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Médicos del Hospital Luis Razetti de Barcelona denunciaron agresión policial

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En el estado Anzoátegui médicos residentes del Hospital Luis Razetti de Barcelona protestaron para denunciar presuntas agresiones por parte de funcionarios policiales.

Los galenos informaron que en lo que va de diciembre tres médicos residentes y especialistas han sido golpeados y maltratados por uniformados de la policía regional, acusados de sustraer insumos del recinto, hecho que negaron y condenaron.

Señalaron que apoyan las acciones que buscan garantizar la seguridad en el centro de salud, sin embargo pidieron cumplir con los canales regulares y respetar al personal.

Desde el pasado domingo los profesionales de la salud solo atienden estrictas emergencias en los servicios de oftalmología, ginecología y obstetricia, traumatología, urología, cirugía general y terapia intensiva.

En cuanto a las condiciones hospitalarias agregaron que no cuentan con laboratorios ni autoclave y que se mantienen operativos tres de los diez quirófanos.

¿Cómo el delito organizado destruye la institución policial a través de la Corrupción?

pazactiva

 

El día de hoy fue presentado el Foro “Corrupción Policial”, actividad organizada por la Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado el cual contó con la participación del experto en la temática, Marcos Tarre y Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado.

Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado, quien contextualizó el tema de la corrupción policial en el marco de delito organizado y la seguridad ciudadana, señaló que “la función policial es una de las más importantes dentro de cualquier sociedad, y debe ser valuada conforme al importante servicio que presta en cuanto a la protección de personas y bienes. Más allá de esta función, hoy día es la primera línea de interconexión entre los ciudadanos y los diferentes niveles del Estado. Es por ello que debemos realizar esfuerzos extraordinarios para brindarles la remuneración y beneficios sociales que garanticen la lealtad a la institución y a los ciudadanos a cuales sirven, sobre cualquier otra oferta para tentar desviar su función”, enfatizó Cedeño.

Por su parte Marcos Tarre,  destacó que “la creciente ola de violencia y criminalidad que se desató a partir de 1999 y generó una perdida directa en la calidad de vida de todos los venezolanos y un nuevo imaginario colectivo. Impactados por los efectos de la violencia, sometidos a una escalada criminal sin precedentes en la historia, los venezolanos dejaron de preocuparse por otros problemas, sufriendo los efectos de la violencia sin apreciar sus causas, y una de ellas es precisamente la corrupción. La criminalidad violenta, el homicidio, secuestro, atraco o violación tienen un poder mediático lógicamente mayor que el de los delitos no violentos. En la medida en que fue aumentando la violencia criminal se fue opacando la corrupción”, precisó el ponente del Foro.

El programa se desarrolló en tres partes. La primera revisó antecedentes; definición y tipos de corrupción policial; variables que favorecen la corrupción policial; dimensión e indicadores; cómo detectar la Corrupción Policial. En la segunda, se hizo una evaluación de las variables para controlar la Corrupción Policial en Venezuela: Los necesarios controles que requieren los cuerpos policiales; la Asamblea Nacional; la Fiscalía General de la República; la Defensoría del Pueblo; Supervisión Interna; Asuntos Internos o Inspectoría General de Servicios; Organizaciones No Gubernamentales y defensores de derechos; medios de comunicación y control ciudadano; todo complementado por algunos ejemplos de casos. Y en la tercera parte se habló de las comisiones para la Reforma Policial; el impacto de la Corrupción Policial; ¿Por qué y cómo denunciar?,  y por último, las conclusiones y recomendaciones.

Tarre mencionó otro aspecto fundamental sobre las causas de la degeneración, es que “desde los más altos niveles la corrupción llegó a los niveles intermedios y continuó hasta los más bajos y favoreció a los que están al margen de la Ley. Para ellos fue el motor para potenciar todo tipo de delitos ofreciendo lo que cualquier delincuente anhela: impunidad. Y esa corrupción llegó y se instaló también en los cuerpos policiales y otras autoridades responsables de la seguridad ciudadana. En ellos aparecieron los “cómplices necesarios” para delitos como el secuestro, el sicariato, la extorsión y el tráfico de drogas o de armas hacia los centros penitenciarios. La corrupción generó impunidad y favoreció la consolidación de bandas delictivas, lo que se tradujo en más sangre y violencia”.

El Director Ejecutivo de Paz Activa, Luis Cedeño resaltó la importancia de “considerar al sistema de justicia como un sólo organismo donde subsisten varios componentes que deben coordinar esfuerzos; iniciando por las policías, pasando por los tribunales y concluyendo en el sistema penitenciario; todos deben garantizar funcionamientos adecuados para que el sistema de justicia funcione adecuadamente”.

Con este foro Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado, continúan una serie de actividades propuestas durante este año 2016 para analizar en profundidad la compleja problemática del impacto de la corrupción en la ciudadanía y en el crimen organizado.

VIDEOS Protesta por despedidos en Argentina terminó con represión policial

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Al menos una decena de ex empleados públicos resultaron heridos con balas de goma al enfrentarse con la policía el viernes frente a la alcaldía de La Plata mientras protestaban contra la decisión del alcalde de no renovar contratos como parte de la política de recorte de puestos laborales en el Estado que encara el gobierno de Mauricio Macri en Argentina.

Unos 200 ex trabajadores municipales reclamaban frente a la municipalidad de La Plata, 40 kilómetros al sur de Buenos Aires, la continuidad en sus puestos luego de que el alcalde Julio Garro resolviera el 31 de diciembre dar por finalizados más de 4.000 contratos.

La represión policial se habría iniciado cuando algunos de los manifestantes habrían lanzado piedras contra el edificio. Los agentes dispararon balas de goma y lanzaron gases lacrimógenos para dispersar la protesta. Una mujer sufrió varios disparos en la espalda y tuvo que ser hospitalizada, según imágenes difundidas por las cadenas de televisión local.

«Esto que vivimos en la puerta de la municipalidad no tiene que ver con trabajadores», se defendió el alcalde Garro, quien apuntó a activistas políticos «de la vieja política» como responsables de los desmanes.

«Pelear contra estas estructuras políticas no es gratis. Estos ataques son la respuesta que nos envían», dijo Garro, en referencia a su decisión de recortar puestos de trabajo en la alcaldía.

Organizaciones gremiales y partidos opositores cuestionaron el accionar policial y apuntaron contra la política de despidos masivos de empleados públicos que lleva adelante el gobierno de Macri y que se ha extendido a los municipios bonaerenses. Los sindicatos de empleados públicos estiman que unos 10 mil fueron despedidos desde el 31 de diciembre en ministerios, el Senado, organismos oficiales y alcaldías.

Desde el gobierno nacional afirman que en la mayoría de los casos no se trata de despidos sino de contratos que vencían el 31 de diciembre y no se renovaron. También están bajo auditoría los empleados que fueron efectivizados por la anterior administración de la presidenta Cristina Fernández poco antes de dejar el poder y trabajadores con militancia activa en el kirchnerismo, que el nuevo gobierno entiende pueden perjudicar el funcionamiento del Estado.

 

 

Big Data y supervisión policial como propuesta de seguridad por Ángel Alvarado

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Por: Angel Alvarado Rangel

Hace 8 años comencé a trabajar junto a Carlos Ocariz en un proyecto de levantamiento de información sobre los homicidios en Petare. Mi formación como economista y estadístico me llevaba a pensar que los datos tenían mucho información que revelar sobre los homicidios en el barrio más grande de América Latina.

Uno de los estudios que hicimos como parte de este proyecto fue el de “Puntos Calientes”, realizado junto a Dorothy Kronick, investigadora de la Universidad de Standford y Daniel Ortega, Director de la Corporación Andina de Fomento. Junto a ellos descubrimos que el 80% de los homicidios se concentran en 6% del territorio de Petare. Esta fuerte localización del delito se correspondía con estudios similares realizados en Nueva York, Puerto España, Medellín, Sacramento, Minneapolis y Boston.

La data nos permite hacer más con menos, en un entorno donde hacen falta más policías y donde mantener operativa una flota de patrullas es cuesta arriba. La optimización de los recursos que permiten los datos es una contribución invaluable para cualquier gestión pública moderna. Focalizar el patrullaje, la gestión social y la renovación urbana en las zonas más calientes nos permitió reducir los homicidios en 42% en 5 años. En un entorno de alta impunidad y pocas oportunidades de empleo demostramos que es posible reducir la violencia aprovechando los recursos de la manera más efectiva.

Este proyecto nos planteaba un gran reto: ¿cómo hacer que la policía destinara diariamente una hora de patrullaje a cada punto en cuatro visitas aleatorias de 15 minutos? La debilidad institucional de los cuerpos policiales puede hacer inviable la mejor idea si no hay mecanismos efectivos de supervisión. Este nuevo modelo de patrullaje que pretendíamos implementar no se había aplicado a ningún lugar de América Latina. A pesar de que el 90% de las policías norteamericanas utilizan este método, era algo nuevo para los funcionarios venezolanos.

Fue así como instalamos GPS en las patrullas, esto nos permitía contabilizar el número de visitas a cada punto y este mecanismo de supervisión fortaleció la transparencia institucional de la policía y permitió a sus jefes conocer en tiempo real la ubicación de sus funcionarios y sus rutas de patrullaje. El proyecto de “Puntos Calientes” de Petare fue copiado por la Policía Nacional de Colombia y actualmente es aplicado en Medellín y próximamente en Cali. El mecanismo de supervisión fue innovador y nuestra experiencia fue usada como modelo por nuestros vecinos colombianos quienes aplicaron su propia versión.

Uno de los retos que tendrá la nueva Asamblea Nacional es asegurar el control del Parlamento sobre el Ejecutivo, de manera tal que obligue a los órganos competentes la difundir estadísticas de delitos (homicidios, robo y hurto de vehículos, etc). Esa información es fundamental para implementar una política nacional de patrullaje focalizado y supervisión transparente. Esta data tiene gran valor para comenzar a reducir los homicidios en nuestro país, salvar vidas y pacificar a Venezuela.

Ronna Risquez Ene 14, 2015 | Actualizado hace 6 años
Intervenidas 5 policías municipales
La comisión para la transformación policial, que dirige Freddy Bernal, ordenó la intervención de Poliacevedo, Polibrión, Polizamora, Polimaturín y Polilagunillas luego de detectar en estos cuerpos la presencia de funcionarios vinculados al crimen organizado y otros delitos. Otras 3 instituciones recibirán acompañamiento técnico

 

EL COMISIONADO PRESIDENCIAL DEL SISTEMA POLICIAL y Órganos de Seguridad, Freddy Bernal, anunció que en el proceso de transformación continúan las intervenciones de cuerpos de seguridad. Tres policías municipales del estado Miranda, una de Monagas y una de Zulia se suman a las otras tres instituciones que fueron sometidas a esta evaluación desde el año pasado.

¨Después de realizar un estudio técnico tomamos la decisión de intervenir otras 5 policías municipales: Poliacevedo (Caucagua), Polibrión (Higuerote), Polizamora (Guatire), Polilagunillas y Polimaturín. Allí detectamos funcionarios involucrados en distintas irregularidades y hay denuncias de que están asociados con el crimen organizado”, dijo Bernal, durante una rueda de prensa que ofreció para informar sobre la detención de 13 funcionarios del Cicpc involucrados en delitos de extorsión y secuestro.

En el caso de los tres cuerpos de seguridad que pertenecen a municipios del estado Miranda, específicamente a la zona de Barlovento, Bernal explicó que la intervención fue motivada por el incremento de los delitos que se están registrando en esas localidades, donde funcionan las llamadas zonas de paz implementada por el Ministerio de Relaciones Interiores desde 2012 para combatir la criminalidad. “Sospechamos que hay funcionarios de estos cuerpos policiales que se han asociado con bandas del crimen organizado que actúan en esos sectores”, indicó.

Aunque no tiene cifras definitivas, el ex diputado informó que hasta el momento han sido destituidos 26 funcionarios de Policharallave, una de las tres primeras policías municipales intervenidas por la comisión en 2014, junto a la Policaracas y la policía de La Ceiba. “Aunque en Charallave la fiscalización terminó el 20 de diciembre todavía están evaluando los expedientes de 84 funcionarios”, precisó que en el caso de la policía de Libertador el procedimiento es más lento porque se trata de una institución con 1.500 funcionarios.

3 policías con acompañamiento técnico

Otras tres policías municipales, no fueron intervenidas, pero recibirán “acompañamiento técnico” de la comisión presidencial para mejorar su funcionamiento y hacer que respondan a las necesidades de las comunidades. “Una de estas es Poliguaicaipuro, que fue allanada en diciembre y se detuvo a funcionarios con droga”, explicó Bernal. Las otras dos son las policías de los municipios Semprún y San Francisco en el estado Zulia. Se trata de localidades con decenas de casos de sicariato y extorsión.

Bernal dijo que están trabajando en reglamento de castigo disciplinario para las policías. “Necesitamos rescatar la disciplina y llevar el orden a las policías”.

Perseguir fantasmas por Alberto Barrera Tyzka

Fantasmas

 

Cada vez que Nicolás Maduro habla de la “revolución dentro de la revolución” no hace sino recordarnos que Chávez fracasó, que después de 15 años y más de 1.000 millones de dólares, estamos otra vez en crisis, tratando de reflotar permanentemente la utopía. Ya parece un chiste: ante cualquier problema, ante el más mínimo inconveniente, el gobierno acude a una supuestamente novedosa re-revolución. Maduro es un demagogo en modo defensivo. Acusa a la realidad de golpista mientras se dedica a reinventar sus promesas.

Es asombrosa la cantidad de revoluciones que el gobierno ha propuesto durante todos estos meses. La revolución bancaria, la revolución económica productiva, la revolución del Estado, la revolución fiscal, la revolución del conocimiento, la revolución del socialismo territorial, la revolución alimentaria, la revolución de la profundización de las misiones, la revolución tributaria, la revolución ética… Al paso que va, Maduro terminará su gobierno hablando de la revolución de los semáforos, la revolución de los tallos de orégano orejón, la revolución de la siembra de cariaquito morado, la revolución de los revolucionarios que no revolucionan la revolución.

Al parecer, se trata de un inmenso y desordenado juego retórico que permite mantener más o menos caliente la temperatura de la esperanza, mientras la casta (como la llamaría Pablo Iglesias, si Pablo Iglesias fuera venezolano) sigue acumulando poder y apropiándose o controlando todos los espacios independientes del país. Necesitan que el mito de la revolución siga bullendo, de cualquier manera, mientras se consolidan como la nueva oligarquía del país.

Hace poco anunciaron una flamante “revolución policial”. Debido a una circunstancia violenta aún no aclarada, una balacera entre funcionarios y grupos civiles armados que también actúan como si fueran funcionarios, la revolución anterior se frunció, cayó en desgracia y fue pateada hasta el fondo de la historia. Así, entonces, de la nada ideológica del desespero, surgió una nueva revolución. Como reacción oficial ante el desastre. Como manera de ocultar la realidad. Como parapeto.

Y comenzó de la misma manera como han empezado todas las revoluciones promovidas anteriormente: ¡con una comisión presidencial! Aquí hasta los supuestos gobiernos populares nacen, se rigen y son administrados por una cofradía que depende del Palacio de Miraflores. La idea de participación que tiene el gobierno es cada vez más reducida. No necesitan al pueblo para hacer revoluciones. Lo de ellos es otra cosa. La revolución es un papel. La revolución es trámite, un fetiche, una mercancía.

Ya nos estamos acostumbrando a que los cierres de los períodos habilitantes tengan algo de orgía, de apuro y exceso, de danza incomprensible, cuya resaca llega con la Gaceta Oficial y tiene efectos incurables. En este contexto, y a cuenta también de la “revolución policial”, esta semana Maduro firmó una nueva ley anticorrupción y anunció la creación de un cuerpo de seguridad dedicado especialmente a la lucha contra ese flagelo.

He pasado días tratando de imaginar cómo podría ser ese comando galáctico, esa pandilla de superhéroes bolivarianos, capaz de enfrentarse a monstruos tan grandes como la bancada oficialista, que controla la Asamblea Nacional y que lleva años impidiendo cualquier debate público sobre la corrupción. ¿Acaso eso no es ya una forma de complicidad? ¿No deberían comenzar investigándolos a todos?

Mientras la élite se dedica a concentrar más poder, el espectáculo de la revolución continúa. La producción de espejismos no puede detenerse. No han podido, en casi un año, cumplir la promesa de mostrarle al país la lista de las empresas de maletín que se robaron más de 20.000 millones de dólares. Han impedido que avance cualquier denuncia. No han querido investigar a fondo ningún caso. Pero que nadie se angustie. Ahora sí viene la revolución remoral. Ya tenemos una nueva ley. Ya tenemos una nueva policía especializada en perseguir fantasmas.

 

@Barreratyszka

El Nacional 

Yeannaly Fermín Nov 12, 2014 | Actualizado hace 9 años
Cangrejo policial por Antonio Ledezma

CICPC2

 

Después de transcurridos más de 15 años de “revolución policial” el régimen anuncia ahora, en medio de una ráfaga de violencia atronadora, la transformación de los servicios de seguridad. ¿Quién entiende que, después de anunciarse con bombos y platillos el nacimiento de la Policía Nacional Bolivariana, ahora se pretenda minimizar el gravísimo problema de inseguridad que afecta a todos los venezolanos proponiendo una reforma de las policías que el régimen ha controlado a su antojo, al extremo de presentarlas, indecorosamente, como “policías revolucionarias”?

Es como si a un bebé recién salido del centro materno lo declararan decrépito. ¿Cómo puede explicarse, justificarse o hacerle entender a la ciudadanía que un cuerpo policial, con solo pocos meses en funciones, ya acuse síntomas de descomposición, a tal extremo de que se argumente una medida de reforma como la recientemente anunciada?

¡Insólito! Todo lo que vivimos, transigimos y padecemos es la consecuencia presentida de que lo que nace mal termina mal. Y eso fue lo que, entre muchos, advertimos, cuando escuchamos a las autoridades mostrar la nueva policía como una herramienta de la revolución. Ratificamos lo que nos parece una barbaridad, porque en cualquier parte del mundo ninguna policía puede exhibir remoquetes de socialistas, socialdemócratas, neoliberales, etc., porque las policías deben ser estrictamente policías y punto. Cuidar a la ciudadanía y proteger sus bienes, desarrollar programas preventivos eficaces para enfrentar el auge delictivo, relacionarse con todos los sectores de la sociedad son, entre otras, sus funciones, y jamás, ser arietes o eslabones de ninguna fuerza partidista, como desgraciadamente se les presentó al momento de desplegar sus comandos en Caracas.

Otra cosa, ¿y el Cicpc no fue el resultado de la “modernización” en “revolución” de lo que conocíamos como PTJ? ¡Patético lo que estamos viendo en ese cuerpo “técnico” policial! Suponemos el estupor y la vergüenza que deben sentir los fundadores, los policías de carrera, que forjaron con “sangre, sudor y lágrimas” esa proverbial PTJ. La que formó policías prestigiosos, los que resolvieron los grandes “cangrejos” que magistralmente supo resumir para la posteridad el comisario general Fermín Mármol León en su libro 4 crímenes 4 poderes.

Quede como lección de vida que la politización de los cuerpos policiales y la impunidad como línea partidista en el sistema judicial son letales para la paz, la seguridad y la convivencia ciudadanas.

 

@alcaldeledezma

El Nacional