En esta entrega, se hará una prospectiva sobre las principales tendencias en seguridad ciudadana para el año que apenas comienza
@javiermayorca
En el año que está comenzando, Venezuela se asomará a la realidad de la pospandemia. Esta “nueva normalidad” estará plena de retos en materia de seguridad ciudadana. Algunos ya comenzaron a manifestarse durante los últimos meses de 2021, tal y como fue descrito en la entrega anterior.
En esta oportunidad, se hará mención a los que posiblemente serán los principales factores en juego en este tema durante los próximos doce meses. Nuevamente, se aclara que no se trata de una descripción exhaustiva, sino meramente enunciativa.
Repuntará la criminalidad violenta
En 2021 los delitos violentos como los homicidios, las lesiones personales, los secuestros y los robos de vehículos registraron una baja numérica de más de 30 % con respecto a 2020. Tal y como lo advirtió el director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño, este es el resultado de factores que en mucho exceden a cualquier política en materia de seguridad ciudadana, por cierto, inexistente en el país.
Las cuarentenas, la diáspora y el declive económico han impactado sobre la frecuencia de los delitos violentos.
Pero en 2022 podría revertirse esta situación. La oficina de Naciones Unidas que coordina la ayuda humanitaria (OCHA) prevé un leve repunte en el producto interno bruto del país (1 %). En este mismo sentido, la criminalidad también crecerá, en especial en los lugares donde perciba que hay mayor movimiento económico, pues eso implica que tendrá más oportunidades. Esto es conocido como el efecto “panal de miel”. Implica que en algunos lugares la acción del hampa se sentirá con mayor intensidad que en otros.
Algo de esto ya comenzó a verse en los robos de vehículos. Aunque los totales de 2021 para nada se asemejan a los que veíamos una década atrás −con cifras que rebasaban las veinte mil unidades−, en los últimos tres meses del año hubo crecimientos consecutivos en las cifras de denuncias recibidas y procesadas. Este es un indicador de lo que puede venir.
La percepción sobre el incremento de las oportunidades para el delito también propiciará una mayor incidencia en cuanto a los homicidios, en especial en el eje Distrito Capital y en Miranda. Muchos de estos casos estarán ligados a intentos de robos de vehículos o de robos a viviendas.
Dólares y algo más
En los últimos cuatro años, los delincuentes han despreciado la moneda nacional. En el estado Bolívar, dejaban regados los billetes en las carreteras hacia Brasil. Esta situación está cambiando.
Con la reconversión monetaria iniciada en octubre y la estabilización de la inflación, los delincuentes ya no excluirán la posibilidad de apoderarse de algún botín en bolívares. Lo que implica un llamado de atención a los bancos y transportes de valores.
En diciembre de 2021, cuatro hombres armados asaltaron una agencia de Banesco en El Vigía (Mérida), y se apoderaron de unos treinta mil bolívares que estaban en las taquillas. Fue una acción rápida, que hace recordar lo visto en la primera década de este siglo.
Por supuesto, los dólares y los euros continuarán en la mira del hampa. Entonces, esencialmente estamos ante una diversificación de los objetivos de la delincuencia.
Privatización de facto del servicio policial
En la primera semana de diciembre, un hombre pasado de kilos permanecía sentado en la puerta de un restaurant chino de Los Palos Grandes. No era un “guachimán” cualquiera. En la cintura, llevaba enfundada una Beretta PX4. De allí hacia arriba, vestía el uniforme de “camuflado urbano”, propio de la Policía Nacional Bolivariana. Hacia abajo, pantalones de jean y botas de uso industrial.
Esta es la imagen de un policía que intenta mejorar sus ingresos a como dé lugar, prestando servicios de vigilancia en el ámbito privado. Algunos lo hacen cuando están francos de servicio. Otros, piden eternos reposos médicos o simplemente no se presentan en sus unidades, y sacan provecho de su condición de funcionarios. Pero este es, probablemente, un individuo que no estará muy dispuesto a atender el llamado de la ciudadanía común ante una emergencia.
El servicio de policía, y por extensión, de seguridad pública, atraviesa en Venezuela un franco proceso de privatización. Desde luego, esto no será admitido por los voceros oficiales. Pero la gente de a pie sabe que, en la situación actual, es muy poco lo que un uniformado estará dispuesto a hacer, a menos que cuente con un estímulo pecuniario. No solo sucede en los cuerpos preventivos. En el caso de la policía judicial, son frecuentes los relatos de víctimas que incluso deben llevar hasta el papel para que sus denuncias queden impresas, llevar a los agentes a los sitios de suceso e incluso alimentarlos.
De otro lado, con la agudización de la crisis económica, los uniformados han encontrado a serios competidores en el campo de la vigilancia. Se trata de los miembros de colectivos armados, que se mueven en un área gris donde cuentan con mucho más campo de acción, incluso, para reprimir “en caliente” a quienes sean detectados atentando contra los intereses de sus patronos.
Esto se pudo evidenciar en los alrededores de una estación de servicio de El Llanito, donde integrantes de estas estructuras armadas dieron una “pela” a un ratero, y lo obligaron a caminar desnudo por la avenida principal. Tal parece que este tipo de acciones expeditivas gustan en ciertos sectores de la sociedad, descreídos de los cuerpos de aplicación de la ley. Ahora, vemos a integrantes de colectivos prestando servicio de vigilancia en ventas formales de alimentos y abastos.
Las bandas criminales, paradójicamente, también intentan ofrecer sus servicios. A veces, acuden a métodos compulsivos, como en el Zulia, donde atacan con granadas a talleres mecánicos y clínicas para exigir un pago. Estos métodos se han extendido a más estados. En la última semana de diciembre, fue reportado un ataque armado a la fachada de un local en Cagua, con propósitos extorsivos.
Continuará la pérdida del control territorial
En los últimos meses, se ha verificado un retroceso en la presencia del Estado. Esto venía sucediendo en las periferias, y ahora también ocurre en las grandes ciudades. Las bandas, grupos guerrilleros y otros actores no estatales han ganado terreno, y se han erigido, incluso, en factores reguladores de la acción humanitaria de las organizaciones no gubernamentales. Son el poder real, en sus áreas de influencia. Y con ellos hay que entenderse. Al respecto, Briceño León advertía recientemente que, en ciertas localidades, la baja en la cifra de homicidios responde a la imposición de una pax mafiosa. En este mismo sentido se ha pronunciado el director del Risk Awareness Council Alberto Ray.
La única forma que tiene el actual régimen para retomar el control de ciertos sectores es a sangre y fuego. No hay rescate de la institucionalidad, tal y como lo pedía la Conferencia Episcopal en el caso de La Vega y la Cota 905. Es una violencia mayor que la ejercida por las bandas. Son golpes de propaganda, que no aportan soluciones sustentables. En el caso del anterior feudo de Carlos Revette, alias Coki, luego de un lapso de calma han vuelto los homicidios y ajustes de cuenta.
Diversificación de las estafas
Junto a un repunte del delito violento, las otras formas más sutiles de actividad ilegal que ganaron espacio durante la cuarentena continuarán en boga. En la anterior entrega se advertía que las estafas mantuvieron en 2021 el ritmo que tuvieron el año anterior. Este espacio no será cedido fácilmente por el hampa informática, puesto que la “nueva normalidad” implica un uso intensivo de las herramientas que corren por internet. Al respecto, se debe tomar en consideración que hay empresas −y emprendimientos− que no abandonarán el espacio virtual si el mundo (y con él Venezuela) logra superar definitivamente la pandemia de la covid-19. De hecho, ya permiten fórmulas mixtas, en las que el trabajador puede llevar a cabo su jornada desde el hogar, y otros días puede presentarse en la oficina. En el caso venezolano, el rezago en la vacunación permite prever que los lapsos de cuarentena se prolongarán mucho más que lo visto en otras partes de la región latinoamericana. Según la OPS, Cuba y Venezuela (en ese orden) ocupan los últimos puestos en cuando a la inmunización de la población. De allí que la “nueva normalidad” tardará un poco más en llegar a estos países.
Breves
El miércoles 29 de diciembre, una portavoz del Servicio Federal de Cooperación Técnica y Militar de la Federación Rusa anunció que en 2022 finalmente serán construidas en Venezuela las fábricas de fusiles Kalashnikov AK-103, y la de sus respectivas municiones. Según Valeria Reshétnikova, los especialistas de este proyecto “han comenzado a preparar el equipo de procesamiento y las líneas de ensamblaje”. Este ha sido un viejo anhelo del oficialismo venezolano.
Ya en 2007, el The New York Times informaba sobre el desarrollo de este proyecto. Pero, como otros tantos, no se concretó como consecuencia de la corrupción.
El 2019, la compañía nombrada para la ejecución del plan, Rostec, inició una investigación en vista de lo que fue descrito por su director general Serguéi Chemezov como “una serie de robos”. Pero no se trataba de asaltos callejeros. El fiscal general ruso, Dimitri Demeshin explicó en aquella oportunidad que las plantas eran construidas en virtud de acuerdos de comercio internacional. Para ese momento, ya se había verificado un desfalco de dieciséis millones de dólares. Y como principal responsable fue señalado el exsenador de la federación, Sergei Popelniújov. El hombre argumentó que el plan no fue cumplido como consecuencia de la alta inflación en Venezuela. Otras tres personas también resultaron condenadas por este caso. Rostec fue la misma compañía que suministró los simuladores de vuelo de helicópteros Mi, en la base aérea Luis del Valle García, ubicada en Guárico.
*Poco a poco, la presencia efectiva de militares y asesores rusos se ha incrementado en el país. Todo esto sucede dentro de la mayor opacidad. Generalmente, la opinión pública se entera por informaciones que llegan desde el exterior, como lo anteriormente referido en torno a la fábrica de fusiles. A veces, en cambio, esto sucede debido a algún desliz. Por ejemplo, el 27 de diciembre el general de división Johan Hernández Lárez, comandante de la ZODI Miranda, soltó una auténtica primicia, cuando reveló a través de su cuenta Twitter que enviados de la empresa Vegacy Strategic Services brindaban cursos de instrucción a las unidades de reacción rápida (llamadas URRA) de la Guardia Nacional en los Valles del Tuy.
Vega es una renombrada corporación del mundo de los llamados “contratistas militares privados”. En otras palabras, mercenarios.
También es conocida como Wagner. Sus actividades han sido el centro de investigaciones internacionales. Entre las últimas figura el entrenamiento a las fuerzas militares pro Bashar al Assad en Siria. Previamente, de acuerdo con publicaciones israelíes (Guzansky, Rakov y Lindenstrauss, 2020) Wagner se vio involucrada en “operaciones negras” llevadas a cabo en Ucrania en 2014, supuestamente, con el respaldo de Moscú. El 29 de diciembre, dos días después de la publicación inicial, Hernández Lárez había borrado su mensaje.
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