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Policías y ladrones, por Carlos Nieto Palma

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En mi niñez, totalmente ausente de la tecnología de hoy en día, entre los juegos más populares que acostumbrábamos a jugar con los vecinos de la cuadra o del edificio, además del escondite y la ere paralizada, estaba uno que se llamaba policías y ladrones, un grupo era policía y los otros eran ladrones, la tarea de los policías era agarrar a los ladrones.

Crecí bajo el concepto de que los policías estaban para cuidarnos de los ladrones; muchos de los niños de esa época soñaban con ser policías cuando fueran grandes. Recuerdo que admiraba a uno metropolitano muy famoso en esa época, Apacasio Mata, que siempre estaba en la esquina de sociedad en Caracas, muy cerca de donde mi papa tenía la oficina y siempre que iba para allá quería saludarlo.

Con los años, el respeto hacia los funcionarios policiales se fue perdiendo, muchos comenzaron a matraquear a la gente y en los años 70 y 80 eran los grandes represores de los estudiantes que protestaban en las calles. Aunque hay que reconocer que existían y aún existen muchos funcionarios honestos que honran el ejercicio de la función del policía.

Hoy siguen reprimiendo, nada ha cambiado de la llamada cuarta república, solo que ya no persiguen a los ladrones, sino que ellos se pagan y se dan el vuelto, son los policías y también son los ladrones, aquellos policías que hace muchos años admirábamos, hoy se han convertido en delincuentes comunes que no solo reprimen a la población que protesta en la calle pidiendo la salida de la dictadura que tenemos, sino que además las roba, atraca o asesina.

En las últimas protestas desarrolladas en Venezuela, gracias a la tecnología y las redes sociales, hemos visto como los cuerpos policiales encargados de garantizar la seguridad de los asistentes, se han convertido en delincuentes comunes, se dedican a robar descaradamente a muchos de los asistentes, ya no es el arrebato de teléfonos celulares o cámaras para borrar evidencias de sus violaciones a los derechos humanos sino que roban además de teléfonos, carteras, relojes, lentes, zapatos y cualquier objeto de valor que pueda tener cualquiera de sus víctimas.

Es realmente vergonzoso ver la actuación de estos cuerpos de seguridad del Estado, ahora no solo son violadores de derechos humanos, sino que actúan como delincuentes comunes que son, al menos en teoría, a los que ellos deberían perseguir.

¿Podemos hablar de que se les garantiza la seguridad ciudadana a los venezolanos cuando los encargados de esto son los delincuentes? Definitivamente no, si el miedo a ser atracado en cualquier sitio se ha apoderado de nosotros desde hace muchos años y nos hemos dado nuestro propio toque de queda para evitar la delincuencia, pues ahora estamos peor cuando vemos que los atracadores y asesinos son los mismos que deberían cuidarnos.

No estoy exagerando nada de lo que aquí digo, hay suficientes pruebas testimoniales y documentales de lo que aquí asevero, es triste ver a lo que han llegado los encargados de proteger a la ciudadanía, lo que vemos en videos y fotografías de la actuación de estos delincuentes con uniforme es realmente preocupante, aberrante.

El mismísimo ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, durante el ciclo de conferencias sobre el proceso de la Constituyente y los hechos de violencia en el país reconoció esta actuación irregular e hizo un llamado a la Guardia Nacional Bolivariana a comportarse como profesionales y a respetar los derechos humanos. Dijo: “No quiero ver un guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle… El que se aparte de la línea de Estado, de la preeminencia del respeto de los derechos humanos y que se comporte no como un profesional, entonces tiene que asumir su responsabilidad”.

Según el criminólogo Luis Izquiel en declaraciones dadas al portal web Efecto Cocuyo: “Pareciera que hubo algo que impulsó a los funcionarios a intensificar la ola de robos, los cuales ya habían sido denunciados por distintas vías. Este lunes, la cantidad de videos y evidencias fotográficas dan cuenta de que arreciaron en la agresión contra los ciudadanos y la propiedad privada”. De acuerdo con el especialista, los efectivos incurren el delito de robo tipificado en el artículo 455 del Código Penal Venezolano, el cual contempla una pena de 6 a 12 años. Además, por la autoridad que les asigna el Estado a los funcionarios, estos hechos tienen una agravante que se encuentra establecida en el artículo 77: usar la autoridad o superioridad para delinquir”.

Si a los niños de hoy en día, les tocara jugar policías y ladrones, resultaría muy difícil hacer una separación en dos bandos porque todos están del mismo lado, no hay ladrones que perseguir porque los mismos policías son los ladrones.

 

@cnietopalma

El Nacional 

 

Néstor Reverol responsabiliza a Julio Borges de hechos violentos ocurridos en La Urbina

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El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, responsabilizó al presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges por los hechos de violencia registrados en La Urbina y que dejaron varios heridos por armas de fuego.

Detalló que en total contabilizaron cuatro funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana heridos en: cuello, fémur, miembro superior y pierna, un comisionado de la Policía municipal de Sucre en la pierna, un adolescente de 14 años y tres jóvenes de entre 27 y 32 años.

Asimismo dijo que en la Autopista Prados del Este, sentido La Trinidad, consiguió la muerte el nadador Angel Moreira tras ser arrollado por un vehículo que “evadía una barricada en el Distribuidor Santa Fe.

“En virtud del trancazo el deportista murió (…) Hacemos responsable a Borges por estos actos que han enlutado a las familias venezolanas”, reiteró.

Por último, dijo que el Código Penal establece cárcel de hasta 8 años para quienes obstaculicen el libre tránsito, derecho que está contemplado en la Constitución, concluyó.

El 11 de abril de los Policías Metropolitanos: 15 años de injusticia continuada

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La justicia nunca ha estado de lado de ellos. Les ha dado la espalda aunque hicieron carrera apegada a ese valor con uniforme y placa de policía. Su culpabilidad en los hechos del 11 de abril de hace 15 años no ha sido demostrada. Aún así, siguen pagando condenas sin que se apliquen las medidas sustitutivas de libertad. Para ellos es un derecho negado. Son nueve hombres, los primeros presos políticos del Gobierno que enfrentaron el juicio más largo del país y ahora luchan contra un Poder Judicial subordinado al Ejecutivo.

Todos los recursos legales han sido empleados por sus defensores. Theresly Malavé es una de las abogadas que lleva sus casos. Ella ya perdió la facultad de sorprenderse.Vivir la injusticia tan cerca así lo ha determinado. Para ninguno de estos ex funcionarios ha sido posible apelar al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que establece en la ejecución de sentencia el otorgamiento de medidas alternativas de cumplimiento de pena.

El agente Erasmo Bolívar, el inspector jefe Héctor Rovaín, el cabo primero Luis Enrique Molina, el sargento Julio Rodríguez, y los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas fueron condenados a 30 años la noche del 3 de abril de 2009 por la jueza Marjorie Calderón. Han pasado 14 años y ya debían gozar “no de un beneficio, sino de formas distintas de cumplir la pena verificando conducta del detenido con exámenes psicosociales y de buena conducta realizada por evaluaciones de equipos multidisciplinarios”.

Cinco veces han sido sometidos a pruebas de ese tipo. María Bolívar recuerda muy bien la que se le hizo a su sobrino, Erasmo Bolívar hace dos años. Fue después de una visita de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. “Ella prácticamente les dijo que ya habían cumplido su condena. Después yo fui a tribunales en Maracay, donde está la causa de ellos, y me dijeron que nada de eso iba a progresar porque faltaba una orden del alto Gobierno”.

Malavé lo explica: Con 1/4 de la pena pueden optar por el destacamento de trabajo, que consiste en salir a diario a cumplir funciones de empleado en alguna empresa y regresar a su centro de reclusión; con 1/3 les corresponde el régimen abierto en el que se le permite vivir en una casa alejada del lugar de los hechos; con 2/3 a libertad condicional con régimen de presentación en tribunales; y con 3/4 al confinamiento por trabajo y estudio.

Laura Molina lleva muy bien las cuentas relacionadas con el caso de su esposo, el subcomisario Marcos Hurtado, quien recibió una pena de 16 años y 8 meses. El 15 de junio de 2007 se le venció el destacamento de trabajo, el 5 de noviembre de 2008 el régimen abierto, el 25 de junio de 2014 la libertad condicional, y el 15 de octubre de 2015 el confinamiento. “Tiene más casi dos años en la cárcel de gratis”. Los cálculos del cabo primero Arube Pérez, son similares, la diferencia la marca un año y dos meses — su sentencia fue de 17 años y 11 meses — y le correspondía el destacamento de trabajo el 30 de septiembre de 2007, el régimen abierto el 25 de marzo de 2009, la libertad condicional el 5 de marzo de 2015, y el confinamiento el 30 de junio de 2016.

A Bolívar, Rovaín, Molina y Rodríguez se les han vencido dos fórmulas: Destacamento de trabajo el 15 de octubre de 2010, y régimen abierto el 15 de abril de 2013. Mientras que los comisarios Forero y Vivas han debido reinsertarse al campo laboral el 3 de junio de 2012 y vivir en una residencia asignada desde el 3 de de diciembre de 2014. Simonovis también tiene las mismas dos medidas vencidas: la primera el 22 de mayo de 2012 y la segunda el 22 de noviembre de 2014.

Solo algunas medidas humanitarias se han dado. Pero no han sido suficientes. Rodríguez, Forero y Vivas la recibieron en 2011, y Simonovis en septiembre de 2014. Todos por razones de salud están en sus casas. Pero podrían volver junto a los otros seis ex Policías Metropolitanos, en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, si se determina que sus patologías han mejorado.

EL JUEGO DE LOS JUECES

Los familiares de los presos por los hechos del 11 de abril de 2002 ya perdieron la cuenta de la cantidad de jueces que han llevado el caso de los funcionarios. Pero hay uno en particular que recuerdan: Doménico Di Gregorio Rossi, quien fue destituido por el Gobierno como juez de primera instancia de control en Maracay. Todo por negarse a emitir órdenes de aprehensión contra los policías metropolitanos y enfrentarse a quien definió como el gran aliado de la injusticia en el caso: el fiscal de Ministerio Público, Danilo Anderson.

Vea la nota completa en El Carabobeño

 

 

7 claves para entender la intervención del Liceo Urbaneja Achelpohl

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1.- ¿Qué pasó en el Liceo Urbaneja Achelpohl?

El pasado martes se registró una trifulca entre la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y los estudiantes de 5to año de bachillerato del Liceo Urbaneja Achelpohl, ubicado en Las Acacias, Parroquia San Pedro. Más de 15 estudiantes, 3 profesores y 5 policías resultaron heridos. Un alumno se encuentra detenido por el hecho.

2.- ¿Qué generó el enfrentamiento?

 

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De acuerdo con el diario El Nacional, el conflicto se originó cuando el subdirector de la institución, Alejandro Tovar, denunció que varios de los estudiantes estaban usando franelas de la promoción, acto prohibido por órdenes del Distrito Escolar por ser “un gasto innecesario”. Los alumnos argumentaban que la directora anterior (Marvin Silva) los autorizó a usarlas, mientras que Tovar insistía en que estaba prohibido el empleo de esa indumentaria por la Zona Educativa. Los ánimos de ambas partes se caldearon y, en medio del conflicto, Tovar decidió llamar a los efectivos policiales, estos cuando llegaron al liceo dispararon perdigones y golpearon con rolos a los muchachos, quienes respondieron lanzando piedras y otros objetos contundentes. La riña duró casi dos horas.

 

3.- Intervención del Liceo

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Según reseñó El Universal, Jeison Guzmán, viceministro de Educación, y Yohana Paredes, viceministra de Educación Media, anunciaron la intervención del liceo por parte del Ministerio de Educación y la aplicación de sanciones administrativas y disciplinarias contra el director y la subdirectora (e), Milagros Preppo.

 

4.- Sanciones a policías

Elías Jaua, quien también asistió a la reunión informó que los polinacionales que participaron en los hechos fueron puestos a la orden de la Fiscalía.

 

5.- Exigencias de los padres y representantes

 

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En una reunión realizada, los representantes y estudiantes exigieron «acciones contundentes» contra la directiva, «debido a que generaron una situación que se les escapó de las manos y que pudo cobrar la vida de un estudiante», indicó Marielsa Moreno, madre de uno de los liceístas heridos. Moreno también exigió sanciones contra los funcionarios policiales que actuaron en el procedimiento por las lesiones sufridas por los menores. Otros familiares de los estudiantes heridos denunciaron “uso excesivo de fuerza” y “violación de derechos humanos”.

Entre las conclusiones de la asamblea se acordó permitir que los alumnos de 5° año vistan la camisa de promoción los viernes y se hagan las verbenas para recaudar fondos para la fiesta de promoción.

 

 

6.- ¿Y el hijo de Nicolás Maduro, qué?

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El hijo del Presidente Maduro, egresado del Liceo Urbaneja Achelpohl, es el comisionado para resolver los problemas estructurales que presenta el plantel actualmente.

 

7.- ¿Quién investiga el caso?

El Ministerio Público, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente; la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Educación iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar el respeto a los derechos de los menores que fueron vulnerados durante la reyerta.

 

*Con información de El Nacional, El Universal y El Diario de Guayana

Privan de libertad a siete Cicpc y tres policías de Carabobo por muerte de dos jóvenes y un niño en Valencia

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El Ministerio Público logró privativa de libertad para siete funcionarios del Eje de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y tres oficiales de la Policía de Carabobo por ser los presuntos responsables de la muerte de Albel Martínez Morales (22), José Barrientos Rojas (20) y un niño de 2 años de edad.

Tal hecho ocurrió el pasado 03 de marzo en el sector Bella Vista del barrio Las Flores, ubicado en el municipio Valencia del estado Carabobo.

En la audiencia de presentación, los fiscales 62ª nacional, 28ª y auxiliar de esa jurisdicción, Eddmysalha Guillén, José Antonio López y Anny Camejo, respectivamente, imputaron a los detectives del Cicpc Arianni Zambrano, Ronald Palacios, Gilbert Rivas, Omar Peña, Jean Carlos Olavarrieta, Joe Gómez, y el inspector Engenver Javier Moncada por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía por motivo fútil, uso indebido de arma orgánica, simulación de hecho punible y violación de domicilio.

Por estos mismos tipos penales fueron imputados el oficial en jefe del mencionado cuerpo de seguridad regional Nelson Colmenares, además de los oficiales agregados Héctor Salgado y Yeifer Angélica Negrín.

Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por los representantes del Ministerio Público, el Tribunal 10º de Control del citado estado dictó la medida privativa de libertad contra los 10 efectivos, quienes fueron remitidos al Centro Penitenciario de Carabobo, con sede en Tocuyito.

Alrededor de las 5:30 de la tarde del pasado 3 de marzo, las víctimas transitaban a bordo de una motocicleta por los alrededores del colegio Regino Peña, ubicado en Bella Vista, cuando fueron confundidas con otras personas durante un procedimiento policial.

Los funcionarios habrían disparado contra los jóvenes, hecho en el que resultó muerto el niño. Ante la acción, Martínez y Barrientos se dirigieron a un caserío del referido sector carabobeño; sin embargo, colisionaron contra una pared. Los efectivos les habrían disparado en reiteradas oportunidades ocasionándoles la muerte.

Producto de las investigaciones coordinadas por el Ministerio Público y ejecutadas por la policía científica, se presume la responsabilidad de los funcionarios, quienes habrían simulado un enfrentamiento con las víctimas.

En este sentido, los seis detectives y el inspector resultaron detenidos en la subdelegación Bella Vista de ese cuerpo de investigación, mientras que los oficiales regionales fueron entregados por la Inspectoría de Coordinación de Actuación Policial de Carabobo.

Dichos procedimientos se realizaron en atención a órdenes de aprehensión solicitadas por los fiscales del caso y acordadas por el Tribunal 10º de Control de esa localidad.

 

Delincuentes roban, secuestran y matan a militares durante operativos de Carnaval

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Entre enero y febrero del año 2017, al menos 22 funcionarios de seguridad han fallecido a manos del hampa en distintos lugares del país. A esto se suman situaciones de sometimiento por parte de delincuentes en algunas sedes de control. Tan solo en los últimos 5 días se han registrado 3 asesinatos y 2 asaltos.

El domingo 26, en San José de Barlovento y durante una festividad de carnaval, Jonathan Alberto Cardozo, soldado del Ejército Nacional, fue asesinado por un grupo de uniformados que acabaron la celebración con disparos. Cardozo recibió una bala en la pierna y otra en la espalda. Fue trasladado al hospital Domingo Luciani, donde falleció en la madrugada del lunes. Ese mismo día, Darwin Manzano, Sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), fue asesinado en el punto de control en la urbanización 8 de marzo de la misma zona.

Durante esa madrugada del lunes, en la sede del Área de Defensa Integral (ADI) 434 Zamora, ubicada en la urbanización Valle Arriba de Guatire, 4 soldados y un distinguido de las Fuerzas Armadas fueron sorprendidos por un grupo de hombres armados, quienes los sometieron y robaron comida y equipos electrónicos.

Posteriormente, el mismo grupo armado se dirigió al Primer y Segundo Comando del ADI, de donde robaron las pertenencias personales del comandante del lugar, Coronel José Gregorio Pantoja Salcedo: tres cauchos de camioneta, asientos y baterías de moto, 6 televisores planos, un freezer con perniles y aproximadamente 15 laptops destinadas a la jornada de “Carnetización de la Patria” con su respectiva impresora.

A esa misma hora, en el sector Guaicoco del Municipio Sucre, un grupo de antisociales sometió a funcionarios de la GNB. El sargento segundo, Kevin Yosued Pérez Fernández, fue secuestrado en medio de la acción criminal, fue tomado como rehén y amenazado de muerte, para ser liberado posteriormente en el Km. 2 de la carretera Panamericana sin su fusil.

Dos días después, en la noche del primero de marzo, Nixon Jalaliyu Donquiz, fue asesinado de un tiro en la cabeza. El funcionario de la Guardia del Pueblo se resistió al robo de sus pertenencias en Valles del Tuy, en las caminerías del ferrocarril adyacente al Mercado Municipal.

La frecuencia con la que ocurren este tipo de hechos es cada vez mayor y todo parece indicar que en esta batalla entre policías y ladrones, son estos últimos los que tienen el poder.

 

 

 

 

 

Detienen a dos PNB luego de haber cometido robo en Altamira

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Dos funcionarios activos de la Policía Nacional Bolivariana fueron detenidos este sábado durante un operativo de saturación activado con el objetivo de capturar a una banda de antisociales que estaba asaltando en la urbanización Altamira.

Los hechos se iniciaron cunado un grupo de personas denunció ante las fuerzas del orden que se encontraban cumpliendo labores de seguridad en el municipio Chacao, sobre la presencia de un grupo de delincuentes quienes minutos antes los habían asaltado, despojándolos de teléfonos celulares, dinero en efectivo y otras pertenencias, motivo por el cual se activó la operación para tratar de dar con el paradero de los sujetos que viajaban en un vehículo marca Toyota, modelo Starlet, color verde.

A los pocos minutos los efectivos logran localizar el vehículo en el que viajan tres sujetos armados, y logran detenerlos sin que se presenten mayores problemas, al requisarlos, les incautan dos pistolas propiedad de la PNB, así como dos chalecos también del organismo policial.

Los policías delincuentes quedaron identificados como Luis Keivi Ramírez y José Gregorio Palacios Rivas, mientras que el tercer individuo, conductor del vehículo detenido fue identificado como José Enrique Guitérrez Bracho, a quienes les incautaron cuatro teléfonos celulares, un portachequeras que contenía tres mil bolívares en efectivo.

Los policías fueron expulsados del organismo y el trío de antisociales fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público para que se inicie el juicio de rigor.

Privan de libertad a cuatro policías por torturar a detenidos en Aragua

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Cuatro funcionarios del Instituto Autónomo de la Policía del municipio Zamora del estado Aragua, fueron privados de su libertad por  presuntamente haber torturado a ocho detenidos, el pasado 26 de enero en los calabozos del cuerpo de seguridad.

En la audiencia de presentación, la fiscal 20° de la referida jurisdicción, Lesbia Amorín, imputó a los oficiales agregados Armando José Durán y Ramón Emilio Reina por el delito de tortura,  y a los oficiales Jean Carlos Rodríguez y Luis Miguel Esparragoza por el mismo delito pero en grado de colaboradores.

Tal delito se encuentra previsto y sancionado en la Ley Especial para Prevenir las Torturas y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Una vez evaluados los elementos de convicción presentados por la fiscal, el Tribunal 4° de Control de Aragua dictó la medida privativa de libertad contra los funcionarios, quienes permanecen recluidos en la sede del referido organismo policial en Villa de Cura.

El citado día, familiares de los reclusos denunciaron ante el Ministerio Público que estos eran golpeados con tablas y peinillas en los calabozos del mencionado cuerpo policial, situación que fue verificada a través de exámenes forenses realizados por expertos de la institución.