PNB

LOS ACTORES AISAK OVALLES Y Pedro Huice, protagonistas de la obra de microteatro «Dos policías B en apuros», fueron excarcelados la noche de este lunes tras pasar un día detenidos por haberse vestido con uniformes de la PNB para actuar en la pieza teatral que se presenta en el CCCT. 

«Nuestros compañeros de la Sala 16 ya han sido liberados», se lee en un tuit divulgado por la cuenta de Twitter de la compañía Microteatro Venezuela.

Junto con los actores habían sido detenidos la productora de la obra, Johana Villafranca, y el director, Leunam Torres.

Nuestros compañeros de la Sala 16, ya han sido liberados. Estamos muy agradecidos con todo el público por las muestras de apoyo que hemos recibido. Mañana continúa Microteatro Venezuela en el CCCT, Nivel C2. ?????????????????? pic.twitter.com/Wrbv7JGRm9

— MicroteatroVenezuela (@MicroteatroVzla) August 6, 2019

De acuerdo con una minuta policial, los actores fueron “capturados en flagrancia por el delito de usurpación de función pública, cuando pretendían presentar una obra teatral, portando el uniforme reglamentario del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana y a través de su contenido buscan ridiculizar y tergiversar las verdaderas funciones Policiales”.

A través de la cuenta de Twitter de la PNB, los artistas fueron acusados de «ridiculizar y tergiversar las verdaderas funciones policiales» por el contenido de la obra.

“¡Ahora sí están en apuros por el delito de usurpación de función pública! Han sido detenidos cuatro ciudadanos cuando pretendían presentar una obra teatral en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco en Chacao, portando el uniforme reglamentario del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana”, reza un tuit del cuerpo policial.

¡AHORA SI ESTÁN EN APUROS! Por el Delito de Usurpación de Función Pública, han sido detenidos cuatro ciudadanos cuando pretendían presentar una obra teatral en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco en #Chacao, portando el uniforme reglamentario del @CPNB_VE pic.twitter.com/MBKm1G5l8Y

— Policía Nacional Ve (@CPNB_VE) August 5, 2019

Donde a través de su contenido buscan ridiculizar y tergiversar las verdaderas funciones Policiales pic.twitter.com/GWrh1Qq1ll

— Policía Nacional Ve (@CPNB_VE) August 5, 2019

EFECTIVOS DE LA PNB DETUVIERON la noche del domingo 4 de agosto a Aisak Ovalles y Pedro Huice, actores de la pieza teatral «Dos policías B en apuro», por usar uniformes de ese cuerpo policial en el desarrollo de la obra, que se presenta en la sala Urban Couple del CCCT.

Con Ovalles y Huice fueron detenidos también Johana Villafranca y Leunam Torres, productora y director de la puesta en escena, respectivamente. 

De acuerdo con una minuta policial, los actores fueron «capturados en flagrancia por el delito de usurpación de función pública, cuando pretendían presentar una obra teatral, portando el uniforme reglamentario del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana y a través de su contenido buscan ridiculizar y tergiversar las verdaderas funciones Policiales».

En el texto policial se indica que el fiscal número 9 en Materia de Delitos Comunes del Ministerio Público fue informado de este hecho.

Con información de El Pitazo

EL ASESINATO DEL COMISIONADO EN JEFE DE LA POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA Carlos Valverde, de 43 años de edad, desencadenó la furia de las FAES. Mediante una razia que se desarrolló este 24 de julio y durante doce horas consecutivas en varios barrios de El Valle y El Cementerio, funcionarios del cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana mataron a siete personas. Además de la familia del jefe policial, otras seis quedaron en luto por una acción policial con ribetes de venganza.

Los funcionarios de las FAES reportaron solamente un fallecido, cuya identidad no fue suministrada en el reporte filtrado a la prensa. Los reporteros pudieron determinar que los muertos a manos de las FAES son: William Daniel Chacón Mendoza, de 19 años de edad; Giovanny Alejandro Contreras Moreno, de 19 años; Javier Noria, de 32 años; Carlos Javier González, de 22 años; Antony José Matos Hernández, de 22 años; y Raifer Martínez, cuya edad no se logró precisar. Según sus familiares, todos fueron ejecutados dentro de sus hogares.

Testigos del hecho relataron que aproximadamente 30 funcionarios irrumpieron en la calle 9 de El Valle y avanzaron hacia el barrio El 70, el cual se prolonga hasta El Cementerio. Iban vestidos de negro, encapuchados y con armas largas. En camionetas tipo Hilux y motocicletas de alta cilindrada recorrieron la zona hasta llegar a las casas de las víctimas.

Los cuerpos sin vida fueron traslados al hospital Pérez Carreño de Caracas. Allí los médicos informaban a cada familia que su muerto no era el único del operativo, que hubo una masacre ese miércoles 24 de julio.

La mañana de este viernes 26 de julio, los familiares de las víctimas de las FAES continuaban los trámites para retirar a sus allegados. Se les dijo que debían esperar a fiscales del Ministerio Público para realizar reconocimientos post morten. Hasta el mediodía no habían sido entregados los cadáveres.

Más información en Proiuris.

NICOLÁS MADURO SE PRESENTÓ ESTE 17 de julio en el patio central de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) para encabezar un acto de ascenso y condecoraciones con motivo del Día Nacional del Policía.

A continuación, presentamos un resumen de la alocución de Maduro con perlas incluidas:

1.- “Creo en el futuro de Venezuela, en el espíritu nacional que nos mueve a todos y en el amor del pueblo por nuestra patria. Esa es nuestra gran victoria de cada día».

2.- “Tenemos que llegar a 100.000 funcionarios, hombres y mujeres de la Policía Nacional Bolivariana en todo el territorio nacional”.

3.- “Yo quiero que la UNES dediqué profesionales, científicos de la criminología, a estudiar los Cuadrantes de Paz”.

4.- “Hoy estamos graduando 2.023 nuevos policías a escala nacional que deben con su capacidad profesional ir a cubrir sus puestos en los Cuadrantes de Paz del país”.

5.- «Vamos a lograr tener el país más seguro del mundo (…) La PNB tiene que ir a la vanguardia. Tiene que ir de la mano con el pueblo. Policía y pueblo unidos».

6.- «Tengamos fe en los cuadrantes de paz y vayamos a fondo (…) Que conversen con los vecinos de las comunidades. Que funcionen los teléfonos del servicio VEN911».

7.- Maduro apuntó que en el acto ascendió al grado inmediato superior a 17.874 funcionarios policiales nacionales, estadales y municipales.

8.- Resaltó el trabajo que ha desempeñado la UNES en los últimos 10 años: “Ya tenemos 35 sedes de la UNES a nivel nacional. Han egresado 186.000 nuevos profesionales en todas las carreras policiales y actualmente están cursando estudios más de 33.000 estudiantes”.

9.- Aprobó 3.000.000 de euros para la compra de 200 nuevos vehículos para la PNB y anunció que destinará recursos para 50.000 nuevos uniformes de la PNB y para «el uniforme de gala» de los efectivos.

10.- Informó de la construcción de un Centro de Diagnóstico de Salud para la PNB.

11.- Posteriormente se refirió a las Fuerzas de Acciones Especiales y dijo: “Todo el apoyo logístico, físico… ¡Todo el apoyo para el FAES en su labor diaria de darle seguridad al pueblo de Venezuela! ¡Que vivan las FAES”.

12.- En «todo lo que es seguridad social y salud hay que avanzar».

13.- Maduro destinó 4.734.000.000 bolívares para la culminación de la sede de la PNB en el estado Anzoátegui.

EL CUERPO DEL CAPITÁN DE CORBETA Rafael Acosta Arévalo, que tiene 12 días en la sede de la morgue de Bello Monte, está siendo trasladado al Cementerio del Este. En la morgue de Bello Monte permanecen apostados funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con equipos antimotines.

#Morgue #BelloMonte 4) Ya salió la carroza fúnebre con el cuerpo del capitan Acosta Arévalo en dirección al cementerio del Este pic.twitter.com/DcjnFvvth9

— Lysaura Fuentes (@lysaurafuentes) 10 de julio de 2019

Acaba de pasar por El Cafetal la caravana policial que lleva los restos del Capitán de Corbeta Acosta al Cementerio del Este. Despliegue de PNB&otras fuerzas cercando el Cementerio. No dejan pasar a nadie.

— Nelson Bocaranda S. (@nelsonbocaranda) 10 de julio de 2019

Según El Pitazo, la madre del capitán Acosta junto con unas primas y el abogado Alonso Medina Roa, llegaron desde Maracay a la Morgue de Bello Monte. Este es el último paso a cumplir para la entrega del cuerpo, pues una persona con el apellido de la víctima de forma obligatoria debe firmar el papel para el egreso del cuerpo.

Alonso Medina Roa, abogado del capitán Acosta Arévalo indicó que “la inhumación controlada, podría interpretarse como una acción de cobardía e irrespeto a la familia del capitán de corbeta, y a la sociedad en general».

#Morgue #BelloMonte 3) Llegan a la morgue los familiares del capitan Acosta Arévalo pic.twitter.com/CBQg5CKvbJ

— Lysaura Fuentes (@lysaurafuentes) 10 de julio de 2019

En la autopsia realizada a la víctima se conoció que su muerte se debió a una rabdomiólisis a consecuencia de traumatismos severos.

La autorización de la entrega del cadáver del capitán fue realizada por el Tribunal 36 de Control del Área Metropolitana, pero fue entre la fiscalía y el tribunal que se decidió el retraso de la entrega del mismo.

Waleska Pérez, esposa del capitán Acosta Arévalo, denunció el procedimiento ilegal llevado a cabo por funcionarios de la Medicatura Forense, en las que se pretende realizar «una entrega controlada del cuerpo de su esposo, así como lo hicieron con Oscar Pérez” y negó haber realizado alguna solicitud de servicios fúnebres”.

*Con información de El Pitazo y Tal Cual Digital.

El informe de la alta comisionada de la ONU describió, a partir de los testimonios de familiares de las víctimas, el modus operandi del cuerpo de seguridad del Estado y pidió la reparación de los afectados

@loremelendez 

LAS FUERZAS DE ACCIONES ESPECIALES (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) desfilaron este viernes, 5 de julio, en el acto de conmemoración de la Independencia de Venezuela, un día después de que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exigiera al gobierno de Nicolás Maduro la eliminación del grupo armado señalado de ejecutar extrajudicialmente a cientos de personas.

«Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas», dice una de las sugerencias esgrimidas en el informe difundido este jueves.

De este desfile se hicieron eco carteras del Ejecutivo como el Ministerio de Interior, Justicia y Paz venezolano, comandado por Néstor Reverol, del cual dependen las fuerzas de seguridad policiales. El video fue promovido en redes sociales y publicado en la cuenta de Youtube del titular.

«Desde principios de 2018, las operaciones de seguridad de las FAES, creadas para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales, reemplazaron a las ‘Operaciones de Liberación del Pueblo’ implementadas de 2015 a 2017. Las personas entrevistadas se refirieron de manera constante a las FAES como un “escuadrón de la muerte” o un ‘grupo de exterminio’. Según informes de ONGs, las FAES son responsables de centenares de muertes violentas», apunta el documento de la oficina de Bachelet.

El mismo informe indica que el organismo dirigido por la alta comisionada «entrevistó a los familiares de 20 hombres jóvenes muertos por las FAES de junio de 2018 a abril de 2019», quienes describieron «un modus operandi similar» en cada uno de los casos. Así, relataron que los funcionarios –encapuchados, vestidos de negro, sin identificación y con armas de fuego largas- llegaban en camionetas negras sin placas, tomaban la zona e ingresaban a la fuerza a las viviendas y maltrataban a las mujeres y niños, hasta obligarlos a desnudarse. Casi todas las víctimas recibieron uno o más disparos en el tórax.

«Testigos reportaron cómo las FAES manipularon la escena del crimen y las pruebas. Habrían plantado armas y drogas y habrían disparado sus armas contra las paredes o en el aire para insinuar un enfrentamiento y demostrar que la víctima se habría ‘resistido a la autoridad'», reza el informe, que añade que los uniformados se llevaron a las víctimas a hospitales cercanos, pese a que estas ya habían muerto. Las autoridades solían, además, declarar que los caídos eran delincuentes sin que se llevase a cabo una investigación.

Por todos estos elementos, sumados a que las FAES acostumbran a seguir con la toma de la zona aun después de concluir sus operaciones, «al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social».

El documento también informa que por los homocidios de 2018 –son al menos 256 en Caracas de acuerdo con Monitor de Víctimas– cinco miembros de las FAES han sido condenados por homicidio frustrado, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible. «Además, 388 miembros de las FAES están siendo investigados por los delitos de homicidio, trato cruel y violación de domicilio cometidos entre 2017 y 2019», agrega.

El informe también subraya que los familiares de las víctimas se han enfrentado a obstáculos que van desde la renuencia de los fiscales a recibir sus denuncias hasta «la denegación del acceso a la información y a medidas de protección y apoyo psicosocial».

FAMILIARES DE RONAIKER YORKIE Díaz Betancourt, de 21 años de edad, informaron que el pasado 25 de junio éste fue asesinado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), ente adscrito a la Policía Nacional Bolivariana. La víctima residía en Mamera, parroquia Antímano.

Aproximadamente a las 8:00 am, varios integrantes de las FAES derribaron la puerta de la vivienda de Ronaiker. Una vez adentro ingresaron a su cuarto. Tanto él, como su esposa e hija de dos años se encontraban durmiendo.

Al ver el alboroto, la pareja de Ronaiker preguntó que porqué se encontraban allí. Uno de los uniformados le indicó que el joven había sido denunciado por una señora de robarle el celular, que les había dado sus características y habían dado con su paradero.

Al dar la explicación, procedieron a detener al joven: lo montaron en una patrulla y horas después apareció en el hospital Miguel Pérez Carreño, de La Yaguara, con dos disparos en el pecho.

La pareja y la hija también fueron sacadas de la vivienda. Ambas fueron dejadas en una de las carreteras que conducen a Ruíz Pineda. 

No es la primera vez que la familia Díaz Betancourt se topa con funcionarios de las FAES. Hace cinco meses, asesinaron al hermano menor de la víctima: Jeangeorgil Betancourt, de 18 años de edad. Al joven lo mataron en La Vega, y sus deudos desmienten que haya sido “enfrentamiento, como ellos dicen“.

@Daigalaviz

La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez), informó que este jueves, 27 de junio, se inicia la audiencia de juicio de los ocho funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, acusados por la comisión del delito de violación y trato cruel en contra de un joven estudiante detenido en el contexto de las protestas de 2017.

A través de un comunicado explicaron que el Juez José Domingo Martínez conocerá el caso, que asiste legalmente Codhez, sin conocer la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del estado Zulia sobre la modificación de la acusación por el delito de tortura.

La organización de Derechos Humanos informan que en febrero de este año, apelaron la decisión de la Jueza de Tribunal de Control, María de los Ángeles Rivero, quien no consideró la calificación del delito de tortura para el enjuiciamiento de los ocho funcionarios de la PNB.

También señalan que la modificación de la acusación “tiene importantes implicaciones para la obtención de una justicia plena que ayude a la reparación de los derechos de la víctima y una justa condena a los responsables”.

Por eso la organización zuliana exhorta a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones una decisión pronta sobre la solicitud de apelación. “La decisión que tome la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del estado Zulia será determinante para conocer el compromiso que asume el Estado con sus obligaciones para el respeto, protección y garantía de Derechos Humanos”.