Fosas que se preparaban para las víctimas de la Masacre del retén de Amazonas. Foto: OVP
@loremelendez
EL PASADO 16 DE AGOSTO DE 2017, Puerto Ayacucho se quedó sin ataúdes. Las funerarias colapsaron y ni siquiera había suficientes carrozas para trasladar a los difuntos. Un retén del estado Amazonas acababa de ser el escenario de una masacre que dejó 39 presos muertos en medio de una incursión policial – militar que duró 10 horas, en la que actuaron funcionarios de cuatro organismos del Estado en un intento por retomar el control del penal. Pero, contrario a lo establecido en las leyes nacionales y en los tratados internacionales suscritos por Venezuela en materia carcelaria, allí nunca hubo intentos de negociar con los privados de libertad para que estos entregaran sus armas, ni tampoco se agotaron los mecanismos alternativos al uso de la fuerza.
“El ataque de la fuerza pública no tuvo como criterio el de producir el menor número posible de reclusos heridos y muertos; por el contrario, al disparar de manera indiscriminada no solo contra quienes portaban armas, sino también contra desarmados y visitantes, el asalto se orientó a causar un alto número de muertos”, apunta el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en el informe “Ni olvido, ni impunidad. Masacre con premeditación y alevosía en el Centro de Detención Judicial de Amazonas”, presentado este martes, 21 de noviembre.
El documento, además de detallar cómo ocurrieron los hechos basado en testimonios de sobrevivientes y familiares de los muertos, recorre los antecedentes de la matanza, el descuido de las autoridades regionales y nacionales con respecto al retén, la conflictividad política que favoreció al pranato e incluso el ataque previo de un grupo armado irregular dentro del recinto que presuntamente fue apoyado por cuerpos policiales que funcionan en la entidad.
Masacre a oscuras
Todo comenzó la noche del 15 de agosto, a las 9:00 pm, cuando se cortó el servicio eléctrico al centro judicial y a sus alrededores. Un par de días antes, los reos habían escuchado que la policía intervendría el sitio, así que esa debía ser la señal. Así comenzó el despliegue de un “excesivo número de funcionarios policiales y militares” en comparación con la centena de reclusos que había en el lugar.
Pero a esa hora no se había hecho notificación alguna a la Defensora del Pueblo, María Daniela Maldonado, ni se había pedido su intervención para mediar con los presos. Tampoco se había hecho lo propio con el Ministerio Público, ni mucho menos se había convocado a los sectores de las iglesias que asistían a los internos para evitar el enfrentamiento. Cualquiera de estas acciones hubiese protegido los derechos de los detenidos.
La directora del centro judicial, Yamilet Yenny Camico, denunció en un informe suyo que los jefes de la operación prácticamente la habían mantenido secuestrada en un destacamento policial y le impidieron actuar en favor de los internos.
Solo un par de conversaciones cortas hubo durante esa noche entre los privados de libertad y sus atacantes. “En una de ellas, el pran número uno que liderizaba a los presos, Roberto Antonio Martínez Orozco, le comunicó a uno de los jefes policiales vía telefónica que se rendirían al amanecer, que en la oscuridad de la noche no lo iban a hacer y que exigían la presencia del Ministerio Público y de la Defensoría. En la otra, los reclusos informaron a los jefes policiales que entre ellos se encontraban tres niños (entre seis meses y cuatro años de edad) y 10 mujeres que habían ido de visita esa tarde. Eso fue transmitido por uno de los pocos custodios civiles del penal”, señala el informe. Sin embargo, nada se hizo para permitir que los visitantes salieran.
La matanza, indica el documento, se perpetró con armas de guerra. Los miembros de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); el Grupo de Respuesta Inmediata de Seguridad y Custodia del Ministerio de Servicios Penitenciarios y el Comando Nacional Antisecuestro (CONAS) de la Guardia Nacional, ingresaron al retén con fusiles R15 y Kalashnikov, además de granadas, bombas lacrimógenas y aturdidoras, y otros explosivos no identificados. Además, dispararon contra la población carcelaria desde un helicóptero y utilizaron una tanqueta de la GNB durante el ataque. Según la organización, se trató de una operación que “se planificó y ejecutó con desprecio a la vida de los privados de libertad”.
“Si bien consta que los internos inicialmente trataron de repeler el acceso de los funcionarios haciendo uso de armas de fuego que ilegalmente portaban, el actuar de policías y militares violentó flagrantemente no solo las obligaciones que a los cuerpos de seguridad del Estado impone el texto constitucional, el cual declara que estos deben respetar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, sino también los compromisos internacionales de la República que se derivan de la adopción de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, 1990). Conforme a estos principios, los funcionarios a cargo de hacer cumplir la ley solo pueden hacer uso legítimo de las armas que portan cuando sea estrictamente necesario para proteger una vida; asimismo, si se trata de personas detenidas o bajo custodia estatal, cuando sean casos de defensa propia o de terceros, cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves, o cuando sea el único medio para impedir la fuga de una persona sometida a custodia o detención”, reza el texto del OVP.
El documento recalca que entre quienes dirigieron la operación están el general Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; el comisario general del Cicpc, Wilfredo Vargas Ferrer, así como el comisario de investigaciones de ese mismo cuerpo, Argenis Castillo; la ministra de Servicios Penitenciarios, Mirelys Contreras Moreno; el general de la Guardia Nacional, Eduardo Peña; el general Eleazar Pinto Gutiérrez, y el vicealmirante Andrés Garcés Ortega, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Amazonas.
Torturados y ejecutados
El documento, que incluye entrevistas a sobrevivientes y familiares, sostiene que los presos comenzaron a rendirse entre las 7:30 y 8:00 am del 16 de agosto. Para esa hora, se supone que las fuerzas policiales y militares tenían el control de las instalaciones. Solo tres reclusos habían caído durante las 10 horas de enfrentamientos.
Sin embargo, los testimonios de los parientes revelaron que algunos de los internos habían logrado comunicarse con ellos luego de la rendición para informarles que estaban bien. Horas después, estaban muertos.
También se resalta que algunos de los reos sufrieron torturas antes de ser asesinados, mientras que otros murieron con disparos a la altura de la nuca y la cabeza, como si hubiesen sido ejecutados. Algunos más presentaron más de diez impactos de bala y un grupo de reclusos, a quienes se les tiroteó en la azotea del penal, fueron lanzados vivos desde allí y fallecieron al caer. Sus rostros quedaron desfigurados.
“El hecho es que según información aportada por sobrevivientes, todos los privados de libertad que se encontraban heridos fueron ejecutados, lo que explica que ningún recluso herido fuera trasladado a un centro hospitalario. El mismo destino tuvieron una serie de presos que figuraban en una tableta electrónica que cargaba uno de los funcionarios. Fotos, tatuajes y otras marcas en el cuerpo servían para identificar a los señalados. Este grupo de hombres estaban de antemano condenados a pena de muerte”, dice el informe.
Los sobrevivientes, se explica, también fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Golpes, simulacros de ejecuciones y amenazas de violación están entre las denuncias de quienes no fueron asesinados. A algunos se les desnudó y humilló en público, mientras que a quienes presenciaron la masacre les dijeron que los matarían si informaban sobre lo sucedido y se les privó por más de doce horas de agua y alimentos.
Los familiares igualmente sufrieron malos tratos al no ser debidamente informado de los que había sucedido con las víctimas fatales. Debieron soportar ver los cadáveres de los suyos apilados dentro de los calabozos y camiones.
El retén antes de la masacre
El Centro de Detención Judicial de Amazonas fue creado en 2008, bajo la égida de la Gobernación del estado, con la intención de albergar a los privados de libertad que estaban sometidos a juicio y no habían recibido sentencia. La amplitud de sus instalaciones tenía como fin crear espacios en donde se promovieran actividades para contrarrestar el ocio, meta que se cumplió durante los primeros años.
Pero a partir de 2012, indica el OVP, comenzaron a registrarse hechos de violencia entre los internos, se dejaron de realizar los ejercicios anti ocio y se comenzó a instaurar un pranato que sumó muertes cada año. “Mientras la gobernación garantizaba el control externo del penal, el control interno estaba en manos de los pranes”, agrega el documento.
El caos se desató en enero de este año, cuando el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz intervino la policía del estado Amazonas, a cargo del gobierno del opositor Liborio Guarulla, como una medida de retaliación política que fue aplicada en varias entidades venezolanas. A partir de ese momento, el despacho del gobernador dejó de llevar alimentos a los presos. Estos pasaron a depender exclusivamente de sus familiares.
En marzo pasado, el OVP pudo constatar en una visita que los reclusos podían salir libremente de las instalaciones y que las visitas entraban y salían sin ningún tipo de control.
El 24 de abril de 2017, el centro judicial fue escenario de otro hecho violento. Allí ingresaron los presuntos integrantes de un grupo guerrillero conocido como los “pata de goma”, por las botas de goma que llevan, quienes aparentemente tenían la intención de asesinar a los pranes. En el suceso, que duró alrededor de cinco horas y se llevó a cabo sin intervención alguna de las fuerzas de seguridad del Estado, los reclusos asesinaron a dos de los invasores. Tanto los privados de libertad como sus parientes afirmaron que el ataque había sido ejecutado con complicidad de policías de Amazonas, Cicpc y el Sebin. Tras este hecho, la GNB pasó a custodiar los exteriores de la cárcel.
El OVP advierte que la responsabilidad del Estado en la masacre de Amazonas no solo fue por acción sino también por omisión, ya que las autoridades permitieron que los internos asumieran el control del lugar y que a este ingresaran armas, hecho que comprometió la seguridad de los propios presos, sus visitantes y los custodios.
“Si por una parte vemos que la confrontación política favoreció el reforzamiento del pranato, por la otra se constata que una vez ocurrida la masacre ambos lados pretenden evadir responsabilidades”, indica el informe que, a su vez, reclama los pocos avances que se han hecho sobre el caso. Destaca el OVP que aunque el Ministerio Público, la Asamblea Nacional y Asamblea Nacional Constituyente anunciaron que investigarían los sucesos, se desconoce qué han hecho al respecto. La misma organización se ha quedado sin respuesta cuando, en varias oportunidades, ha exigido a la Defensoría y a la Fiscalía que avance en las pesquisas.
