Tal vez la medida más audaz del chavismo en su etapa postrera y decrépita, la del madurismo, es el “Carnet de la Patria”; instrumento electrónico que permite obtener alimentos y medicinas regalados, especialmente las bolsas CLAP. Para obtenerlo se inquiere sobre el partido político al cual pertenece quien lo procura y si está inscrito en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Se reportan sitios en los que la inscripción coincide con una mágica y simultánea inscripción en el partido de gobierno.

Sin embargo, el propósito más claro lo estableció Maduro cuando dijo: “Vamos a concentrar inmensos esfuerzos para generar un nuevo Poder Popular, mejor, más grande, el mejor organizado Poder Popular de la Revolución Bolivariana”. Tratan de ampliar el cerco sobre el ciudadano con hambre. Ese ser, inerme ante un Estado que lo ha expoliado, arruinado y degradado con la inflación, el desempleo y la escasez, se le acerca y le dice al oído: “Tendrás comida barata o gratis, te daremos las medicinas que quieres, pero eso sí, entréganos tu alma de ciudadano, ensártate en el PSUV y entrámpate con nosotros en el poder popular naciente”.

Aunque no se note a primera vista, lo que ha venido ocurriendo y ahora con este carnet es mucho más evidente, es que se obliga a los venezolanos a romper todos sus lazos sociales previos, los construidos a lo largo de la vida de sus familias y de la existencia individual, para caer prisionero en las redes del “poder popular”. Es el silbido de la culebra emponzoñada que atolondra, para que los ciudadanos marchen hacia su conversión en una masa amorfa, que no construye poder alguno, sino que lo cede a los facinerosos que mandan.

El Carnet de la Patria también es un censo electoral que le facilita a un régimen carente de cualquier escrúpulo el tocar la puerta de una casa, para recordar, como el mafioso que manosea la cacha de su pistola cuando conversa con un subordinado vacilante, que tu derecho a comer o a tener medicinas pasa por sumergirte gozoso en las miasmas de la charca revolucionaria. Pero también procura otro objetivo: crear condiciones para acudir a elecciones sobre la base de la intimidación, el chantaje y el soborno; es decir, del miedo. Ocurrió en 2003 con el referéndum revocatorio, cuando Fidel Castro le recomendó a Chávez las “misiones”, con las cuales crearon las condiciones para ocultar el fraude electoral de 2004 y “ganar” el RR de entonces.

No. Esta gente no tiene intención de entregar el poder de ninguna manera. Lo sabemos. Sólo lo entregará cuando se le arranque de sus pezuñas.

@carlosblancog

El Nacional

 

Durante la cadena de radio y televisión del miércoles 4 de enero de 2017, el presidente Nicolás Maduro anunció cambios en su tren ministerial. Maduro destacó que había decido hacer una «renovación» de su gabinete para emprender un proceso de reestructuración y convocar a un conjunto de ministros que además de «combinar experiencia y compromiso revolucionario», puedan meterse de lleno en las comunidades a fin de atender las necesidades de los venezolanos.

El Gabinete de Gobierno quedó de la siguiente manera:

• Vicepresidente Ejecutivo: Tareck El Aissami.
• Ministro de Finanzas y Economía (se fusionan nuevamente los dos ministerios): queda a cargo del diputado Ramón Lobo, quien será el vicepresidente para el área económica.
• Ministro de Petróleo: Nelson Martínez (actual presidente de Citgo). Eulogio Del Pino continuará como presidente de Pdvsa.
• Ministro de Educación: Elías Jaua, quien dejará así su curul en la Asamblea y se desespeñará además como vicepresidente para el área de las Misiones Socialistas.
• Ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología: Hugbel Roa, quien también dejará su curul en la Asamblea Nacional. Maduro recordó durante su designación, que Roa es conocido como el «micrófono de oro», aludiendo a la vez cuando arrojó el aparato en contra de un diputado de la bancada opositora.
• Ministro del Trabajo: el también diputado, Francisco Torrealba.
• Ministro de Cultura: Adán Chávez.
• Ministra de Salud: queda al frente al Dra. Antonieta Caporales. 
• Ministro de Comunas y Movimientos Sociales: Aristóbulo Istúriz.
• Ministra para la Agricultura Urbana: Erika Farías.
• Ministro para el Ecosocialismo y Aguas: Ramón Velásquez, quien es coronel activo de la Aviación.
• Ministro de Obras Públicas: César Salazar Coll, quien es almirante activo de la Armada.
• Ministro de Transporte: Ricardo Molina.
• Ministerio de Planificación: fue ratificado Ricardo Menéndez.
• Vicepresidencia de Política y Soberanía: Carmen Meléndez.

 

 

Aristóbulo Istúriz, vicepresidente de la República, aseguró este miércoles que si los transportistas continúan protestando, pasarán al “Poder Popular”. Alegó que es el Estado quien ha otorgado las unidades.

El funcionario destacó que desconocen a dónde se dirigen los recursos de los transportistas, por lo que considera necesario llevar un control.

«Nosotros no vamos a abandonar al pueblo, debemos saber quién está a favor de sus intereses y quien está en contra», finalizó.

 

 

Invitó a los conductores a establecer mesas técnicas a fin de acordar una tarifa. Istúriz también invitó a las comunidades a organizarse “para que los planes sean ejecutados” y definir “quiénes se van a dedicar al transporte, así como a la cultura y otras actividades”.

Las declaraciones las ofreció durante un balance del Plan de la Patria Comunal en el Corredor Heroica Carretera Vieja Caracas-La Guaira, transmitido por Venezolana de Televisión.

 

¿Qué puede uno decir? ¿Cómo se puede repetir semanalmente el rito de martillear sobre el teclado las letras que acaban con la virginidad de una hoja digital y llenar esta de contenidos negativos, sin caer en el lugar común, sin recitar la compilación de quejas e improperios, toda en mayúsculas y ventilada en redes sociales? Es difícil. La estupefacción que acompaña la furia hace cuesta arriba reaccionar más allá de la coloquial mentada de madre o el lamento, casi aullido, de desesperanza ante un futuro de mayor penuria garantizada. Pero hay que hacer el esfuerzo. Callar sería un proceder incluso más agobiante, ya que la falta de catarsis acumularía sin ninguna utilidad la frustración. “No se puede vivir con tanto veneno”, cantó una chica de al lado.

Así que aquí estamos de nuevo, como Zola ante la discriminación que desgarró a Francia, con otro “¡Yo acuso!” dirigido hacia la aberrante situación del Venzuela. Esta vez el señalamiento va a propósito del desabastecimiento crónico de productos que tiene a más de medio país deambulando las calles en busca de los bienes indispensables para no vivir como hombres de Cro-Magnon. Describir una por una las consecuencias de este flagelo solo podría derivar en una pérdida de tiempo para quien lea esto. Con toda seguridad el amigo lector está consciente de las colas, la reventa especulativa y los saqueos.

Sí conviene girar la atención hacia lo que el Gobierno ha hecho y sigue haciendo para acabar con el problema: controles y más controles. No importa cuántas veces los economistas les adviertan a las autoridades que este camino produce el efecto contrario al deseado.  La respuesta siempre será una encendida proclama de desprecio hacia la tecnocracia neoliberal y de fe inquebrantable en una planificación centralizada que se justifica con una supuesta “defensa del pueblo frente a los intereses reaccionarios y maquinaciones de la burguesía apátrida”.

Así, del control de cambio (en sí mismo una pésima idea comprobada) se pasó a la centralización de las importaciones mediante el Cencoex y la Corpovex. No solo el Estado asigna las divisas, sino que las despacha directamente al proveedor extranjero, a veces con retrasos de años. Se implementó además una regulación de la cadena de distribución, por la cual ni un gramo del producto se mueve sin que las dependencias del Gobierno lo sepan, so pena de multas y confiscaciones en caso contrario.

Pero el problema siguió, desde luego, toda vez que estas trabas más bien estrangularon el aparato productivo. Había que hacer otra cosa, algo que además fuera visible, que trascendiera los procesos de elaboración y transporte, ignorados por la mayoría de la población. Se fue entonces por los comercios, esos lugares donde el producto finalmente llega a las masas. La seguidilla de medidas tomadas en estos tres años para controlar la venta al detal es fácil de recordar: límites al número de unidades por cada compra, captahuellas, turnos semanales por terminal de cédula, presentación de partidas de nacimiento (en el caso de bienes para infantes), etc. Cada una de estas resoluciones fue acompañada por una promesa incumplida de que, gracias a ellas, en tantos meses se le torcería el brazo a las mafias del acaparamiento y el bachaqueo, y los productos a precio justo volverían a colmar los anaqueles.

Ahora Maduro se saca de la manga uno de sus ases favoritos: el llamado “poder popular”, las comunidades organizadas, esta vez bajo la figura de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Como ocurre con todas sus ideas cuando las estrena, ahora no hay alocución en la que el Presidente no se refiera a estas asociaciones comunitarias como la fórmula salvadora de nuestros desmanes microeconómicos. “¡Todo el poder para los CLAP!”, exclama reiteradas veces. Claro, porque no hay nada más prudente que otorgarle omnipotencia a algo que se acaba de crear, sin siquiera establecer un lapso de prueba para ver si la cosa funciona.

En fin, la dinámica parece ser que grupos vecinales en cada comunidad se encargarán de vigilar férreamente que todos los establecimientos, públicos y privados, cumplan con los precios regulados y  el catálogo completo de demás controles aludidos previamente. Así, según Maduro, se pondrá fin al mercado negro. Pero todo indica que, a pesar de la “p” entre las siglas, más que estimular producción, los CLAP serán otra intervención más, viciada por la ineficiencia, la corrupción y la discriminación. Es ingenuo pensar que estos grupos funcionarán de forma verdaderamente descentralizada y ajena a los intereses del PSUV. La señal más visible es la designación de Freddy Bernal como encargado de dirigir los CLAP a nivel nacional.

Lo más triste es que, una vez más, parece que el oficialismo decidió hurgar en el vertedero de la historia universal para sacar esta idea. Es como si Maduro la hubiera copiado de uno de los casos que le fascinan: el Chile de Salvador Allende. Los habitantes del estrecho país tuvieron que lidiar en ese entonces con las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios, o JAP, abreviación que hasta rima con la de nuestros comités caribeños del siglo XXI. Habrá venezolanos que piensen que el drama que viven hoy no tiene precedentes en ninguna parte. A ellos les sorprendería saber que Chile, esa nación vista como modelo de desarrollo económico y democracia estable en la Latinoamérica actual, pasó por una experiencia muy similar.

En 1970 la izquierda regional celebraba la elección del socialista Allende como presidente de la nación austral. Pero aquel sabía que la situación era delicada, pues heredó de sus predecesores una tierra azotada por inflación aguda crónica y desigualdades sociales muy marcadas. Por desgracia, se equivocó en la forma de resolver los entuertos. Para empezar, intentó estimular la demanda mediante un gasto público desmedido. También ordenó una oleada de estatizaciones de empresas nacionales y extranjeras, sobre todo estadounidenses.

Aunque al principio todo esto, aunado a un fuerte aumento de los salarios, pareció dar excelentes resultados en 1971, al año siguiente las presiones de una inflación disimulada por controles de precios se hizo sentir con furia. Buena parte de los empresarios, enajenados por las políticas socialistas, dejaron de invertir, con la consecuencia de una caída drástica de la producción traducida en desabastecimiento espeluznante. Para colmo, el Gobierno liquidó una porción sustancial de las reservas internacionales, lo que significó menos recursos para combatir la escasez, así fuera con importaciones.

Para principios de 1973 el cuadro era uno familiar a los venezolanos del presente: inflación altísima, poder adquisitivo pulverizado, anaqueles vacíos y colas interminables. El Partido Comunista, uno de los miembros de la coalición de Allende, sugirió crear las JAP como forma de asegurar el aprovisionamiento de las comunidades por las propias comunidades. Pero como el problema estaba fundamentado en cuántos productos había, y no en dónde encontrarlos, el fallo no se corrigió. Los JAP terminaron siendo un espanto para los comerciantes y para buena parte de la población en general, debido a su sectarismo político. A los consumidores les ofrecían acceso a los bienes a precios regulados y sin horas de colas, pero a cambio les exigían lealtad al Partido Comunista o al Gobierno completo. Así se llegó a una sociedad más dividida y polarizada, en una crisis alarmante, lista para el golpe de Pinochet y todo el horror que le siguió.

Las desavenencias en torno a lo que pasó en esos días siguen hiriendo a Chile, al punto de que hoy se mantiene la disputa al rojo vivo entre dos explicaciones. Una es el relato que se acaba de hacer. La otra señala que hubo un sabotaje planificado y sistemático, impulsado por el sector privado y las clases altas. A ello se añade la mano peluda del Tío Sam, indignado por las expropiaciones de negocios norteamericanos en el país, que movió sus fichas para facilitar la rebelión militar. Personalmente, creo que hubo una combinación de ambas versiones: pésimas políticas económicas, cegadas por la ideología oficial, y una reacción deliberadamente desestabilizadora a la que no le importó pasar de una catástrofe a otra con tal de deponer al mandatario.

Esta visión desprovista de maniqueísmo pudiera poner límites al paralelismo para no caer en la explotación de la historia que hace Maduro cada vez que se compara con Allende para victimizarse. El socialismo chileno gobernó solo tres años, no 17. En ese lapso no tuvo el tiempo (ni, quizás, la voluntad) de ahogar el aparato productivo con tantos controles. Tampoco llegó a formar una maquinaria de represión tan eficaz como la de sus admiradores venezolanos, ni se enfrentó a una oposición política con escrúpulos en cuanto a los sacrificios humanos que podía implicar su salida violenta del poder. Finalmente, el caso se circunscribe en la Guerra Fría, cuando Estados Unidos hizo destrozos en su lucha contra todo lo que oliera a izquierda.

Pero eso no evita que Venezuela pueda aprender de la lección de su vecino al otro extremo de la calle suramericana. Las crisis económicas son capaces de generar monstruos cuyo legado se añade a la sucesión de capítulos turbios en el paso de los países por las décadas. Todavía estamos a tiempo de una solución civil. Con apoyo militar indispensable, dirán algunos. Pero tendría que ser esencialmente civil. Esperemos que así sea. No me gustan las juntas de control de precio. Tampoco las de gorilas con uniforme.

@AAAD25

 

El Nuevo Herald: Inventarios de alimentos caen a niveles alarmantes en Venezuela

Los venezolanos — que llevan meses formados en largas filas para poder ingresar a los supermercados — no han visto aún lo peor de la escasez provocada por el colapso del modelo populista del chavismo, pero podrían hacerlo dentro de poco ante las advertencias de que los inventarios de los alimentos en el país han caído a niveles alarmantes.

 

“Los organismos gremiales, que incluyen a las industrias farmacéutica y alimentos, están llegando a inventarios críticos”, dijo recientemente Eduardo Garmendia, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) en una entrevista con Unión Radio.

 

“Todo el sistema industrial está afectado por las dificultades para adquirir materias primas, pero obviamente es natural que los productos de primera necesidad sientan el efecto más importante porque el impacto directo es mayor, estamos hablando de medicinas y alimentos”, afirmó Garmendia.

 

En el caso de los alimentos, los inventarios de las principales industrias productoras del país alcanzan para menos de un mes, según datos de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea).

 

“En lo que va de año hay empresas de alimentos a las que no se le ha asignado ni un dólar”, dijo a la prensa local Pablo Baraybar, presidente de Cavidea. “En algunas líneas nos quedan inventarios de 10 a 20 días”.

 

Para el venezolano en la calle, eso significa que las ya extensas dificultades que enfrenta para poner el pan sobre la mesa están por incrementarse exponencialmente.

 

“Hay una verdadera tormenta que se está formando por falta de dólares. La situación es desesperada y está en vías de tornarse peor”, comentó Russell M. Dallen, editor en jefe de Latin American Herald Tribune, quien lleva años siguiendo de cerca el comportamiento de la realidad venezolana.

 

“En los próximos dos o tres meses vamos a ver una escasez terrible, mucho peor de la que se ha visto hasta el momento. No solamente porque los niveles de inventarios ya están por el piso, sino porque en este momento aún no se están autorizando las importaciones” de los productos que se van a necesitar dentro de ocho o 12 semanas. (La Patilla)

 

«Poder Popular» supervisará la distribución de alimentos

Carlos Osorio, vicepresidente para el Área de la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria y Abastecimiento, anunció este lunes la creación de una nueva instancia organizada por el «Poder Popular» destinado a monitorear la producción y la distribución de alimentos en cada estado.

 

La estructura social, que se encuentra en formación, tendrá la tarea de supervisar el abastecimiento de los rubros de primera necesidad a nivel parroquial, municipal y regional, reseñó.

 

La decisión fue comunicada por el también ministro para la Alimentación tras una reunión con los representantes de la Misión Alimentación en cada estado.

 

El titular para Alimentación recalcó que la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) debe mantenerse desplegada por todo el país supervisando los almacenes y depósitos de las redes de distribución de alimentos, públicas y privadas, para continuar en la lucha contra el acaparamiento.

 

La incorporación del «Poder Popular» es la nueva apuesta del Gobierno para fiscalizar a la redes de distribución de alimentos, acusadas de generar la escasez de productos básicos como parte de la llamada «guerra económica». (El Mundo)

 

Dólar Simadi cerró el lunes en Bs. 191,97

La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) cerró este Lunes Santo en 191,97 bolívares por dólar.

 

La cotización supone Bs. 1,35 menos que el cierre del viernes, precisó el Banco Central de Venezuela (BCV) en su página web.

 

Lo transado en el Simadi el lunes representa apenas 1,80% del mercado cambiario, mientras el resto (98,20%) fue liquidado en las tasas oficiales de Bs. 6,30 y Bs. 12 por billete verde, según el instituto emisor. (El Mundo)

 

Contraloría halló fallas en entrega de divisas a empresas

Dieron $52 millones a pequeñas y medianas industrias sin requisitos claros.

En saco roto. Allí cayeron las observaciones que la Contraloría General de la República hizo en 2007 al Gobierno sobre la manera cómo adjudicaba las divisas para importar bienes e insumos, pues siete años después de advertir que la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) carecía de mecanismos de control que le permitieran verificar el buen uso de los dólares y euros se encontró con fallas similares en otras instituciones del Estado.

 

La denuncia la hizo el contralor Manuel Galindo en el informe de gestión de 2014, que este mes entregó a la Asamblea Nacional y en el cual expuso las irregularidades que encontró al auditar «el proceso de solicitud y pago de divisas» que CVG Internacional y el Banco de Comercio Exterior (Bancoex) pusieron en marcha para importar maquinarias para pequeñas y medianas industrias (PYMI) y para cooperativas.

 

El organismo reveló que a 12 PYMI, las cuales no identificó,  les fueron entregadas entre 2010, 2011 y 2012,  24.243.659,52  dólares, aún cuando «no se evidenció el Certificado Nacional otorgado por Inapymi (Instituto para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria) de pequeña y mediana industria, sino el certificado de afiliación a Fedeindustria».

 

A otras cinco empresas, las cuales formaban parte de un grupo de once, cuyos certificados presentaban un vencimiento de entre 12 días y ocho años, recibieron divisas por US$ 18.295.321,44 entre 2011 y 2012; y las seis restantes recibieron más de 10 millones pese a que obtuvieron el documento antes «de la fecha de la transferencia» de los fondos.

 

La Contraloría, en su informe, también aseveró que se encontró con una empresa, la cual tenía «el deber formal de presentar la declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR)», pero que no lo hizo «en los años 2010, 2011 y 2012»; y sin embargo «obtuvo los certificados PYMI» y además «efectuó solicitudes para el Sistema de Adquisición de Suministros Industriales (SASI) por US$ 2.750.527,50 con los referidos certificados».

 

La posibilidad de sancionar a los responsables de esta última empresa y a quienes le entregaron los dólares obviando las situaciones arriba mencionadas luce lejana. ¿La razón? «El expediente de dicha empresa se extravió en la mudanza de los archivos del Inapymi, lo cual se hizo constar en acta de fecha 8 de julio de 2013», reportó el organismo encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos en su informe a los legisladores.

 

Los auditores se trasladaron hasta algunas de las  empresas que recibieron divisas y en dos de ellas encontraron con que las mismas de poco sirvieron, pues aunque ciertamente importaron las maquinarias que dijeron que iban a adquirir en el exterior las mismas estaban «inoperativas debido a falta de insumos de producción nacional (plástico y aluminio) para su puesta en marcha».

 

En el reporte la Contraloría recomendó a CVG Internacional y Bancoex reforzar su sistema de control interno, «de modo que permita monitorear las operaciones desde la entrega de las divisas, recepción de los bienes adquiridos e inclusive hasta, por ejemplo, la operatividad de la maquinaria y/o producto elaborado o semielaborado, según el caso».

 

Las observaciones no son para menos, pues a finales de 2013 el entonces ministro del Interior, Miguel Rodríguez, dijo que el 40% de las empresas que recibieron dólares o euros para importar eran «de maletín».

 

Sobre Cadivi

El despacho de Galindo informó que las multas que su antecesora en el cargo, Adelina González, impuso al exdirector de Planificación y Presupuesto de la extinta Cadivi, Moisés Henríquez, quedaron firmes, por lo cual el exfuncionario deberá cancelar casi 150 mil bolívares.

 

La misma suerte corrieron otros siete exfuncionarios de ese organismo a los que declaró responsables de distintas irregularidades.

 

A finales de 2013 el presidente Nicolás Maduro denunció que Cadivi «fue perforado por el rentismo petrolero y por un juego perverso con la moneda: la especulación de la divisa» y acto seguido lo sustituyó por el Centro de Comercio Exterior (Cencoex).

 

A raíz de esos señalamientos el Ministerio Público abrió 4.175 investigaciones por irregularidades en la compra y otorgamiento de dólares, las cuales involucran a 2.716 particulares y 1.459  empresas. De estas últimas solo 70 habían sido acusadas hasta diciembre, reveló la fiscal general, Luisa Ortega, en su informe anual. (El Universal)

 

Sin dólares operadores cambiarios de la frontera

El presidente de la Asociación de Operadores Cambiarios Fronterizos, Oscar Sánchez Martínez, indicó que no han recibido dólares del Banco Central de Venezuela para las operaciones de menudeo en el Sistema Marginal de Divisas.

 

Hasta ahora no tienen información si recibirán las divisas para participar en las transacciones del Simadi porque el instituto emisor aún no ha emitido una resolución sobre cómo funcionarán los operadores cambiarios fronterizos, señaló. En Táchira operan 20 de estas entidades.

 

Los operadores creados en 2010 fueron destinados únicamente para realizar operaciones bolívar-peso. El propósito, explicó Sánchez Martínez, era  frenar el lavado de dólares producto del narcotráfico. “Los operadores cambiarios lo que hacemos es compra y venta de pesos. Es la única divisa que se está vendiendo en San Antonio del Táchira. Si se hace alguna transacción distinta es ilegal. No hay ninguna resolución que autorice a un operador cambiario fronterizo a vender o recibir dólares para vender”.

 

El directivo agregó que también están esperando que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario rectifique las medidas de funcionamiento de los operadores cambiarios fronterizos que los obliga a constituirse en sociedades anónimas con un mínimo de 10 accionista, de lo contrario serían revocadas sus autorizaciones para operar. Advirtió que eso, además, implica el aumento del capital en un porcentaje significativo, similar al de un banco, lo que conllevaría a la desaparición de estos operadores.

 

Aunque en diciembre el presidente Nicolás Maduro promulgó una nueva Ley de Instituciones del Sector Bancario, en la que se rectifica la situación jurídica de los operadores cambiarios fronterizos, no ha habido una acción correctiva de la Sudeban, añadió.

 

Balance. El Sistema Marginal de Divisas está funcionando en 10 de las 11 casas de cambio del país. Desde que comenzaron las operaciones se han comprado 600.000 dólares en efectivo en aeropuertos y taquillas y se han recibido 400.000 dólares en remesas familiares del exterior, informó César Atencio, presidente de la Asociación Venezolana de Casas de Cambio.

 

El balance desde que el Simadi entró en funcionamiento, hace más de un mes, es que 40% de los dólares que se han vendido al público en casas de cambio proviene del mismo mercado y 60% de las asignaciones del Banco Central de Venezuela.

 

En total se han transado en compra y venta 3,5 millones de dólares en las casas de cambio y más de 1.000 operaciones. Los registros reportan que han sido atendidos más de 14.000 clientes en el ámbito nacional.

 

En lo que corresponde solo a las operaciones de venta de divisas, Atencio señaló que se negociaron 1,7 millones de dólares. De este total han enviado 850.000 dólares en remesas familiares, es decir, 65% de la venta ha sido en efectivo y 35% en remesas familiares.

 

“Las remesas que han sido enviadas hacia Venezuela se originan en primer lugar de Estados Unidos, seguido de Colombia y en tercer lugar de España, Portugal e Italia”, dijo. Agregó que el primer país al que se envían remesas desde Venezuela es Colombia, luego Estados Unidos y en tercer lugar China.

 

El ejecutivo de casas de bolsa destacó que un aspecto positivo es que actualmente un particular puede comprar divisas de manera libre y legal como hace años no sucedía, y confía en que a medida que el sistema tenga mayor oferta el dólar paralelo continuará disminuyendo.

 

Explicó que en estos momentos la demanda es más alta que la oferta y el sistema depende de nuevas asignaciones del BCV, que solo ha dado tres desde que el Simadi fue puesto en marcha.

 

Es necesario que se incrementen las asignaciones para satisfacer toda la demanda, porque hay usuarios que no pueden ser atendidos por falta de divisas, apunto. Informó que ya algunas casas de cambio están instalando un sistema de citas a través de Internet para atender a los usuarios, y se espera que a finales de abril funcione el mecanismo para evitar que los usuarios hagan colas.

 

Oferta asimétrica

No solo la escasez en la oferta de divisas en el Sistema Marginal de Divisas afecta a usuarios y operadores cambiarios. Está pendiente la publicación de un nuevo convenio cambiario que permita la comunicación entre los operadores.

 

En este momento, la oferta de divisas es asimétrica en las instituciones y si a una le faltan divisas para satisfacer la demanda no puede intercambiar con otra que disponga de estas y así prestar un servicio mucho más eficiente, señaló una fuente del sector que prefirió no dar su nombre.

 

Agregó que el funcionamiento del Sistema Marginal de Divisas en bancos públicos y privados y casas de bolsa ha sido engorroso por la escasez de dólares y por la poca información disponible sobre la manera de cómo los usuarios pueden tener acceso a la compra-venta de divisas.

 

No obstante, la fuente aseguró que en los últimos días ha habido la voluntad de ir mejorando los trámites. Ciertas operaciones grandes de clientes corporativos se han ido produciendo de manera tímida, dijo. (El Nacional)

 

Simadi solo cubre 8% de la demanda de dólares

Mientras por el mecanismo se asignan hasta $ ocho millones diarios, la demanda de divisas se ubica en $ 100 millones. Simadi otorga menor cantidad de divisas en comparación con su antecesor, el desaparecido Sicad II, así lo publicó La Verdad

 

El Sistema Marginal de Divisas (Simadi), creado como la solución para estabilizar el mercado cambiario, no termina de despegar tras mes y medio de su entrada en vigencia.

 

A través del mecanismo se asigna un máximo de ocho millones de dólares diarios, asegura Luis Oliveros, profesor de la Universidad Metropolitana (Unimet).

El analista considera que los montos transados son poco significativos, sobre todo si se comparan con los de su predecesor: el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (Sicad II).

 

Oliveros recuerda que en su peor momento el Sicad II llegó a liquidar 14 millones de dólares diarios, monto 43 por ciento superior a lo suministrado por Simadi.

El mecanismo que fue eliminado por el gobierno de Nicolás Maduro el mes pasado incluso llegó a aportar 50 millones de dólares por día entre los meses de junio y julio, de acuerdo con cifras de Ecoanalítica.

 

Insuficiente

El nuevo sistema cambiario cubre apenas un ocho por ciento de la demanda de divisas que existe en el país.

 

Tomás Socias, analista económico, estima que el mercado requiere unos 100 millones de dólares por día para funcionar correctamente.

 

“En el Simadi aún no aparece la oferta gubernamental, lo que se negocia lo aporta únicamente el sector privado”, agrega Oliveros.

 

La eliminación del Sicad II y la creación del Simadi implicaron una reducción de la oferta de divisas, advierte el economista.

 

La insuficiencia en la oferta es la razón por la cual el Simadi no logra frenar el encarecimiento del precio de la divisa en el mercado paralelo. (La Patilla)

 

Plazo para declarar Islr es hasta la medianoche

El plazo para declarar y pagar el Impuesto Sobre la Renta es hasta la medianoche del martes 31 de marzo.

 

José David Cabello, jefe del Seniat, recordó los horarios que tendrá el organismo tributario en el último día del operativo que desplegó para recibir la declaración y el pago del tributo en centros comerciales y dependencias de la Superintendencia.

 

En los centros comerciales más concurridos del país, los puntos del Seniat trabajarán en un horario especial de 2 de la tarde hasta las ocho de la noche, mientras en sus dependencias, el Seniat laborará entre las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

 

El día 31 de marzo, último día de la zafra tributaria, los funcionarios de la Superintendencia estará “ofreciendo orientación y apoyo hasta las 12 de la medianoche”, reseñó una nota de prensa del Seniat este lunes.

 

Cabello recordó que quienes incumplan el plazo para la declaración y el pago del tributo, el Seniat mantiene su regla que el “sistema no perdona”. Es decir, “cuando una persona deja este trámite para el último día, a última hora, si el sistema registra el proceso un minuto después de las 12 de la noche, automáticamente le acarrea una multa”, destaca la nota. (El Mundo)

 

Primera parte del aumento del pasaje

A partir del segundo semestre del 2015 el pasaje de las rutas que cubren la capital mirandina pasará de 8,50 bolívares a Bs 13, según lo dio a conocer José Gregorio Biomorgi, secretario de gobierno de la alcaldía Guaicaipuro.

 

Pese a que los transportistas aspiraban que la tarifa llegara a Bs 15, las autoridades municipales señalaron que tras estudiar variables como el número de rutas y unidades, la cantidad de usuarios así como los costos de funcionamiento, se estableció el aumento que se aplicará en 2 partes: a partir del mes de abril el costo será de Bs 12 y a mitad de año subirá un bolívar más.

 

La directora de Vialidad y Transporte de Guaicaipuro, Eliana León, acotó que entre los elementos tomados en cuenta para el estudio está el beneficio que han recibido a través de la Proveeduría de Transporte de Guaicaipuro más de  1.350 transportistas, quienes han adquirido cauchos, filtros, baterías y lubricantes a precios accesibles y aunque reconoció que hacen falta otros repuestos, «la proveeduría es un factor importante a tomar en cuenta para abaratar los costos del servicio».

 

Por su parte, choferes como Alexander Castro, que cubre la ruta de El Paso, se mostró insatisfecho con el aumento. «La avenida Víctor Baptista y la subida hacia la urbanización Cecilio Acosta parecen un campo minado por la cantidad de alcantarillas y huecos, por lo que este aumento es insuficiente para mantener activas las unidades, más en estos tiempos cuando un caucho no se puede adquirir por menos de 20 mil bolívares y en la proveeduría nunca hay insumos», denunció. (El Universal)

 

Afirman que ajuste de la gasolina «no afectará tarifas del transporte»

El coordinador del Frente Bolivariano de Transporte (FBT), Félix Jaramillo, aseguró que el ajuste del precio de la gasolina «no afectará las tarifas del transporte público», razón por la cual el sector avala esa medida.

 

En entrevista en VTV, Jaramillo expuso que la organización que representa se ha reunido con el ministro de Transporte, Haiman El Troudi, y han conversado sobre el aumento de la gasolina y otros temas.

 

Destacó las reivindicaciones que han recibido los trabajadores del sector por parte del Ejecutivo Nacional, «con las nuevas pensiones asignadas, la renovación de flotas, las proveedurías para proveer cauchos, baterías y demás insumos y repuestos que requiere este sector para prestar sus servicios», reseñó AVN.

 

El Gobierno Nacional entregó 150 unidades Yutong nuevas para cubrir rutas interurbanas y entre agosto de 2015 y agosto de 2016 se prevé una renovación de flota de 2.600 unidades.

 

El dirigente reiteró que debe haber cultura por parte del transportista para brindar una mejor atención a los pasajeros, y que se realizan los trámites para la creación de la Escuela Nacional de Conductores. (El Universal)

 

Plan de las Zonas Económicas Especiales será presentado a finales de abril

El plan correspondiente a las Zonas Económicas Especiales (ZEE), creadas para impulsar el desarrollo productivo de la nación, será presentado durante la última semana de abril, indicó este lunes el vicepresidente para Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez.

 

Este plan, vinculado a las ZEE, estará relacionado con áreas, como telecomunicaciones, electricidad, transporte terrestre y acuático, entre otros.

 

En rueda de prensa, realizada en Caracas, también comentó que en la ZEE de Paraguaná, ubicada en el estado Falcón, y en la de Ureña, Táchira, se ha logrado 75% del levantamiento de campo, tal como estaba previsto.

 

Estas dos zonas económicas fueron creadas, en diciembre pasado, por el presidente de la República, Nicolás Maduro, con el objetivo de llevar adelante la exportación de productos venezolanos.

 

Por ello, con el desarrollo de la Zona Económica Especial de Paraguaná, el Estado prevé potenciar las capacidades de la entidad para la generación de electricidad, a través del aprovechamiento de la energía eólica, y el desarrollo tecnológico y científico.

 

Asimismo, la Zona Especial de Ureña contempla incentivos al área textil, del calzado y la industria metalmecánica para incrementar las capacidades de transformación, atender el mercado interno y facilitar las exportaciones.

 

Mientras que la Zona de Desarrollo Estratégico, que se implementará en la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, y que constituye la mayor reserva certificada de hidrocarburos del mundo, facilitará la participación de empresas privadas en las actividades y proyectos que ejecuta Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para extraer y procesar crudo.

 

Las Zonas Económicas Especiales son aquellas áreas geográficas del país en donde se realizarán proyectos productivos especializados dirigidos a incrementar la producción de productos con miras a fortalecer el desarrollo de estas regiones y la capacidades de exportación. (El Mundo)

 

Crece la dependencia económica venezolana de Estados Unidos

En ciertas ocasiones, la economía y la política marchan por vías paralelas, sin apenas tocarse. Eso es lo que ocurre en el ámbito de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. A pesar de la escalada verbal entre ambos gobiernos desde que asumió la presidencia Nicolas Maduro, y de la retórica «antiimperialista» que el líder venezolano ha ensayado en las últimas semanas, la dependencia comercial del país caribeño respecto de Estados Unidos aumentó en los últimos dos años, hasta alcanzar su máximo nivel en la última década.

 

Así lo muestran las propias estadísticas sobre comercio exterior publicadas por el estatal Instituto Nacional de Estadística (INE) de Venezuela. El INE publica la serie de las exportaciones venezolanas, según los países de destino, realizadas entre 1998 y el primer semestre de 2014. Esos datos permiten calcular qué porcentaje de las exportaciones totales venezolanas representan las ventas dirigidas específicamente a Estados Unidos.

 

Según las últimas cifras disponibles para 2014, en el último año Venezuela destinó a Estados Unidos el 28% de sus exportaciones totales al mundo. Para hallar un índice mayor de dependencia hay que retroceder hasta 2005, cuando el monto fue del 30%. A partir de 2012, Venezuela registró un quiebro en la tendencia a medio plazo que venía registrando desde comienzos de la década: a partir de ese año, la dependencia comercial de Estados Unidos ha ido siempre en aumento.

 

Solo retórica

Casi la totalidad de las ventas venezolanas a su virtual enemigo corresponde al petróleo y derivados. La escasa diversificación productiva plantea un serio dilema al país caribeño. La cantidad de barriles exportados a Estados Unidos cayó en los últimos años. El problema es que, aún así, la mayor parte de las exportaciones venezolanas siguen dirigiéndose al mercado estadounidense, y Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Venezuela.

 

«Lo de Maduro es solo retórica política: exagera su reacción a las sanciones de Obama para sacar ventaja interna –dijo a ABC el analista político venezolano Luis Vicente León, director de la consultora Datanálisis–. En un momento dederrumbe de su popularidad, las sanciones le abrieron un nicho de debate ajeno a la crisis económica, donde él aparece como el «pequeño» contra el «grande», lo que a su vez permite unificar al chavismo».

 

¿Cuál de los dos países se vería más perjudicado por una eventual ruptura de la relación comercial? En opinión del economista venezolano José Toro Hardy, ex miembro de la dirección de Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre 1996 y 1999, «no hay duda de que Venezuela sufriría mucho más el impacto, ya que EE.UU. depende cada vez menos de las importaciones petroleras gracias al desarrollo de tecnologías como el «fracking» y al aumento de sus reservas estratégicas».

 

En contraposición, «la dependencia venezolana respecto de las exportaciones es cada vez mayor, porque en el país hay una gran escasez de divisas, endeudamiento, inflación récord y déficit en el flujo de caja de PDVSA». Si además se considera que las cuantiosas exportaciones a los aliados políticos de Petrocaribe se realizan en términos contractuales de privilegio, los envíos de petróleo a Estados Unidos resultan aún más indispensables. Todo ello explica por qué, pese a la retórica, Maduro no se aparta del calor comercial estadounidense. En definitiva: «Perro que ladra no muerde». (ABC)

 

Por Dulce María Rodríguez

 

El plan operativo para afrontar el contrabando, boicot, especulación, acaparamiento y usura, presuntos delitos que el gobierno ha denominado “Guerra económica” esta en ejecución. El Nacional conoció el documento con el plan, el cual fue elaborado por la Jefatura de Estado Mayor de la Guardia Nacional Bolivariana, tiene carácter “Confidencial” y una extensión de 22 páginas que llegan a 50 con 12 anexos. Incluye referencias legales como la Constitución de la República, 29 leyes, códigos y reglamentos. Está suscrito por Padrino, en alusión al general en jefe de la GNB Vladimir Padrino López y con acuse de recibo de Oviedo, referido al comandante general de la GNB mayor general Gabriel Ramón Oviedo.

 

1- Involucrados en el plan

El gobierno considera a los industriales, distribuidores, comerciantes y hasta la economía informal una fuerza opositora, de acuerdo con el documento. Pareciera que con mucho poder, ya que asignan a 24 comandos zonales de la Guardia Nacional Bolivariana, más su Comando de la Guardia del Pueblo, el Comando de Vigilancia Costera, el Comando de Apoyo Aéreo. Además de las Direcciones Nacionales de los Servicios de Policía Administrativa Especial: de Resguardo Nacional, de Seguridad de Guardería Ambiental, de Resguardo Minero y de Investigaciones Penales, el objetivo del mantenimiento del orden interno y de contrarrestar los ataques de la Guerra Económica.

En el plan también se establece como amenaza el contrabando y se asocia a la delincuencia, a la especulación vinculada con la economía formal e informal, al acaparamiento que ejecutan los comerciantes, la extracción de hidrocarburos vinculada asimismo con la delincuencia organizada. Además a bandas criminales de Colombia que por medio de empresas extraen productos de forma irregular.

Los comandos de la GNB realizarán “labores de vigilancia, seguimiento, fiscalización, supervisión y control de las cadenas de producción, importación, distribución, almacenamiento y acopio de los productos de la cesta básica, productos de carácter estratégico e interés nacional y productos potenciales no procesados por el Estado para evitar su desvío y fuga”, dice el documento.

 

2- Labores de inteligencia del poder popular

Como si fuera poco con los 24 comandos zonales de la GNB y sus 3 comandos de vigilancia y apoyo, más las 4 direcciones de los Servicios de la Policía Administrativa Especial, también en el plan operativo le asignan “labores de inteligencia al Poder Popular, productores, distribuidores, comercializadores y toda persona natural o persona jurídica y patriotas cooperantes aliados al proceso revolucionario”.

Si los patriotas cooperantes detectan presuntos ilícitos deben avisar al Comando Superior de la zona y las autoridades correspondientes a su jurisdicción para ejecutar las acciones pertinentes.

 

3- Seguimiento y control

Se destaca en negritas en el referido documento, que se debe “conformar una Sala de Seguimiento y Control para la búsqueda, procesamiento y análisis de información a fin de generar los insumos necesarios para la toma de decisiones. En este sentido, entre otras actividades deberá elaborar mapeo geo-referenciado de los productores, rutas habilitadas, rutas no habilitadas, lugares de mayor ocurrencia de delitos, organizaciones delictivas (bandas nacionales o internacionales), depósitos, almacenes, silos, localización de oficinas públicas que otorgan guías, permisos, autorización para el aprovechamiento, distribución y comercialización de los productos y bienes”.

 

4- Propósito y uso

El plan ya fue puesto en práctica, cuando la Superintendecia de Precios Justos y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, fiscalizaron la cadena de Practimercados Día Día. El asesor legal, Álvaro Prada, aseguró que las medidas tomadas por el gobierno en contra de la empresa no tienen justificación, porque ellos conocen la cantidad de mercancía que ingresa al almacén y la que sale. “La empresa ha cumplido con la ley y nunca ha acaparado, especulado ni participado en ningún tipo de boicot. Todos los despachos de productos del almacén central son autorizados por el Ejecutivo por medio del Sistema Integral de Control Agroalimentaria (SICA) del Ministerio de Alimentación. Esto es transparente”, dijo.

Sin embargo, conociendo la capacidad de almacenamiento de la cadena de practimercados y sus niveles de inventarios, el gobierno inspeccionó su almacén el 2 de febrero y los acusó de presunto acaparamiento y boicot. Acto seguido, ordenó que Pdval que los asumiera y la mercancía de su almacén en La Yaguara fue trasportada a la distribuidora estatal. Además privaron de libertad a su director ejecutivo, Manuel Morales y a su abogado externo Tadeo Arrieche.

 

5- Los comandantes

Son responsables de seleccionar el personal que realizará las labores de control, seguimiento e investigación como Policía Administrativa Especial de Apoyo a la Administración.

Emplearán personal militar y civil de acuerdo con su capacidad profesional y técnica según los servicios requeridos.

Garantizarán que el personal en los puntos de control y en tareas de investigación cuenten con el marco legal correspondiente.

Impartirán cursos y talleres.

Realizarán labores de inteligencia con los patriotas cooperantes aliados al proceso.

Buscarán información en distintas instituciones que posean registros criminalísticos nacionales e internacionales.

Harán seguimiento y análisis a las informaciones de interés difundida por los diferentes medios de comunicación para identificar actores relacionados con organizaciones criminales o delincuencia organizada.

 

Ejes de actuación y anillos de control

El plan se ejecutará dividiendo al país en los ejes: central, costero y fronterizo.

Eje central: realizará el control y seguimiento al sector productor: agroindustria, industrias, almacenes, empaquetadoras, empresas de transporte terrestre, sistema de distribución y comercialización de alimentos y productos estratégicos.

Eje fronterizo: harán seguimiento en los depósitos, almacenes, distribuidoras de productos de primera necesidad y del combustible en las plantas termoeléctricas.

Eje costero: se enfocará en los puertos y muelles habilitados o no, para actividades aduaneras: importación, exportación y tránsito. También hacia las empresas propietarias de embarcaciones destinadas a la pesca.

Los niveles de control que llevará a cabo la GNB se dividen en tres anillos:

Primer anillo: supervisión, registro y control a centros de producción. Los comandos de cada estado realizarán labores de registro en los centros de fabricación de productos animales y vegetales, y de resguardo de materias primas. Supervisaran las operaciones de importación y tránsito de productos de la cesta básica, aseo personal e higiene del hogar e identificarán los destinatarios. Además evitarán la extracción de recursos exportables.

Segundo anillo: control a centros de distribución. Registrarán las empresas distribuidoras en cada jurisdicción y abrirán una carpeta con el historial: registro mercantil, RIF, copia de la cédula de identidad de los propietarios y representantes legales y sus números telefónicos, registro de la actividad, y guía de SADA. Establecerán mecanismos de seguimiento para evitar el desvío de los productos sujetos a control. Identificarán destinatarios y rutas de circulación.

Tercer anillo: control en lugares fronterizos y destino final. Realizarán fiscalizaciones a centros de recepción, acopio, almacenamiento y distribución de grandes cantidades de productos objetos de control. Patrullarán las principales vías de comunicación con países vecinos y ubicarán caminos improvisados y los desactivarán. Además efectuarán control migratorio.

 

Acciones previstas

Los comandos de cada zona deben realizar:

-La identificación y registro de personas naturales y jurídicas, dedicadas a la producción primaria y al procesamiento de los productos de primera necesidad, materiales estratégicos y otros sujetos al plan.

-Verificar la capacidad instalada de producción, almacenamiento y distribución. Si la empresa es privada o pública, tipo de rubro que fabrica.

-Control del despacho: red de distribución, destino final y guías de movilización. Identificarán a las personas propietarias de las unidades de transporte utilizados para el traslado de los productos o empresas prestadoras del servicio, su flota, embarcaciones o aeronaves, según corresponda.

-Deben abrir la carpeta de Registro o Historial por cada establecimiento.

-Verificar las infraestructuras de almacenamiento, depósito y refrigeración localizadas en la zona. Precisar si es propio o arrendado. Realizar visitas de investigación.

-Contrastar la permisología, registro o autorizaciones de las empresas dedicadas a la producción, distribución y comercialización.

-Investigar a personas naturales o jurídicas cuando existan elementos de convicción sobre la presunta comisión de delitos económicos.

-Los comandantes deberán identificar las vías principales y secundarias habilitadas para el transporte de los productos sujetos de control y seguimiento.

-El comando de operaciones establecerá los anillos de control.

 

En la Gaceta Oficial 40.582, correspondiente al 16.01.15, apareció publicado el Decreto 1.417 mediante el cual se crea el Sistema Popular de Protección para la Paz, cuyas siglas son SP3. Según los considerandos la creación de este organismo se realiza ante las “amenazas internas o externas contra nuestra Patria”, así como la sinergia con el llamado “Poder Popular” para atender temas de seguridad ciudadana.

El SP3, según se explica en el artículo 1, es un mecanismo de articulación entre los poderes del Estado, el Poder Popular y los gobiernos comunales para el “impulso y ejecución de los planes en materia de Seguridad Ciudadana contra cualquier amenaza interna o externa”. El SP3 estará adscrito al ministerio de relaciones interiores.

El artículo 2 afirma que este nuevo organismo policial incorpora a las redes populares y las bases de las misiones sociales para “defender nuestra Patria de personas o grupos que pretendan violentar la paz del país”. El artículo 4 detalla cómo el SP3 estará integrado por 04 subsistemas: 1) Subsistema de Paz: Misión “A Toda Vida” y “Patria Segura” y el Movimiento por la Paz y la Vida, entre otros. Resalta que se nombran a “Todas las Grandes Misiones, Misiones Socialistas” como parte inherente de este subsistema; 2) Subsistema Popular: Comunas, Consejos Comunales, Base de Misiones Socialistas entre otros. Llama la atención que se afirma que “Toda organización popular y los medios comunitarios y alternativos” son parte de este subsistema; 3) Subsistema de Protección: Entes encargados de la seguridad pública y privada y 4) Subsistema operacional: Organismos que participan en la Seguridad y Defensa Integral del país, incluyendo a las instituciones militares. En un parágrafo único se estipula que el ministerio podrá incorporar a “cualquier otro organismo u organización (…) que lo requiera para la protección y la paz del pueblo”.

El decreto posee nueve artículos en total. De los restantes, el sexto describe que el ministro de interior está facultado para dictar lineamientos bajo las directrices emanadas del Presidente, mientras que el séptimo estipula la realización de gestiones para la obtención de recursos financieros para el SP3.

En opinión de Provea la creación de la figura del SP3 es contraria a la Constitución y es la más reciente expresión del gobierno de Nicolás Maduro en la militarización del país y en la creación de un Estado policial, bajo la doctrina de la seguridad nacional, que obliga a la ciudadanía a realizar labores que, según la Carta Magna y los estándares internacionales de derechos humanos, le corresponden a la policía.

La Constitución es clara en establecer, en su artículo 332, que los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y que para ello organizará 4 cuerpos: Policía nacional; investigaciones científicas, penales y criminalísticas; bomberos y protección civil. Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su “Informe sobre Seguridad Ciudadana y DDHH”, afirma: “los asuntos que tienen que ver con la seguridad ciudadana son de competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados”. Además, asegura: “Es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación. La historia hemisférica demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos”.

No solamente la participación de militares en labores de seguridad es cuestionable, sino también la incorporación obligatoria de la ciudadanía. Con esta decisión se estaría implementando, bajo otra denominación, la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia –popularmente calificada como “Ley Sapo”-, que el presidente Hugo Chávez derogó debido al amplio rechazo que generó. La ley obliga a todas las organizaciones sociales del país a ser parte de un mecanismo de represión y vigilancia estatal. De esta manera el presidente Nicolás Maduro continúa estimulando la confrontación pueblo contra pueblo, exhortando a la población a cometer actividades ilegales e inconstitucionales, una forma antidemocrática de entender el protagonismo de la gente en materia de políticas públicas.

El SP3 forma parte de la estructuración jurídica del Estado policial en el país, cuyos antecedentes han sido la promoción de figuras como los “patriotas cooperantes”, “Cuerpos de combatientes”, “Unidades de Batalla Hugo Chávez” y “Comandos Populares Antigolpe”, además de la utilización de grupos armados irregulares para enfrentar la manifestación pacífica.