él lo iba a sentenciar”.
También le informaron que si iba a juicio, le iban a tocar de 11 a 18 años de prisión, sin derecho a medidas. Pero si se declaraba culpable, iban a darle 5 años, y que en un año podían otorgarle alguna medida cautelar. “Le dijeron que si reconocía los hechos, aceleraban el juicio y la pena sería menor. De lo contrario, le aseguraron que sólo el juicio, tardaría 3 años. Se lo dijo así abiertamente”, explica Marcos Torres, hijo mayor de Jimmy.
Jimmy decidió reconocer los delitos. “Aunque todavía me cuesta aceptar que lo hizo, lo entiendo. Mi papá aceptó unos hechos que no cometió por miedo a que le pasara algo a su familia.Lo hizo por nosotros”.
Dinámica familiar con papá preso
“La vida nos ha cambiado mucho. Él era el que mantenía a la familia, aunque yo soy ingeniero, pero ahora no ejerzo”, cuenta la esposa.
Linda de Torres trabajaba para el Estado hasta que fue despedida por no apoyar al partido del chavismo. Llegó a ser jefa de una división en Conatel pero la despidieron en una supuesta reestructuración en el año 2000. Posteriormente, trabajó dando clases durante siete años en la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas (Unefa), “hasta que hicieron una limpieza de los profesores que no eran adeptos al proceso”.
Las visitas a Jimmy en Ramo Verde se hacen cuesta arriba para su familia, y no son tan seguidas como ellos quisieran. Deben trasladarse desde Barquisimeto hasta Caracas y no pueden hacerlo todas las semanas. Viajan dos veces al mes y tratan de turnarse entre su esposa, la madre y los dos hijos de Torres.
Además, el nuevo régimen de visitas dificulta que el detenido reciba tantas como quisiera. En mayo de 2015, redujeron las visitas de 4 a 3 por semana. Antes podían visitarlo amigos, primos, sobrinos o gente que estuviera en Caracas. Ahora sólo permiten familiares directos, o sea que si los Torres no viajan hasta Caracas, nadie puede visitarlo. “Es muy difícil para la familia y para él, porque los únicos que tenemos derecho a visitarlo, vivimos en Barquisimeto”.
La madre de Jimmy ha estado enferma, tiene 73 años pero trata de visitar a su hijo todas las veces que su condición física se lo permite. “Le llevo lo que puedo, las cositas que a él le gustan, lo que consigo, porque hoy no se consigue nada”, expresa Alicia de Torres.
Otro juicio sin pruebas
Lo acusaron por tomar unas fotos que nunca llegó a tomar. En el juicio, nadie presentó la supuesta foto que él había tomado. “No hubo pruebas ni testigos, no había fotos. Los que dijeron lo que él supuestamente hizo, fueron los mismos que lo detuvieron, no hubo más nadie”, revela su esposa.
Una de las pruebas que consignaron en el juicio, fue la transcripción de unas conversaciones del celular de Torres sobre la organización de unas actividades cívicas. “Él organizó una actividad donde cada quien llevaba una pelota gigante. Cada pelota tenía distintas palabras como: democracia, libertad, seguridad. La actividad consistía en que todos lanzaran las pelotas a la calle y el mensaje se hiciera masivo”, explicó Marcos Torres, hijo de Jimmy.
Dice que los acusadores utilizaron esos mensajes de forma incoherente porque la organización de esa actividad de paz, no tenía nada que ver con que lo detuvieran tomando una foto.
La familia de Jimmy Torres coincide en que el juicio ha sido injusto.
“No hay palabras para justificar este hecho, es algo sin motivos, sin razón de ser, y uno no tiene a donde acudir, porque aquí no hay derechos humanos”, dice la madre de Torres.
“A veces me pongo a pensar, y ¿quién me iba a decir a mi que Jimmy iba a estar preso? Un hombre que yo en 30 años ni siquiera lo he visto darle un golpe a alguien. La única vez en mi vida que supe que él golpeó a alguien fue cuando un malandro con un cuchillo lo asaltó, y ni siquiera lo vi. Jamás pelea con nadie, él no pelea, no le gusta”.
Al preguntarse por qué le sucedió esto a Jimmy, Linda sólo puede pensar en una cosa: “Yo creo que a él lo tomaron como un escarmiento para los militares retirados. Como diciendo, así tú hayas sido militar, también te puede pasar si no estás de acuerdo con nosotros”.
Según la sentencia, Torres podía pedir una medida sustitutiva de libertad al año de su reclusión, sin embargo lleva 17 meses preso, y no le conceden ese beneficio. El abogado ha introducido dos veces la solicitud de una medida sustitutiva de libertad, pero se la han negado. La condena es de cinco años, tres meses y diez días.
Distintos medios internacionales publicaron una información en la que señalan que dos familiares del presidente Nicolás Maduro habían sido detenidos en el aeropuerto de Puerto Príncipe (Haití), «cuando realizaban un importante transporte de droga dirigido a EE.UU», según publica el Diario ABC de Madrid.
Todas las publicaciones apuntan a Efraín Antonio Campo Flores, quien presuntamente creció en el hogar de Maduro Flores, y a Francisco Flores de Freitas. Ambos habrían sido puestos a disposición de la justicia estadounidense acusados de narcotráfico.
El periodista José de Córdoba publica en el Wall Street Journal que agentes estadounidenses acusan a los dos jóvenes de conspirar para transportar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos, de acuerdo con dos informantes. «Es una situación potencialmente explosiva que se produce en medio de acusaciones de EE UU de que la cúpula del gobierno venezolano está involucrada en el tráfico de narcóticos», dice textualmente el periódico neoyorquino.
Los 5 ataques a sedes policiales ocurridos en menos de 48 horas causaron conmoción en la opinión pública. La utilización de granadas por parte de la delincuencia se ha hecho algo común en los últimos tiempos en Venezuela (un reciente informe de la ONU indicó que en nuestro país se produce el mayor número de civiles fallecidos por la explosión de estas armas de guerra). El desarrollo del crimen organizado está poniendo en jaque a toda la sociedad.
¿De dónde salen las granadas que utilizan con tanta frecuencia los delincuentes? Esa es la pregunta que hoy todos se hacen. El artículo 324 de la Constitución establece que solo el Estado, a través de la FANB, puede poseer y usar armas de guerra. Los particulares no pueden comprar granadas ni fusiles en ningún establecimiento comercial, por lo tanto es lógico presumir que estas poderosas armas llegan a los criminales como consecuencia de la corrupción de funcionarios castrenses que las sustraen de los cuarteles. La otra posibilidad es que las bandas delictivas obtengan las granadas y fusiles de grupos irregulares por la vía del contrabando fronterizo, pero en todo caso esto también sería responsabilidad del Estado, ya que la FANB es la institución encargada de resguardar nuestras fronteras.
En Venezuela la impunidad es la regla de todos los fenómenos delictivos. El artículo 121 de la denominada Ley Desarme prevé una sanción de 8 a 10 años de prisión para aquellos que sustraigan armas de los parques de la FANB. ¿Cuántos están hoy detenidos o imputados por hurtar y luego vender granadas y fusiles a los delincuentes en Venezuela? La falta de castigo sirve de incentivo para que este tipo de hechos se repitan.
Sí tuviéramos una Asamblea Nacional con mayoría de la Unidad Democrática, seguramente el Ministro de la Defensa y el presidente de CAVIM, entre otros, serian interpelados para que expliquen cómo los delincuentes obtienen con tanta facilidad armas que deben ser de uso exclusivo de la FANB. Hoy estos funcionarios no tienen que rendirle cuentas a nadie.
Desde hace tiempo se venía advirtiendo sobre el fortalecimiento de las denominadas megabandas en Venezuela. Nada ha hecho el gobierno nacional para detener este proceso. Estos grupos de delincuencia organizada cada día adquieren más poder en nuestro país (regularmente están mejor equipados que las propias policías). Para crecer cuentan con la inmensa cantidad de dinero que obtienen a través de los secuestros, robos, extorsiones y otros graves delitos. Si no se actúa a tiempo, Venezuela puede entrar en una anarquía parecida a la que vivió Colombia a finales de los años 80 y principios de los 90.
La manía armamentista que ha sufrido el país en los últimos años también ha causado mucho daño. Hoy estamos pagando las consecuencias de la tesis del «pueblo en armas», del concepto del ciudadano-miliciano y de la creación de colectivos armados, entre otras perlas. Muchas de las armas entregadas para afianzar el control político del país, terminaron en manos de la delincuencia organizada.
En Venezuela no se consiguen los alimentos básicos ni las medicinas, pero las granadas y fusiles circulan a montón. Tiene razón la propaganda oficial cuando afirma que hoy en nuestro país «lo extraordinario se vuelve cotidiano».
