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Aula Abierta realizó foro Criminalización de la protesta en la UCV

AULA ABIERTA VENEZUELA, EN ALIANZA con el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela «Padre Luis María Olaso»,  por medio del observatorio de derechos humanos en el ámbito universitario, llevaron a cabo el foro «Criminalización de la protesta contra universitarios». El evento se realizó el pasado 10 de octubre de 2017, en el salón Monseñor Romero de la parroquia universitaria de la Universidad Central de Venezuela.

El Foro constituyó una iniciativa para informar a la comunidad universitaria y a la sociedad civil en general, sobre las consecuencias de la  represión y el uso desmedido de fuerza en el control de manifestaciones estudiantiles, las detenciones arbitrarias de estudiantes y profesores universitarios, así como los ataques  y amenazas de la que es víctima la comunidad universitaria, desde el pasado mes de marzo hasta julio de 2017.

Durante la actividad se dieron a conocer datos importantes del informe nacional sobre violaciones y abusos a comunidad universitaria, como resultado del manejo estadístico de denuncias y documentación de violaciones contra universitarios, dando a conocer  datos sobre detenciones y arbitrariedades registradas, durante el contexto de manifestaciones estudiantiles. También se hicieron públicos  las  violaciones y ataques al recinto universitario, el registro de victimarios en las universidades autónomas venezolanas desde abril hasta julio.

Se contó con la presencia de expertos como el abogado Juan Carlos Gutiérrez, quien precisó sobre el tema de la aplicación de la justicia militar a civiles haciendo referencia a los docentes y estudiantes que han sido presentados ante Tribunales Militares. Se conoció la situación sobre el estado de deterioro de la salud del profesor Santiago Guevara, que lleva más de siete meses detenido, según sus propios abogados. Hicieron un llamado al sensibilizar sobre la grave violación de derechos humanos de la que es víctima este profesor universitario.

Por su parte, el presidente  de la Asociación de profesores de la UCV, Víctor Márquez abordó el tema de los universitarios haciendo referencia a las consecuencias psicológicas de la represión y abuso de la fuerza. Así como los ataques de las que es víctima el sector universitario y el riesgo en el que se encuentra la autonomía universitaria en estos momentos.

El defensor de derechos civiles con experiencia de más 35 años Rafael Narváez, destacó el tema de las víctimas del Plan Zamora,  y el doble juicio a los estudiantes de la Upel, en Maracay. El defensor precisó, sobre la importancia del rol que juegan las casas de estudio superior de respaldar a los estudiantes víctimas de violaciones de derechos humanos.

Finalmente, los ponentes expresaron preocupación por el poco interés de las universidades en relación a la violación de derechos humanos en el ámbito universitario. La desmovilización de la comunidad universitaria y el deterioro de la calidad educativa como consecuencia de la violación de la autonomía universitaria y la libertad académica de las que son víctimas las universidades autónomas.

Recordaron que se mantienen profesores y estudiantes detenidos y a otros bajo régimen de presentación y cuyos derechos siguen siendo violados como libertad de expresión, asociación y derecho a hacer reuniones pacificas.

Con información de Aula Abierta

 

Destrozos y detenciones deja allanamiento ilegal a Residencias Victoria y Alto Alegre en el Paraíso

Allanamiento res Victoria Alto Alegre 5Jun

Cuerpos de seguridad del Estado ingresaron de manera violenta al conjunto residencial Victoria y Alto Alegre, ubicados en el Paraíso, destrozaron varios portones, allanaron apartamentos y detuvieron arbitrariamente a varios residentes.

Los habitantes del sector denunciaron que vehículos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ingresaron al lugar sin presentar ningún tipo de orden judicial y en el proceso destrozaron portones.

El concejal de Caracas, Jesús Armas, denunció a VivoPlay que los funcionarios, que eran aproximadamente 120, se dividieron en dos grupos. Uno, con aprox. seis tanquetas, ingresó a los edificios Alto Alegre portando armas largas y ocultando sus rostros. Comparó la situación con lo que sucedió hace semanas en los edificios conocidos como Los Verdes en la misma zona.

En el edificio Alto Alegre, funcionarios de Conas destruyeron el apartamento de un joven llamado Edgardo Chávez, a quien llevaron detenido de acuerdo a Provea. El concejal Armas también denunció destrozos y robos a los apartamentos ilegalmente allanados. Hasta ahora se desconoce la cifra total de detenidos.

También se denunció la presencia de funcionarios en la azotea de un edificio adyacente que pertenece a la Misión Vivienda. Desde la azotea, informa la ONG, dispararon contra las residencias Victoria.

En videos se pudo observar que la tanqueta con que efectivos de la GNB ingresó al interior del conjunto residencial fue incendiada.

Los efectivos hicieron su retirada cerca de las 5:30 de la tarde, tras la que los vecinos se dispusieron a recolectar metras, casquillos de balas y cartuchos de bombas que quedaron luego de la represión a los residentes.

Encuentra las diferencias: OLP y Plan Zamora

OLP Plan Zamora

En una comparación entre los Operativos de Liberación del Pueblo y el Plan Zamora, dentro del cual han ocurrido detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y demás irregularidades a residencias en zonas que han manifestado contra del gobierno nacional, se repiten violaciones al debido proceso violaciones a derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad

 

Paola Martínez, Luisana Solano y Yeannaly Fermín

LOS ÚLTIMOS OPERATIVOS DE CUERPOS de seguridad del Estado contra las comunidades que han protestado contra el Gobierno de Maduro en los últimos dos meses asemejan el mismo modus operandi de las Operaciones para la Liberación del Pueblo (OLP) creadas para acabar con la inseguridad, pero que han sido denunciadas por la violación de derechos humanos.

Objetivos

1 Objetivos

Las OLP consisten en una “toma” temporal de una zona en que retienen a hombres y mujeres para posteriormente ser verificados en el Sistema Integrado de Información policial (SIIPOL) y de determinar si han cometido algún delito, según lo dicho por voceros del oficialismo. Sin embargo, luego de las operaciones han salido a la luz denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales, entre otras violaciones a derechos.

Por otro lado, desde el comienzo de las protestas el 1 de abril de este año, grupo de funcionarios de seguridad han emprendido operaciones en las zonas donde se han reportado continuas manifestaciones contra el gobierno de Maduro por parte de los manifestantes. Estas operativos ocurridos bajo el Plan Zamora han devenido en detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, robos, destrozos, entre otras violaciones y crímenes que denunciaron víctimas y testigos.

El analista Oswaldo Ramírez concluye que son “prácticas de amedrentamiento como intento de apaciguar el descontento social que conscientemente vulneran derechos constitucionales y sobre todo DDHH suscritos en tratados internacionales que son además imprescriptibles”. Han sucedido en Lara, Carabobo, Barinas, Bolívar, Táchira, Miranda y en la ciudad de Caracas, específicamente en El Paraíso, La Vega, Montalbán, La Quebradita, y demás sectores.

Víctimas

2 Víctimas

Voceros del Gobierno y de los cuerpos de seguridad han tildado a las personas contra las que arremeten durante las OLP como “paramilitares”. El ministro de Interior, Justicia y Paz Néstor Reverol, declaró que la nueva fase de la OLP busca proteger a los sectores vulnerables que son víctimas de la violencia criminal, y que ha traído modelos extranjeros como el «paramilitarismo colombiano» con delitos como secuestro, extorsión y homicidios. En el caso del Plan Zamora, voceros del Gobierno y de los cuerpos de seguridad han tildado a las personas contra las que arremeten durante los operativos de represión como “terroristas”.

Instrumentos

3 Instrumentos

Los cuerpos policiales están facultados para usar la fuerza únicamente tras haber cumplido una serie de requisitos que además indican que no se puede recurrir a ella sin que haya mediado la intervención previa de un órgano de carácter jurisdiccional o administrativo porque de esa manera la fuerza se ampara en una base jurídica. El Comité de Familiares de las Víctimas (COFAVIC) señala que «el uso de la fuerza debe estar sustentado en, al menos, tres componentes: la oportunidad en que ésta debe utilizarse; el tipo y cantidad de fuerza que corresponde emplear; y la responsabilidad que debe haber por su uso».

Sin embargo, en la ejecución de las OLP ha resaltado el uso desproporcionado de la fuerza que resulta no solo de la falta de mediación, sino del ataque indiscriminado con armas de fuego por parte de los funcionarios de seguridad estatales al usar armas de fuego y armas de guerra, prohibidas en diversas situaciones para el resguardo de los derechos humanos, los cuales han sido violados en estas operaciones.

En el caso de los allanamientos ilegales a residencias, que ocurren desde abril, testigos denuncian que los cuerpos de seguridad tampoco cumplen los parámetros policiales y sin haber mediado, ni presentar ninguna resistencia a las órdenes policiales, los ciudadanos han sido bombardeados con gas lacrimógeno y les han disparado perdigones. Resalta aquí el ataque indiscriminado con armas de fuego no necesariamente contra personas, sino contra infraestructuras, electrodomésticos, vehículos y en una ocasión, contra un perro doméstico que fue herido por el disparo de perdigón de un GNB.

Victimarios

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Durante algunas de las OLP, han actuado decenas funcionarios pertenecientes a distintos cuerpos del Estado como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). Un ejemplo es la operación realizada en en El Valle a principios de marzo.

Una modalidad similar ha sido usada durante los operativos en que han participado funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Fue el caso en el ataque de en varias zonas de San Antonio de los Altos (Miranda) a finales de mayo y en el del Conjunto Residencial El Paraíso, Los Verdes, a principios de junio. Resalta la ausencia del Cicpc en estos casos.

Daños causados

5 daños causados

En las primeras OLP realizadas en el país, El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) realizó un balance de los destrozos realizados por los cuerpos de seguridad durante los operativos. Un total de 3.463 viviendas fueron allanadas forzosamente y en ninguno de los casos presentaron una orden judicial. Más de 200 viviendas ubicadas en el Km. 3 de la carretera Panamericana fueron desalojadas forzosamente y posteriormente demolidas sin importar el paradero de las familias y violando varias leyes que protegen a los niños y adolescentes.

Los afectados por las incursiones de cuerpos de seguridad en edificios residenciales han denunciado destrozos de vehículos, electrodomésticos, ascensores, puertas, portones, ventanas, y demás partes de la infraestructura.  Esta situación no solo se reportó en El Paraíso, en otros estados del país también los funcionarios irrumpieron de forma violenta en varios hogares causando destrozos y sembrando el terror. En Carabobo, específicamente en el Municipio San Diego, los efectivos ingresaron a un edificio después de que el gobernador Francisco Ameliach anunciara en su cuenta en Twitter que tres policías habían resultado heridos en las protestas del 15 de mayo. Los resultados fueron los mismos: robos, destrozos y represión. Puerto Ordaz, en el Estado Bolívar no escapó de esta situación y el  jueves 26 de mayo los cuerpos de seguridad e inteligencia allanaron los edificios Villa Latina y Los Olivos causando destrozos a la propiedad privada y dejando amenazas en las paredes.

Detenciones arbitrarias

6 Detenciones arbitrarias

La OLP acumula gran número de detenciones ilegales de acuerdo a Provea. La ONG ha denunciado que en 2014 hubo 3.570 personas arrestadas arbitrariamente, cifra que fue duplicada en 2015 con las 8.000 detenciones llevadas a cabo el año siguiente. A esos 11.570 ciudadanos no se les consiguió ninguna vinculación con hechos delictivos. El estudio de estos operativos señala que, en general, el 90% de las detenciones realizadas han sido de manera arbitraria.

Desde abril de 2017, con las incursiones ilegales en residencias de zonas cuyos habitantes participan activamente en las protestas, las denuncias de detenciones arbitrarias no han cesado. Familiares reportan que los efectivos de seguridad han arrestado a jóvenes sin poseer orden para hacerlo y sin indicarles el motivo de la detención, lo que rompe con el debido proceso al que, como indica la legislación venezolana, tienen derechos los ciudadanos.

Procedimientos

7 Procedimientos

El ingreso a la fuerza a las viviendas y sin ninguna orden judicial por parte de los cuerpos de seguridad, fue una de las características del Operativo para la Liberación del Pueblo. Reportes de periodistas de sucesos y usuarios de la red social Twitter confirmaron que los efectivos militares, policiales y de inteligencia entraban de forma violenta cuando no se les abría la puerta utilizando mandarrias, patas de cabra, tubos y hasta disparos.

También, el ingreso de forma violenta a las residencias sin ninguna orden judicial constituye una violación a la propiedad privada y también a los derechos humanos. Estas violaciones han venido incrementando desde que empezaron las protestas en contra del gobierno nacional en el mes de abril.

La Organización Espacio Público ha dicho que para realizar una allanamiento es necesario que un juez emita una orden judicial y que un fiscal del Ministerio Público esté presente durante el procedimiento. Sin embargo, nada de lo expuesto antes se cumplió en la incursión que realizaron los efectivos militares y policiales en las Residencias Los Verdes en El Paraíso y tampoco en otros estados como Carabobo y Bolívar.

Violaciones de derechos humanos

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Las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, tanto en algunos casos de OLP como en otros operativos, suceden con frecuencia. De acuerdo con la asociación civil Provea, durante las OLP se ha violado principalmente el derecho a la vida, derecho a la vivienda, derecho a la libertad, derecho a la integridad personal, entre otros.

Asimismo, la asociación civil Control Ciudadano indica que los operativos en las residencias de manifestantes se viola el derecho a la discriminación por razones políticas, derecho a la libertad, derecho a la comunicación de los detenidos, derecho a la protección de la integridad personal: física, psíquica y moral, derecho a la inviolabilidad del hogar, derecho a la presunción de inocencia, derecho a no ser obligado a confesarse culpable o declarar contra sí mismo, su cónyuge o pariente, derecho a la protección de la familia, derecho a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y el derecho a la protección de los ancianos.

Otros delitos

9 Otros delitos Robos

Afectados por las OLP han denunciado el robo de dispositivos electrónicos, electrodomésticos, dinero, perfumes, ropa y vehículos.  En marzo del 2016, una OLP se realizó en el barrio Primero de Mayo en el Cementerio, días después, los vecinos comentaron al portal web La Patilla que los operativos no cumplen con el objetivo de desarticular las bandas sino que son usadas para despojar de sus pertenencias a los habitantes de la zona. Una de las afectadas de esa OLP fue María Rebolledo, quien narró que los efectivos policiales la sacaron de su casa y se llevaron dinero en efectivo y varios artículos eléctricos.

Los afectados por incursiones violentas de los cuerpos de seguridad en edificios residenciales del El Paraíso, La Vega y Montalbán también han denunciado el robo de dispositivos electrónicos, electrodomésticos, accesorios de vehículos y dinero en efectivo. Usuarios de la red social Twitter informaron que el pasado 13 de junio los funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y secuestro (CONAS) amedrentaron, atacaron y robaron a los propietarios del Complejo Residencial Los Verdes ubicado en El Paraíso. De acuerdo con el Portal web El Pitazo, una fuente les confirmó que los funcionarios golpeaban las puertas de los apartamentos y si se negaban a abrirlas, las tumbaban. Una vez dentro, los efectivos revisaban todo, robaban cosas y si había jóvenes se los llevaban detenidos. También dijeron que los carros que estaban en el estacionamiento fueron destrozados y desvalijados, le quitaban las baterías y los reproductores.

Carne de basura, por Marianella Salazar

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Ha llegado el momento de que el gobierno entienda que debe sentarse a negociar su salida del poder; millones de venezolanos exigen que el caos y la anarquía se reviertan, que el país deje de ser un campo libre para la confrontación de fuerzas brutas, que cese la violencia depredadora y asesina cuyo auténtico exponente –además de los grupos paramilitares pagados por el gobierno– es la Guardia Nacional Bolivariana, convertida en una megabanda de delincuentes que dispara directamente bombas o perdigones a la cabeza o al pecho de los manifestantes, con un saldo que supera ya los ochenta fallecidos en poco más de dos meses.

El hampa uniformada les roba sus pertenencias como experimentados choros que asaltan a desprevenidos ciudadanos a mano armada para arrebatarles motos, teléfonos, cámaras, dinero y zapatos. No se salva nadie, ni los periodistas gráficos, camarógrafos o fotógrafos a los que hurtan o destrozan valiosas herramientas de trabajo, o humildes vendedores que ofrecen agua o refrescos durante las movilizaciones opositoras. Parece ser parte de la fase 2 del plan Zamora para acabar con la protesta. En algunos casos, la actuación de esos malandros uniformados deja dudas sobre su entrenamiento, si fue recibido en una escuela militar o, por el contrario, su adiestramiento proviene del hampa común. Todos somos presas de la voraz hampa uniformada que no pierde oportunidad para delinquir en nombre de la revolución.

La GNB está haciendo un llamado a jóvenes para incorporarlos de inmediato a los contingentes efectivos para sustituir a los que se han ido de baja, que no quieren prestarse a la masacre perpetrada contra una población declarada en rebelión contra un gobierno promotor de tanta violencia y miseria. Hay que imaginarse cuánto bicho con uña será ingresado a un componente militar sin el tiempo requerido para su formación, ni la obligatoria preparación que deben recibir para actuar frente a la complejidad de contener una manifestación pública o los disturbios.

Solo en Caracas 13 trabajadores de medios fueron atracados y agredidos a mansalva por la GNB o por la PNB durante el plantón del pasado lunes, a pesar de las medidas de protección acordadas por la Fiscalía General de la República para reporteros que cubren las protestas. Desde el 31 de marzo hasta el 1° de junio los observatorios de conflictividad han registrado 254 agresiones a trabajadores de la prensa y al menos 142 atropellos son responsabilidad de los organismos seguridad del Estado.

La GNB es toda una deshonra, el ministro del Interior, Néstor Reverol, pertenece a ese componente, le da las instrucciones al comandante, mayor general Antonio Benavides Torres; ambos tendrán que rendir cuentas ante la justicia internacional por genocidio, aunque Benavides diga que no le importa que lo acusen de violar los derechos humanos, lo que equivale a decir que el material humano es carne de basura.

Los desmanes desatados el lunes en la noche por los paramilitares motorizados, que incendiaron autobuses en Altamira y Los Dos Caminos en Caracas, son apenas una demostración de que la violencia ordenada por el presidente de la República es un fin en sí mismo. Hay que parar toda esta orgía sobre la que Maduro y sus secuaces, a contracorriente, pretenden atornillarse en el poder. Las encuestas, que revelan los altos niveles de aborrecimiento que el pueblo venezolano siente por ellos, deberían convencerlos de abandonar de una vez el poder y contener así la explosión de odio que ellos mismos sembraron.

Los que han experimentado en carne propia los actos de repudio –escraches–, fuera y dentro del país, pueden imaginar lo que sucederá cuando caiga este gobierno.

@AliasMalula

El Nacional

Cómo son los procesos militares en contra de civiles detenidos en las protestas contra el gobierno de Venezuela

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FOTO: AFP

 

Cristina, Laura y Ana ya no pueden protestar. Si acuden a una marcha de la oposición contra el gobierno de Venezuela, serán detenidas.

Sopesan ir el fin de semana a la playa en una «operación encubierta», porque tampoco pueden salir del estado Carabobo. Y eso significa que baño en el mar también podría llevarlas a la cárcel.

Las tres jóvenes -cuya identidades reales prefieren proteger por temor a represalias- apenas superan los 20 años.

Pero el 15 de mayo fueron detenidas en Valencia, a unas dos horas en auto desde Caracas.

Su delito: participar en una de las miles de protestas contra el gobierno que desde hace más de dos meses se suceden en Venezuela.

Son apenas tres de las más de 200 personas que han sido detenidas y puestas a disposición de la justicia militar en el estado Carabobo.

Este fue el primero en aumentar el nivel del Plan Zamora, con el que el gobierno quiere contener las manifestaciones.En hechos vinculados con la actual ola de protestas se registraron ya más de 60 muertes.

En hechos vinculados con la actual ola de protestas se registraron ya más de 60 muertes.

Y el Plan Zamora -que el presidente Nicolás Maduro activó el 18 de abril, y que pasó a segunda fase en Carabobo y luego en Táchira y Barinas, entre otros estados- se ha plasmado en que civiles han debido responder ante tribunales militares.

La oposición, ONGs, organismos internacionales, la fiscal general, Luisa Ortega, y el defensor del pueblo, Tarek William Saab, han criticado estos procedimientos.

«Nosotros creemos que es contrario a los mandatos y principios emanados de la Constitución», dijo el 24 de mayo la fiscal, la voz más crítica desde el Estado contra el gobierno en este momento.

«Viola el principio del juez natural. Así como también los instrumentos suscritos y ratificados por la República en materia de derechos humanos», aseguró Ortega.

Con el testimonio en Valencia de Cristina, Laura y Ana reconstruimos cómo es el polémico proceso.

1. La detención

Como era costumbre, Cristina salió con un amigo el lunes 15 de mayo para participar en el plantón de protesta contra el gobierno.

Lo hizo con su capucha y con el guante con el que recoge bombas lacrimógenas que lanza de vuelta a la Guardia Nacional

El gobierno cataloga como violentas la mayor parte de las protestas. La oposición, a su vez, critica la fuerte represión.

«Cien motos en hilera con dos guardias en cada una arrancaron. Me quedé paralizada, rodeada por la policía. Corrí hacia un comercio», recuerda Cristina.

«Entré y al poco lo hizo un guardia. ‘Se me sale todo el mundo de aquí’, gritó. Y lanzó una bomba lacrimógena en el interior», relata la joven, quien afirma que agarró el artefacto humeante y lo expulsó a la calle.

«Por el celular pude avisar a mi novio. Le dije: ‘Me están llevando presa. Me agarraron, no sé dónde me llevan», cuenta.

En el comercio se refugiaron siete manifestantes. Entre ellos también Ana y Laura, que acudieron juntas a la protesta. Todos fueron subidos en un camión.

2. «Bienvenidos a su nueva casa»

Al sur de Valencia se encuentra Ciudad Chávez, una urbanización planificada con unos 4.000 nuevos apartamentos que fueron entregados desde julio de 2005 a familias en condición de pobreza extrema o situación de riesgo, según las autoridades.

«Ciudad Chávez es un sueño de nuestro líder eterno, Hugo Chávez», dijo entonces el gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, un exmilitar cercano al comandante que dirigió Venezuela de 1999 hasta su muerte en 2013.

Cuando uno pasa la verja de entrada al complejo, lo primero que encuentra a la derecha es un destacamento de la Guardia Nacional, la policía militarizada.

«En este comando Chávez vive», se lee en un gran cartel a la entrada.

«Bienvenidos a su nueva casa, bienvenidos a Ciudad Chávez», dice Cristina que fue el mensaje de uno de los guardias al llegar a ese destacamento.

«Nos tomaron los datos, nos metieron en la celda a 19 personas juntas», cuenta.

«Había guardias buenos y malos. Uno me dijo: ‘Tú no vas a salir y si sales, te agarramos y te volvemos a meter'», recuerda Laura, mientras rememora el suceso ya con una tranquilidad que le faltó entonces.

Ana recuerda cómo la insultaron en el camión y cómo durante el trayecto a uno de sus compañeros le pasaban continuamente por la cara y el cuello un guante con gas pimienta, que provoca un gran escozor.

Las 19 personas estuvieron dos días y medio en el destacamento. En ese tiempo, sus familiares, apostados en la verja, preocupados, les suministraban la comida, que no siempre llegó a sus manos.

No hubo aseo y en ese tiempo durmieron en el piso.

«Los guardias preguntaban: ‘¿Quién se ofrece a limpiar el baño?’ Agarraban a una persona y le hacían limpiar el baño. A las mujeres nos tratan mejor que a los hombres», constata Laura.

«No nos tratan mal, pero tampoco la pasamos bien», acota Ana.

ONGs discutirán crisis institucional que vive el país este #7Jun

 

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En un ciclo de cuatro conversatorios titulado ¿Democracia o dictadura en Venezuela? El inicio de una transición personalidades vinculadas al área de la Justicia y los Derechos Humanos aportarán su visión sobre los órganos represores del Estado y la búsqueda de gobernabilidad.

En el marco de la represión ejercida contra la protesta pacífica los órganos de seguridad del Estado y los grupos armados afectos al gobierno, que han dejado en estos  65 días de protestas 84 asesinatos a nivel nacional, cerca de 3000 arrestos por las manifestaciones y 197 personas privadas de su libertad mediante decisiones emitidas por tribunales militares, las Organizaciones de Derechos Humanos Una Ventana a la Libertad, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y Control Ciudadano, darán inicio este  7 de junio de 4:00 a 6:00 de la tarde, en la Biblioteca de la Fundación Francisco Herrera Luque, ubicada en la Plaza Los Palos Grandes.

El primer conversatorio, de los cuatro pautados todos  los días miércoles de junio, estará a cargo de la Dra. Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, quien hablará del Plan Zamora y la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado en el control de las manifestaciones. Cabe recordar  que el presidente Nicolás Maduro, el día 18 de abril de 2017, ordenó a los jefes de las REDI -Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral- y las ZODI -Zonas Operativas de Defensa Integral- de la Guardia Nacional Bolivariana activar y aplicar dicho Plan.

El miércoles 14 de junio el conversatorio estará bajo la batuta de la Dra. Cecilia Sosa, ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, quien tratará el tema de la legalidad de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Posteriormente la Dra. Blanca Rosa Mármol de León, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia y otros invitados de envergadura expresaran sus posturas en torno al manejo de la Carta Magna y la violación de derechos fundamentales.

La entrada es libre.

Según Control Ciudadano, la FANB está violando la Convención de Ginebra

DESPUÉS DE ANALIZAR LOS PATRONES que revela la aplicación del denominado Plan Zamora, implementado por el gobierno de Nicolás Maduro a través de la FANB, la ONG Control Ciudadano advierte que se está violando el artículo 3 común a los convenios de Ginebra.

Tal artículo prohíbe en cualquier tiempo y lugar:

A) Atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, los tratos crueles, la tortura y los suplicios.

B) La toma de rehenes

C) Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes.

D) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

Rocío San Miguel, Presidenta de Control Ciudadano, considera que la aplicación del Plan Zamora, exento de todo mecanismo de control democrático hasta el presente, «constituye un marco propicio para la comisión de crímenes atroces y violaciones graves a los Derechos Humanos».

Preocupa a Control Ciudadano en especial:
– El aumento significativo de «circunstancias propicias alegadas por el gobierno», para reprimir masivamente a la población.
– El historial de violencia e impunidad, en medio del cual el gobierno ha consolidado un discurso político de identidades excluyentes entre “ellos y nosotros”, que está permitiendo abiertamente identificar a quienes protestan o son opositores como enemigos del Estado.
– La configuración territorial de espacios donde la población identificada como opositora no puede expresar sus derechos civiles y políticos, por medio de manifestaciones y protestas, pues son reprimidos brutalmente.
– La permisividad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con los “saqueos” y actuación de colectivos armados contra personas y bienes civiles.
– La utilización de mecanismos de “represalias” por parte de cuerpos de seguridad del Estado y la GNB para atacar indiscriminadamente viviendas y comercios, afectando incluso centros educativos y sanitaros, sin tomar precauciones en el uso de la fuerza.
– El empleo del discurso de odio.
– El alto porcentaje de armas y municiones ilegales en manos de la población civil.

Control Ciudadano considera estos patrones muy peligrosos, especialmente en un país donde: Es inexistente la subordinación del poder militar al poder civil. La FANB y los cuerpos de seguridad del Estado operan permanentemente bajo un estado de excepción declarado por el Presidente de la República, desde hace más de dieciocho meses. Y se ha comenzado a utilizar tribunales militares para juzgar a la población civil.

Finalmente, Control Ciudadano hace un llamado a la Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario, para que exija a los cuerpos de seguridad del Estado y a la GNB, el cumplimiento del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra.

Forman parte de la Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario, según la Ley:

– El Presidente de la Asamblea Nacional.
– El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
– El Defensor del Pueblo.
– La Fiscal General de la República.
– La Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores.
– El Ministro del Poder Popular para la Defensa.
– El Ministro del Poder Popular para la Educación.
– El Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria.
– El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
– La Ministra del Poder Popular para la Salud.
– El Procurador General de la República.

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Las 9 noticias más importantes a esta hora de la tarde

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Magistrado del TSJ se pronunció en contra de la Constituyente

Danilo Antonio Mojica Monsalvo, magistrado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, se pronunció en contra de la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el gobierno nacional.  En un video publicado en Youtube, el magistrado aseguró que esta medida no es la solución a la crisis que sufre el país. Hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro a que reflexione acerca de propuesta sobre la Constituyente.   Aseguró que la historia no perdonará a quienes no actúen en beneficio de los intereses del pueblo. Indicó que la crisis del país no se solucionará con medidas de represión de los cuerpos de seguridad y militar. También se refirió al referéndum que debe aprobar la realización de la Constituyente y destacó que este es el mecanismo democrático para decidir sobre el tema. «El referéndum consultivo es el mecanismo de democracia directa por antonomasia, mediante el cual los ciudadanos ejercen el derecho a sufragio para decidir sobre su acuerdo y desacuerdo sobre una referida Asamblea o de la aprobación de una nueva Constitución», señaló.  Indicó que de no hacerse así, con referéndum consultivo, la Constituyente sería «espuria». «Esta es una metáfora legal para describir aquello que se hace al margen de la Constitución», resaltó.  Mojica instó al primer mandatario nacional a llegar a un consenso a través de elecciones inmediatas y constructivas para todos. El magistrado es el primer representante del Poder Judicial en expresarse en contra de la Constituyente. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, indicó que la propuesta del máximo representante del Ejecutivo no era necesaria y esta lo que haría era aumentar el conflicto en el país. La funcionaria, en una carta enviada a Elías Jaua, ministro de Educación y encargado de presidir la comisión presidencial de la Constituyente,  insistió en que una nueva Constitución generaría incertidumbre y desconfianza en lugar de coayudar a la «reconciliación nacional». Rechazó que los constituyentes no sean elegidos de manera directa, universal y secreta, como estipula la carta magna vigente, sino de manera “sectorial o cooperativa”. (El Nacional)

 

Constituyentistas provendrán de ocho sectores de la sociedad

Los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) provendrán de ocho sectores de la sociedad, de acuerdo al decreto para las bases comiciales que presentó el presidente de la República, Nicolás Maduro, ante el Consejo Nacional Electoral este martes. “Los sectores comprenden: trabajadores, pescadores, campesinos, estudiantes, las personas con discapacidad, los pueblo indígenas, pensionados, empresarios, las comunas y consejos comunales”, leyó Maduro, decreto en mano, donde estuvo este martes en la Plaza Diego Ibarra acompañado por movimientos sociales que se movilizaron desde la sede de Cantv, en la avenida Libertador, hasta ese lugar donde está ubicada la sede del Poder Electoral. “Los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) serán elegidos en el ámbito territorial y sectorial mediante el voto universal directo y secreto sin perjuicio de los integrantes de los pueblos indígenas que serán elegidos de acuerdo a sus costumbres y prácticas ancestrales”. Así inicia la primera de las bases comiciales en el decreto y culmina con los ocho sectores que la integrarán. Al inicio de la lectura del decreto, Maduro precisó que la constituyente estará integrada por 540 personas que serán elegidas por el pueblo de manera directa, secreta, universal; a nivel territorial y sectorial. De acuerdo a la segunda base comicial la constituyente estará integrada por 364 miembros escogidos territorialmente: ocho de los pueblos indígenas. Se elegirán constituyentes sectoriales, cuyo número se obtendrá del cociente entre el Registro Electoral de cada sector y el factor obtenido para calcular los constituyentes territoriales, es decir, “se elegirá un constituyente sectorial por cada 83 mil electores del Registro Electoral sectorial. La constituyente tendrá una representación unicameral y solo se elegirán representantes principales”. La siguiente contempla que por cada municipio del país se elija un constituyentista “sin importar lo grande o pequeños que sean”. Por los municipios capitales se escogerán dos bajo la modalidad lista de acuerdo al principio de representación proporcional. “De acuerdo a la lista Distrito Capital tendrá siete constituyentes; Anzoátegui 22, Apure ocho, Aragua 19, Barinas 13, Bolívar 12, Carabobo 15, Cojedes 10, Falcón 26, Guárico 16, Lara 10, Mérida 24, Miranda 22, Monagas 14, Nueva Esparta 12, Portuguesa 15, Sucre 16, Táchira 30, Trujillo 21, Yaracuy 15, Zulia 22, Amazonas ocho, Delta Amacuro 5 y Vargas 2. En suma 364”. Los campesinos, pescadores, las personas con discapacidad, empresarios, pensionados, estudiantes, trabajadores serán electos en listas nacionales y los representantes de comunas y consejos comunales se escogerán regionalmente, en su propio estado, según la cuarta base comicial. El decreto instruyó al Consejo nacional Electoral (CNE) a solicitar el registro de los sectores a las instituciones oficiales, gremios y asociaciones debidamente establecidos. “La información correspondiente de los trabajadores deberá solicitarla de acuerdo al tipo de actividad laboral: petróleo, minería, industrias básicas, comercio, educación salud, deporte, transporte, construcción, cultores, intelectuales, ciencia y tecnología y administración pública. La información del sector estudiantil debe ser de educación universitaria pública, privada y misiones educativas”, reza el documento. Maduro precisó que entre los requisitos para postularse como Constituyente está alcanzar la mayoría de edad, ser venezolano de nacimiento, estar inscrito en el registro electoral. (El Universal)

 

Diputados debaten presentación de fraudulentas bases para supuesta ANC por parte de Maduro

Este martes fue modificado el orden del día en la Asamblea Nacional, quedando como único punto para discusión la presentación de las fraudulentas bases de una supuesta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) propuesta por Nicolás Maduro y la convocatoria del pueblo de venezuela para la defensa de la constitución. La propuesta fue realizada por el diputado a la Asamblea Nacional por Caracas, Stalin González, quien pidió que el mismo fuera el único punto para debate del día. Borges: Desconocemos la convocatoria de la Constituyente que se hace contra esta AN y contra la Constitución En ese sentido, el primero en tomar la palabra fue el propio presidente de la AN, diputado Julio Borges quien instó a desconocer la convocatoria realizada por Maduro que dijo “se hace contra esta AN y contra la Constitución”. Ante ello, señaló que esa Asamblea Nacional consultará con los venezolanos la pertinencia de la Constituyente tal y como lo establece la Constitución. Stalin González: Los venezolanos no queremos Constituyente, queremos comida y medicinas A Borges, le siguieron las palabras del diputado por Caracas, Stalin González quien en referencia a este tema indicó que “los venezolanos no queremos Constituyente, queremos comida y medicinas “. “Hoy Maduro intenta saltarse nuevamente la CRBV. No quiere consultarle al pueblo ese fraude que pretende realizar… Maduro cree que con ese grupito que tiene al lado podrá cambiar las exigencias de un pueblo que está decidido al cambio”, sostuvo. Así mismo recordó que “ni siquiera Chávez en 1999 hizo eso, en este país hubo referendo y venezolanos decidimos sobre ANC”. Cuestionó el hecho de que las “señoras del CNE” reciban a Maduro por este tema, pero no convoque a elecciones regionales. Mariela Magallanes: Solo el pueblo es convocante de la Constituyente La parlamentaria, Mariela Magallanes también formó parte de la discusión del tema y recordó que de acuerdo a lo establecido en la Carta Magna, “solo el pueblo es convocante a una AN Constituyente”. En ese sentido, leyó un extracto de las palabras del libertador, Simón Bolívar durante el Congreso de Angostura respecto al tema. “Maduro no se quiere contar porque ellos saben que van a perder esa elección”, agregó. A su juicio, el pueblo ya está cansado de la situación económica del país y el Gobierno sabe que si somete el tema a una votación según los parámetros de la Carta Magna, saldrá perdedor. “Que el pueblo venezolano sea el que decida lo que quiere a través del referéndum y del voto popular”. Finalizó recordando que cuando el dictador se quiere perpetrar en el poder, 30 millones de venezolanos están por defender que eso no suceda. (La Patilla)

 

Representantes de Vietnam y Venezuela evalúan avance de los convenios

Para evaluar los avances de los convenios de cooperación establecidos en materia agrícola, esta semana el ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo sostuvo un encuentro con Dao Thanh Chung, embajador de Vietnam en Venezuela. “El embajador de Vietnam vino a verificar el avance de estos convenios que existen con el gobierno venezolano, donde es importante destacar en cuanto al cultivo del arroz, existen cinco variedades que hemos comprobado con mucho éxito con los técnicos vietnamitas, por lo que  vamos a continuar avanzando en el resto de las 15 variedades adicionales de arroz que ellos trajeron para nuestro país”, explicó el titular de la cartera ministerial, según se informa en una nota de prensa del organismo. Se conoció que ambos servidores reiteraron su compromiso en continuar trabajando en pro de fortalecer las relaciones bilaterales, para incrementar la producción de arroz, ganado y acuicultura en el país. (El Universal)

 

Canasta Básica Familiar fue de 1.214.020 bolívares en abril

El Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FMV), informó que el precio de la Canasta Básica Familiar de abril tuvo un costo de 1.214.020,20 de bolívares, un incremento de 13,6%,con respecto a marzo. El estudio  precisó que se necesitan  40.467,34 bolívares diarios para cubrir su costo e indicó que la variación mensual se debe al incremento en los precios de los productos de higiene personal y limpieza del hogar; así como el grupo alimenticio de huevos, queso y leche. En el informe también se añadió que 17 de los 58 productos de la canasta continúan presentando problemas de escasez: leche en polvo, carne de res, margarina, azúcar, aceite de maíz, queso blanco duro, queso amarillo, arvejas, lentejas, caraotas, arroz, harina de trigo, avena, pan, pastas alimenticias a precio regulado, harina de maíz y café. El alquiler de vivienda aumentó 18,2% y pasó de 29.600,00 a 35.000,00 bolívares y la educación subió 13,2%, de 81.207,70 a 91.892,60 bolívares. (El Nacional)

 

Activaron segunda fase del plan Zamora en Barinas

Cerca de 170 locales comerciales se vieron afectados por los saqueos registrados en el estado Barinas durante los días 22 y 23, según informaron fuentes gubernamentales en la entidad. El reporte aumenta la cifra dada inicialmente, que era de 50 negocios desvalijados. “El impacto es bastante grave, realmente digno de esta preocupación, no habíamos tenido en esta ciudad jamás y nunca una situación como la que vivimos desde el lunes hasta estos momentos”, dijo un comerciante. Las manifestaciones en diferentes urbanismos y barriadas que han sido escenario de saqueos a comercios, que comenzaron desde el pasado lunes tras una manifestación en el marco de las protestas que desde hace dos semanas se suceden en el país convocadas por voceros de la Mesa de la unidad Democrática. El diputado Adolfo Superlano denunció que  “bandas armadas” aprovecharon el clima de protestas para iniciar una ola de saqueos a diferentes tiendas del municipio Barinas, sumándosele Obispos y Bolívar. Acusó a la gobernadora del estado Zenaida Gallardo de entregar los bienes e inmuebles a los colectivos. “Nos encontramos ante la ola de saqueos con la ausencia de la Guardia Nacional y Policía Estadal, que permitió que bandas armadashayan saqueado más de 100 humildes negocios”, expresó. En un recorrido del equipo reporteril varios comerciantes ubicados en el Sector Centro y en la Avenida Cruz Paredes, optaron por sacar parte de la mercancía de sus negocios a fin de evitar ser saqueados. Muchos protestantes recorrían esa zona y el nerviosismo se apoderó de los propietarios de locales. La distribuidora de Pollos Amanacu, ubicada en el sector Mijaguas, fue rodeada por manifestantes con la finalidad de saquearla, pero su propietario dialogó con los encapuchados y les ofreció la producción de pollos que mantenía en las instalaciones a fin de que no ingresaran violentamente a la empresa. Desde horas de la mañana los saqueos continuaban un hipermercado ubicada en la urbanización Don Samuel del municipio que fue víctima de los vándalos. Así  mismo se reportó otro fallecido, identificado como Freiber Pérez (21), quien falleciera por un disparo a la altura del pecho, hecho ocurrido en el Caserío La Mula, del municipio Barinas. El Ministerio Público comisionó a la fiscal primera a fin de que las autoridades estén investigando si se trata de un ajuste de cuentas, como han señalado fuentes policiales a medios locales, o de una muerte relacionada con las protestas. Los incidentes registrados en los dos días de manifestaciones dejaron además un saldo de al menos 100 funcionarios militares y policiales con lesiones, así como también más de un centenar de protestantes heridos, en su mayoría por el impacto de perdigones, metras y otros objetos contundentes. Gobernadora se pronuncia La gobernadora del estado, Zenaida Gallardo, en compañía del Comandante General de la GNB General Benavides Torres y el equipo político del Partido Socialista Unido de Venezuela, en rueda de prensa acusó al diputado Superlano y al alcalde del municipio Barinas, José Luis Machín, de ser los responsables de estos hechos vandálicos ocurridos en el estado. Por su parte, la Guardia Nacional Bolivariana ejecutará sus acciones en Barinas basadas en la segunda fase del Plan Zamora. El anuncio lo hizo el comandante general de ese organismo, general Antonio Benavides Torres. Benavides anunció que la intención es garantizar la paz en el estado luego de los hechos violentos y delictivos registrados en la entidad. (El Nacional)

 

Oficializan la intervención de la Policía de Lara

Este martes el ministro de Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol, oficializó la intervención de la policía del estado Lara. Según lo publicado en su cuenta de Twiiter, hubo “suficientes elementos de convicción” que demostraron la participación de algunos uniformados en actividades que “atentaron contra el orden público”. “La intervención de este Cuerpo de seguridad se realiza bajo el Art.75 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía”, escribió Reverol. Cabe destacar, que ayer en la noche el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, anunció la intervención de este cuerpo policial pues, a su juicio, los efectivos le negaron el apoyo a varios comerciantes durante la situación irregular que se vivió en algunas zonas de Barquisimeto tras las manifestaciones opositoras. (La Patilla)

 

Trump recorta ayuda a Latinoamérica en su propuesta presupuestaria

La primera propuesta presupuestaria del presidente de EE.UU., Donald Trump, incluye un sustancial recorte a la ayuda exterior a Latinoamérica, con reducciones a la asistencia proporcionada a todos los países del continente, un cambio que podría notarse especialmente en México y Centroamérica.  El presupuesto -que se presentó este martes, debe ser aprobado por el Congreso y podría sufrir cambios- concede 37.600 millones de dólares al Departamento de Estado, de los cuales 1.093 millones van a parar a las operaciones en el continente americano y el Caribe, un descenso de 614 millones respecto al año fiscal 2016.  El desglose país por país de ese presupuesto para el año fiscal 2018 muestra recortes en todas las naciones de la región, y elimina las partidas dedicadas a Cuba, que en el año fiscal 2016 recibió 20 millones de dólares; y a Venezuela, que ese año obtuvo 6,5 millones de dólares y esta vez no tiene fondos específicos.  No obstante, a los fondos para cada país deben sumarse las cantidades dedicadas a los programas de seguridad, democracia, lucha contra el narcotráfico u inmigración, que tienen cuentas conjuntas para todo el continente y reparten fondos según se juzgue necesario.  De salir adelante este presupuesto, México recibiría 87,7 millones de dólares, un recorte del 45,3 % con respecto al año fiscal 2016, cuando obtuvo 160,1 millones de dólares (72,4 millones más).  El recorte a Centroamérica es también sustancial, y reduce la ayuda al desarrollo y al fortalecimiento institucional que había potenciado el anterior Gobierno de Barack Obama.  Guatemala obtendría 80,7 millones de dólares, frente a los 131,2 millones que recibió en el año fiscal 2016; Honduras se quedaría con 67,8 millones (frente a los 98,2 de 2016), y El Salvador con 46,3 millones (frente a los 67,9 anteriores). Nicaragua recibiría 200.000 dólares (frente a los 10 millones del año fiscal 2016), Costa Rica obtendría 400.000 dólares (frente a los 1,8 millones del año fiscal 2016), Panamá lograría 1,2 millones (frente a los 3,3 millones anteriores).  Colombia, por su parte, recibiría 251,4 millones de dólares, una cantidad no demasiado inferior a los 299,4 millones que obtuvo en el año fiscal 2016 pero sí notablemente menor a los fondos aprobados por el Congreso para el periodo 2017, un total de 391 millones de dólares contemplados en el plan «Paz Colombia» para el posconflicto.  Sin embargo, es posible que haya más fondos para Colombia en las partidas dedicadas a operaciones regionales en todo el continente (300 millones de dólares), temas de narcotráfico y seguridad (167 millones), o ayuda humanitaria y promoción de la democracia.  A Perú llegarían 49,6 millones de dólares (frente a los 74,9 del año fiscal 2016); mientras que Chile recibiría 500.000 dólares (frente a los 670.000 dólares anteriores); Argentina tendría 500.000 dólares, Uruguay obtendría 400.000, la misma cantidad que Paraguay; y Brasil recibiría 815.000 dólares (frente a los 12,8 millones de 2016).  La propuesta también elimina los fondos específicos para Ecuador, que en 2016 recibió 2 millones de dólares; y concede 10,5 millones de dólares a la República Dominicana (frente a los 21,6 de 2016) y 157,4 millones de dólares a Haití (frente a los 190,7 millones de 2016). (El Mundo)

 

Ex presidentes de América y el Caribe rechazaron represión en Venezuela

Ex presidentes de países de América y el Caribe, reunidos en el grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA),  repudiaron la represión de cuerpos de seguridad del Estado contra manifestaciones opositoras en Venezuela, que desde inicios de abril acumulan más de 50 muertos y 2000 detenidos. Las escenas que han trascendido en medios de comunicación y redes sociales confirman prácticas represivas, conscientes de asesinatos, torturas y detenciones masivas e intimidaciones a manos de autoridades policiales y militares”, denunciaron ex mandatarios como Álvaro Uribe Vélez, Oscar Arias y José María Aznar. Exhortaron a Nicolás Maduro, en su condición de jefe de Estado de Venezuela, a no hacer oídos sordos ante las advertencias de ruptura del orden constitucional, como declararon la Asamblea Nacional; la fiscal general Luisa Ortega Díaz; y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. “La manifestación pacífica es la única vía legítima que le ha quedado a los ciudadanos para hacer valer su voz ante la negación de alternativas democráticas y electorales”, insistieron. El texto fue firmado, entre otros, por Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia; Luis Alberto Lacalle, Uruguay; Felipe Calderón, México; Osvaldo Hurtado, Ecuador; Jorge «Tuto» Quiroga, Bolivia, Oscar Arias, Costa Rica, y José María Aznar, España. (El Nacional)