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#Monitordevictimas | La PNB mató a diez hombres en Lara durante febrero
Aunque en las minutas se indica que se trató de casos de resistencia a la autoridad, parientes de las víctimas aseguran que fueron ejecuciones

Wilfredo Laguna Chirino, de 41 años de edad, se convirtió en la décima víctima de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) durante el mes de febrero de este año, luego de que muriera en un supuesto enfrentamiento en el barrio El Triunfo, en la parroquia Unión del estado Lara.

El pasado 25 de febrero, funcionarios de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) adscritos a la PNB, llegaron al mencionado barrio a bordo de motos oficiales e irrumpieron en la vivienda en la que se encontraba Wilfredo. 

Residentes de la zona relataron que esa madrugada escucharon más de cinco detonaciones y que aunque algunos se asomaron por las ventanas para ver qué pasaba, solo lograron observar a los funcionarios. Pocas horas después supieron que Wilfredo estaba muerto. 

Según el reporte de la PNB, el hoy occiso se enfrentó a los uniformados y se originó un intercambio de disparos. Esta fue la misma versión que utilizaron en las otras 9 presuntas ejecuciones ocurridas en Lara durante febrero.

El mes que recién acaba de concluir grupos de la PNB asesinaron a 10 hombres en diferentes sectores de la región. En la mayoría de los casos los familiares de las víctimas negaron que sus respectivos parientes hubieran muerto en supuestos enfrentamientos.

Los muertos quedaron identificados como: Jonathan José Mendoza Reyes, Miguel Ángel Rangel (24 años), Randy José Flores (30 años), Yorman de Jesús Yánez (22 años), Ángel Jean Rojas (40 años), Jesús Anleto Lobatón (24 años), Maikel José Martínez (25 años), Efrén Ramón Pérez (33 años) y Jonathan José Túa (24 años).

De estas víctimas, ocho murieron en hechos ocurridos entre el viernes 19 y el sábado 20 de febrero de este año. Es estos casos la PNB aseguró que los fallecidos se resistieron a la autoridad.

#MonitorDeVíctimas | PNB y FAES asesinaron a ocho hombres en menos de 24 horas en Lara
Los hechos ocurrieron en medio de un despliegue policial en sectores populares de los municipios Iribarren y Palavecino

Liz Gascón / @LizGascon

Grupos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), principalmente funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), son los responsables de ocho de las nueve muertes violentas que se registraron en el estado Lara durante la tercera semana de febrero de este año.

Estos fallecimientos se registraron en medio del despliegue de los mencionados cuerpos policiales en sectores populares de los municipios Iribarren y Palavecino, entre los pasados viernes 19 y sábado 20 de febrero.

De los ocho hombres asesinados por funcionarios de dichos organismos, se supo que seis cayeron a manos de las FAES. En cuatro casos los familiares de las víctimas negaron la versión de que se hubieran dado enfrentamientos entre los ahora occisos y las comisiones de la PNB, como se indica en las respectivas minutas.

Lo mataron frente a una iglesia

Al menos 15 funcionarios adscritos a la estación policial de Palavecino sacaron de su casa a Jonathan José Túa, de 24 años de edad, en hechos ocurridos el pasado 20 de febrero a las 2:00 am.

Así lo aseguraron dos familiares de Túa que fueron entrevistados por Monitor de Víctimas. Indicaron que el hombre vivía solo en la comunidad Villa El Milagro, en Cabudare, y que fue asesinado frente a una iglesia en una zona aledaña llamada Piedra Azul.

 Se conoció que vecinos que presenciaron la llegada a la casa del joven de hombres armados y portando uniformes negros de mangas camufladas fueron quienes alertaron a su madre.

“Violentaron su residencia y dejaron un desastre. Lo mataron y dejaron el cuerpo en el ambulatorio de Cabudare. Su sangre quedó al frente de una iglesia que, según la policía, él iba a robar”, relató un allegado, que prefirió mantenerse en el anonimato. Este entrevistado indicó que Túa era el menor de tres hermanos y que no tenía problemas con nadie.

La misma fuente aseguró que Túa había sido detenido en noviembre de 2017 y que en ese momento le notificaron que era por el asesinato de un oficial de la Guardia Nacional, en Piedra Azul. Si embargo, cuando lo presentaron en tribunales no hicieron mención de este delito y lo presentaron por porte ilícito de arma de fuego.

“Espero que se haga justicia. Ya está bueno del abuso de poder de estos funcionarios”, reclamó el allegado de la víctima.

Estaba cuidando a sus sobrinos

A Yorman de Jesús Yánez también se lo llevaron de su casa, ubicada en el barrio Bolívar, al oeste de Barquisimeto. El hecho ocurrió el viernes 19 de febrero a las 8:00 am.

El joven, de 22 años de edad, estaba a cargo del cuidado de tres sobrinos cuando funcionarios de las FAES irrumpieron en el lugar. La PNB reportó que su deceso se registró en un presunto enfrentamiento en el caserío Macuto, al sur de la ciudad. En ese mismo procedimiento resultó muerto Randy José Flores, de 30 años de edad.

La madre de Yánez se enteró de su muerte mientras le entregaba comida a otro hijo suyo, preso en la Comunidad Penitenciaria Fénix. Así lo indicó una tía de Yánez.

La vida d Maikel José Martínez, de 25 años, tuvo el mismo desenlace que las de Túa y Yánez: miembros de las FAES lo mataron en el barrio San Francisco, una comunidad que no frecuentaba, según sus conocidos.

Estaba por convertirse en padre

La quinta víctima fue Miguel Ángel Rangel Falcón, de 23 años de edad. Al joven lo asesinaron funcionarios de las FAES en la urbanización La Carucieña, en Barquisimeto. Familiares del hoy occiso señalaron que los policías lo sacaron de su casa el pasado viernes 19 de febrero a las 5:00 am.

La mamá de Rangel recibió un mensaje en el que le indicaban que su hijo estaba en el Hospital Central Antonio María Pineda, en Barquisimeto. La mujer pensó que estaba en dicho centro asistencial por algún asunto relacionado con su nuera, la pareja del joven, que tiene dos meses de embarazo. Ya en el sitio le explicaron que el joven había sido asesinado.

“Estaba esperando a su primer hijo y estaba muy ilusionado. No vi cómo lo mataron, pero todo se lo dejo a Dios, porque la justicia divina existe”, expresó la madre del ahora fallecido.

Se supo que Rangel había sido detenido por las FAES en marzo del año pasado por porte ilícito de armas. Posteriormente fue dejado en libertad.

Pensaban que estaba desaparecido

A Jesús Amleto Lobatón Flores, de 25 años de edad, sus familiares lo daban por desaparecido. El pasado viernes 19 de febrero a primera hora había salido de su casa, ubicada en el barrio 5 de Julio, hacia su lugar de trabajo. Nunca regresó.

Dos días después sus parientes hallaron su cadáver en la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda. Se supo que el joven fue asesinado por miembros de las FAES en un terreno baldío cercano al Mercado Mayorista de Barquisimeto.

Las últimas dos víctimas, para completar la lista de ocho, fueron Ángel Jean Rojas, de 40 años de edad, y Efrén Ramón Pérez Escalona, de 33 años. De acuerdo con informaciones preliminares, Rojas fue asesinado por las FAES en el kilómetro 13 de la vía Quíbor, en Barquisimeto. Se supo que Pérez cayó a manos de la Brigada de Respuesta Inmediata en la Circunvalación Norte.

Reportan intercambio de disparos en la Cota 905 este #28Ene
Funcionarios del cuerpo policial se movilizaron para lidiar con una acusación de orden público por parte del inquilino de un edificio ubicado en el sector Los Laureles, desde donde fueron avistados por delincuentes de la Cota 905

La Cota 905, en Caracas, fue nuevamente el escenario de un intercambio de disparos en horas de la noche de este jueves 28 de enero, según reportaron usuarios de redes sociales que escucharon las fuertes detonaciones en las inmediaciones del lugar.

El enfrentamiento habría iniciado después de que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en cuatro motos fueran emboscados por antisociales pertenecientes a la banda de «El Coqui», «El Garbis» y «El Vampi», criminales que dominan la zona.

La PNB habilitó un vehículo blindado para el rescate de los funcionarios, después de que uno de los efectivos resultara herido como producto del tiroteo.

De acuerdo con una publicación de Twitter del periodista Román Camacho, los funcionarios del cuerpo policial se movilizaron para lidiar con una acusación de orden público por parte del inquilino de un edificio ubicado en el sector Los Laureles, en la entrada de la Cota 905, desde donde fueron avistados por delincuentes de la Cota 905, que empezaron a disparar.

Por su parte, la periodista Yohanna Marra señaló que los carros que transitaban por la zona se estaban devolviendo por los disparos y las bodegas de algunos sectores fueron cerradas. 

Las detonaciones empezaron a reportarse hacia el final de la tarde, aproximadamente a las 6:00 pm, y se extendieron hasta horas de la noche. Diversos vecinos grabaron videos que publicaron en redes sociales, en los que se pueden escuchar los disparos con armas de alto calibre y gritos ocasionales.

A principios de año, 

Con información de TalCual y El Nacional

Denuncian que Roland Carreño fue trasladado a un lugar desconocido
Joel García responsabiliza de la integridad de Carreño al juez del caso, José Maximino Márquez García

El abogado defensor del periodista Roland Carreño, Joel García denunció que fue trasladado desde la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Yaguara a un lugar desconocido.

García señaló en su cuenta de Twitter que no fueron informados sobre el destino de traslado ordenado por el juez a cargo del caso, José Maximino Márquez García, a quien responsabilizan por la integridad de Carreño.

Carreño fue detenido arbitrariamente en el mes de octubre y se encontraba bajo la custodia del PNB después de que el Ministerio Público (MP) le acusara de cuatro delitos, relacionados con su presunta participación en planes de desestabilización contra la administración de Nicolás Maduro.

Al periodista y miembro del partido Voluntad Popular, le imputaron los delitos de conspiración, legitimación de capitales, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación para delinquir a mediados de diciembre, casi dos meses después de una aprehensión repleta de irregularidades.

En la noche del 26 de octubre, allegados a Carreño denunciaron su desaparición después de que un vehículo negro lo raptara. No fue sino hasta el día siguiente que el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, informara sobre la captura, a pesar de que no le corresponde hacer ese tipo de anuncios.

El funcionario con la responsabilidad de pronunciarse, el fiscal general impuesto por la constituyente, Tarek William Saab, apareció horas más tarde para informar que Carreño había sido capturado, y que en el procedimiento le habían incautado $12.000 en efectivo y un arma de fuego.

La defensa de Carreño argumenta que es inocente de los crímenes que le imputaron, los cuales carecen de fundamentos jurídicos y habrían inventado como parte de un «guion» seguido por las instituciones del chavismo para inculpar a dirigentes de oposición. En este sentido, asegura que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB le sembraron el arma de fuego.

Con información de TalCual 

OVV: “Venezuela ha sido azotada por dos epidemias: la COVID-19 y la violencia”
“La epidemia de la violencia resultó once veces mas letal que la epidemia de COVID-19”, afirmó el el balance realizado por la ONG 

 

Venezuela fue el país con más muertes violentas de América Latina en 2020, pese a que hubo una reducción del número de homicidios, informó este martes el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en su acostumbrado informe anual. 

A través de una rueda de prensa virtual, el director del OVV Roberto Briceño-León aseguró que, en 2020, hubo 11.891 personas que fallecieron por causas violentas, lo que implica una tasa de 45,6 por cada cien mil habitantes.

Briceño-León aseguró que, en 2020, “Venezuela ha sido azotada por dos epidemias: la de la COVID-19 y la epidemia de la violencia”.

“La epidemia de la violencia resultó once veces mas letal que la epidemia de COVID-19”, afirmó acerca de la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus y que, según datos oficiales, se ha cobrado la vida de 1.018 venezolanos.

Entre las muertes violentas, hubo 4.231 personas que fallecieron en casos de “resistencia a la autoridad”, 4.153 homicidios y 3.507 muertes que están en averiguación que, según aclaró el director del OVV, son “muertes claramente violentas” a juicio de la ONG.

Frente a esos datos, aseguró que 2020 “fue un año muy atípico en muchos aspectos” que ha llevado a “reconsiderar muchas interpretaciones sobre la dinámica de la criminalidad”.

Epidemia de violencia policial

Briceño-León también denunció que hay una “epidemia de violencia policial”, puesto que desde 2016 ha habido “un aumento sostenido de la letalidad policial” y, desde entonces, “cada año hay más víctimas por haberse resistido a la autoridad que los homicidios de cualquier otro tipo”.

El director de la ONG mostró los datos de que disponen y que recogen que, en 2016, “por cada cien homicidios hubo 28 personas que fallecieron en actuaciones policiales que calificaron como muertes por haber resistido a la autoridad”.

La cifra creció a 34 en actuaciones policiales por cada cien homicidios en 2017, 72 en 2018 y 88 en 2019.

En 2020, por primera vez hubo más muertos a manos de policías que por los delincuentes: 101 casos provocados por los agentes, por cada 100 homicidios delincuenciales.

El 90 % de las víctimas de la resistencia a la autoridad tenía entre 18 y 40 años.

De las 4.231 “víctimas de la letalidad policial”, 82 tenía entre 12 y 17 años, así como tres niños menores de 11 años que “supuestamente murieron por haber resistido a la autoridad”.

La mitad de los muertos “cayeron en acciones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

En el caso de la PNB, el 82 % de las víctimas las ocasionó las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo cuya disolución ha pedido la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En el 12 % de los casos, fueron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), un cuerpo policial adscrito a las Fuerzas Armadas, y en el 20 % a los grupos de policía de cada estado.

Esas cifras muestran que hubo cuatro veces más muertes por resistencia a la autoridad que por la covid-19.

Debilitamiento de bandas

La OVV también observó que en 2020 hubo un debilitamiento de las bandas pequeñas y un fortalecimiento de las grandes, dedicadas al crimen organizado.

“Ese proceso estuvo acompañado de una disminución del delito depredador, del robo, hurto y secuestro de las bandas pequeñas”, observó la organización, según explicó su director, quien subrayó que, en “Venezuela, el delito está dolarizado”, así como casi el 70 % de las transacciones cotidianas.

En paralelo, ha habido un “incremento del delito de extorsión aplicado a las pocas actividades económicas activas y con acceso a moneda extranjera en las bandas grandes”.

La destrucción de la actividad económica y la dolarización “ha llevado al crimen organizado a concentrarse en los nichos económicos que puedan sobrevivir y que tienen acceso a moneda extranjera”, agrega el informe.

En el debilitamiento del crimen, Briceño-León explicó que, “ciertamente, hay menos delincuentes porque han emigrado”, pero destacó que no se puede reducir el impacto que ha tenido la letalidad policial en las bandas.

Distribución de la violencia

Las cinco entidades federales con la mayor tasa de violencia en 2020 se han mantenido casi iguales en los últimos años. De esas cinco, tres corresponden al eje centro norte costero del país: Miranda (70,7), Distrito Capital (56,2) y Aragua (60,5), que ha sido el núcleo tradicional de la violencia en el país, y dos se corresponden a los nuevos territorios de la violencia: los estados Bolívar (62) y Sucre (61,3), dos entidades donde se ha concentrado la actividad del crimen organizado dedicado al tráfico de drogas, minerales preciosos y personas.

En las posiciones siguientes y con tasas entre 40 y 50 muertes por cada cien mil habitantes se encuentra el estado Zulia (47,5), que ha tenido una tradición de violencia. Pero aparecen nuevas entidades con una nueva criminalidad, el estado Monagas (49,3), en el cual el desplome de la actividad petrolera ha cambiado la dinámica del crimen, que antes podía vivir de las rentas que extraía de las compañías petroleras y sus contratistas, y ahora ha debido modificar sus áreas de actuación y competir en nuevos territorios, moviéndose hacia la actividad agrícola. El estado Guárico (48,5), de vocación agropecuaria, y que se ha convertido en foco de actividad de grupos armados que se mueven entre el centro del país y el llano, y que controlan las rutas de alimentos y de la droga. El Delta Amacuro (48,1), que se ha convertido en un territorio fértil para la actuación del narcotráfico, por lo intrincado de su geografía, y el estado Portuguesa (47,5) donde las bandas se dedicaron a la extorsión de la agroindustria. También el estado Yaracuy (45,5) hacia donde se han movilizado bandas del estado Carabobo y Aragua.

 

*Puede leer el informe completo AQUÍ

#MonitorDeVíctimas| Vecino asesinó a funcionario de la PNB por venganza en Los Teques
La madrugada del sábado 12 de septiembre le dieron tres tiros al oficial agregado Leyder Duarte, de 21 años de edad, cuando llegaba a su casa en el barrio Los Unidos, parroquia Macarao 

 

@Yohanamarra

 

Leyder Yonaiker Duarte González, de 21 años, fue asesinado la madrugada del sábado 12 de septiembre por un hombre que vivía en el mismo sector, con quien tuvo un inconveniente.

Duarte era oficial agregado de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Sus familiares, quienes por medidas de seguridad no quisieron revelar sus nombres, contaron que el crimen ocurrió a las 2:20 am, cuando la víctima regresaba a su casa, en el barrio Los Unidos de la carretera vieja de Los Teques. Había estado en una reunión en Antímano. 

El funcionario fue interceptado por un vecino que lo había amenzado de muerte cinco meses antes. Le propinó tres disparos: uno en la cabeza, uno en el tórax y otro en el abdomen. Fue trasladado hasta el hospital Miguel Pérez Carreño, donde falleció a las 5:30 a. m. 

Los parientes añadieron que Duarte tenía un año y medio de servicio en la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la PNB, destacado en el comando que está ubicado en Maripérez. Este lunes se encontraban en la medicatura forense, culminando los trámites para realizar el entierro en el cementerio de El Junquito.

 

20 claves del informe de Provea sobre letalidad policial en Venezuela

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), en un trabajo conjunto con el Centro de Investigación de los Padres Jesuitas (Centro Gumilla), publicó un un informe en el que alerta que durante los primeros seis meses de 2020 los cuerpos de seguridad del Estado asesinaron a 1.611 personas, con un promedio de 9 muertes diarias.

A continuación, presentamos 20 claves sobre el informe de Provea:

Las miles de víctimas que deja la violencia institucional en Venezuela son consecuencia de una política de Estado, que combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos, y la impunidad estructural dado el copamiento del sistema de administración de justicia.

Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública.

Cuando las víctimas no tienen “padrino político”, se asume como cierta la versión policial de que se produjo un enfrentamiento y, en consecuencia, el Ministerio Público no actúa. Son miles las familias que desean contar con el derecho a una investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los posibles responsables de ejecuciones extrajudiciales. 

En la mayoría de los asesinatos perpetrados por la fuerza pública se presume la realización de ejecuciones extrajudiciales. (Por ejecución se entiende todas aquellas actuaciones en donde el agente de seguridad en funciones o no, dispara con el objetivo de causar la muerte de la víctima).

Falsos enfrentamientos, lo que se viene conociendo en América Latina como falsos positivos, en los que las autoridades presentan los hechos como si efectivamente las victimas emplearon armas contra policías y militares. En la realidad, las personas son detenidas y posteriormente asesinadas.

La Policía Nacional Bolivariana (PNB), principalmente a través de su cuerpo élite las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), es el cuerpo policial más letal.

En los primeros seis meses del año, la PNB fue responsable de 417 asesinatos, lo cual representa el 25,8% del total.

Muy de cerca el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 400 casos, lo que equivale al 24,83% del total.

En los dos últimos años en el debate público se ha opacado la responsabilidad del Cicpc en las cientos de presuntas ejecuciones ocurridas en el país. El señalamiento se ha centrado en el FAES puesto que actuando en menos estados del país es el cuerpo de seguridad que más atenta contra el derecho a la vida.

Las policías estadales fueron responsables de 399 presuntas ejecuciones, equivalente a 24,77%. Llama la atención la letalidad de la policía del estado Zulia responsable de 122 asesinatos, Aragua 65 y la del estado Carabobo con 54.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es responsable de 222 casos en su gran mayoría responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Llama la atención el significativo incremento en el número de casos responsabilidad de la FANB. Provea pudo identificar en 2019 la participación de la FANB en 55 presuntas ejecuciones. Al primer semestre de 2020 el número se elevó en 403%. Este resultado corresponde al cada vez más creciente proceso de militarización de las labores de seguridad ciudadana.

Las policías municipales fueron responsables de 57 presuntas ejecuciones. Estas policías, que están definidas como policías principalmente de carácter preventivo, participan con mayor frecuencia en operativos donde el resultado es dar muerte a presuntos delincuentes.

Los estados en los que la población sufrió con mayor rigor la violencia institucional de policías y militares fueron por orden de letalidad Zulia, Bolívar, Aragua, Lara, Carabobo y Miranda.

Mayo fue el mes en que policías y militares actuaron con mayor letalidad: 379 personas fueron asesinadas en un contexto de cuarentena por coronavirus, en el que la circulación de personas en la vía pública ha sido mucho menor, pero los operativos violentos contra la población no se han detenido. Solo entre los meses de marzo a junio, en plena cuarentena, los policías y militares asesinaron a 1.091 personas.

En un estudio elaborado en el año 2006 por la Comisión Nacional para la Reforma Policial, se señaló que un indicador de la letalidad policial es la desproporción entre bajas policiales-militares y de civiles. Es decir, que se reporten fallecidos y lesionados del lado de los ciudadanos pero no se reporten muertes en las filas de los órganos de la fuerza pública durante los llamados “enfrentamientos”.

Fortalecer la visión militarista y las prácticas de “mano dura” debilitan el concepto de seguridad ciudadana y obstruyen los necesarios consensos democráticos para avanzar en la adopción de políticas públicas, que ayuden a superar los altos índices de violencia y criminalidad en el país. 

Según ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Los gobiernos autoritarios y las dictaduras militares que actuaron en el Hemisferio en las últimas décadas desconociendo las obligaciones internacionales de los Estados en materia de garantía de los derechos humanos, dejaron como legado una situación de permanente reproducción de la violencia”. 

Urge detener la masacre por goteo que se realiza a diario en Venezuela, e investigar y sancionar a todos los responsables meteriales e intelectuales de abusos contra los derechos humanos en el contexto de operativos policiales y/o militares

Al conformarse en el país una estructura institucional favorable a la impunidad, adquiere cada vez mayor importancia la activación de mecanismos de investigación independientes que contribuyan a que los responsables de las violaciones de derechos humanos rindan cuentas ante la justicia. 

Para leer el informe de Provea haz clic aquí

#MonitordeVíctimas | PNB mató a mototaxista en La Pastora al confundirlo con delincuente
Durante los últimos años se había dedicado a trasladar pasajeros desde La Pastora hacia distintos sectores de Caracas

@carlos_dhoy

 

A las siete de la mañana de este miércoles 9 de septiembre un disparo impactó en el pecho del motorizado Alfonso Lugo Parra, de 57 años de edad y acabó con su vida. El tiro fue efectuado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) quienes supuestamente perseguían a un asaltante y terminaron matando a un inocente.

Alfonso Lugo era uno de esos mototaxistas que se convierten en tradicionales en Caracas, con 57 años era calificado por sus vecinos como hombre sin vicios ni problemas de ningún tipo. Era un trabajador confiable que diariamente comenzaba su jornada laboral a las 5:30 de la madrugada y seguía hasta las 6:00 pm. Durante los últimos años se había dedicado a trasladar pasajeros desde La Pastora hacia distintos sectores de Caracas. Sus clientes, vecinos y amigos lo conocían como «Pelusa».

A Pelusa lo mataron a escasas cuadras de Miraflores, a pocos metros de la zona más custodiada del país.  La calle estaba comenzando a retomar su ajetreo habitual, minutos antes en el casco colonial de La Pastora habría ocurrido un robo y el asaltante huyó a pie seguido por unos funcionarios de la PNB, el ladrón huyó en dirección hacia la avenida Sucre.

Mientras eso ocurría, Lugo Parra esperaba su turno sentado en su moto en la parada de la línea, ubicada en el sector Tinajitas, cuando sonaron los disparos no tuvo tiempo de reaccionar, en medio de la confusión cayó agonizante con un disparo en el pecho. Se le acercaron los funcionarios policiales que habían disparado. «Los policías habrían tocado su pecho como buscando algo”, dijo un vecino y luego lo llevaron al hospital Vargas, donde se confirmó su deceso.

El trabajador del volante vivía en la misma zona donde fue asesinado, deja a su esposa y una nieta menor de edad, su única hija había fallecido recientemente.

Protesta exigiendo justicia

En protesta por el asesinato de Alfonso Lugo, vecinos del sector cerraron el paso por la avenida Sucre de Catia y exigieron la presencia de un fiscal del Ministerio Público para que los asesinos sean castigados con todo el peso de la ley.

“A plena luz del día dispararon a pesar de que había gente inocente en la calle, mataron a un hombre trabajador y honesto”, comentó una vecina.

“Igual que como hicieron en el caso de los muchachos que mataron en el estado Zulia, queremos justicia, queremos que el Ministerio Público investigue este crimen y los funcionarios actuantes sean sancionados”, dijo otro vecino consultado.

En los primeros siete meses de 2020, 152 caraqueños han muerto a manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, en medio de presuntas ejecuciones extrajudiciales y casos de supuesta resistencia a la autoridad.