Una de las innovaciones de la Constitución de 1999 fue la inclusión de la figura de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La previsión de esa figura se debió a que precisamente la Constitución de 1999 fue producto de un proceso constituyente. Si bien en Venezuela no ha sido tradicional que la propia Constitución incluya la regulación de una figura como la ANC, en 1999 la ANC era el tema político fundamental. No en vano había sido la oferta electoral principal de Hugo Chávez.
Quizá para intentar legitimar políticamente un proceso que había sido turbulento y cuya legitimidad se había cuestionado durante todo el año 1999, en esa Constitución se incluiría la figura de la ANC, a la cual se le dedican los artículos 347, 348 y 349.
Casi dos décadas después nos encontramos en el mismo lugar: se pretende la convocatoria a una ANC para, supuestamente, resolver una crisis política. Sin embargo, la convocatoria de esta ANC plantea enormes riesgos para los venezolanos. Aquí se ofrece un glosario mínimo para entender y explicar a los demás los principales conceptos alrededor de la ANC.
Asamblea Nacional Constituyente (ANC): Es un tipo extraordinario de asamblea reconocido por el artículo 347 Constitución, que puede ser convocada por el pueblo para (i) transformar el Estado, (ii) crear un nuevo ordenamiento jurídico y (iii) redactar una nueva Constitución (artículo 347 de la Constitución).
Bases comiciales: Son las normas que regulan (i) la convocatoria de la ANC, (ii) la elección de los constituyentes de la ANC, (iii) el funcionamiento de la ANC y (iv) la aprobación de la propia Constitución. Deben ser aprobadas por el pueblo mediante el mismo referendo. El Presidente Maduro dictó el Decreto N° 2.878, mediante el cual se establecen las Bases Comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente (Gaceta Oficial Nº 41.156 del 23 de mayo de 2017), el cual no ha sido sometido a referendo para su aprobación por el pueblo.
Clausulas pétreas: Son aquellos principios, valores y reglas constitucionales que no pueden ser modificadas o eliminadas de la Constitución, ni siquiera por una ANC. Ejemplos de “cláusulas pétreas” en la Constitución de 1999 son la que señala que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente (artículo 1), la que señala que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo (artículo 5), la que señala que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables (artículo 6), o la que advierte que el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos (artículo 19).
Comisión Presidencial Constituyente: Fue la Comisión Presidencial creada a través del Decreto N° 2.831 que tendrá a su cargo la elaboración de una propuesta para las bases comiciales territoriales y sectoriales, así como para los principales aspectos que servirán de fundamento a la conformación y funcionamiento de la ANC.
Constitución: Es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico venezolano. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a ella (artículo 7 de la Constitución).
Constituyentes: Son los miembros de la ANC. Deben ser electos en elecciones libres, universales, directas y secretas, con respeto del principio “un elector, un voto”. Constituyentes electos por criterios “sectoriales” o “territoriales” violan el derecho el derecho al sufragio previsto en el artículo 63 de la Constitución, por el cual el sufragio se ejerce, precisamente, mediante votaciones libres, universales, directas y secretas.
Convocatoria a la ANC: Es la decisión que corresponde al pueblo de decidir si quiere o no convocar una ANC. Para el pueblo pueda decidir si convoca o no una ANC, es necesario que el CNE organice un referendo. El artículo 347 de la Constitución señala en este sentido que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. Y luego aclara que en ejercicio de ese poder, puede convocar una ANC.
Estatuto de Funcionamiento: Son las normas que dicta la ANC para regular su funcionamiento. Conforme al artículo 10 del Decreto N° 2.878 mediante el cual fueron dictadas las bases comiciales, la ANC se regiría provisionalmente por el Estatuto de Funcionamiento de la ANC de 1999. En aplicación de esta norma, en el proceso constituyente de 1999 se intervinieron varios órganos del Poder Público, como el entonces Congreso de la República, y se suspendieron las elecciones municipales.
Fraude Constitucional: Es la interpretación o aplicación de la Constitución con un sentido distinto al previsto en la Constitución, como puede ser modificar, derogar o sustituir la Constitución por un mecanismo distinto a los previstos en ella, o violando las normas o principios que regulan los mecanismos que la propia Constitución contiene para su modificación.
Fraude constituyente: Es un tipo especial de fraude constitucional, que consiste en convocar una ANC de forma contraria a lo previsto en la Constitución y a los valores republicanos.
Iniciativa para la convocatoria a la ANC: Es la facultad que se reconoce (i) al Presidente de la República, (ii) a la Asamblea Nacional mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, (iii) a los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos o (iv) al quince por ciento de los electores inscritos en el Registro Electoral (artículo 348 de la Constitución) para que soliciten al CNE la celebración de un referendo para que el pueblo decida si quiere ir o no a una ANC. Por ello, estos órganos o electores pueden tener la iniciativa de la convocatoria, pero la convocatoria como tal es realizada por el pueblo.
Poder Constituyente Originario: Es la facultad que ejerce el pueblo a través de una ANC para (i) transformar el Estado, (ii) crear un nuevo ordenamiento jurídico y (iii) redactar una nueva Constitución. Está limitado por los valores republicanos y por las cláusulas pétreas de la Constitución.
Poderes constituidos: Son los órganos del Poder Público que han sido electos o designados conforme a la Constitución con anterioridad a la instalación de la ANC y que no pueden ser destituidos o sustituidos hasta que se haya dictado una nueva Constitución y la elección de nuevos órganos del Poder Público se someta a los procesos de elección y designación ajustados a la Constitución y a los valores republicanos.
Proceso constituyente: Conjunto de actos estatales y populares que dan inicio, continuación y finalización al ejercicio del Poder Constituyente Originario. En algunos casos se utiliza el término como sinónimo de ANC.
Pueblo: Es el conjunto de ciudadanos venezolanos, considerados sin discriminaciones de ningún tipo por sus opiniones políticas o de otro tipo.
Referendo consultivo: Es el mecanismo de democracia directa previsto en el artículo 71 de la Constitución, a través del cual pueden consultarse al pueblo las materias de especial trascendencia nacional, como, por ejemplo, si quiere o no convocar una ANC.
Referendo aprobatorio de Constitución: Es el mecanismo de democracia directa por el cual el pueblo se manifiesta a favor o en contra de la aprobación de una Constitución que resulte de una ANC.
Soberanía popular: Es el derecho que tienen los venezolanos a que las decisiones fundamentales para la República sean tomadas por el propio pueblo y a que el Poder sea ejercido en nombre del pueblo (artículo 5 de la Constitución).
Supremacía constitucional: Es el derecho que tienen los venezolanos a que todos los órganos del Poder Público respeten la Constitución, a que se respeten las cláusulas pétreas de la Constitución y a que la Constitución sólo sea modificada por los mecanismos previstos en ella (artículo 7 de la Constitución).
En honor a la verdad, la constitución que Venezuela necesita en estos momentos es bastante sencilla. Podría ser algo más o menos así:
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
PREÁMBULO:
El pueblo de Venezuela, representado irrevocablemente por los sucesores del líder supremo, para re refundar la República se otorga la siguiente constitución, regida por los principios que enumeramos a continuación:
Art. 1: Venezuela será un país libre y soberano, independiente de toda dominación extranjera, salvo lo dispuesto en las disposiciones transitorias.
Art. 2: En Venezuela se respetaran los Derechos Humanos. No serán tenidos como humanos los siguientes entes: opositores, estudiantes disidentes, dirigentes políticos de ideología diferente a la oficial.
Art. 3: En Venezuela se garantizan elecciones libres: todo el mundo es libre de votar para manifestar su acuerdo con lo que el líder del pueblo decida.
DE LOS PODERES PÚBLICOS:
Art. 4: Se establecen los siguientes poderes: ejecutivo, legislativo, electoral y judicial. Los tres últimos bajo estricto control y dirección del primero que designará a sus integrantes con el consenso del partido único.
Art. 5: El presidente de la república podrá ser electo de manera indefinida, pudiendo ampliarse el período de gobierno a solicitud de éste.
Art. 6: Son atribuciones del Presidente:
Dirigir al resto de los poderes.
Expropiar, encarcelar, condenar, juzgar (directamente él o a través de tribunales militares) a quien considere conveniente; a los traidores, a los enemigos de la patria y en general a todos los opositores o que puedan llegar a serlo.
Conducir la política económica por los rumbos que él estime convenientes, sin que tenga por ello que responder ante ningún organismo de supervisión.
El presidente de la república no estará sujeto a ningún control de ninguna naturaleza. Podrá hacer, en el ejercicio de su cargo todo lo que no esté expresamente prohibido por la presente constitución.
El presidente es el comandante en jefe de la Fuerza Armada, que estará unida a él por un vínculo de obediencia y lealtad incondicional.
Art. 7: El resto de los poderes se irán organizando por decreto presidencial, en función de las necesidades políticas de cada momento. Para ser magistrado del TSJ no se necesita ser abogado, ni ningún conocimiento del derecho, basta con ser obediente y no deliberante.
NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y DERECHOS CIVILES:
Art. 8: Son venezolanos todos aquellos que manifiesten su apoyo incondicional al gobierno y tendrán derecho a vivienda, alimentación, trabajo, beca, etc.
Art. 9: La nacionalidad venezolana se pierde cuando, aunque habiendo nacido en territorio nacional, el ciudadano manifieste su desacuerdo con las políticas del gobierno y sus decisiones, lo que le convierte de manera automática en traidor y apátrida, pasando a disposición de los tribunales militares.
Art. 11: Todos los ciudadanos tienen derecho a manifestar su apoyo al gobierno nacional y al presidente de la república. Los funcionarios públicos, además del derecho, tendrán la obligación.
Art. 12: Todos tienen derecho a informarse a través del canal del Estado de lo que está sucediendo en el país. Aquellos medios que emitan informaciones contrarias a lo que se diga en los medios oficiales -es decir, que mientan- serán sancionados con severas multas calculadas de manera que los conduzcan al cierre y quiebra para ser expropiados y convertidos en medios oficiales.
DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL:
Son atribuciones de la fuerza armada nacional las siguientes:
Art. 13: Reprimir manifestaciones contrarias al gobierno con todos los medios disponibles a su alcance con la creatividad para la crueldad de que disponga cada funcionario, sin limitación de ningún tipo. Se reafirma: de ningún tipo.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
Cuba.
Comuníquese y publíquese.
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Seamos honestos, una constitución como ésta es lo que se busca, entonces por qué gastar tantos recursos en reunir a 500 personas a deliberar sobre algo que ya está escrito. ¿No será mejor emplear esos recursos en algo verdaderamente necesario, como comprar más bombas lacrimógenas, por ejemplo?
Considerando el impacto que la falta de independencia de poderes ha tenido en el país, Transparencia Venezuela presenta el libro: “Muchas instituciones, un jefe”, que reúne 15 ensayos que abordan en profundidad los riesgos que implican para la democracia, la justicia, los derechos humanos, la economía, el voto y la lucha anticorrupción que el control total de las instituciones del Estado esté en manos del Ejecutivo Nacional y del Presidente de la República en específico.
El libro describe las graves consecuencias que ha generado la falta de independencia de los poderes y que tal situación ha devenido en la ruptura del orden constitucional, la falta de acceso a la justicia, la violación de los derechos humanos, la paz y la cohesión social. Además hace que prevalezca la impunidad de los que controlan el Estado y propicia la corrupción.
El primer ensayo, es una entrevista realizada al sociólogo Ramón Piñango, sobre el impacto de la falta de separación de poderes en las instituciones de Venezuela y la democracia. Le sigue el ensayo de Ricardo Sucre Heredia, politólogo y comunicador, que realiza una aproximación a la división de poderes y cómo se viven los derechos políticos, con referencia al voto.
José Ignacio Hernández, abogado y doctor en derecho administrativo, se refiere al Poder Judicial en Venezuela que califica como el menos riesgoso de los poderes siempre y cuando exista separación de poderes. Yorelis Acosta, psicóloga clínico, especialista en intervención psicosocial y magíster en psicología social, aborda la percepción del sistema normativo y la desconfianza institucional y sus implicaciones psicosociales.
A continuación, Francisco Martínez Montero, politólogo, abogado y magíster en psicología social se refirió en su ensayo a la separación de poderes y los derechos humanos en Venezuela. Arturo Peraza, sacerdote miembro de la Compañía de Jesús, abogado y doctor en ciencias políticas escribió sobre el impacto de la crisis en la ética ciudadana y social.
También, Maruja Dagnino, periodista y directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad se refiere a que la libertad exige desmontar el lenguaje oficial; asimismo, Francine Jâcome, antropóloga y directora ejecutiva del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, trata el tema del impacto de la debilidad de la separación de poderes en el sector seguridad y defensa.
Roberto Briceño León, sociólogo, doctor en ciencias y director del Centro de Investigaciones Laboratorio de Ciencias Sociales, escribe sobre la estafa de las promesas de seguridad personal y acceso a la justicia en la Revolución Bolivariana. Mercedes De Freitas, fundadora y directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, narra en su ensayo cómo la Contraloría General de Venezuela se ha alejado totalmente de su función, permitiendo una dilapidación de los recursos públicos sin precedentes.
Asdrúbal Oliveros, economista y socio-director de la consultora Ecoanalítica, explica cómo en una economía sana importan los contrapesos en los poderes. Isabel Pereira, sociólogo, directora de COPRE y CEDICE, presenta un trabajo sobre el impacto en la empresa privada de la relación de subordinación entre los poderes públicos.
Dafne Gil, urbanista y presidente de la consultora de innovación Grupo Crea, aborda la innovación: Ángel y demonio. La ciudad, escenario de todas las innovaciones; y la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela desarrolla cómo la débil separación de los poderes públicos afecta al sector estudiantil en Venezuela.
El libro cuenta también con la participación de Andrew Mac Devitt, consultor independiente de investigación en las áreas de gobernanza, medidas anticorrupción, análisis de políticas y medición de riesgo de corrupción.
El evento se realizará el viernes 2 de junio en la sala Experimental del Centro Cultural Chacao, con la participación de varios de los autores del libro.
Hoy en día el chavismo y las fuerzas armadas intimidan, agreden, hieren y matan, con la certeza de que gozarán de impunidad. Debemos dejarles saber que sus crímenes no prescriben y que sí existirá un tribunal penal especial que en el marco de la justicia, hará que paguen por sus abusos contra el pueblo de Venezuela.
Cuando en el año 2002 denunciamos a Hugo Chávez y 26 de sus esbirros ante la Audiencia Nacional española por cometer crímenes de lesa humanidad contra los venezolanos y significar una grave amenaza para el futuro de nuestro país, una sociedad de cómplices y algunos incrédulos nos tildaron de radicales o exagerados.
Han pasado quince años y hubiésemos querido estar equivocados. La situación en la Venezuela de hoy es más dramática de lo que cualquier analista político sensato hubiese podido imaginar.
Lo que allí ocurre es tan insólito que la Comunidad Internacional, desbordada de asombro, no atina a dictar medidas eficaces para enfrentar la situación, entre otras cosas porque carece de instrumentos idóneos de presión, coerción o sanción para lidiar con un gobierno criminal.
En efecto, la población venezolana se siente abandonada y es víctima del secuestro colectivo, por la amenaza permanente de una banda de delincuentes, narcotraficantes, terroristas y corruptos, apoyados por la dictadura castro comunista cubana que, con el respaldo de las fuerzas armadas, se han apoderado de todas las instituciones públicas y mantienen el férreo control social y político del país a través de la violencia y el terror.
Asesinan, torturan, hieren y encarcelan a la población que se rebela sin armas contra auténticas bandas terroristas financiadas, armadas, organizadas y dirigidas desde el gobierno. La juventud se ha lanzado a la calle para reclamar sus derechos desde hace 60 días. El gobierno ha contrarrestado con planes sistemáticos de represión (Plan Zamora Fase 1 y Fase 2) que ha dejado un balance hasta ahora de 2.950 detenidos, 1.700 heridos y 60 asesinados, uno diario.
Pero lo más dramático es que todas las vías civilizadas para dirimir diferencias políticas en el marco de un estado de derecho han sido bloqueadas por el chavismo:
1) La electoral: El Consejo Nacional Electoral controlado por el chavismo ha bloqueado la posibilidad de un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro; ha retrasado elecciones de gobernadores y alcaldes y se ha negado a discutir la posibilidad de adelanto de elecciones o la realización de elecciones generales bajo este ambiente de crisis y violencia, e incluso, la realización de un referéndum consultivo sobre la convocatoria de Maduro a una Asamblea Constituyente, violando todo estado de derecho;
2) La negociación: En los años 2014 y 2016 el gobierno de Nicolás Maduro se ha burlado de la oposición y de observadores internacionales en dos procesos de Mesas de Diálogo que han fracasado;
3) La política: La victoria de la oposición al obtener una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (AN) en diciembre del 2015, ha sido bloqueada por el gobierno a través de su control sobre el poder judicial y un Tribunal Supremo de Justicia que ha usurpado las funciones de la AN;
4) La judicial: El ejecutivo no sólo controla el poder judicial venezolano, lo que limita el acceso a la justicia nacional, sino que ha retirado a Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, limitando así el acceso a la justicia y al debido proceso para víctimas de violaciones de DD.HH. Entonces, ¿qué nos queda en el marco de salidas civilizadas al conflicto venezolano?
Como hemos dicho, en el ámbito nacional, en Venezuela es imposible iniciar una investigación imparcial que conduzca a los culpables ante la justicia, en primer lugar, porque como es obvio, la banda de secuestradores controla al poder judicial que le obedece ciegamente y sólo es utilizado para perseguir al opositor político con mecanismos de terrorismo judicial, para llevarlos a la cárcel con procesos amañados; y en segundo término, porque si bien Venezuela fue uno de los primeros países en aprobar mediante ley el Estatuto de Roma, en 13 de diciembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 37.098, lo cierto es que nuestro país no ha realizado los cambios legislativos necesarios para incorporar a nuestra legislación penal los tipos de los crímenes de genocidio y lesa humanidad previstos en el Estatuto de Roma.
En el plano internacional se vislumbran dos vías: La primera a través de países que reconozcan una jurisdicción universal contra crímenes ligados a la violación de derechos humanos. Sin embargo, en el caso de España, uno de los países que ofrecían esta posibilidad y que había convertido a la jurisdicción española en ejemplo de defensa de los derechos humanos universales (Caso Pinochet), en el año 2014 se produjo tal restricción legal a la posible aplicación del Principio de Justicia Universal, que ahora es prácticamente imposible investigar delitos de esta naturaleza ocurridos allende sus fronteras, al exigir la ley que el imputado se encuentre en territorio español, a menos que la víctima sea española y sólo para algunos tipos penales.
La segunda vía sería ciertamente acudir a un órgano especial para estos casos, como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, de la cual Venezuela es parte. Sin embargo, en la Fiscalía de la CPI se acumulan las denuncias del Caso Venezuela desde el año 2004, sin que sus fiscales, primero Luis Moreno Ocampo y luego su segunda y sucesora en el cargo, Fatou Bensouda, hayan movido un dedo. Pareciera que esperan el incremento de muertes y la gravedad de la situación para poder actuar. ¿Por qué? ¿Por qué no prevenir los estados de matanzas y guerra civil a los que sí se han abocado? Lo más cerca que ha estado Moreno Ocampo de Venezuela, ha sido en la visita que realizó a nuestra embajada en La Haya, en la que se fotografió con Haifa el Aissami, embajadora de nuestro país, hermana del actual Vicepresidente de la República, Tarek el Aissami, señalado por el gobierno de los EE.UU como colaborador del terrorismo islámico y gran capo del narcotráfico internacional.
Fiscal Moreno Ocampo y la embajadora venezolana Haifa el Aissami
Por lo anterior, podemos afirmar que en ese callejón sin salida que se encuentra nuestro pueblo en su lucha por la libertad, no queda otro camino que idear nuevos mecanismos adaptados a la situación de Venezuela.
Entre estas medidas podría surgir, dentro de una declaratoria de estado de excepción en el marco de una transición política, la alternativa de crear un Tribunal Penal Ad hoc para juzgar a los criminales que hayan actuado de forma sistemática y calculada para ejecutar estos crímenes, a sus co-autores y cómplices, así como a sus asesores y consejeros, responsables de la crisis que vive actualmente el país. Este periodo oscuro y excepcional de la historia de Venezuela sólo podrá encontrar justicia a través de un mecanismo especial ante un gobierno que utiliza la estructura del Estado para reprimir a su población. La oposición venezolana, Asamblea Nacional, y quienes apoyen la causa de la libertad y la democracia deberían incluir entre sus opciones la de avanzar en los mecanismos de vías especiales de justicia para que ninguno de estos crímenes quede sin castigo.
Hoy en día el chavismo y las fuerzas armadas intimidan, agreden, hieren y matan, con la certeza de que gozarán de impunidad. Debemos dejarles saber que sus crímenes no prescriben y que sí existirá un tribunal penal especial que en el marco de la justicia, hará que paguen por sus abusos contra el pueblo de Venezuela.
Desde su ascenso al poder por medio de un amañado proceso electoral, Maduro muestra un desprecio absoluto por los principios democráticos. Se nota, por ejemplo, en los procedimientos a través de los cuales evitó una verdadera auditoría de los resultados de las elecciones de 2013 y que comenzaron a mostrar a un individuo dispuesto a la mentira y la trapisonda forzosa con tal de mantener el poder.
Maduro es un personaje inculto, con escasa formación y pocas posibilidades de entender la complejidad del manejo de un Estado, que como el venezolano, está sumido en una crisis que atenta contra la vida misma del pueblo. El recurso que le ha quedado es una triste y patética imitación de la forma de hablar de su predecesor y apelar al miedo como mecanismo de apaciguamiento.
Al perder, como era de esperarse, la Asamblea Nacional en 2015, no le quedó más remedio que quitarse la mascara y emprenderla contra un poder constitucional que resultaba de una nueva correlación de fuerzas según la cual el chavismo se convertía en minoría. Un demócrata hubiese manejado su derrota de forma tal que minimizara el impacto sobre su gestión.
Torpe y con el espíritu golpista que lo acompaña desde 1992, Maduro se decantó por el desconocimiento de esa manifestación del pueblo que se tradujo en una Asamblea Nacional que tenía el poder suficiente para poner orden en este desastre que creo Chávez con sus dotes de ignorancia y meladaganerismo. Ordenó a su TSJ, ilegal e inmoralmente nombrado por su capataz Diosdado Cabello después de haber perdido el favor popular, que redujera el número de diputados de un plumazo. Unos jueces se prestaron a un acto violatorio de los derechos humanos como fue el desconocimiento de las elecciones del Estado Amazonas sin, peor aún, dar una nueva fecha para que esas elecciones se realizaran.
Pasó el TSJ a ser el arma con la que la dictadura frenaría cualquier intento de la Asamblea Nacional y de la oposición venezolana de devolverle la democracia al pueblo. Demostrando nuevamente que el compromiso con la democracia se limitaba a hacer elecciones y reconocerlas si ganaban, Maduro y su putrefacta cúpula de narcos y corruptos, decidieron seguir violando derechos humanos y para ello bloquearon la posibilidad de hacer un referendo revocatorio y cancelaron la posibilidad de realizar elecciones de gobernadores. Para ello contaron con la complicidad de la deshonesta Tibisay Lucena y sus adláteres que sin pudor alguno se prestaron para estas argucias que hoy contabilizan sus nefastos efectos en decenas de muertos, miles de heridos y otros miles de presos.
Un gobierno como el del gorila rojo no podía mantener su simpatía internacional. Pocos países estaban dispuestos a fotografiarse con un individuo al que el mundo civilizado llama dictador. A un personaje que crea falsos positivos para meter líderes políticos en las cárceles, que persigue e intimida a la prensa libre, que ataca despiadadamente a los estudiantes, que permite que la gente coma de la basura como último recurso para no morir de hambre.
Este Maduro que en mala hora ocupa el Palacio de Miraflores en un claro rol de dictador no está dispuesto a conceder que está equivocado y que además no tiene soluciones para los graves problemas que han sumido al pueblo en la peor de las miserias desde que existe la República.
Es por ello que el dictador decide hacerse también terrorista. Y usa a esas fuerzas armadas, comandadas por individuos corruptos, comprometidos con delitos de narcotráfico y/o negocios oscuros con dineros del Estado, para atemorizar a los venezolanos que decidieron no querer seguir viviendo en dictadura. La represión que hemos visto no tiene parangón a los anales de nuestra historia. La violación a los derechos humanos ha sido grosera. La persecución a los jóvenes que enfrentan la represión ha sido tan despiadada que ya sobrepasamos los 60 asesinatos a manos de los cuerpos supuestos a defender al pueblo y no a la dictadura que lo oprime.
Conocedor de su situación minoritaria, contrató a un obeso abogado expulsado de un postgrado en ciencia política por plagio, para que diseñara la trampa que lo pudiera salvar de una derrota inminente. El abogadete en cuestión le leyó la constitución al son que marcaban los dólares recibidos. Y crearon este bodrio que se burla de la memoria de Hugo Chávez quien, según ellos, es el padre de su movimiento político.
Como dictador que se respeta, ha ordenado al CNE que realice a la brevedad las elecciones para el proceso constituyente. Sí, ese CNE que dijo que no había tiempo para hacer el referéndum revocatorio ni dinero para hacer las elecciones de gobernadores. Por supuesto, mantiene al TSJ vigilante de que ningún recurso en contra del fraude pueda tener éxito.
Mientras tanto, un ignaro ministro de la defensa simula dotes de filósofo para explicar lo que no se puede explicar. Se le acabaron los tiempos en los que la gente dudaba de que lado estaba. Ya todo el pueblo sabe que este gorilete con uniforme es un infiltrado del PSUV en el ejército venezolano que incumple con el deber que tiene para con Venezuela.
La dictadura, en la voz del ex militar Cabello y el gallego Silva, declaran traidora a la fiscal por revelar que la versión de mentira fresca Villegas no se correspondía con la realidad de los nefastos hechos que rodean el asesinato del joven Pernalete.
Border line Jaua, le pone la guinda a todo esto. Así como no se consultará al pueblo si quiere una nueva constituyente, tampoco se le someterá al soberano su aprobación. Y todavía hay podemitas en España que dicen que esto no es una dictadura.
Lo cierto es que el venezolano decidió derrotar al dictador y está enfrentando con coraje y pundonor el despliegue terrorista de un individuo que espera que en pocos días sus sobrinos sean condenados por narcotraficantes en Estados Unidos sin que se haya hecho una sola investigación al respecto en Venezuela.
El pueblo se alista para derrocar al cartel de narcos que ocupa el poder en Venezuela y se mantendrá en la calle hasta lograrlo.
A los diputados de la Asamblea Nacional por quienes voté en diciembre de 2015, demando que me representen y consideren en la sesión ordinaria de este jueves 25 de mayo temas de importancia para la nación. Exijo que no piensen en sus propias imágenes, sino en la de ese pueblo que se les está yendo de las manos, al cual pueden convocar, pero no controlar. El poder de los parlamentarios es el capital que su dueño, el pueblo, les confió para administrarlo, desafortunadamente lo realizan con limitaciones y falta de percepción que a estas alturas, son pecados mortales.
Llegó la hora de la verdad. Elegimos un Poder Legislativo. Pero el Poder Ejecutivo autoritario ordenó al Poder Judicial integrado por jueces sin orgullo de su propia dignidad ni de su responsabilidad con la Constitución, y bloquearon nuestra elección. Arbitrariamente la anularon. Fuimos traicionados, dejados de lado. ¡Es momento del pueblo en Asamblea!
Para evitar malos entendidos en lo que se plantea, la campaña de tomar las calles es de importancia significativa. Debe continuar con más impulso y energía en todo el país cada día más, algo importante se está mostrando: no es sólo la oposición organizada reclamando, son los vecinos levantando banderas de rebelión contra la tiranía. En cada reunión, en cada sesión como diputados, deben tenerlo muy en cuenta. Porque ellos y sus partidos no son nada sin el pueblo, ese que a diario sale a tomar las calles. Son suyas, no del Gobierno ni de los diputados.
¿Dónde está el Oeste, por qué no se expresa salvo El Paraíso de clase media? ¿Qué pasa con el 23 de Enero, Caricuao, Catia, el Cementerio, Sarría? Están despertando con cautela, allí los colectivos irregulares deben considerarse con cuidado por seguridad y peligrosidad. No son sólo empleados nefastos de un oficialismo cruel que aparecen en manadas, son una realidad vecina puerta a puerta, todos los días y noches.
Los líderes acompañan hombro a hombro a los ciudadanos. Pero la Asamblea Nacional no es la calle, es el poder confiado por el pueblo, y esa responsabilidad es mucho más que marchar -sin irrespetar el comprobado coraje.
La Asamblea Nacional como cuerpo electo por todos los ciudadanos que están arriesgando la vida en el asfalto, pero también por los que están en sus casas, trabajos, hospitales, en sus angustias y esperanzas. Confían en el Parlamento que prometió democracia, libertad, renovación, unidad. Son varios los líderes, que ponen cara y pecho, muchos aquellos por los cuales se lucha. Así lo hicieron los libertadores, también los fundadores y consolidadores de nuestra democracia. Por eso fueron y siguen siendo líderes, próceres.
El Poder Legislativo debe considerar que los sancionados magistrados lo enfrentarán con más ahínco, le recordarán su desacato y el oficialismo los acusarán de lo que se les ocurra. Pero los votos que cada parlamentario recibió no pueden ser inhabilitados, ni desacatados por los diputados electos, sólo por cada ciudadano registrado y en nuevas elecciones. Eso es el Poder Legislativo, su fuerza y firme autoridad nacional e internacional, el que frena ambiciones anticonstitucionales del Ejecutivo, mandato que no viene de sus partidos, sino del pueblo mismo donde está el poder originario.
Es vital para la República -aunque el régimen lo desconozca- considerar una moción de urgencia para reiterar de manera formal que Venezuela no tiene Presidente, pues se decretó en enero de este mismo año su falta absoluta por abandono de sus deberes constitucionales. Es hora de que la Asamblea Nacional demuestre que no habla por hablar, sino que, con la Constitución en la mano, actúa con derecho y en defensa de los intereses de sus representados. ¡Porque es el verdadero poder popular!
Previa consulta con los factores nacionales, nombrar una Comisión Negociadora de respetables y respetados, venezolanos de prestigio, para que definan con el régimen -aunque legitimo de origen, ilegitimo en el desempeño- los términos de una transición. Con concesiones razonables, pero sin impunidad, ceder principios ni exigencias. Es cuestión de estadistas.
Designar Comisiones acreditadas por el Parlamento para acudir a los organismos económicos y políticos nacionales e internacionales para demandar, con el pueblo siempre presente en la mente, las medidas que bloqueen las acciones de un gobierno usurpador y sin autoridad. Se ha venido haciendo a título personal, sin embargo, es momento de establecer la formalidad constitucional para los representantes del Poder Popular. No el de la propaganda oficial.
La Comisión de Defensa y Seguridad deberá dirigirse -todos en uno- al despacho del Ministro de la Defensa, y participarle a la Fuerza Armada las serias implicaciones de obedecer a un régimen deslegitimado, y las consecuencias inevitables de la complicidad criminal de lesa humanidad. Si el Ministro no los recibe, se ata su propia soga al cuello ante el país y el mundo. Una reseña de los asambleístas frenados a las puertas del despacho, es políticamente devastadora para la dirigencia militar del país.
La Comisión de Política Interior debe trasladarse con refrendación oficial, al Poder Moral y Tribunal Supremo de Justicia, a fin de notificarsus decisiones, exigir su cumplimiento y revalidarsu carácter legítimo de representación ciudadana,reclamar órdenes de libertad para todos los presos políticos, y el regreso de los exiliados, con las garantías debidas. Que ellos lo hagan o no, es problema de ellos, la Asamblea Nacional cumplirá su deber con quienes la eligieron.
Convocar a insignes mujeres y hombres, expertos en diferentes áreas y especialidades, a fin de concebir y diseñar un nuevo país democrático, de futuro y oportunidades, que a la brevedad sea sometido al veredicto popular en votación universal y secreta, una Constituyente creíble y legal, anunciarle al país un cronograma concreto de acciones que culminen en elecciones generales en tiempo perentorio.
Decretar Estado de Emergencia y establecer la apertura inmediata del canal humanitario para medicinas y alimentos; la necesidad es evidente lo reconozca o no el régimen.
Los diputados tienen potestad, autoridad y responsabilidad constitucional de nombrar a los integrantes de los poderes públicos. No lo adviertan más, háganlo. Escojan y nombren a venezolanos dignos, como pueden y deben hacerlo. No más largas. Enfrenten a los ilegítimos con la legitimidad del pueblo. Que el país y el mundo observen dos poderes públicos al mismo tiempo, uno dócil y sumiso a la dictadura y otro respaldado por la fuerza del pueblo y la Constitución. ¿Qué harán los gobiernos democráticos, la banca internacional, los organismos multilaterales, la OEA, ONU, CELAC, UNASUR y otros?
No es su competencia convocar elecciones, pero sí exigirlas al juramentar al nuevo e imparcial Poder Electoral. Sólo así recuperaremos la paz, evitaremos más mortandad y una inevitable confrontación o, peor, la guerra. De esa manera, Venezuela retomara la senda de la libertad y la democracia. Se dice fácil, el sistema de libertades no lo es.
En caso de que las autoridades ilegitimas, obstaculicen o desconozcan, dejando sin alternativas, al Poder del pueblo, la Asamblea Nacional está en el deber y la obligación de invocar formalmente el artículo 350 de la Constitución, será su hora.
Proceder sin más dilación, pasan los días en las calles demostrando gallardía, convicción libertaria admirables con demasiados jóvenes asesinados, cientos de heridos y casi miles de apresados arbitrariamente. Cada día es peor, la agresión es inhumana, la proeza heroica.
El único poder público legítimo actual es la Asamblea Nacional, representante directa del poder originario de toda democracia: el pueblo. Llegó el momento de asumir ese compromiso y adeudo, enfrentar la historia con luminiscencia. ¡Es la hora del verdadero poder popular!
Consolidar el Estado Comunal tal y como lo plantea el Plan de la Patria luce como el propósito más claro de la más reciente iniciativa presidencial. De concretarse el llamado a elecciones sectoriales o corporativas, el sistema electoral actual podría transformarse en uno de segundo y tercer grado. Los escenarios que derivarían de esta propuesta van desde la instauración legal de las bases dictatoriales, muchas de las cuales ya se aplican de facto, hasta la completa anarquía al tener en paralelo dos sectores, cada uno con su texto constitucional
EL GOBIERNO SE ATRINCHERA. La consultora política ORC advirtió hace unos meses sobre sobre la posibilidad de que Nicolás Maduro convocara a una Asamblea Nacional Constituyente. En ese entonces la consultora dijo que el Gobierno tenía en mente un objetivo político: diseñar un proceso electoral a la medida.
La Constitución de 1999, que según Hugo Chávez era la mejor del mundo, en manos de Maduro no llegará a los 18 años. Dice el presidente que hay nueve líneas programáticas para el debate constituyente: “La paz como necesidad, derecho y anhelo de la Nación; el perfeccionamiento del sistema económico nacional hacia la Venezuela potencia; constitucionalizar las Misiones y Grandes Misiones Socialistas; la ampliación de las competencias del Sistema de Justicia, para erradicar la impunidad de los delitos; constitucionalización de la nuevas formas de la democracia participativa y protagónica; la defensa de la soberanía y la integridad de la Nación y protección contra el intervencionismo extranjero; reivindicación del carácter pluricultural de la Patria; la garantía del futuro mediante la inclusión de un capítulo constitucional para consagrar los derechos de la juventud y la preservación de la vida en el planeta”.
No obstante, voces críticas dentro y fuera del chavismo advierten que las verdaderas motivaciones del Gobierno son otras. La más importante: eludir la responsabilidad de convocar a las elecciones de gobernadores, en mora desde diciembre de 2016 y a las de alcaldes, previstas para 2017.
¿Quiénes integran la Comisión Presidencial?
Elías Jaua, actual ministro de Educación y ex constituyentista de 1999, preside la Comisión.
Adán Chávez funge como secretario. Actualmente es ministro de Cultura y fue constituyentista en 1999.
Cilia Flores, primera dama y ex constituyentista de 1999.
Aristóbulo Istúriz, ministro de Comunas y ex constituyentista de 1999.
Delcy Rodríguez, ministra de Relaciones Exteriores.
María Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios y ex constituyentista de 1999.
Julián Isaías Rodríguez, embajador de Venezuela en Italia y ex constituyentista de 1999.
Francisco Ameliach, gobernador de Carabobo y ex constituyentista de 1999.
Reinaldo Muñoz, procurador general de la República.
Elvis Amoroso, asesor legal del presidente Nicolás Maduro y ex constituyentista de 1999.
Hermánn Escarrá, abogado y ex constituyentista de 1999.
Noelí Pocaterra, miembro del PSUV y ex constituyentista de 1999.
Earle Herrera, diputado y ex constituyentista de 1999.
Remigio Ceballos, vicealmirante y comandante adjunto del Comando Estratégico Operacional de la FANB.
De acuerdo con el discurso del Gobierno, la iniciativa presidencial es el equivalente a una rama de olivo en medio del conflicto que plantea la dirigencia opositora y a esa línea se han plegado sus voceros. Jaua dijo que convocaría a los bloques parlamentarios de la AN, tanto al Bloque de la Patria como al bloque opositor, a los rectores de universidades públicas y privadas, a los constituyentes de 1999, a las asociaciones indígenas del país, a las confederaciones sindicales, a los gremios empresariales, a los dueños de los medios de comunicación, a las Comunas, a las federaciones y demás movimientos del sector estudiantil.
El abogado constitucionalista Hermánn Escarrá también se sumó al coro: “Vamos pues, a la Constituyente para buscar la Paz, para un diálogo superior para defender los derechos humanos y las libertades, las aspiraciones, anhelos y creencias del pueblo, en fin, para convivir civilizadamente en paz y libertad”.
Istúriz no se quedó atrás y en el programa de Vladimir a la 1 dijo que: “La Asamblea Nacional Constituyente es un acto de generosidad del presidente, es para evitar muertos, para evitar la confrontación”. Al trío de voceros se le sumó la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, quien reapareció tras meses de ausencia para afirmar que esta iniciativa buscaba “alcanzar la paz que todas y todos nos merecemos”.
Pero no todas las voces asociadas con el chavismo se han mostrado a favor de la propuesta de cambiar la Constitución de 1999. Eustoquio Contreras, diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, rechazó el decreto y dijo que: “Esta Constitución no hay que cambiarla, lo que hay es que cumplirla”.
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Por su parte, reconocidos juristas venezolanos han explicado que la inicitiva presidencial, independientemente de los objetivos políticos que busque conseguir, es completamente inconstitucional.
¿A qué escenarios puede llevar la propuesta de Nicolás Maduro? A continuación los derroteros que varios expertos consideran más factibles:
1) Consolidar el Estado Comunal planteado en el Plan de la Patria
De concretarse este escenario olvídese de elecciones directas, universales y secretas.
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Tanto Nicolás Maduro como el abogado constitucionalista Hermánn Escarrá dijeron que el propósito de la Constituyente era incorporar lo que no logró Hugo Chávez en 2007 por medio de la reforma constitucional, es decir, “pequeños cambios”.
Sin embargo, el análisis de ORC Consultores es otro: una constituyente tiene implícita la transformación de las estructuras estatales y adecuar la Carta Magna y las leyes a esa nueva estructura, que no es otra cosa que el gran objetivo de alcanzar y diseñar un Estado Comunal (escrito en el Plan de la Patria) con una Asamblea Nacional Comunal que escoja de su seno al Presidente del país, así como los alcaldes y gobernadores.
El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, coincide con este propósito. “La razón fundamental por la cual Maduro está convocando a este fraude es para que en Venezuela no se den elecciones libres y democráticas”.
Este escenario buscaría consolidar un diseño piramidal de “elecciones” de 3º grado, en el cual el poder comunal escoge representantes que van a asambleas estadales y allí se escogen representantes a la Asamblea Nacional Comunal que luego escoge al Presidente.
Maduro asomó que la Constituyente Popular estaría conformada por unos 500 constituyentistas, 250 de los cuales serán designados directamente por las bases sociales (sindicatos y consejos comunales afines al gobierno, UBCH, grupos de interés -indígenas, mujeres, estudiantes-, afines al gobierno, etc.). La otra mitad sería elegida por votación directa a través de circunscripciones municipales que seguramente serán diseñadas por el CNE para favorecer composiciones que garanticen una mayoría para el PSUV.
El profesor universitario y doctor en Ciencias Políticas, Ángel Álvarez, considera posible que este escenario se dé con una variante: “Que el gobierno modifique la propuesta inicial y permita elecciones universales plurales, con una fórmula electoral con la que intente sobrerrepresentación como en 1999, aunque correría un gran riesgo. En una elección así, aun si la oposición no participa unánimemente sino solo la mayoría de los partidos, Maduro podría perder la elección”.
¿Qué sucedería entonces? El Gobierno tendría así tres opciones, responde Álvarez: “El fraude abierto para ganar la elección perdida; una sentencia del TSJ que anule la elección o limite las decisiones de la ANC y, por último, acatar los resultados y salir del poder, lo cual es solo posible si los militares así lo disponen”.
2) Perpetuarse en el poder y «relajar» tema de los DD.HH.
Este escenario es consecuencia del anterior. Con elecciones de 2do y 3er grado el chance de que el chavismo-madurismo se quede en Miraflores por tiempo indefinido se hace más factible.
“Creo que esta propuesta es un mecanismo para eludir la responsabilidad del CNE de convocar a las elecciones de gobernadores y alcaldes, y cuidado si dentro del propósito de esa Asamblea Nacional Constituyente no está prolongar el mandato del presidente Nicolás Maduro”, estimó el periodista y ex constituyentista Vladimir Villegas.
Para el analista político Oswaldo Ramírez, uno de los “atractivos” de esta propuesta para la base dura del chavismo es la promesa de que las misiones pasarán a tener rango constitucional, tema pendiente desde el referendo de 2007. También está el hecho de que el Gobierno enmarcó esta iniciativa en el fortalecimiento de los métodos para lidiar con la “guerra económica”, por lo cual es de esperar que la Constituyente busque darle piso legal a un modelo de asignación de renta, con empresas mixtas y no dependientes del petróleo.
Otro de los escenarios que derivan de este proyecto es que la nueva constitución busque proteger aún más la noción de soberanía, degradando la aplicabilidad de los tratados internacionales, especialmente los que protegen los derechos humanos que en la actual CRBV tienen rango constitucional. Ramírez considera que un objetivo podría ser “buscar eliminar cualquier colusión futura entre tratados internacionales y la nueva constitución, seguramente dándoles un rango menor a estos tratados y colocando a la nueva constitución por arriba. Abre la puerta para salir de cualquier esquema de cooperación internacional o suscribir nuevos sin pasar por órganos de control”.
3) Cambiar la agenda comunicacional
El gobernador de Miranda asomó otra razón detrás de la convocatoria a una constituyente: cambiar la agenda. “Quieren que se desvíe la atención de la lucha contra el golpe de Estado, cambiar la agenda, pero les digo que esto forma parte del mismo paquete de golpe de Estado”.
A menos de una semana de lanzada la iniciativa, la atención de la población se ha orientado en gran medida hacia el tema de la constituyente y las implicaciones que tendría. Por ahora, parece que el tema se insertó en la agenda comunicativa con relativo éxito pese a competir con la realidad de la calle: protestas, saqueos, represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, etc.
Sin embargo, para Álvarez, la constituyente decretada por Maduro no es una maniobra para distraer. Es una estrategia política destinada a concentrar más poder, eliminar la Asamblea Nacional actual, relegitimar a su gobierno y lograr mayor control sobre el resto de los poderes.
Si la intención era cambiar la agenda, la MUD no ha pisado el peine y ha asegurado que seguirá con la agenda de lucha tal y como estaba planteada desde el inicio de las protestas.
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La “estrategia comunicacional” tampoco parece estar dando frutos fuera de Venezuela. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, hizo pública el 2 de mayo una carta de 75 páginas que acompañó con un video en su cuenta de Twitter. Almagro sostuvo que “el anuncio del régimen es el fin de la Constitución de Chávez y su legado a través de un fraudulento llamado a Constituyente. Esto tiene un nombre en Derecho: un nuevo golpe de Estado promovido desde la Presidencia del país; los dictadores de Venezuela quieren dar un golpe definitivo de usurpación de los derechos del pueblo”. Para Almagro el objetivo del Gobierno está claro: “Ahora se busca consolidar [un] régimen autoritario”.
4) Acabar con la Asamblea Nacional y «meter en cintura» al resto de los Poderes Públicos
“No está planteado, en la Comisión de la que formó parte, la disolución de ninguno de los poderes en el supuesto que se gane la ANC” (sic), asegura Escarrá en una seguidilla de 11 tweets en los que intenta argumentar las bondades de la propuesta de Maduro.
— Venezuela Consciente (@VzlaConsciente) May 5, 2017
Sin embargo, Jaua aclara en un artículo publicado en su blog en qué situación quedarían los Poderes: “¿Pueden seguir funcionando los poderes públicos constituidos una vez entre en funcionamiento la Asamblea Nacional Constituyente? Pueden, pero en forma alguna podrá oponerse a las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, tal como lo expresa el artículo 349 de nuestra Constitución de 1999”.
Oswaldo Ramírez considera que aunque el Gobierno dice que la constituyente es el llamado al diálogo, en realidad podría ser la base para reorganizar el Estado y que no haya impunidad para los poderes que no cooperen. Posiciones críticas como la asumida por la Fiscal General podrían ser evitadas o castigadas más rápidamente con un marco jurídico menos tolerante.
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Álvarez coincide en que uno de los objetivos de la iniciativa presidencial es acabar con la AN, pero lograrlo pasaría por el apoyo militar: “Que esa estrategia tenga éxito dependerá de cuánto respaldo logra entre los militares y en cómo actúe la oposición. Si la oposición acatara las reglas de elección corporativa que eliminan de facto el sufragio universal, estaría convalidando la ANC y cavando su propia fosa”.
El profesor universitario destaca que el Gobierno puede de todos modos imponer la constituyente así la oposición unánimemente se abstenga de participar, si cuenta con suficiente respaldo militar. “Así, una vez electa, destituye a los diputados de la AN y a los gobernadores de oposición e instaura un régimen de comunas en el que las elecciones universales y plurales podrían desaparecer”, apunta Álvarez.
Tras las reiteradas amenazas a la existencia de los partidos políticos -ilegalización de la MUD y obligatoriedad de renovar sus nóminas a nivel nacional-, otro objetivo podría apuntar a que la ANC se convierta en el lugar donde se exprese “directamente” la voz de los sectores sociales. “Esto básicamente es quitarle poder a la representación del pueblo a través de los partidos políticos”, afirma Ramírez.
5) “Un país completamente anarquizado”
Si Maduro logra imponer su proyecto, Venezuela podría terminar con dos textos constitucionales y dos parlamentos conviviendo en paralelo, esto partiendo del supuesto que ni la MUD y ni los 112 diputados concederán validez a la constituyente popular.
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“¿Qué sucedería si Maduro consigue aplicar la constituyente en la forma en la que él quiere?”, le preguntó una oyente a Capriles en su programa radial.
El gobernador le respondió: “Yo llamo al pueblo a desobedecer, como lo dice la Constitución, cualquier intento de fraude a los derechos plasmados en ella. ¿Qué pasaría con una constituyente a la cual solo concurre Maduro, a la que el pueblo no tendría derecho a votar, porque esa es otra cosa, el resultado final pretenden no aprobarlo en referéndum aprobatorio sino despacharlo con la mitad de los constituyentes elegidos a dedo y la otra mitad electa con circunscripciones que nadie conoce. ¿Qué puede pasar? Que ellos aprueben una constitución mientras que hay otra que sigue vigente, la cual aceptamos la mayoría de los venezolanos, es decir, seguirá creciendo la anarquía, la ingobernabilidad y terminaremos nosotros en un país completamente anarquizado. A eso nos quiere llevar Maduro”.
Don Quijote a Sancho: «todas estas borrascas son señales de que ha de serenar el tiempo. Habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca».
Los grandes filósofos políticos del Siglo de las Luces, precursores de la Revolución Francesa, van desgranando en sus obras los principios sobre los cuales se asienta la democracia:
«Le pouvoir arrête le pouvoir» (el poder frena el poder) decía Montesquieu en su obra «L’Esprit de Lois » (El espíritu de las leyes). Se refería al equilibrio de los Poderes que debe existir en democracia. La misma idea la usan los anglosajones con el concepto de «Check and Balance» para referirse a la relación que debe existir entre los Poderes cuyo objetivo es impedir que alguno de ellos abuse de sus facultades.
Cerca de 60 sentencias del TSJ contra la AN y en particular las sentencias (sin juicio) 155 y 156, así como la «aclaratoria» de las mismas, ponen en evidencia que no hay separación de Poderes.
Rousseau en su «Contrato Social» se oponía a la excesiva fuerza del Estado. “Convengamos, pues, en que la fuerza no constituye derecho, y que únicamente se está obligado a obedecer a los poderes legítimos” . Allí se basa el Art 350 de nuestra Constitución: «El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos».
John Locke desde Inglaterra señalaba que la soberanía emana del pueblo y que el Estado tiene como misión principal proteger las libertades individuales de los ciudadanos. Abordaba también Locke al principio de la separación de los Poderes. La autoridad del Estado se sostiene en los principios de soberanía popular y legalidad. El poder no es absoluto sino que ha de respetar los derechos humanos.
Basándose en Locke nuestra Constitución establece que el pueblo es el soberano. Señala en su Artículo 5to. «La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo … Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos»
El soberano no es el régimen, es el pueblo, quien ejerce directamente esa soberanía «en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio por los órganos que ejercen el Poder Público».
Esa delegación «indirecta» está pues sometida a dos condiciones: que se respete la voluntad popular expresada en sufragio y que se respete la Constitución y la ley.
En Venezuela se ha producido una suerte de agavillamiento de Poderes a través del cual se pretende desconocer la voluntad popular expresada en los sufragios que le dieron a la oposición el control de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Se irrespeta así nuestro Contrato Social. Se viola la soberanía del pueblo cuando se impide el Referendo Revocatorio previsto en los artículos 72 y 73. La misma burla tiene lugar cuando se impide o retrasa la elección de gobernadores también prevista en la Carta Magna. Igual cuando una Sala Constitucional (dudosamente elegida) pretende «interpretar» disposiciones no interpretables, porque se trata de condiciones «Ad litteris» (letra por letra) como las previstas en el Artículo 41: «Sólo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad, podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta de la República…». Y ni hablar de las actuaciones de la referida Sala violentando la soberanía popular al desconocer facultades de la Asamblea Nacional arrogándose el ejercicio de las mismas y acusándola de desacato. ¡No existe tal desacato en nuestra Constitución!
Las transgresiones son tan descaradas que la comunidad internacional ya no puede permanecer callada. Eso es lo que está ocurriendo en la OEA y también en el Mercosur.
El régimen pretende hacernos creer que hay una injerencia y una violación de nuestra soberanía. ¡Falso! Como antes se dijo el soberano es el pueblo. Es el régimen quien viola la soberanía del pueblo cuando valiéndose de la delegación «indirecta» en algunos Órganos de los Poderes Públicos vulnera la Constitución.
La Resolución del Consejo Permanente de la OEA señalando las graves alteraciones del orden constitucional e instando al gobierno a restaurar la plena autoridad del Parlamento y restablecer orden democrático, queda perfectamente enmarcada dentro de la Carta Democrática Interamericana que es un Tratado Internacional suscrito por el gobierno venezolano y ratificado por el Parlamento.»Pacta sunt servanda» (lo pactado obliga). Allí no hay injerencia alguna. Hay, sí, un llamado al gobierno de Venezuela para que respete la independencia de los Poderes y los DDHH que son principios fundamentales de la democracia representativa, cuya promoción y consolidación es el propósito fundamental de la OEA.
