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En Lara la violencia policial no ha cesado

En la última década, el estado Lara ha sido testigo de la violencia policial, primero con la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) y luego con la desaparecida Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ahora devenida en Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO).

Si bien las muertes por intervención policial (MIP) han disminuido a partir de 2022, el patrón que impera ahora es la extorsión y la amenaza por parte de funcionarios, especialmente a empresarios, comerciantes y personas que se movilizan por las carreteras del estado.

El pasado 9 de enero Aiverson Torres de 17 años de edad resultó muerto  a manos de unos funcionarios policiales, quienes instalaron una alcabala móvil en la avenida 14 de febrero con avenida Rotaría, en la ciudad de Carora del municipio Torres. 

Según versiones publicadas por medios de comunicación, Torres decidió no detenerse en la alcabala para evitar ser extorsionado. Dos funcionarios lo persiguieron y le dispararon directamente en la parte superior de su cuerpo.

El informe anual del Observatorio de Violencia (OVV) reflejó que la tasa de homicidios el año pasado fue de 19,2 por cada 100 mil habitantes. Del total de 317 muertes violentas, 25 corresponden a intervenciones policiales.

En el referido informe se lee: “En los últimos años se apreció un aumento de los homicidios y de las muertes provocadas por la intervención policial que estaría asociado a un mayor estímulo de los factores catalizadores del crimen en comparación a los años anteriores, en los que, producto de los efectos del confinamiento y en general de la sostenibilidad de la crisis humanitaria, devinieron indirectamente en menor criminalidad”.

El OVV expresó que aunque hay un crecimiento del número de funcionarios policiales, se refleja una crisis institucional. 

“La masificación no calificada de efectivos de seguridad ha derivado en altos niveles de abuso contra los ciudadanos, en esta problemática inciden diversos factores como los bajos salarios de los policías, un entorno institucional débil y el abuso de poder”, indican.

 

Con información de OVV

 

#MonitordeVícitimasCaracas | De 15 balazos matan a joven en presunta guerra entre bandas en José Félix Ribas

Leyenda: El cuerpo de Jeanwinder Alexander Marín Blanco fue ingresado con múltiples impactos de bala en la morgue de Bello Monte. Foto: Carlos Ramírez

Jeanwinder Alexander Marín Blanco (20) falleció el lunes 5 de febrero, tras recibir una ráfaga de tiros. Se afirma que la víctima es hijo de crianza de Wilexis Acevedo, líder de la megabanda que controla Petare. Hay dos versiones extraoficiales sobre el asesinato: en una de estas se indica que el mismo Wilexis habría ejecutado el homicidio

@jheilyn_cermeno

Pasaban las 8:00 de la noche del lunes 5 de febrero 2024, cuando el sonido de una ráfaga de tiros asustó a los residentes de la zona 1 del Barrio José Félix Ribas, de la parroquia Petare, municipio Sucre del estado Miranda. Poco después, los vecinos se enteraron de que el cuerpo de un joven yacía en el suelo y se estaba desangrando.

Una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue la primera en llegar y, según un reporte extraoficial, la víctima quedó identificada como Jeanwinder Alexander Marín Blanco, de 20 años.

En un principio, se rumoró que el fallecido era hijo de Wilexis Alexander Acevedo Monasterios, líder de la megabanda que opera en Petare, y a quien se le adjudica una serie de delitos. Pese a esto, los organismos de seguridad no han podido dar con él. Luego, se conoció que no tenían un vínculo de sangre, sino de crianza.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) adelantan las pesquisas sobre el crimen.

El cuerpo de Marín Blanco fue ingresado a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), en Bello Monte, con, al menos,15 impactos de bala.

Las versiones del crimen

Hay dos versiones sobre el asesinato del joven.

La primera indica que Jeanwinder Alexander fue acribillado a tiros por una presunta guerra entre bandas, en disputa por el control que tiene en la zona Acevedo Monasterios.

Mientras que en la segunda versión vinculan el caso con un presunto ajuste de cuentas que el mismo Wilexis Acevedo habría ejecutado.

Hasta el mediodía de este martes, 6 de febrero de 2024, familiares del fallecido no habían acudido a la morgue de Bello Monte para retirar el cadáver.

Víctimas en Petare

La parroquia Petare acumula 90 víctimas durante 2023, y son las ejecuciones y resistencia a la autoridad los móviles que más casos registran, con un total de 40 fallecidos.

De estas víctimas, 26 corresponden al barrio José Félix Ribas.

Denuncian que Víctor Venegas no ha sido presentado ante un tribunal
Miembros del Foro Penal indicaron que el sindicalista no ha tenido comunicación con sus familiares 

 

Alfredo Romero, director del Foro Penal, denunció a través de su cuenta de Instagram que el sindicalista Víctor Venegas y su hermano José Gregorio Venegas aún no han sido presentados ante un tribunal.

«Han pasado más de 48 horas, lo cual es el lapso que establece la ley para presentar a una persona ante un tribunal. Intentamos presentar un habeas corpus, el cual es un recurso de amparo, y tampoco nos lo permitieron», dijo Romero desde las afueras del Palacio de Justicia en Caracas.

Víctor y José Venegas fueron detenidos el pasado 17 de enero en Barinas y se encuentran detenidos en Caracas,. A los hermanos les acusan de participar en un presunto plan conspirativo contra la paz del país.

Venegas es presidente en Barinas de la Federación Nacional de Colegios y Sindicatos de Trabajadores Profesionales de la Educación y José Gregorio es comisionado jefe de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). 

«Los familiares no han tenido comunicación con ellos. Esto es una nueva violación a los derechos humanos y una detención arbitraria que debe ser denunciada nacional e internacionalmente», sostuvo el director de Foro Penal.

El gobernador de Barinas, Sergio Garrido, pidió al gobierno de Nicolás Maduro que se respeten los derechos humanos de Venegas y su hermano.

«Pedimos se respeten los derechos humanos del profesor Víctor Venegas y su derecho a la defensa. Expresamos nuestra solidaridad al gremio del magisterio del estado Barinas y, en especial, a Víctor y toda su familia en el difícil momento que atraviesan», añadió el gobernante.

Garrido afirmó que, como demócrata y alto funcionario, respeta las decisiones que tomen los poderes públicos del Estado en el ámbito de sus competencias, como es el caso del Ministerio Público y los tribunales de la República.

María Corina Machado, abandera de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024, igualmente pidió la liberación del docente.

 

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Caracas sigue siendo la ciudad más violenta de Venezuela
Estimaciones del Observatorio Venezolano de Violencia revelan que la tasa de muertes violentas por cada 100 mil habitantes en Distrito Capital es casi el doble de la calculada a nivel nacional 
 Aunque hubo una disminución de las muertes violentas en comparación con el año pasado, la tasa registrada en la capital representa cinco veces más que las cifras manejadas por organismos internacionales
Cicpc y PNB fueron los organismos más letales durante 2023
Los casos donde el victimario era conocido de la víctima subieron 5% con respecto a 2022

 

“Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra”, reza un popular dicho que coloca a la capital venezolana por encima de las ciudades del interior del país. Esta máxima al parecer aplica para todo, incluso para los aspectos negativos.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia, el Distrito Capital volvió a ser la entidad federal más violenta del país en 2023.

Con un tasa de muertes violentas por cada 100 mil habitantes de 50,8, DC superó a Miranda (41), Bolívar (38,5), La Guaira (36,4), Amazonas (33,4), Yaracuy (27,5), Delta Amacuro (27,4), Aragua (27,2), Guárico (26) y Falcón (25,5). 

Según el informe anual del OVV, la tasa del DC casi duplica a la nacional que es de 26,8 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

A juicio del OVV, Sucre es el municipio más violento del Área Metropolitana de Caracas (AMC) con una tasa de muertes violentas por cada 100 mil/hab. de 61,1; seguido de Libertador con 50,8; Chacao con 37,6; Baruta con 18,3 y El Hatillo con 10,7.

Distrito Capital albergó una tasa de homicidios de 13,4, la segunda a nivel nacional, detrás de Delta Amacuro (16,1) y por encima de Sucre (12,6), Guárico (10,7) y Miranda (10,5).

Se desprende del informe que el año pasado se contabilizaron 336 delitos en el AMC, siendo el homicidio intencional el más preponderante con un porcentaje de 49,2.

La parroquia más sangrienta fue Coche, mientras que en Petare se suscitaron 261 muertes violentas y el mayor nivel de violencia se registró en Filas de Mariches.

El promedio de edad de las víctimas osciló entre 15 y 29 años, 70,3% eran hombres y 93% civiles.  

Las armas de fuego predominaron en los hechos violentos con 44%, secundadas por la fuerza física y uso de objetos cortantes y punzo penetrantes. 

En la categoría caracterización del suceso, 13,0 de los delitos ocurrieron un día de la semana y 11,0 durante el fin de semana. 51,0 sucedieron en un espacio abierto o en la calle y 31,3 en el hogar de la víctima o el victimario.

Por otra parte, la tasa de suicidio en la capital fue de 13,31 por cada 100 mil habitantes, menos que en 2022.

 Aunque hubo una disminución de las muertes violentas en comparación con 2022, la tasa registrada en la capital representa cinco veces más que las cifras manejadas por organismos internacionales.

“La disminución de las tasas de violencia en DC y el AMC es positiva, pero esta tendencia está lejos de considerar a la capital como una ciudad segura”, dijo Iris Amelia Rosas, coordinadora del OVV.

Cicpc y PNB más letales 

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) a través de la División Contra la Delincuencia Organizada (Dcdo) fueron los organismos más letales en Caracas durante 2023.

El Cicpc tuvo responsabilidad en 52% de las muertes por intervención policial (MIP), mientras que la PNB cargó con el 31%, de acuerdo a lo recabado por el OVV.

Todas la víctimas de MIP fueron de sexo masculino.

Rosas sostuvo que el grupo etario más perjudicado por MIP fue entre 40 y 50 años.

“Llama la atención, en vista de que las víctimas regularmente eran jóvenes menores de 30 años. Yo creo que tiene que ver con la política de tratar de capturar a las cabecillas de las bandas. Considero que la letalidad está siendo más selectiva, de los 10 más buscados por el Ministerio de Justicia, tres son de Caracas y pertenecen a bandas que aún se mantienen en la Cota 905 y en Petare”.  

Rosas informó que los organismos de seguridad son responsables de entre el 10% y 20% de los hechos violentos.

“En 2023 se vieron más operativos para desarticular a miembros de bandas. En Petare y El Valle predominan bandas criminales que disputan territorio, roban, secuestran, extorsionan y controlan el tráfico de drogas”, añadió Rosas.

La investigación del OVV reveló que el Estado sigue enfrentando la violencia delincuencial con acciones letales y las presuntas ejecuciones extrajudiciales persisten en los barrios pese a la denuncia de familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos.

Crece la violencia en casa

De acuerdo con el informe del OVV, un delito que tuvo mayor visibilidad durante 2023 fue la violencia interpersonal entre parejas y familiares.

Los casos donde el victimario era conocido de la víctima subieron 5% con respecto a 2022, mientras que la delincuencia común descendió 7%.

Un tercio de los casos de homicidios estuvieron vinculados con violencia de pareja o familia. 38% de los delitos fueron cometidos por personas conocidas de las víctimas

Según el OVV hubo un agravamiento de la violencia de género. “Un problema que vienen padeciendo mujeres, adolescentes y niñas en el hogar”, reza el informe.

“La violencia de pareja ha subido de manera preocupante en el AMC. En la mayoría de los casos, es el hombre quien incurre en el delito de homicidio contra la mujer, siendo su pareja o expareja. Caracas es una ciudad con problemas de convivencia, tolerancia y valores, una situación agravada por la crisis humanitaria compleja, la descomposición social, la anarquía en las calles y la impunidad. Urge fomentar la convivencia y el respeto. Reiteramos la necesidad de generar políticas públicas para que Caracas no sea la ciudad más violenta del país”, puntualiza el informe.

OVP: Nueve pranes se encuentran en sede de la PNB en La Yaguara 
Según la ONG en el calabozo policial conviven líderes negativos de las cárceles de Tocorón, Vista Hermosa, San Felipe, Trujillo, La Pica y Puente Ayala   

 

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones, la mayoría de los pranes que pactaron la toma pacífica de siete cárceles se encuentran recluidos en el Centro de Control y Resguardo del Detenido de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Yaguara, Caracas.

Según fuentes extraoficiales en La Yaguara se encuentran: Freddy Barboza alias “La Charro”, pran del Internado Judicial de San Felipe en el estado Yaracuy; Alvaro Montilla alias “El Loro”, pran del Internado Judicial de Trujillo y su mano derecha; Wilkins “Wilkins” Romero, Giovanny “Pan” Navas y Edicson “Chichi” González, pranes de la cárcel de Vista Hermosa en Bolívar; Yunior Yagüez, alias “Pata´e queso”, pran de Puente Ayala en Anzoátegui;  uno de los pranes de La Pica en Maturín (no se sabe si alias “Pedro Rapidito” o “El Jefferson”) y un lucero* de Tocorón. 

La organización denunció que mientras esto sucede se desconoce el paradero de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, pran del Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón) y líder del Tren de Aragua y de Nestor Richardi Sequera Campos, alias “Richardi” o “El Papa”, pran de la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo.

De acuerdo con el OVP, la sede de la PNB en La Yaguara no cumple con los estándares internacionales para privados de libertad de alta peligrosidad.

El centro de detención preventiva o calabozo de la PNB en el oeste caraqueño es una instalación concebida para recibir a presos por 48 horas mientras se determina su centro de reclusión según lo establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)

El OVP recordó que los funcionarios policiales no están capacitados para atender a población penitenciaria y menos de alta peligrosidad.  

Asimismo reiteró que los calabozos en Venezuela están abarrotados y el hacinamiento supera el 160%, factor desencadenante de enfermedades como tuberculosis, VIH y coronavirus.

OVP hizo un llamado al ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos y a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Celsa Bautista, a aclarar la situación. 

 

*Mando medio de la estructura criminal en una cárcel

 

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Pran de “La Cuarta” fue trasladado a sede de PNB en La Yaguara
Freddy Barboza, alias “La Charra” fue llevado de San Felipe a Caracas junto con otros cinco hombres que se presume pertenecían al pranato que operaba en la cárcel yaracuyana

 

De acuerdo a una nota de prensa de la ONG Una Ventana a la Libertad, el pran del Internado Judicial de San Felipe en el estado Yaracuy, Freddy Barboza, alias “La Charra”, fue trasladado al Centro de Atención al Procesado de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ubicado en La Yaguara.

Según la ONG, Barboza fue trasladado de la prisión conocida como “La Cuarta” a la sede de la PNB en Caracas junto a cinco privados de libertad, quienes se presume formaban parte del pranato. 

Con la llegada de la “Operación Gran Cacique Guaicaipuro” el pasado 10 de noviembre a la cárcel yaracuyana, el Gobierno aseguró tener el 100% del control de la prisiones.

Barboza es uno de los tres pranes de las siete cárceles tomadas por el Gobierno bajo el supuesto control de las autoridades.

Los otros son: Pedro Manuel González Mata, alias “Pedro Rapidito” de la cárcel de La Pica en el estado Monagas y Álvaro Montilla, alias “El Loro” del Internado Judicial de Trujillo.  

Del resto, de los pranes de Tocorón (Héctor “Niño Guerrero” Flores), Tocuyito (Néstor “Richardi” Richardi Sequera ), Puente Ayala (Luis Manuel “Pata e’ Queso” Yegue Mendoza) y Vista Hermosa (Wilkins Rafael “Wilkins” Romero Maluenga, Giovannny Alejandro “Pan” Navas Ochoa  y Edison “Chichi” González) se desconoce el paradero.

Desde el pasado 20 de septiembre, la administración madurista de la mano del ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, intervino el Centro Penitenciario de Aragua conocido como “Tocorón”, así como los internados judiciales de Carabobo (Tocuyito), José Antonio Anzoátegui (Puente Ayala, Barcelona), Trujillo, Monagas (La Pica), Bolívar (Vista Hermosa) y “La Cuarta” (Yaracuy).

UVL informó que al menos 70 reos del Internado Judicial de San Felipe fueron trasladados al Centro para Procesados “26 de Julio” en Guárico.

Según fuentes del sistema penitenciario, la totalidad de privados de libertad en la “26 de Julio” supera los 1.300 hombres, luego de conocerse los más de 340 reos trasladados desde las cárceles con régimen abierto que fueron intervenidas por los organismos de seguridad en los tres últimos meses.

 

Federación de Centros Universitarios rechaza presencia de la PNB en la UCV
Estudiantes aclararon que la estancia de los uniformados dentro de las instalaciones universitarias viola el artículo  109 de la Constitución Nacional
Aprovecharon la ocasión para exigir la liberación del estudiante de antropología, John Álvarez

 

El presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Jesús Mendoza, condenó la presencia de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) dentro del campus universitario.

El dirigente estudiantil calificó la presencia de los uniformados como una aberrante violación de la autonomía universitaria”.

Mendoza instó al Ministerio de Interior y Justicia hacer valer lo consagrado en el artículo  109 de la Constitución Nacional el cual reza que “el Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica”.

“Hacemos un llamado a las autoridades universitarias a comprometerse en la defensa de la autonomía, y también le pedimos al rector a hacer la denuncia ante el CNU y coordinar acciones con las demás universidades nacionales autónomas un frente por la autonomía”, dijo Mendoza.

El dirigente estudiantil exigió la liberación del estudiante de antropología de la UCV, John Álvarez, quien lleva más de 60 días detenido y ha sido víctima de torturas, según familiares y abogados.

«No tenemos nada que celebrar, y en el inicio del mes del estudiante universitario queremos reiterar la solicitud ante el fiscal general de la República para que se respeten todos los derechos de este ucevista detenido. Además, tenemos una enorme crisis presupuestaria que nos mantiene con unas becas de cinco dólares, un comedor inestable y rutas universitarias que no existen», declaró Mendoza.

Por su parte, Inyer Bellorín, secretario de reivindicaciones de la FCU-UCV, alzó su voz en función de las deficiencias que sufren los ucevistas y dejó claro que cualquier diálogo, sin importar la instancia que sea, debe resolver la crisis que asfixia a las casas de estudio del país. 

«Los diálogos son importantes en la sociedad, pero solo cuando se logran acuerdos útiles. No son para fotos políticas», dijo. 

 

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#MonitordeVíctimasCaracas | PNB mata a tres hombres durante un presunto enfrentamiento en José Félix Ribas
Edward Daniel Morillo, de 18 años; José Andrés Díaz Urbina, de 21 años, y otro joven de identidad desconocida fueron asesinados en el mismo suceso durante la madrugada del lunes 18 de septiembre, en la Zona 5. Familiares aseguran que las víctimas no tenían vínculos

@loremelendez

Edward Daniel Morillo, de 18 años, se despidió de su madre la noche del domingo 17 de septiembre de 2023, sin decir a dónde iba. En casa, supusieron que saldría de fiesta, pero comenzaron a preocuparse cuando no regresó en la madrugada. Al amanecer, sus familiares iniciaron la búsqueda y poco después, a través de sus vecinos, se enteraron de que al joven lo había matado la Policía Nacional Bolivariana en un presunto enfrentamiento.

El hecho ocurrió dentro del mismo barrio en el que Morillo pasó su vida: el José Félix Ribas de Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda, un territorio que lleva, por lo menos, seis años bajo el control de la banda armada comandada por Wilexis Alexander Acevedo Monasterios, conocido como Wilexis.

El cadáver del joven quedó tendido en un callejón de la Zona 5 del barrio. Cerca de allí, en la Zona 6, está la casa donde vivía.

«Para la policía, todo el mundo es de una banda», afirmó uno de los parientes de la víctima en la sede de la Morgue de Bello Monte. Aseguró que el joven, que era bachiller y trabajaba en una cadena de restaurantes de comida rápida, no tenía ningún tipo de arma. Era padre de un niño de 4 años.

A Morillo lo mataron junto a José Andrés Díaz Urbina, de 21 años, y otro joven cuya identidad se desconoce. Los familiares señalaron que Morillo no estaba vinculado con las otras dos víctimas.

De acuerdo con datos de Monitor de Víctimas, durante los primeros ocho meses de 2023 hubo, por lo menos, 17 homicidios en el barrio José Félix Ribas de Petare. De estos, 9 ocurrieron a manos de cuerpos policiales.