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Pedro Nikken

Redacción Runrun.es Dic 09, 2019 | Actualizado hace 4 años

 

El abogado y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Nikken, falleció este lunes 9 de diciembre. 

A través de las redes sociales se conoció que  la muerte de Nikken se produjo tras sufrir una caída este domingo en su casa, provocándose un golpe muy fuerte en la cabeza, lo que le generó un derrame cerebral irreparable y con ello su fallecimiento.

Nikken estudió derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Fue profesor y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), siendo además su vicepresidente entre 1981 y 1983, y presidente entre 1983 y 1985.

En 1988 fue vicepresidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. En los años 1990, la Organización de las Naciones Unidas lo designó asesor jurídico de la mediación que puso fin a la guerra civil de El Salvador.

Desde 1997 integraba la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, y en 2017 recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires

Políticos, periodistas y sociedad civil se han pronunciado a través de las redes sociales, lamentando la muerte del ilustre abogado: 

 

 

 

Dirigentes chavistas y opositores se unen en coalición para promover el diálogo
La Parroquia Universitaria de la UCV fue testigo del reencuentro entre distintas posturas ideológicas por la crisis venezolana
Maryclen Stelling asegura que la despolarización podría estar llegando a su fin

@Saracosco

PEDRO NIKKEN ES UN ABOGADO y tiene experiencia en resolución de conflictos a través del diálogo. En los años 70 el Vaticano lo nombró mediador entre Chile y Argentina para la disputa por el canal de Beagle. 

Maryclen Stelling es una socióloga, profesora universitaria, coordinadora del Observatorio Global de Medios, siendo una analista de la actuación de los medios de comunicación venezolanos, tanto afines al chavismo como a la oposición. 

Como dos viejos amigos reencontrándose, Stelling y Nikken se dieron cita, este viernes, en una sala de la Parroquia Universitaria de la UCV, que se encontraba más sola de lo habitual por las vacaciones estudiantiles. La idea de los presentes – donde ninguno tenía menos de 40 años- era compartir con los pocos medios de comunicación que acudieron al llamado, compartir  una visión de país a pesar de las diferencias ideológicas.  

Los dos se sentaron juntos en una misma mesa y bromearon sobre ser los voceros elegidos por pertenecer a la tercera edad. A su alrededor se escucharon risas en un volumen bajo. Eran quienes los acompañaban en esta nueva misión política.

Héctor Navarro, Vladimir Villegas, Carlos Azpúrua, José Virtuoso, Gustavo Márquez, Inés Quintero, Óscar Schemel y Manuel Teixeira también acudieron a esta cita. En un ambiente informal, cada uno se sentó en una silla y se mantuvieron en total silencio y con seriedad mientras Nikken y Selling compartían la vocería de la rueda de prensa.

Esto sirvió de presentación pública para anunciar que distintos sectores se han venido reuniendo para encontrarle soluciones a la crisis venezolana, a través del diálogo.

Esta iniciativa -según sus voceros- va más allá del propuesto por Noruega y que se encuentra congelado luego de que el régimen de Nicolás Maduro protestara por las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos. 

Como explicó Maryclen Stelling es un grupo plural que tiene dos años reuniéndose y que tuvo que empezar con el reconocerse unos a otros, verse a las caras y tener un lenguaje respetuoso.  

Sobre esto Pedro Nikken afirmó que ese acto de de decir cosas juntos -como esta primera declaración ante los medios- “es muy importante porque es algo inédito en estos tiempos”.

Stelling indicó además que el hecho de ver rostros de distintas tendencias en una misma sala y trabajando por un mismo objetivo puede ser una muestra de que la polarización “está llegando a su fin”. 

Hablar entre venezolanos

En la declaración escrita -que entregaron a los periodistas antes de iniciar la rueda de prensa- se expresa que los presentes vienen de diversos sectores y cada uno con un punto de vista ideológico. “Mantenemos diferencias que nos han separado por años y aún nos separan, pero nos congrega la aspiración a debatir libremente, dentro del marco de la Constitución y los valores de la democracia”.

Para Maryclen Stelling lo importante es poder establecer procesos de diálogo desde todos los espacios, sean políticos, económicos o en los barrios y así ir llegando a acuerdos. Pero recalcó que este trabajo que emprenderán será exclusivamente entre los venezolanos. 

Igualmente Pedro Nikken expresó que el plan de la coalición no es llegar a Noruega y formar parte de la negociación, aunque expresó su apoyo y que pudieran servir de soporte e insumo. 

Además como ahora están empezando su trabajo puertas abiertas, Nikken expuso que lo vital en este momento es cuidar el grupo que se conformó, porque “tenemos mucho tiempo separados”.

Sin embargo entiende que en el país la búsqueda a una solución es algo de urgencia porque es “natural que haya impaciencia, cada día que pasa es un día difícil en Venezuela. La gente quiere una solución rápida, todos lo queremos. Pero la paciencia es necesaria”, reflexionó a modo de conclusión del pequeño evento, donde las distintas personalidades terminaron levantándose de sus sillas plásticas y dándose un abrazo y apretón de manos, como el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, José Virtuoso y el ex ministro de Energía Eléctrica, Héctor Navarro.

Abogados elaboran instructivo para solicitar exclusión de registro sectorial para ANC

 

 

Nicolas Maduro - Constituyente

 

El Laboratorio de Protesta No Violenta elaboró un instructivo para solicitar la exclusión del registro sectorial para la Asamblea Nacional Constituyente por considerarlo ilegal e inconstitucional.

A juicio de los especialistas, los ciudadanos pueden exigir su salida del registro con base en lo establecido en los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

Según el artículo 37 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el Registro Electoral Preliminar  puede ser impugnado dentro de los quince días siguientes a su publicación.

También se desprende que el CNE configuró sin base constitucional o legal, un espurio registro paralelo al Civil y Electoral, para la escogencia sectorial de los integrantes de la ANC.

A continuación un modelo de la planilla y la forma de efectuar el proceso:

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Informe Otálvora: Maduro y oposición buscan “amigos” en el extranjero

AlmagoyFernández

Luis Almagro, Secretario general de la OEA, reunido con el expresidente dominicano Leonel Fernandez el 18ABR17 en Santo Domingo. Foto:Funglode

 

Una “asociación privada sin fines de lucro” denominada IFIT basada en España, actúa en Venezuela promoviendo el “diálogo” entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, tal como lo reportara el Informe Otálvora del 11FEB17. Hasta mediados del 2016, el propietario de IFIT, el belga-canadiense Mark Freeman, estuvo contratado por el gobierno de Colombia para participar en las negociaciones del Acuerdo Santos-Farc en La Habana. Entre los  primeros movimientos en Venezuela, el IFIT constituyó un grupo de celebridades opositoras en calidad de asesores bajo la coordinación de la colombiana Juanita Goebertus Estrada. Algunos de estos asesores contactaron al Informe Otálvora para “aclarar” que actuaban ad-honorem, a título personal sin representar a la alianza opositora MUD. Además, negaron la participación del gobierno colombiano y dijeron preferir  mantener esta actividad en bajo perfil. Uno de ellos alegó que el objetivo era prepararse para un futuro nuevo diálogo entre gobierno y oposición para no repetir la “improvisación” de la MUD en el “diálogo” estructurado por Luis Rodriguez Zapatero en el 2016. Freeman y Estrada, consultados por este Informe en febrero pasado, se negaron a comentar sus actividades en Venezuela.

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El 10MAY17 circuló profusamente en Internet un video aficionado mostrando a la periodista y exministra chavista Mari Pili Hernández a la salida de un restaurante en Barcelona, España, acompañada del exembajador chavista Hiram Gaviria (ahora “opositor”) y por dos connotadas figuras de la oposición venezolana: el profesor Pedro Nikken y el consultor de la Asamblea Nacional Jesús María Casal. En medio de la represión militar contra las protestas populares en Venezuela, las imágenes llegadas desde España causaron revuelo. Esa noche la sospecha de una negociación secreta para “enfriar” las calles fue barajada entre usuales opinadores en las redes sociales. El 11MAY17, el Institute for Integrated Transitions IFIT, emitió un comunicado señalando que la señora Hernandez, Nikken, Casal y Gaviria además del economista opositor Orlando Ochoa y del exministro chavista Rodrigo Cabezas participaban en un “encuentro internacional”  con el fin “de intercambiar opiniones sobre la situación en Venezuela”. En realidad no se trataba de la primera reunión de este tipo, de la cual ya se habrían realizado media docena. El IFIT obvió, igualmente, hacer público el nombre de los contratantes y financistas de sus gestiones sobre Venezuela.

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En la capital de República Dominicana, se produjo el 06MAY17 un encuentro entre el español José Rodriguez Zapatero, el panameño Martín Torrijos y el anfitrión Leonel Fernandez, los expresidentes que a solicitud de Maduro y Ernesto Samper fungieron como “facilitadores” del “diálogo” en Venezuela. En medios políticos y diplomáticos se rumora que el trio habría discutido un nuevo esquema para ese “diálogo”, el cual podría involucrar a un grupo de gobiernos latinoamericanos. El encuentro previo sostenido por Leonel Fernandez con el secretario general de la OEA Luis Almagro, el 18ABR17 en Santo Domingo, habría servido para aproximar posiciones sobre alguna iniciativa internacional para Venezuela. De hecho, el dirigente opositor venezolano Henry Ramos Allup anunció el 11MAY17 que esperaba que Zapatero, Almagro y un grupo de embajadores, presentaran al Gobierno y a la oposición una propuesta para tratar la situación de Venezuela. Hasta la fecha, Almagro no ha desmentido o confirmado esta especie.

La idea de crear un “grupo de amigos” que intermedie entre el gobierno Maduro y la oposición ha sido mencionado de forma creciente por varios actores políticos regionales, aunque se trataría de varias propuestas incluso excluyentes entre sí. La cancillería de Maduro anunció la integración de un grupo de gobiernos amigos, todos ellos de cercana vinculación política con el chavismo, para propiciar el diálogo en Venezuela. El grupo estaría integrado por Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. El gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez habría hecho las paces con Maduro y su canciller Nin Novoa afirmó el 10MAY17 que “se está creando un grupo de países amigos para no intervenir pero facilitar el diálogo, que se pongan metas concretas y condiciones previas que aseguren el resultado para que no haya otro fracaso y Uruguay no le va a negar una mano tendida a un país que esté en problemas”. Novoa asegura que conversó sobre esta iniciativa con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Julio Borges. Los cinco “amigos” de Maduro presentarían en conjunto su propuesta el 20MAY17 en República Dominicana durante una reunión prevista de CELAC.

En medios de la oposición venezolana se maneja la idea de estructurar, a nivel de gobiernos de la OEA o Unasur, un “grupo de amigos” no para facilitar un “diálogo” sino para presionar a Maduro para la restitución de la Constitución. Esta línea cuanta ya con el respaldo de varios gobiernos suramericanos. Este tema fue expuesto por Julio Borges al presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski el 11MAY17.

Por su parte, la OEA se dispone a congregar a los cancilleres de los gobiernos miembros, probablemente el 29MAY17, en una reunión extraordinaria de consulta sobre la situación venezolana. La idea de crear un “grupo de países amigos” gana cuerpo en la OEA, donde la posibilidad de sancionar a Maduro (suspensión de la OEA) no cuenta con suficientes respaldos.

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El apoyo financiero ilegal de la campaña electoral chavista de 2012, por parte de empresas brasileñas que ejecutaban obras en Venezuela, habría sido acordado por Hugo Chávez, Lula da Silva y Emilio Odebrecht el 02JUN11 en un encuentro nocturno en el Palacio de Miraflores. El paquete de “ayuda” brasileña incluía el pago de los servicios del publicista político brasileño João Santana, asesor y amigo de Lula, quien sería el cerebro de la campaña reeleccionista de Chávez en el 2012. Lo que era un secreto a voces en los últimos años, ahora fue confirmado por la justicia brasileña.

Santana y su esposa Mônica Moura fueron apresados el 24FEB16. Un tribunal federal los encontró culpables de formar parte del esquema de corrupción mediante el cual empresas constructoras brasileñas se beneficiaron de la emisión de decretos presidenciales y de la asignación de grandes contratos de obras públicas a cambio de traspasos de gruesas sumas de dinero para el financiamiento de decenas de políticos. Santana fue el encargado de la campaña reeleccionista de Lula en 2006 y de las campañas de Dilma Rousseff en 2010 y 2014. Las confesiones de Santana y Moura son piezas claves para probar la conexión directa de Lula y Rousseff con el esquema de corruptelas en Petrobras. El 11MAY17, el Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió hacer público el contenido de las delaciones de Santana y Moura en las cuales confirman el financiamiento brasileño a la campaña de Hugo Chávez de 2012 e involucran a Nicolás Maduro en el esquema de pagos a la empresa de Santana.

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En sus delaciones a la Fiscalía brasileña, Santana y Moura mencionan a las empresas Odebrecht y Andrade Gutierrez como financistas de sus servicios para la campaña de Chávez. Odebrecht habría entregado US$7 millones y Andrade Gutierrez habría depositado US$ 2 millones en una cuenta suiza de la empresa Shelbill propiedad de Santana. Ninguno de esos pagos fueron declarados en Brasil o Venezuela. La constructora Andrade Gutierrez igualmente prestaba aeronaves para el traslado a Caracas y pago de la estadía de los asesores electorales. Mônica Moura asegura haber recibido US$ 11 millones en efectivo, durante diversos encuentros sostenidos con el entonces ministro de relaciones exteriores Nicolás Maduro, en la sede de la cancillería venezolana a lo largo del año 2012. El entonces embajador de Chávez en Brasilia, Maximilien Sánchez Arveláiz, habría fungido como  enlace en Brasil entre los asesores y las empresas brasileñas a los efectos de sus contribuciones. El dinero entregado por Maduro a Moura  correspondía tanto a pagos de la empresa de Santana como a servicios de Franklin Martins, un exministro de Lula contratado para realizar la campaña de Chávez en Internet. En sus primeras confesiones ante las autoridades policiales en 2016, Santana y Moura estimaron en US$ 35 millones el costo de los servicios prestados a la campaña de Chávez. Ahora, en sus delaciones publicadas el 11MAY17, dejan saber que habría quedado una deuda pendiente de pago por US$15 millones.

La conexión entre Lula y la campaña de Chávez la habría cumplido José “Ze” Dirceu, fundador del partido PT, exministro del gobierno lulista, dos veces juzgado y sentenciado por corrupción (casos “Mensalão” y “Lava Jato”), amigo de los altos jerarcas chavista y quien, según diversas fuentes, cobraba por facilitar la conexión de empresarios con el Palacio de Miraflores. Según Santana y su esposa, Dirceu participó al principio del 2012 en las “primeras reuniones políticas” entre los asesores electorales y el “comando estratégico de la campaña de Chávez”, el cual tenía como jefe al dirigente chavista  Jorge Rodríguez.

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Venezuela aparece en una nueva lista de países sancionados por el gobierno de EEUU. El presupuesto de gastos 2017 de EEUU, firmado por Donald Trump el 05MAY17, incluye una cláusula  según la cual Venezuela no podrá recibir fondos de asistencia del gobierno estadunidense en razón de su alianza con Rusia. La Consolidated Appropriations Act 2017 sanciona los gobiernos reconocen y mantienen relaciones diplomáticas con Abjasia y Osetia del Sur, dos territorios partes de Georgia donde Rusia ha instalado gobiernos secesionistas. Sólo Rusia, Nicaragua, Venezuela y Naurú (una isla del Pacífico) reconocen a los gobiernos implantados por Moscú. Hugo Chávez y Daniel Ortega de Nicaragua, como parte de su alineamiento con Rusia, reconocieron a los gobiernos secesionistas, establecieron relaciones diplomáticas y designaron embajadores.

La inclusión de Venezuela en esta lista de sanciones no afecta en la práctica las finanzas del gobierno de Maduro, pero advierte sobre los costos que el país puede correr dada su estrecha vinculación financiera, política y militar con Rusia.

Edgar C. Otálvora

@ecotalvora

Diario Las Américas

Corte-IDH: No es delito reproducir información de otros medios

MediosNacionales

 

En 1776, 239 años antes de que la posibilidad de reproducir información elaborada o divulgada por terceros comenzara a ser una práctica tan sencilla y habitual como retuitear, los tribunales británicos determinaron que ello no constituye delito.

La sentencia correspondiente al caso Curry vs Walter es el germen de la doctrina del reporte fiel. Un juez del Reino Unido determinó que la publicación de una información que dos magistrados consideraron injuriosa era legal, pues correspondía a un relato de dominio público.

La doctrina del reporte fiel se ha desarrollado vigorosamente en todos los países democráticos del mundo, en beneficio del derecho ciudadano a informar y a estar informado, sobre todo sobre asuntos de interés públicos. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, actuó en sentido contrario al acusar de difamación agravada continuada a 22 directivos de El Nacional, Tal Cual y La Patilla, por hacerse eco de las noticias publicadas por el diario español ABC que vinculan al funcionario con el tráfico de drogas, a partir de declaraciones de Leamsy Salazar, ex jefe de seguridad de Cabello.

El expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Internacional de Juristas Pedro Nikken considera que “en un mundo globalizado es  absurdo pretender que se castigue a un periodista o a un medio por reproducir fielmente, sin agregar nada o hacer juicio de valor,  lo que un medio extranjero ha publicado sobre un funcionario público”.

En opinión de Nikken la demanda de Cabello amenaza el derecho de saber, por parte de los venezolanos, y el derecho de hacer saber por parte de los medios venezolanos.

“Lo que procura este tipo de demandas  o este tipo de sentencia, (pues en Venezuela uno puedo presumir que lo que demando Cabello va a ser acogido por los jueces) es acallar a la prensa, la autocensura. Lo peor que puede pasar en una sociedad en es cunda el miedo a informar”, expresó Nikken.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha reivindicado la doctrina del reporte fiel. “La democracia requiere que el debate público sea fluido y amplio. La publicidad de información proveída por terceros no debería verse restringida por la amenaza de responsabilizar al informador simplemente por reproducir lo manifestado por otro. Indudablemente esto implicaría una restricción innecesaria que limita considerablemente el derecho de todas las personas a estar informado”, se indica en el informe anual correspondiente a 1999.

Nikken considera imprescindible tener en cuenta el contexto: “No solo se trata de la demanda de Cabello contra El Nacional, Tal Cual y La Patilla; ni  la anterior que interpuso contra Carlos Genatios y los directivos de Tal Cual. Se trata del desprecio a todos los estándares y obligaciones internacionales relativas a democracia y derechos humanos”.

El jurista asegura que las bases de esta política de Estado las echó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente a través de las sentencias 1013 y 1942 de la Sala Constitucional (ambas elaboradas por Jesús Eduardo Cabrera), según las cuales cualquier sentencia internacional requería una especie de pasavante, a efectos de su ejecución en Venezuela.

Con fundamento en una controversial interpretación del principio de soberanía, el Estado venezolano ha desconocido las sentencias de la Corte Interamericana  y, en 2013, denunció la Convención  Americana sobre Derechos Humanos. “Y más recientemente –acotó Nikken- esta política se ha ejecutado con  los insultos a los autoridades de Naciones Unidas, por su exigencia del cese de la represión en Venezuela y la liberación de los presos políticos”.

El estándar. El reporte fiel constituye un estándar del sistema interamericano de protección de los derechos humanos establecido mediante el caso Mauricio Herrera Ulloa vs Costa Rica.

En 1995, Herrera Ulloa, periodista del diario La Nación hizo una reproducción parcial de reportajes de la prensa escrita belga que atribuían al diplomático Félix Przedborski, representante ad honorem de Costa Rica en la Organización Internacional de Energía Atómica en Austria, la comisión de  delitos vinculados con el tráfico de armas. Cuatro años más tarde, un tribunal penal costarricense condenó a Herrera Ulloa “porque éste no logró probar la veracidad de los hechos atribuidos por diversos periódicos europeos al señor Félix Przedborski”.

El 2 de julio de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que “el efecto de esta exigencia resultante de la sentencia conlleva una restricción incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana, toda vez que produce un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre todos los que ejercen la profesión de periodista, lo que, a su vez, impide el debate público sobre temas de interés de la sociedad”.

El fallo precisa que “el periodista Herrera Ulloa se limitó básicamente a la reproducción de estas informaciones que atañían, como se ha dicho, a la conducta de un funcionario público en el extranjero”.

El expresidente de la Comisión Interamericana de derechos Humanos Carlos Ayala Corao, quien junto con Nikken intervino en el caso como representante de Herrera Ulloa, recuerda los alegatos a favor de Herrera Ulloa y La Nación.

“Al imponer sanciones penales para proteger la honra y reputación del señor Przedborski, cónsul honorario de Costa Rica, dicho Estado provocó un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión y sobre la emisión de información referente a asuntos de interés público que involucra a funcionarios públicos”, se razonó.

“El derecho a buscar información debe ser entendido en el más amplio sentido. Nada más normal, dentro de la comunicación social, es que los diferentes medios se hagan eco de lo publicado por otros; y mucho más aún, que el medio de comunicación de un país determinado, busque, halle y difunda lo que en la prensa extranjera se publica sobre temas relacionados con ese país, tanto más si involucran a funcionarios públicos”, se refiere en el fallo.

Contra el autoritarismo

Luego de aclarar que no era el caso de Costa Rica, el juez de la Corte Interamericana Sergio García Ramírez, advirtió a través de un voto concurrente que acompaña la sentencia del caso Herrera Ulloa que “en un ‘ambiente político autoritario’ se recurre con frecuencia al expediente punitivo: éste no constituye el último recurso, sino uno de los primeros, conforme a la tendencia a ‘gobernar con el Código penal en la mano’, una proclividad que se instala tanto sobre el autoritarismo, confeso o encubierto, como sobre la ignorancia, que no encuentra mejor modo de atender la legítima demanda social de seguridad”.

Ex presidente de la CorteIDH: “El gobierno se compromete mucho y cumple poco
PedroNikken
A propósito de la conmemoración del 66º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pedro Nikken, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Internacional de Juristas, expresó: “El gobierno se compromete mucho y cumple poco. Todos los Estados están obligados a adaptar sus reglas al derecho internacional, y la Constitución venezolana así lo establece en forma expresa. Venezuela ha asumido compromisos sumamente amplios, pero el gobierno ha inventado que las sentencias de los tribunales internacionales necesitan permiso del Tribunal Supremo de Justicia para ser ejecutadas en el país. En materia de derechos humanos, Venezuela tiene una deuda de cumplimiento, no de compromiso”.
La efeméride fue aprovechada por el Observatorio Venezolano de Prisiones y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela para convocar a un panel de especialistas de la academia, las organizaciones no gubernamentales y la prensa. En el evento coincidieron Nikken, Magaly Vásquez, Feliciano Reyna, Román Duque Corredor, Carlos Ayala Corao, Marco Ruíz y Humberto Prado, quienes hicieron un balance de la situación de los derechos humanos en el país, especialmente sobre las violaciones registradas durante 2014.
Las reflexiones de Nikken fueron respaldadas por Duque Corredor, ex magistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia y ex presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, quien aseguró que el “gran culpable de la impunidad en Venezuela es el Poder Judicial”. En su opinión, las fallas de los jueces contribuyen a que la cultura de la impunidad se arraigue. “Lamentablemente, el país no cuenta con jueces que actúen con visión de Derechos Humanos y la impunidad casi alcanza el 98%”, precisó.
El ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Ayala Corao, agregó que en Venezuela pensar diferente acarrea sanciones penales. Recordó que este año casi 4.000 personas fueron detenidas por ejercer el derecho a la protesta, dos alcaldes (Enzo Sacarano, de San Diego, y Daniel Ceballos, de San Cristóbal) fueron condenados y destituidos de sus cargos, el líder opositor Leopoldo López permanece preso en una cárcel militar, y la diputada María Corina Machado fue defenestrada de su curul.
Ayala Corao destacó la presencia en el evento de la jueza María Lourdes Afiuni, quien precisamente este miércoles cumplió cinco años bajo proceso penal por acatar un dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. Este 10 de diciembre se debía reiniciar el juicio en su contra, pero, según su abogado José Amalio Graterol, las autoridades del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas acordaron un nuevo diferimiento.
Ruíz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, destacó que este año hubo un récord de agresiones a periodistas, reporteros gráficos y medios de comunicación: 247 casos. Lamentó que este tipo de excesos se mantenga en absoluta impunidad y anunció que las agresiones a los trabajadores de la Cadena Capriles, ocurridas en 2009, serán denunciadas ante las Naciones Unidas por la denegación de justicia que ha habido en Venezuela.
Al encuentro organizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones también acudieron familiares de los reclusos de la cárcel de Uribana. Humberto Prado, director de la ONG, dijo que la muerte de 48 prisioneros, supuestamente víctimas de intoxicación, constituye una evidencia más de la indolencia del Estado frente a la crisis penitenciaria.
En el acto se condecoró con la medalla Rómulo Gallegos, en su primera edición,  a los panelistas y a la jueza Afiuni, como un reconocimiento a su labor en la promoción y defensa de los Derechos Humanos. Los familiares de las víctimas de Uribana hicieron las entregas.