Conductores pasan días haciendo cola para surtir gasolina
Durante el proceso de cuarentena, por la presencia de la pandemia Covid-19 en el país, la escasez de la gasolina ha generado largas colas, que se prolongan hasta por tres días. La situación tiene en mayor descontento a los venezolanos y los índices de violencia en el estado Aragua han aumentado.
En las estaciones de servicio de la entidad se registran interminables colas para surtirse de gasolina; al parecer, la prioridad ante la emergencia sanitaria sólo la tienen los militares. Los médicos y enfermeras caminan hasta 48 kilómetros diarios para ir a su sitio de trabajo y regresar a sus hogares, desde San Juan de los Morros -en Guárico- hasta el Hospital Nuestra Señor de la Caridad, ubicado en San Sebastián de los Reyes en Aragua, ante la ausencia de transporte público.
El pasado 27 de abril, tras varios días de cola para obtener el combustible y ante la imposibilidad de abastecerse, los aragüeños protestaron con quema de objetos en la vía de Turmero, municipio Santiago Mariño.
Así mismo, el ex concejal del municipio Sucre, en Aragua, Simón García -mejor conocido como “Pipo”-, fue detenido al protestar por las irregularidades en el suministro de gasolina en el estado, ya que tenía una semana en la fila y el combustible no llegó. Además, 5 personas más fueron privadas de libertad por, presuntamente, la misma razón, según confirmó la abogada del Foro Penal, Zuleima Siso. Por otra parte, el 1 de mayo, la Policía de Aragua y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) disolvieron una protesta con bombas lacrimógenas en el sector de La Barraca en Maracay, concentración que estuvo motivada por las irregularidades en el surtido de gasolina correspondiente al terminal de placa vehicular que inició el 27 de abril.
15 sujetos armados atacaron la comisaría de la Policía del estado Aragua (Poliaragua) en la población de Magdaleno, del municipio Zamora, dejando herido al oficial jefe José Zerpa, de 33 años de edad.
El ataque se produjo aproximadamente a las 9:45 p. m. del lunes 8 de enero, cuando los sujetos, portando armas cortas y largas, dispararon contra la sede policial por más de media hora, según relataron algunos testigos del hecho.
Los funcionarios policiales de guardia intentaron repeler la acción y durante el intercambio de disparos resultó herido de bala en la mano derecha el oficial jefe, quien fue trasladado al seguro social de La Ovallera, en el municipio Libertador.
Inmediatamente, funcionarios policiales de comisarías cercanas brindaron apoyo y emprendieron un operativo de búsqueda en varios sectores y barrios de Magdaleno para dar con el paradero de los delincuentes, quienes presuntamente pertenecen a la banda de “El Bolas”, vinculada a diversos homicidios, secuestros, extorsión, robos y hurtos de vehículos. La búsqueda se prolongó durante la mañana del martes.
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El director ejecutivo de la ONG, Foro Penal Venezolano (FPV), Alfredo Romero, indicó la noche del miércoles que la Policía de Aragua desacató la orden de liberar a los 27 estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL).
La información fue dada a conocer a través de su cuenta en Twitter donde informó a las 10:40 de la noche que “PoliAragua no acata orden de Libertad de los 27 estudiantes UPEL y se los llevan y mantienen detenidos”.
La orden del juez 5to de Control Militar, Edgar Volcanes, para los ciudadanos fue de libertad “restringida”, según señaló el coordinador del FPV-Aragua Daniel Rivas.
Los 27 jóvenes tenían la medida de no salir del estado Aragua y no participar en manifestaciones, además tenían libertad inmediata. “Nunca se materializó la libertad, por orden superior debían mantenerse privados, fueron traslados a las comisarías los hombres y las chicas a sus residencias”
Romero resaltó anoche que bajo esa medida «se espera que los jóvenes sean liberados bajo régimen de presentación»; sin embargo, se mantenían detenidos por la policía regional del estado Aragua la mañana de este jueves.
El pasado 24 de julio, la UPEL denunció que «funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado Aragua allanaron» el recinto universitario y «golpearon y se llevaron detenidos a un grupo» de estudiantes.
De los 27 detenidos, cinco mujeres cumplían arresto domiciliario, mientras que de los 22 varones, una mitad fue recluida en la cárcel de El Dorado, en el estado Bolívar, y el resto en el Centro para Procesados «26 de Julio» en el estado Guárico.
Los universitarios fueron detenidos el pasado 2 de julio.
#28Sep A 10:30a@ aprox llegó traslado estudiantes UPEL ahora privados de libertad x decisión de PoliAragua desacatando orden excarcelación pic.twitter.com/wAaWw3bAVy
#28Sep 8:20am Se espera hoy traslado a trib ordinario de estudiantes UPEL retenidos por PoliAragua a pesar de orden de excarcelación ayer pic.twitter.com/0kwDD0sPrW
Desde tempranas horas de la mañana se reportaron varias zonas sin o con acceso restringido, vecinos por propia cuenta optaron por cerrar calles en algunos lugares del país, pese a que la Mesa de la Unidad Democrática decidió unirse al «Trancazo» convocado por el Movimiento Estudiantil a partir de las cuatro de la tarde de este lunes 26.
Usuarios de redes sociales reportaron barricadas colocadas a tempranas horas en Lomas del Ávila, lo que dificultó el desplazamiento hacia Mariche y Palo Verde. Por su parte, manifestantes cerraron la vía de principal acceso hacia la urbanización El Peñón.
En el interior del país, la represión comenzó desde tempranas horas de la mañana, como es el caso de Maracay, donde la Policía de Aragua dispersó a un grupo de personas en la urbanización Madre María, al sur de la ciudad.
Por su parte, en Barcelona, específicamente en el sector El Samán, reportaron represión con bombas lacrimógenas a manifestantes por parte de PoliAnzoátegui, mientras que en otros zonas como la avenida Jorge Rodríguez, Fuerzas Armadas se mantienen las vías cerradas.
Asimismo, vecinos de Charallave procedieron a trancar la carretera hacia Ocumare en reclamo por el retraso en la cajas de CLAP.
La mañana del domingo 02 la Policía de Aragua detuvo a tres hombres que portaban un lanza misil y demás armas de fuego en un barrio de Maracay, estado Aragua.
Cerca de las 10:30 a.m. cuando una patrulla motorizada del cuerpo policial de Aragua recorría el barrio La Cooperativa de la parroquia Las Delicias de Maracay, tres individuos abrieron fuego contra los efectivos e intentaron huir de la zona, pero fueron aprehendidos. Les fue incautado un lanza misil AT4, una pistola calibre 45, una granada y una culata de rifle.
Los tres hombres fueron identificados como Oscar Eduardo Abreu Rodríguez de 24 años, Víctor José Pérez Rodríguez de 32 años y Víctor Ramón Pérez Rodríguez de 27 años según el reporte policial.
El Fiscal 7° Yulimy Marcano fue notificado del hecho.
El diputado del Consejo Legislativo del estado Aragua, José Ramón Arias, aseguró el riesgo de ejercer la función policial en el estado Aragua, “aumentó en 100 por ciento este año” debido al incremento de ataques contra comisarías de este cuerpo policial con artefactos explosivos, así como la muerte de efectivos policiales a manos de la delincuencia.
Aseguró “que las políticas de seguridad erradas del gobierno regional les concedieron el control de las calles a las bandas armadas” quedando en minusvalía y desautorizada la Policía de Aragua ante los grupos armados cuyo oficio es cometer los delitos.
El parlamentario aragüeño denunció que los ataques con granadas a 6 comisarías de la policía regional en 24 horas en las poblaciones de Villa de Cura, Maracay, Cagua, Santa Rita , aunado a los cuatros ataques que se han en los últimos dos meses a otras sedes policiales, incluida el comando central de la Policía de Aragua, coloca a esta entidad del país en el primer lugar con el mayor número de ataques y detonaciones de granadas a sedes policiales por parte de delincuentes. arma.
El diputado José Ramón Arias expresó que desde el primer momento que asumió como legislador aragüeño ha denunciado sobre el estado de indefensión en el cual se encuentran los funcionarios policiales frente a los delincuentes, luego de conocerse en el año 2012 sobre la muerte de un efectivo de policía regional cuando fue atacada con el mismo modos operandi la comisaria policía ubicada en la población de Magdaleno, municipio Zamora.
Dijo que las políticas equivocadas en materia de seguridad del gobierno regional que preside Tareck El Aissami han tenido como resultado el aumento de riesgo de ejercer la función policial en el estado Aragua. Informó que en lo que va del año 2016, 25 funcionarios de la Policía de Aragua han sido asesinados.
“Los ataques ya no son individuales contra algún funcionario por el robo de su arma de reglamento, sino ya llegaron a las comisarías, comando central y hasta las residencias familiares de los policías regionales”, expresó Arias, quien recordó caso como lo ocurrido en la residencia de un funcionario policial de Villa de Cura, donde le lanzaron un artefacto explosivo, o el matrimonio que fue asesinado y quemado en una comunidad de Palo Negro por ser el hombre y la mujeres funcionarios de la Policía de Aragua.
“La libertad ciudadana está condicionada a las bandas organizadas y la policía regional está atada de manos”. Señaló que en algunos casos personas que residen en los alrededores de las comisarías, han resultados lesionadas por las detonaciones.
El ministerio informó que fueron imputados ocho efectivos de la Policía de Aragua por su presunta responsabilidad en la muerte de cuatro hombres, ocurrida el pasado 05 de agosto en la Zona Industrial San Vicente 2, ubicada en el municipio Girardot de esa jurisdicción.
El Tribunal 4º de Control de Aragua dictó medida privativa de libertad contra los ocho funcionarios, por lo que cuatro de ellos fueron enviados a la Comisaría de San Carlos; mientras que los otros cuatro permanecerán en la sede de la policía regional, ubicada en El Limón.
Los fiscales 34º nacional y 20º de Aragua en materia de Protección de Derechos Fundamentales, Guillermo Tirado y Elías Martínez, respectivamente, imputaron a José Sosa (supervisor jefe), Oswaldo Pérez (supervisor), Euclides Ron (oficial jefe), así como a los oficiales agregados Yeldin Curvelo, Luis Santana, Joel Salazar, Wilmer Palencia y Humberto Conoropo por ser presuntos coautores en el delito de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos innobles.
Adicionalmente, a los policías se les imputó uso indebido de arma orgánica, simulación de hecho punible, asociación para delinquir y quebrantamiento de convenios y pactos internacionales suscritos por la República.
La toma del barrio San Vicente de Maracay por cuerpos de seguridad el 13 de mayo de 2015 puso de manifiesto la batalla campal entre policías y bandas armadas en la entidad. Vecinos y líderes comunales de este sector acusan a la Policía de Aragua de arremeter con violencia contra inocentes y de “robar” en las viviendas
Jesús Alberto Yajure Laudelyn Sequera
“Dígame usted, ¿Qué barrio de este país no tiene madres con hijos presos o delincuentes? Pero no todos aquí somos malandros. Lo que hicieron no tiene nombre. La Guardia y el Cicpc se portaron a la altura. Pero Poliaragua fue un desastre. Insultaron, golpearon, maltrataron a todo el mundo. Se metieron a robar. Por eso es que no los queremos”, relata una vecina del barrio San Vicente, en Maracay.
“Aquí se quería gobierno, pero no policías”, agrega rodeada de familiares. Luce indignada, molesta. Accede a hablar dentro de su casa. No quiere que la vean conversando con periodistas, menos que se publique su nombre.
Su relato es apenas uno de los testimonios recogidos en este enorme barrio al suroeste de Maracay, tras la toma del pasado 13 de mayo por más de 1.500 funcionarios de organismos de seguridad del Estado. Situado junto a una zona industrial otrora pujante de Aragua, hay lotes abandonados entre los 22 sectores en los que está dividido, donde familias construyen ranchos de madera y lata. Se respira desempleo, pobreza. Las aguas negras corren por las calles.
En un rancho de lata y madera, un hombre con acento andino relata junto a su esposa cómo fue aquella toma. Muestra una herida en la cabeza: “Me dieron un cachazo. Preguntaban por pranes, que dónde estaban. No conozco a ningún pran, y como no les daba nombres, me golpeaban”. Se sube la camisa y deja ver moretones en la espalda. “Se llevaron los teléfonos y cinco mil bolívares que tenía ahorrados. Hasta se robaron la canaimita de la niña”.
Las autoridades no lo decían, pero buscaban a tres presuntos delincuentes a los que asocian con Héctor Guerrero Flores, conocido como “El Niño Guerrero”, el pran de Tocorón. Los objetivos eran Johan José Romero, apodado “Johan Petrica”; y Larry Amaury Álvarez, alias “Larry Changa”. Los tres tienen prontuario y han estado en la cárcel de Tocorón. Según las autoridades, controlaban una banda conocida como “Tren de Aragua”, a la que organismos de seguridad habían plantado una guerra sin cuartel.
Otra vecina —piel morena, baja estatura― muestra la puerta de su casa, rota a patadas: “No dejaron ni que abriera. Le dije a la oficial ‘¿qué vaina es, qué te pasa? Aquí vive gente decente’. Yo trabajo cuidando niños, ¿quién me va a pagar mi puerta?”.
Desde enero hasta mayo de 2015 fueron asesinados 24 funcionarios de Aragua. Una sede policial en El Mácaro fue atacada con granadas en abril. Luego en mayo, delincuentes atacaron otras dos estaciones en Villa de Cura y Turmero. La reacción se aceleró durante abril, cuando murieron 33 presuntos delincuentes durante procedimientos policiales. Los delincuentes daban un golpe, la policía lo devolvía. Siempre con muertos de por medio.
En un rancho de lata del sector El Infiernito, junto a un vertedero de basura, una mujer relata: “Nos golpearon delante de los niños. Me sacaron de mi casa desnuda. Se llevaron los teléfonos, nos reseñaron como si fuéramos unos delincuentes”.
El rechazo a la Policía de Aragua es latente y reconocido por las autoridades. José Sosa, supervisor jefe de la Comisaría de San Vicente, afirmó a Runrunes: “Cuando yo llegué aquí, el 19 de enero, ya había un choque entre la comunidad y la Policía. La gente no entiende muy bien el trabajo policial. Se molestan cuando se detiene a gente que anda con delincuentes”. Y agrega: “Esto nunca ha sido zona de paz, eso es mentira… Si alguien sustrajo alguna cosa de una vivienda, los vecinos debieron haber venido a poner la denuncia”.
A toda ¿vida?
En julio de 2014, el Gobierno de Aragua, a través de la Misión A Toda Vida Venezuela anunció la puesta en marcha de una fábrica de bloques en San Vicente. El proyecto preveía la inclusión de “jóvenes que han tenido la difícil experiencia de transitar por el sistema penitenciario y la pena de privativa de libertad”, expresó Reinaldo Hidalgo, encargado del programa en la entidad.
El proyecto de la bloquera —con un desembolso de Bs. 500 millones— fue el primer acercamiento entre autoridades e integrantes de una organización que luego se conocería como “Tren de Aragua”, acusada por el gobierno y cuerpos de seguridad de ejecutar asesinatos, ataques con granadas a comisarías, cobrar vacuna e instaurar el caos en la entidad.
Vecinos de San Vicente protestaron el 23 de abril contra el patrullaje y la presencia de la Policía de Aragua. Incluso, fueron más lejos y pidieron el cese del supuesto “acoso” contra Johan Petrica. El general Antonio Benavides Torres, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) para el centro del país, replicó al día siguiente que no permitirán que grupos hamponiles impongan sus reglas.
El golpe de las autoridades se selló con el procedimiento en San Vicente. Las autoridades allanaron cientos de viviendas, asesinaron a tres presuntos delincuentes y detuvieron a más de 800 hombres, 16 de ellos con prontuario: 11 por presunto tráfico de droga; 3 solicitados por homicidio; uno por robo y otra por incumplimiento de medidas cautelares.
En este amplio despliegue se incautaron una escopeta, una pistola, un revólver, una granada y dos envoltorios de droga, según informó el general Jesús Suárez Chourio, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en una rueda de prensa el día después del procedimiento.
Algunos vecinos ya habían denunciado el cobro, por parte de delincuentes, de 500 bolívares como pago de vacunas y cuotas a cambio de la garantía de que no habría robos ni otros delitos. Ese sería el trato que aparentemente impusieron las organizaciones criminales tras lograr sacar a los policías bajo amenaza y con el argumento de que San Vicente era “zona de paz”.
“Tren de Aragua”
Los presuntos delincuentes abatidos durante el enfrentamiento en San Vicente fueron: Edgar Alexander Valderrama Ayala, a quien se le incautó una pistola; y Carlos Eduardo Ribas Rodríguez, atrapado con una granada y una escopeta supuestamente perteneciente al “Tren de Aragua”; Johan José Cárdenas Leal, conocido como “Johan Maleta”, quien tenía un revólver y lo ejecutaron en la sala de su casa, en la calle 1ero de Mayo, según reveló Contrapunto.
Al día siguiente, el gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, afirmó que el estado sería “zona de paz y de vida”. También aseguró que en el procedimiento en San Vicente se garantizó “el derecho colectivo a la paz”.
Los delincuentes, algunos de los cuales participaban en proyectos de la Misión A Toda Vida Venezuela, se convirtieron de pronto en “cazapolicías” que atacaban y disparaban a uniformados. El blanco de las balas siempre es la cabeza, en la mayoría de los casos registrados. La guerra obligó a los cuerpos de seguridad a patrullar las calles en grupos de más de ocho funcionarios para poder repeler cualquier ataque, según indicó un oficial activo de Poliaragua a la periodista Laudelyn Sequera.
Los escoltas de altos funcionarios del gobierno no han escapado de estos ataques en Aragua, a pesar que el gobernador El Aissami afirmó que la entidad era “potencia en seguridad” y que incluso formó parte de su propuesta de campaña electoral en 2012. Días después del operativo en San Vicente aparecieron fotografías de “Larry Changa” junto con el hoy exministro de Deporte, Antonio “El Potro” Álvarez.
Fani Moreno y Sonia Herrera, líderes militantes del PSUV en San Vicente, cuestionan todo el operativo en la comunidad: “Si el gobierno les tendió la mano, ¿Por qué ahora los traiciona? ¿Por qué buscaban a esos pranes aquí, cuando ellos salían en fotos con funcionarios del Gobierno?”
“Las zonas de paz no han dado los resultados esperados”
El sociólogo Nelson Fréitez estima que los programas para la reinserción de personas vinculadas a actividades criminales deben emprenderse desde el diseño de políticas integrales que incluyan, en principio, mejoras en las condiciones socioeconómicas, pero sin descuidar el acompañamiento del Estado en materia educativa, cultural y preventiva.
Cree que el deterioro de las condiciones de la vida en comunidades y barrios cercanos a centros industriales donde la crisis económica ha obligado al cierre de empresas y la pérdida de empleos constituye un cóctel para el auge delictivo.
“Hay estudios que prueban esto en zonas residenciales, de trabajadores, aledañas a zonas industriales, que se cierran por razones de crisis económicas. Es allí cuando se expulsa a los trabajadores de los procesos productivos, se pierde el empleo y ocurre un proceso que es común, que consiste en la precarización de la vida, por el desempleo, por la informalidad, por la carencia de ingresos de las familias. Pudiera haber procesos de degeneración y delincuencia, actividades ilícitas”.
Pero también hace un balance de los resultados de las políticas implementadas por el Gobierno; y lo que califica como el fracaso de las llamadas “zonas de paz”, decretadas muchas veces por grupos y bandas armadas.
“El gobierno ha adelantado una política —no muy pública por cierto— de las zonas de paz. En la experiencia que tenemos, esto no ha dado muchos resultados. Se han convertido en zonas en guerra por el poder y el control territorial. En el caso de San Vicente, un elemento que podría explicar la magnitud de la violencia es la presencia de bandas armadas que tienen gran poder de fuego, recursos importantes y un nivel de organización que no suelen tener las bandas, sobre todo por el tipo de armamento: fusiles, armas largas, granadas. Esto puede indicar que existan conexiones con centros de poder”.
Fréitez contrasta estas iniciativas con otras implementadas en Latinoamérica, como en Quito (Ecuador) y Medellín (Colombia). Pero también cita resultados positivos de planes privados, como el Proyecto Alcatraz, implementado por la Fundación Santa Teresa en el municipio José Rafael Revenga, en Aragua, y que “ha logrado la regeneración” de jóvenes con un pasado delincuencial a través de estrategias socioeducativas, de adiestramiento, empleo y participación en actividades deportivas coordinadas y con el acompañamiento de un equipo profesional multidisciplinario.
“En Venezuela lo que ha sucedido es que hay todo un problema de poder, de control territorial, por personas que vienen de la exclusión y la pobreza y encuentran en las armas una fuente de poder y reconocimiento. En Quito, por ejemplo, las bandas se desarmaron luego de un trabajo sociocultural, en el que participó la Iglesia católica y hubo todo un trabajo multidisciplinario allí. Las bandas criminales entregaron las armas a la Iglesia y luego el Estado consiguió financiamiento para insertar e incluir a estas personas a través del trabajo y la productividad”.
Vecinos del barrio San Vicente habían protestado para rechazar el patrullaje policial. Otros incluso concedieron que desde hace meses el “Tren de Aragua” había tomado el barrio y ofrecido condiciones para evitar los robos y asesinatos, como el pago de vacunas y la expulsión de la zona de la Policía de Aragua. Fréitez considera que este tipo de dinámicas ocurren cuando el Estado negocia y cede sus espacios, o incluso cuando los ciudadanos no creen en las instituciones.
“Es lo que los sociólogos llamamos “la anomia”, que es como un mundo al revés. La gente no confía en la institucionalidad del Estado. Y el Estado delega y cede espacios y control. Se le da poder a los delincuentes, se les transfiere recursos. Pero estas políticas fracasan sino vienen antecedidas de procesos socioculturales. Cuando no funciona, ocurre lo de San Vicente. Se va de un extremo a otro, se da al traste con todo y se practica un operativo en el que se violan los derechos de los ciudadanos. En este caso, la comunidad es la víctima”.
