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ESPECIAL | Pemones: La palabra de los sabios
Este especial reúne a siete abuelas y abuelos del pueblo indígena pemón, quienes cuentan en primera persona su cotidianidad y sus historias de vida como una manera de visibilizar desde el relato la resistencia cultural y los derechos humanos de las comunidades originarias frente al extractivismo, violencia y militarización del territorio ancestral al sur del estado Bolívar en Venezuela

 

Dentro de la tradición del Pueblo Indígena Pemón, habitantes ancestrales de la Gran Sabana, los ancianos son sabios, reservas vivas del conocimiento. Así, el Consejo de Ancianos apenas se encuentra un peldaño por debajo de la Capitanía que es la máxima autoridad comunitaria en la estructura jerárquica tradicional.

Los ancianos tienen la autoridad para orientar el rumbo de los asuntos de interés colectivo, al ser asesores de la capitana o capitán. Son la voz de la conciencia, aportan fortaleza al líder o lideresa y sentido a las decisiones en las que se encauza la comunidad que pronuncia la palabra final reunida en Asamblea.

Sin embargo, en el tiempo presente, en un contexto de crisis y de avance del extractivismo, tras la activación en 2016 de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, las consideraciones de los abuelos y abuelas parecieran ignoradas e incluso inexistentes. El Arco Minero se decretó y se activó sin la consulta previa, libre e informada que prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 120, como un mecanismo de aprobación de los pueblos indígenas con respecto a los proyectos extractivistas que se realicen en su territorio. Se impuso el plan, acción y son evidentes y devastadoras sus secuelas.

Lo que se impone es la minería del oro, como actividad estratégica del gobierno de Nicolás Maduro y de sobrevivencia de las poblaciones indígenas y no indígenas que, arrastradas por la crisis, procuran la satisfacción inmediata de sus urgencias. Sacan oro para comer o para pagar en gramas (gramos de oro) las deudas contraídas por comida. Con la minería llegaron la destrucción ambiental; en muchos de los sectores mineros, el control de las bandas criminales; la descomposición sociocultural, el paludismo y la leishmaniasis, que en el sur minero venezolano es llamada “llaga brava”.

Donde prolifera la extracción de oro difícilmente existe algo más. La dinámica minera sitúa al oro en el centro de todo, siendo tanto el resultado de los desproporcionados esfuerzos de hombres y mujeres que hurgan en la tierra como el referente de valor en las comunidades en donde se practica la minería y se sustituye al dinero por el mineral. Y así, al final de tanto esfuerzo, de tanto desgaste y destrucción, en las manos de los mineros no quedan más que callos. El oro se va después de ser pesado en grameras que calculan cuántos puntos se paga por un kilo de carne, un paquete de harina de maíz, cuarto kilo de café, la remesa para la familia que se quedó en el lugar de origen.

El lodazal minero se apodera de todo. Todo es confusión y está fuera de sitio. Impactados por el Arco Minero, que, en teoría, vendría a poner orden en el desorden atribuido a la minería ilegal, en los territorios se escenifica el caos.

Los sabios indican que la misión es volver a la tierra, que genera alimento y tranquilidad de conciencia, a las aguas limpias, al ambiente sano, que nada de eso lo ofrece la mina. Piensan que minando se daña la tierra, se saca lo que no se ha sembrado y se come mal o no se come cuando no se consigue oro.

El oro, excremento de rata

Los ancestros llamaban al oro Rató wek -el excremento de Rató, el ente guardián, el dueño de las fuentes de agua-, que no debía tocarse, pues se decía que causaba fiebres y diarreas. Tal vez, es la forma en que los antiguos se referían al paludismo, la malaria humana y otros males. Se sabía dónde estaba el oro, pero se sacaba sólo cuando la situación lo ameritaba, para atender a un familiar enfermo, para comprar los uniformes escolares de los niños.

La Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que en las primeras dos semanas de 2022 se diagnosticaron 2796 casos de malaria en Venezuela, la mayoría en el estado Bolívar al cual pertenece Gran Sabana. La OCHA recuerda que la actividad minera es el factor principal causante de esa enfermedad en la entidad. Allí donde se deforesta, hay más paludismo.

Con la finalidad de documentar algunas de sus memorias y escucharlos hablar del tiempo presente, conversamos con siete abuelas y abuelos indígenas pemón, algunos de ellos parte de los consejos de ancianos de sus comunidades, otros no. Los grabamos contando sus historias de vida, los episodios que marcaron su existencia, en general historias de orfandad bien porque quedaron huérfanos o porque se separaron de sus padres, para ir a estudiar internos e incluso fuera de su tierra. Pero también documentamos la impresión que les causa lo que les ha tocado vivir y transformamos esos sonidos en textos en primera persona.

Con certeza, lo que más extrañan los mayores es la cercanía, la calidez, la solidaridad de la vida en comunidad, aun cuando en teoría todos ellos viven dentro de comunidades. Extrañan el mayú, es decir el trabajo colectivo muy vinculado al conuco y después, el llamado a compartir el tumá –tumá, tumá, tumá serö- el consomé típico alrededor del cual los pemón se concentran para alimentarse tanto del caldo picante, servido en una olla de barro, en el cual se remoja el casabe como como de la conversa y la convivencia. Compartir la comida como alimento para cuerpo y alma.

Los que viven en comunidades urbanizadas atribuyen el distanciamiento, la frialdad, a los urbanismos, a la sustitución de las casas tradicionales, hechas de barro y palma y distanciadas las unas de las otras por viviendas rurales, en las que cada familia vive de puertas cerradas. Tanto a los urbanismos como a la mina, que extravía al pemón -a la persona- de su amor por la naturaleza y de su propósito siempre colectivo. Pero, quienes aún viven en comunidades más distantes y menos urbanizadas y concentradas atribuyen a la mina los cambios en el modo de vida, al oro y sus efectos devastadores sobre y bajo la tierra y su gente. 

La mayoría de ellos no saben de derechos humanos, pero en sus relatos dejan ver las muchas faltas que contra el derecho a la alimentación, al territorio, al bosque y a un ambiente sano, a la salud y a la identidad cultural han sufrido cada uno de ellos, su familia cercana y extendida, antes y con mucha crueldad, ahora. 

Quedan acá los testimonios de vida de algunos de los abuelos, sus voces pausadas y sabias, sus consejos curtidos y como se trata de una cultura de transmisión oral, que a través del cuento y de la conversación de las abuelas y abuelos transmite ese conocimiento a los más jóvenes, este trabajo es evidencia escrita de otro y de este tiempo. Mientras los mayores hablan pausado y largo, los demás escuchan. 

Puede leer los testimonios de los pemones AQUÍ

Excarcelados los 12 pemones que permanecían detenidos en El Rodeo II desde hace más de un año
Gonzalo Himiob, abogado de los indígenas y director del Foro Penal, informó que la mañana del sábado 13 de febrero fueron excarcelados los presos políticos, aunque seguirán con medidas cautelares

 

Tras permanecer arbitrariamente detenidos durante un año, un mes y veintidós días, la mañana del sábado 13 de febrero fueron excarcelados los 12 indígenas pemones que permanecían recluidos en la cárcel El Rodeo II. 

Fueron detenidos el 22 diciembre de 2019 por supuestamente estar implicados en el asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla, en el sector Luepa del municipio Gran Sabana

Tras la muerte del indígena pemón Salvador Franco, el 3 de enero de 2020, aumentó la preocupación por el estado de salud de los otros 12 pemones que continuaban recluidos en el Rodeo II. Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, aseguraba que estaban en las mismas condiciones que se encontraba Franco.

Los 12 pemones están identificados como: Fiacencio Meya Fernández, Lisandro González, Carlos Alfredo Fernández, Julio Leomar Delgado, Carlos César García, Ronny Kelvin Sánchez Lambos, Oscar Albaniz Pérez, Amílcar José Pérez, Frederick Fernández, Frank José Fernández, Willy Gabriel Martínez y Pantaleón Jóvito Mesía, pertenecientes a la comunidad indígena Kumaracapay.

Himiob informó sobre la excarcelación a través de sus redes sociales. Alfredo Romero, también director del Foro Penal, dio a conocer hoy serán llevados a Santa Elena de Uairén. «Debemos recordar que eran 13, Salvador Franco murió en prisión por falta de atención médica y desnutrición», acotó Romero. 

De acuerdo con cifras del Foro Penal, el régimen de Nicolás Maduro aún mantiene 341 presos políticos tras liberar a los 12 indígenas pemones. 

Se deteriora salud de pemones detenidos en cárcel de El Rodeo II
No se les ha aplicado una prueba para descartar tuberculosis

Abogados de los 12 pemones, aún detenidos en El Rodeo II tras el asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla del municipio Gran Sabana a finales de 2019, denunciaron que al menos cuatro indígenas están padeciendo síntomas similares a los que originaron la muerte de Salvador Franco a comienzos de año.

La abogada de la organización Foro Penal, Stefania Migliorini, indicó que los pemones no han sido trasladados a un centro asistencial, pese a la orden del juez en noviembre de 2020, para el traslado de los 13 pemones a un hospital.

Por otro lado, Olnar Ortiz, abogado de Foro Penal y coordinador de Pueblos Indígenas, declaró que a los pemones se les hizo una prueba de despistaje de COVID-19 la semana pasada, en la que dieron negativo, pero no se le ha realizado prueba de tuberculosis, enfermedad de la que murió Franco.

Además de esto reafirmó que continúan sin la revisión médica en un centro de salud como lo ordenó el juez el 27 de noviembre en la audiencia preliminar. Ortiz expresó que la semana entrante van a solicitar que se ejecute la orden de traslado para la revisión médica de los 12 pemones restantes, así como nuevamente solicitar cambio del sitio de reclusión.

Sin investigación

La abogada señaló que la Fiscalía hasta los momentos no ha empezado una investigación sobre el caso de Franco. Migliorini aseguró que están realizando denuncias y acciones legales para que representantes del Ministerio Público ejerzan acciones penales contra los posibles responsables de la muerte del indígena y se pueda resguardar la salud física y mental de los que siguen privados de libertad.

“Una vez revelada la autopsia se demuestra la responsabilidad del Estado, es por ello que el caso se va a llevar como una petición ante las relatorías de detención arbitraria de la ONU, la relatoría de Pueblos Indígenas, así como ante la CPI”, expresó Ortiz.

Salvador, detenido el 29 de diciembre de 2019, murió el 3 de enero debido a una tuberculosis y un cuadro de desnutrición. En este período nunca recibió atención médica ni se les brindaron garantías de alimentación o agua potable. Pese a la muerte de Franco, nada ha cambiado.

Similares condiciones de reclusión

“Todo sigue estando igual (…) en ese estado tan inhumano en el que se encuentran, ahí no hay agua, no tienen baño, no les dan el alimento adecuado, de verdad que están pasando trabajo”, relató Migliorini.

Los cuatro indígenas están decaídos, con tos y pérdida del apetito sin que les permitan acceder a medicamentos con facilidad, denunció la abogada. La defensa subrayó que los 12 pemones tienen temor de contagiarse de tuberculosis y sufrir lo mismo que Franco.

Migliorini dijo que desde el penal han puesto múltiples trabas para no realizar el traslado de los pemones, entre esas la falta de transporte, gasolina y hasta cauchos. “Antes del fallecimiento de Salvador los familiares trataron de colaborarle a ellos en lo que necesitaban… necesitaban carro, le consiguieron”, relató.

Incluso los parientes de Salvador hicieron gestiones para conseguir gasolina y trasladar al indígena, sin embargo, la última excusa antes de fallecer fue que no tenían autorización de la ministra de centros penitenciarios para llevarlo hasta un centro asistencial. “Un centro penitenciario al ver el estado de salud de uno de los privados no necesita ni autorización de un tribunal”, denunció Migliorini.

Felicia Pérez, madre de Amílcar, Oscar y Pantaleón Pérez, tres de los 12 pemones aún presos y que se ha mantenido en Caracas entregándole alimentos a los apresados, manifestó: “Tenemos miedo de que se contagien de tuberculosis”.

A su vez subrayó que seguirán reclamando por justicia y que “no quede impune la muerte de Salvador”.

Humano Derecho #178 con Anaelena Sanabria, de la Fundación Proyecto Maniapure

@_humanoderecho

¿De qué se trata la Fundación Proyecto Maniapure? ¿Cómo inició este proyecto? ¿Cuál es la ayuda que le brindan a la comunidad? Conversamos de estos y otros temas con Anaelena Sanabria, parte del equipo de la Fundación Proyecto Maniapure.

“Somos una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que nace en el año 2000 para incrementar y mejorar la asistencia médica de calidad a los más de 30 000 pobladores criollos e indígenas de las etnias panare, jivi, pemón, entre otras, distribuidas a lo largo y ancho del estado Bolívar. Adicionalmente apoya la educación formal, desarrolla programas de capacitación para el trabajo y refuerza la identidad regional y los valores culturales propios de la región.”

Presentado por Génesis Zambrano (@medicenmouzo) y Luis Serrano (@akaLuisSerrano). Somos el radio web show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda a gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea.

Más contenido en humanoderecho.com

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12 pemones presos en el Rodeo II necesitan atención médica urgente
Todos fueron detenidos el 22 diciembre de 2019 por supuestamente estar implicados en el asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla, en el sector Luepa del municipio Gran Sabana

Tras la muerte del indígena pemón, Salvador Franco, el 3 de enero de 2020, aumentó la preocupación por el estado de salud de los otros 12 pemones que continúan recluidos en el Rodeo II. Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, aseguró que están en las mismas condiciones que se encontraba Franco.

Todos fueron detenidos el 22 diciembre de 2019 por supuestamente estar implicados en el asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla, en el sector Luepa del municipio Gran Sabana, estado Bolívar. 

Estos 12 pemones están identificados como: Fiacencio Meya Fernández, Lisandro González, Carlos Alfredo Fernández, Julio Leomar Delgado, Carlos César García, Ronny Kelvin Sánchez Lambos, Oscar Albaniz Pérez, Amílcar José Pérez, Frederick Fernández, Frank José Fernández, Willy Gabriel Martínez y Pantaleón Jóvito Mesía, pertenecientes a la comunidad indígena Kumaracapay.

“Están expuestos a las mismas situaciones, condiciones, enfermedades a las que estaba expuesto Salvador Franco”, detalla Himiob. Además, recordó que en ese centro penitenciario hay brote de tuberculosis, desde hace mucho tiempo, que no ha sido debidamente atendido; lo que pone a todos los reclusos del lugar en situación de riesgo, junto con la desnutrición, falta de alimento, agua potable para el consumo y la falta de medicinas.

El coordinador Nacional de Pueblos Indígenas del Foro Penal, Olnar Ortiz, cree que los otros 12 pemones que quedan detenidos en el Rodeo II también pueden estar contagiados de tuberculosis, por ser una enfermedad que se transmite fácilmente de persona a persona; por lo que piden al tribunal encargado de esta causa el traslado a un centro de salud de todos los indígenas para que sean sometidos a evaluaciones y tratamientos médicos de manera urgente.

En este sentido, Ortiz indicó que ante el delicado estado de salud de Franco habían interpuesto múltiples denuncias en el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, organismos internacionales de protección de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de la oficina de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Caracas y, aunque Salvador Franco murió esperando atención médica, el Foro Penal confía en que los pronunciamientos serán más contundentes con los otros pemones.

Los familiares de los pemones no los han visto y solo logran saber de sus condiciones cuando van al centro penitenciario a llevarles comida y medicinas, y obtienen información a través de los funcionarios del lugar.

*Continúa leyendo en Tal Cual Digital.

Gonzalo Himiob Santomé, vicepresidente de Foro Penal, denunció que se instaló “una maquinaria de represión al sur del estado Bolívar”, tras los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 2019 en el batallón 513 del sector Luepa, municipio Gran Sabana.

Himiob precisó 13 de las 18 personas detenidas, son miembros de la comunidad indígena Pemón. Uno de ellos un adolescente, cuatro militares y otros tres civiles, por confirmar. Todos fueron sacados violentamente de su jurisdicción y trasladados a Caracas, violando la Constitución.

“En el estado Bolívar, desde diciembre, se han realizado muchos actos de represión. El 22 de diciembre se condujo detención de por lo menos de 18 personas (…) en el caso de los indígenas detenidos, no se les aplicó la jurisdicción especial que ordena nuestra Constitución, y fueron trasladados a Caracas para ser procesados como terroristas”, indicó el abogado en rueda de prensa.

Por otra parte, Olnar Ortiz, coordinador de Foro Penal de pueblos indígenas, denunció la violación de trasladar a estas personas de forma arbitraria a la División de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en la capital venezolana sin pasar por el debido proceso.

«Todos estos hechos ocurrieron en tierras indígenas, específicamente en el municipio Gran Sabana, dónde, de acuerdo a la Constitución en su artículo 260, los indígenas debieron ser juzgados en tribunales de la jurisdicción indígena, ante un tribunal con jurisdicción especial indígena reconocida además, por el Tribunal Supremo de Justicia y es donde deben ser juzgados nuestros hermanos Pemones».

Ortíz alertó que los 13 Pemones, señalados de presunto terrorismo, los mantienen incomunicados desde hace casi un mes. *Los han obligado a declarar en contra de ellos mismos, sin la presencia de sus abogados. Ya han pasado más de 25 días y siguen incomunicados», expresó.

Venezuela pasó a ser el Estado más represor

Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, actualizó la cifra de presos políticos hasta la fecha, indicó que durante diciembre de 2019 aumentó a 392 el número de detenidos.

“Solo en diciembre, se generaron 22 nuevas detenciones. Hay tres nuevos presos políticos durante enero de 2020. El año cerró con 388 presos políticos y al día de hoy hay 392, se sigue produciendo el efecto puerta giratoria, mientras se excarcela a algunos, se detiene a otros”, detalló.

En este sentido, aseguró que no hubo una disminución real de presos políticos. Romero confirmó que de las excarcelaciones anunciadas y confirmadas en enero, no todos eran detenidos por causas políticas.

Durante el balance ofrecido, Romero resaltó que durante 2019, Venezuela pasó a ser el Estado más represor de América Latina. “Hay más presos políticos que en Cuba“, refirió.

Por último, informó que se espera una resolución en el Parlamento Europeo, que se discutirá el próximo 22 de enero, sobre la situación de los DDHH en Venezuela.

8 pemones imputados por su presunta participación en la Operación Aurora
En la denominada operación un grupo de personas asaltó el Batallón 513 de la Gran Sabana

 

Este viernes el fiscal general de la República, Tarek William Saab, acusó de “terroristas” al grupo de militares que realizó el asalto al Batallón 513 de la Gran Sabana bajo el nombre de Operación Aurora.

“Esta acción terrorista fue dirigida y planificada por militares de reserva activa, desertores y ex funcionarios policiales ubicados en el exterior, así como por personal civil y miembros de la etnia indígena pemón”, dijo en declaraciones a la prensa.

Afirmó que durante el asalto robaron 131 fusiles AK-103, 9 cañones Carl Gustaf, 5 lanzagranadas MK-15 y 5 escopetas Remington. También, 2 ametralladoras MAG y 209 granadas MK-15. Además, hurtaron 3 lanzacohetes y 99 bayonetas fusil AK-103; también 6 pistolas.

Por el caso se imputaron a 18 personas, de las cuales 6 son militares y 12 son civiles, entre ellos hay 8 indígenas de la etnia pemón.

Por este caso, fueron imputados Edgar Valdés, Alex Caldera, Miguel Reyes, Ismael Guerra, Luis Tovar, Wilfredo Heredia, José Rondón, Edgar Verdú, Salvador Franco, Julio Delgado, Carlos García, Oscar Albenis Pérez, Amilcar Pérez, Lisandro González, Frederick Fernández, Fiasencio Mella, Carlos Fernández y un adolescente.

“Los detenidos fueron imputados por conspiración para destruir la forma política republicana, terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo y asociación. Vale señalar que hay otros 15 implicados pendientes por capturar”, expresó Saab.

Ante ello, solicitó al fiscal general de Brasil iniciar el proceso de extradición contra los cinco militares que el gobierno acusa y que se encuentran en el territorio brasileño.

“Queremos dejar claro que estos criminales, que atacaron dos puestos militares, robaron armas y municiones son responsables de la muerte de un soldado».

La denominada Operación Aurora tuvo lugar el 22 de diciembre, cuando un grupo de militares, acompañado por pemones, asaltó el Batallón 513 de la Gran Sabana.

En la toma murió un agente, y otro que lideraba la operación resultó herido y detenido.

Todos los demás militares e indígenas escaparon de la escena. Brasil informó que cinco de los funcionarios venezolanos involucrados en el alzamiento estaban en su territorio.

Los agentes iniciaron el proceso para que los acojan como refugiados.

Capitán general del Sector VI del Pueblo Pemón exigió el cese de las hostilidades
Líderes del Sector VI rechazaron la criminalización del Pueblo Pemón

Morelia Morillo Ramos // @moreliamorillo

Acompañado del consejo de ancianos, que es la instancia de mayor peso entre las autoridades indígenas y de alrededor de 200 personas más entre hombres y mujeres, todos ellos habitantes de las 28 comunidades que agrupa el Sector VI-Akurimú del Pueblo Indígena Pemón, el capitán general Jorge Gómez, se pronunció este lunes 30 de diciembre contra los atropellos que -dijo- está sufriendo su gente, especialmente los jóvenes, en el contexto de las investigaciones vinculadas al asalto contra el Batallón de Infantería de Selva “General Mariano Montilla”, localizado sobre la Troncal 10, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar.

La Gran Sabana, el último municipio venezolano en la frontera con Brasil, es el territorio ancestral del Pueblo Indígena Pemón, un grupo de origen caribe conformado por alrededor de 30.148 personas de acuerdo con el Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística en 2011. El Sector Pemón VI-Akurimú es el de mayor población, con al menos 19 mil habitantes según los registros de sus autoridades tradicionales.

En el comunicado que sirvió de guía a sus declaraciones, los líderes del Sector VI rechazaron la criminalización del Pueblo Pemón tras un hecho en el cual habría participado un grupo de sus jóvenes y el señor Ricardo Delgado, ex alcalde del del municipio Gran Sabana e indígena pemón, quien a través de dos entrevistas de prensa habría asumido su responsabilidad.

Al respecto, en el escrito los líderes del Sector VI manifestaron su rechazo a los sucesos ocurridos en el Batallón de Infantería de Selva “Mariano Montilla”:

Estando conscientes de que bajo ninguna circunstancia se debe autorizar ni fomentar acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar total o parcialmente, la integridad territorial, la soberanía y la independencia política del Estado Venezolano”.

 

E igualmente expresaron su rechazo a los actos discriminatorios contra las comunidades y sus habitantes de parte de las instituciones militares y civiles; el rencor y ensañamiento hacia aquellos que han presentado sus denuncias por los abusos y la tardanza en las investigaciones con respecto a las incursiones armadas en las que han muerto integrantes de este pueblo.

Desde los hechos del 22 de diciembre pasado, según denunciaron algunos de los presentes, se desconoce la identidad de los dos indígenas fallecidos en las cercanías de Paraitepui de Roraima; se produjo el allanamiento no autorizado en la comunidad de Kumakapay y aparentemente este lunes también en la comunidad de Wará; se desconoce el paradero de los tres detenidos el día 28 de diciembre en la comunidad de San Luis y se siguen reportando malos tratos en las alcabalas contra los indígenas, especialmente cuando visten de negro o usan botas de aspecto militar.

El propio Gómez dijo no saber si es cierta la información, que circula en redes sociales, según la cual el Tribunal Militar 17 de Control, a solicitud de la Fiscalía Militar, ordenó su aprehensión por el caso “Mariano Montilla”.

Desde el 13 de marzo de 2018, fecha de la desaparición de Oscar Mella, el territorio pemón, una región conocida por sus incomparables bellezas escénicas y por su tranquilidad a pesar de la violencia generalmente asociada al resto del país, se convirtió en escenario de una serie de hechos violentos, estos aparentemente provocados por la existencia de grupos vinculados a las mafias mineras y la determinación de los grupos armados institucionales de controlar sus acciones. Así ocurrió en Canaima el ocho de diciembre de 2018; en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén el 22 y 23 de febrero de 2019 y en Ikabarú el 22 de noviembre de 2019.

En referencia a esa seguidilla de sucesos violentos, Gómez se mostró preocupado ante la posibilidad de que existan intereses personales, vinculados al Gobierno, interesados en apoderarse de los territorios indígenas y en ese sentido hizo un llamado a los organismos nacionales e internacionales a amparar a esa población indígena que representa, siempre de acuerdo a las leyes vigentes nacional e internacionalmente.

Por todo lo anterior, la Capitanía General del Sector VI decidió convocar a las capitanías generales de los sectores 3, 5, 7 y 8 del Consejo de Caciques del Pueblo Pemón a la resolución del conflicto; así como la activación del Tribunal “Mayín Nonkanín” de Jurisdicción Especial Indígena del Sector VI para atender la situación actual.