EL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) denunció en una nota de prensa la arbitraria destitución de Carlos Varón y Ricardo Prieto del Cuerpo de Bomberos del estado Mérida, el pasado 27 de junio. La decisión fue tomada por Ángel Alfredo Muñoz, primer comandante de dicha institución, y publicada en la prensa local entre el 16 y 22 de julio del presente año.
El ODH-ULA insiste en que con este hecho se les está violando el Derecho Humano al trabajo a estos funcionarios, quienes son el sostén económico de sus familias, y no podrán volver a ocupar cargos en la Administración Pública del país. También, la organización dio a conocer que Varón y Prieto fueron destituidos principalmente por parodiar a la cabeza del régimen, Nicolás Maduro.
La directora del ODH-ULA, Mayda Hocevar, denunció claramente una información al respecto durante el año 2018, revelando que a pesar de que varios de sus compañeros de trabajo quisieron apoyarlos económicamente en aquel entonces, éstos fueron amenazados para evitar que colaboraran.
“Nos comunicaron que los compañeros de los bomberos detenidos hicieron un grupo para dar asistencia con comida y enseres personales. Pero les llamaron la atención y los amenazaron. De parte de la institución no hay ninguna manifestación de apoyo. Carlos y Ricardo son personas humildes y honorables. Ambos tienen una hoja de vida profesional intachable de 10 y 12 años de servicio”.
Carlos Julio Varón García es padre de dos jóvenes de 19 y 23 años de edad. Por otro lado, Ricardo Antonio Prieto Parra es sustento de un hogar constituido por su esposa y su hija adolescente de 17 años. Ellos estuvieron privados de libertad desde la noche del 12 de septiembre hasta el 31 de octubre del año 2018, cuando fueron trasladados al retén de la Policía de Mérida (Polimérida), ubicado en Bailadores, municipio Rivas Dávila de la entidad andina. Antes de eso se encontraban recluidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Ejido, municipio Campo Elías, localidad en la que también habitaban.
Entre ambas ubicaciones había al menos tres horas de viaje, las cuales debían enfrentar al menos dos veces por semana. Según la defensora de Derechos Humanos de la ULA, en el estado se vive una escasez de gasolina, lo que repercute en la disponibilidad de transporte público. Por ello, el resto de los compañeros de los funcionarios intentaron organizarse para brindar apoyo a la familia; pero al ser descubiertos, fueron intimidados.
Su arbitraria detención, enjuiciamiento y ahora destitución de sus cargos fue la presunta divulgación por medio de las redes sociales de un video donde aparece un burro recorriendo las instalaciones de la estación de bomberos de Apartaderos, municipio Rangel del estado Mérida, donde ambos laboraban. En el video no aparecen los funcionarios destituidos y enjuiciados, ni tampoco ha sido comprobada su implicación en la realización y divulgación del mismo.
Por su parte, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado este caso como una violación al Derecho a la protesta y a la libertad de expresión, contenido expresamente en el Artículo 350 de la Constitución.
