La Constitución establece que el Estado está obligado a garantizar un presupuesto para la salud que permita cumplir los objetivos de la política sanitaria.
Ese mandato, que no admite interpretaciones por su contundente claridad, es violado por los actuales responsables de las políticas de salud, por el Consejo de Ministros, por el presidente Maduro y por los partidos políticos que sostienen el gobierno, en especial el PSUV.
Demuestran su poder con el establecimiento de la llamada hegemonía comunicacional. El chavismo controla decenas de emisoras radiales, canales de televisión en todos los estados y también muchos de audiencia nacional, periódicos y semanarios regionales al igual que buena parte de la prensa caraqueña de circulación en todo el territorio.
Mantienen un régimen de cadenas diarias a través de los llamados noticiarios de la patria. Y Maduro, personalmente, se encarga de encadenar todos los medios radiales y televisivos para descargar sus mensajes partidistas, difundir sus posiciones políticas, arremeter contra sus críticos y posicionarse como el jefe máximo del hasta ahora partido de gobierno.
En esas arengas radiadas y televisadas Maduro se esmera en usar un tono fuerte e imperativo al dirigirse a soldados y oficiales de la Fuerza Armada. Pone especial celo en demostrar que es el jefe único del gobierno, tanto en su rama civil como en la militar.
Nadie duda que tiene poder. Sin embargo, los hospitales están destartalados. Los pacientes han de llevar sus propias sabanas, fundas y almohadas, al igual que ir preparados con su ración de papel sanitario y con su botiquín personal de alcohol, antisépticos, jeringas, algodón, analgésicos y otros medicamentos.
En esos hospitales no hay nada. A veces, ni médicos. Es común que alguien cuya necesidad o dolencia pudo haber sido tratada en dos días, en los hospitales venezolanos la estada sea de semanas por diversas razones. Y eso, después de meses detrás de la cita que les permitió acceder al recinto hospitalario.
Los quirófanos generalmente no funcionan, salvo alguno que se lo pelean las centenares de intervenciones quirúrgicas en cola. Tampoco sirven los equipos de resonancia magnética y otros necesarios tanto para el diagnóstico como para los tratamientos.
Las enfermeras rinden los medicamentos dividiendo las porciones para poder atender a la mayor cantidad de pacientes posibles.
No hay en el gobierno quien resuelva estas carencias. O no les importa, o no saben cómo hacerlo.
El poder de Maduro no se agota en la hegemonía comunicacional arriba mencionada o en sus públicas exhibiciones de mando ante el Ejército. Va más allá. Es público y notorio que en cadena nacional instruye a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia sobre quiénes deben ser condenados y hasta precisa las sentencias.
Designa asistentes y adláteres como magistrados. Encarga a amigos, no importa las credenciales, de tribunales. Manda sobre los fiscales y en general en toda la Fiscalía General. Desde la acusación, hasta los juicios y las sentencias, todo el proceso judicial está en sus manos. Es demasiado evidente que su poder es de pesada envergadura.
Sin embargo, no hay antibióticos para niños en las farmacias. Tampoco se encuentra acetaminofén, indicado para los síntomas del zika que hace estragos por doquier y cuyos contagiados ascienden ya a 436.550 personas, según la Sociedad Venezolana de Salud Pública. No se consiguen inmunoglobulina ni albúmina humana para tratar a los diagnosticados con el síndrome Guillain-Barré. En enero murieron doce venezolanos por esa causa.
No hay manera de que alguien del gobierno, con un mínimo de seriedad, establezca un convenio de pago con los productores nacionales, proveedores e importadores de medicamentos, a quienes se les deben 6 millardos de dólares, lo que ha llevado a que no despachen materia prima ni productos terminados a Venezuela.
Pero Maduro tiene todo el poder para aprobar multimillonarias compras de armamento, como si estuviésemos en guerra por los cuatro costados. Dona a gobiernos socios plantas eléctricas, centenares de viviendas, patrullas, ambulancias y becas para centenares de jóvenes de esos países.
Poder tiene. Dinero también. De lo que carece es de sensibilidad y compromiso con la población venezolana. Por eso se hace de la vista gorda ante el mandato constitucional de garantizar un presupuesto digno para las necesidades de salud de la población venezolana.
La Asamblea Nacional debe ir más allá de la declaración de crisis humanitaria que tuvo lugar el pasado 26 de enero. Debe ejercer la representación nacional para obligar al gobierno a emplear los dineros públicos en la solución de la crisis asistencial y de medicamentos. De eso se trata el cambio.
