Pedro Carreño

Caro retó a Pedro Carreño a que se demuestre, a través de experticias, si la persona que mostró en una foto de la sesión del 8 de junio es efectivamente él

Foto: @VoluntadPopular

Gilber Caro, diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015, negó este jueves, 10 de junio, que Voluntad Popular (VP) financie bandas de la Cota 905.

Estas declaraciones vienen luego que Jorge Rodríguez, presidente de la AN chavista, acusó a la tolda naranja de estar vinculada a bandas armadas en Caracas.

«He visitado La Vega así como he visitado a todo el país, pero solo dedicado a las políticas de nuestra organización», señaló Caro en su declaración.

Además, Caro retó al chavista Pedro Carreño a que se demuestre, a través de experticias, si la persona que mostró en una foto de la sesión del 8 de junio es efectivamente él.

«Lo reto, en cualquier escenario, cualquier comunidad, que demuestre que ese es Gilber Caro. Tengo años trabajando en las comunidades. Ahora si ustedes creen que con la cárcel me han amedrentado, pues se equivocaron», sentenció.

Caro aseguró que no sorprende «que el régimen monte ollas», como esa vinculación con las bandas armadas.

«Quiero decirle al señor Pedro Carreño que fui electo en 2015 en esta organización. Siempre me voy a ir a las comunidades a buscar el voto, como demócrata (…) Tengo muchísimos años que no visito la Cota», dijo Caro.

Por otra parte, en relación a si estaba en campaña electoral, Caro aseguró que la que está haciendo es por el acuerdo de “Salvación Nacional” impulsado por Juan Guaidó.

#Caracas | Gilbert Caro rechaza señalamientos hechos por Jorge Rodríguez, quien responsabilizó a VP de financiar bandas de la Cota 905 -via @GabyGabyGG https://t.co/OIOOyz3QWJ pic.twitter.com/INW8TyuJk3

— El Pitazo (@ElPitazoTV) June 10, 2021

Con información de TalCual y El Pitazo

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En la misiva, los 62 eurodiputados expresaron su “profunda preocupación e indignación” ante la reunión celebrada el pasado día 14 en la sede del SEAE

Un grupo de 62 eurodiputados pidieron hoy explicaciones al alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, por la reunión que esta semana mantuvieron en Bruselas funcionarios del Servicio de Acción Exterior Europeo (SEAE) con parlamentarios venezolanos a los que califican de “acólitos del abominable régimen de Nicolás Maduro”.

Los 62 eurodiputados firmantes de la carta dirigida a Borrell e impulsada por el eurodiputado del PP Leopoldo López Gil, pertenecen al Grupo Popular Europeo (PPE), a Renew (liberales) y al grupo Conservador y Reformista Europeo (ECR).

En la misiva, los 62 eurodiputados expresaron su “profunda preocupación e indignación” ante la reunión celebrada el pasado día 14 en la sede del SEAE en Bruselas entre “altos funcionarios europeos” con una delegación venezolana compuesta por Pedro Carreño, Desireé Santos Amaral e Iris Varela, según un comunicado del PPE.

Un portavoz del SEAE confirmó ayer, jueves, a Efe que una delegación de diputados venezolanos, cuya composición no precisó, fue recibida “a petición suya” por funcionarios del SEAE para una “reunión técnica”, de las que “forman parte de la rutina diplomática diaria” de ese departamento y de las que no informan, pero en este caso “particular” hicieron una excepción por haberse “difundido algunas percepciones erróneas” sobre esa cita en la prensa.

Precisó que en ese encuentro “los funcionarios del SEAE reiteraron la posición de la UE sobre la falta de legitimidad democrática de las elecciones legislativas de diciembre”.

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*Con información de EFE

Carreño aseguró que los señalados por corrupción tendrán derecho a una defensa luego que se prepare el expediente

Pedro Carreño, diputado de la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, sugirió este lunes 25 de enero, confiscar los bienes de funcionarios públicos vinculados a presuntos entramados de corrupción.

“Desde este Parlamento debemos tener una visión en función de impactar los factores criminógenos para recudir la incidencia; de manera de que las leyes sean mecanismos elementalmente morales y éticos», dijo en una entrevista en VTV.

El dirigente chavista planteó en su declaración que se debe resarcir el daño patrimonial que se ha causado al país y no solo llevar presos a funcionarios corruptos.

«La sanción penal es necesaria, pero si no se resarce el daño patrimonial a la República no se surte de ningún efecto positivo en lo sustantivo”, añadió Carreño en la entrevista.

Asimismo, recordó que en la AN de Maduro hay una comisión que investiga posibles hechos de corrupción y llevar a comparecer a los implicados; en el contexto de las investigaciones que realizan al parlamento encabezado por Juan Guaidó.

Pero también, dijo que los señalados por esta comisión tendrán derecho a la defensa una vez que se prepare el expediente y determine el daño patrimonial.

“La derecha no es una organización con fines políticos, ellos son bandas criminales (…) No quieren a la patria, el futuro y el progreso de nuestro pueblo, lo que buscan es una posición económica que le brinda el imperio”, insistió.

Declaración del dip. Pedro Carreño es acertada y justa. Aplicar justicia a Guaidó y su banda no se resuelve "sólo" en lo penal, sino con resarcimiento al país del daño causado. No sólo ellos. Todos sus testaferros, asociados, familiares enriquecidos. Hay que ir por los bienes. pic.twitter.com/P0IGNPkGfX

— William Castillo B (@planwac) January 25, 2021

Con información de El Pitazo

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La lista incluye al jefe del Ceofanb, Remigio Ceballos Ichaso y al diputado de la ANC Pedro Carreño, ambos muy cercanos al gobernante Nicolás Maduro

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, impuso sanciones este martes 5 de noviembre contra cinco funcionarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro.

De acuerdo con la nota publicada en la web, el secretario del, Steven T. Mnuchin, expresó: «El Tesoro está identificando a funcionarios de alto nivel que actúan en nombre del régimen opresivo del ex presidente venezolano Nicolás Maduro, que continúa participando en niveles atroces de corrupción y abusos contra los derechos humanos».

Según el comunicado, los sancionados son los siguientes funcionarios:

1.- Remigio Ceballos Ichaso es almirante de la Armada venezolana y comandante del Comando Estratégico Operativo de las Fuerzas Armadas Nacionales (CEOFANB). Dijo públicamente en febrero de 2019 que los militares obedecerían las órdenes de Maduro de bloquear la llegada de ayuda a Venezuela y no aceptar las órdenes de personas que buscan crear desunión al permitir su entrada. Es sancionado como una persona sujeta a Medidas Económicas Especiales por el Gobierno de Canadá por desempeñar un papel clave en la crisis política y económica en Venezuela.

2.- Nestor Neptali Blanco Hurtado es un comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Ha trabajado con funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM), donde, según los informes, es responsable del uso excesivo de la fuerza y ​​el maltrato de los detenidos en las instalaciones de la DGCIM. En septiembre de 2019, fue sancionado por la UE por su participación en la tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos.

3.- José Adelino Ornelas Ferreira es el Secretario General del Consejo de Defensa Nacional (Secretario General del Consejo de Defensa de la Nación). Los miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas Nacionales han usado fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos y periodistas, incluida la violencia física severa. Es sancionado como una persona sujeta a Medidas Económicas Especiales por el Gobierno de Canadá por desempeñar un papel clave en la crisis política y económica en Venezuela.

4.- Pedro Miguel Carreño Escobar es Diputado de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ilegítima de Venezuela. Se ha desempeñado como parlamentario de la Asamblea Nacional de Venezuela ante el Parlamento latinoamericano y como ex capitán del ejército. El ANC fue creado a través de un proceso antidemocrático instigado por el régimen de Maduro para subvertir la voluntad del pueblo venezolano. Es sancionado como una persona sujeta a Medidas Económicas Especiales por el Gobierno de Canadá por desempeñar un papel clave en la crisis política y económica en Venezuela.

5.- Carlos Alberto Calderón Chirinos es un alto funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). También fue acusado de torturar a un manifestante pacífico que participó en una huelga de hambre para exigir la liberación de los estudiantes que habían sido encarcelados en mayo de 2014 en Venezuela. En septiembre de 2019, fue sancionado por la UE por su participación en la tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos.

Diferencia con sanciones de agosto:

A diferencia de los anuncios de sanciones previas al mes de agosto, en este caso el Departamento del Tesoro no incluyó un lenguaje que ofrezca un camino para el alivio de las sanciones para las personas que rompen con Maduro, destaca el político Geoff Ramsey.

The 5 Venezuelans sanctioned today are the first to be sanctioned under August EO 13884. Unlike pre-August sanctions announcements, in this case Treasury has not included language offering a path to sanctions relief for individuals that break from Maduro https://t.co/jEeohhg8g2

— Geoff Ramsey (@GRamsey_LatAm) November 5, 2019

Con información de Departamento del Tesoro

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LA MINISTRA DE SERVICIOS PENITENCIARIOS, Iris Varela, apoyó este miércoles 12 de septiembre al constituyente oficialista Pedro Carreño, quien advirtió a los Estados Unidos que “quien persiga a los chavistas va a pagarlo con sangre”.

Desde su cuenta en Twitter, Varela se manifestó “totalmente de acuerdo” con Carreño, al tiempo que pidió a “los revolucionarios” no poner “la otra mejilla” y que el opositor “la debe pagar y punto”.

“Quien persiga a los chavistas va a pagarlo con sangre”, comentó Carreño durante una concentración en la Plaza Brión de Chacaíto en rechazo “a los ataques del imperialismo”, acompañado de un lenguaje cargado de adjetivos contra el gobierno estadounidense que encabeza Donald Trump, tras asegurar que las palabras de su embajadora ante la ONU en contra del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, tienen la pretensión de “afectarlo moralmente”.

La diplomática, Nikki Haley, lo acusó de haber transitado los niveles más altos del Gobierno “y en cada uno de esos cargos gubernamentales ha explotado su poder para forrar sus propios bolsillos”.

La canciller colombiana, María Ángela Holguín, rechazó las declaraciones del diputado venezolano Pedro Carreño, quien planteó atacar a Colombia si Estados Unidos invade a Venezuela.

El constituyente Pedro Carreño dijo que la presidencia del Psuv ha dado «lineamientos» a la organización para evaluar un referéndum «revocatorio» a los diputados del Parlamento, controlado por la oposición.

«Hemos recibido lineamientos (…) del primer vicepresidente del partido, el camarada Diosdado Cabello, de efectuar una evaluación en los 23 estados más el Distrito Capital para nosotros presentar una propuesta consensuada de a quiénes es que se les va a recoger las firmas para aplicarle el referéndum revocatorio», dijo en una entrevista grabada al canal privado Televen y transmitida hoy.

Según dijo, a los diputados del Parlamento, que resaltó, se encuentra en «desacato» al Supremo y que por ello sus actos son «nulos», se les «cumple la mitad» de su período a finales de este mes y que, de acuerdo con la Constitución, si se recoge el 20 % de las firmas del padrón electoral esto puede aplicarse.

El también vicepresidente regional del partido para los estados Zulia (noreste) y Trujillo (oeste) indicó que de realizarse esto sería con motivo de una «sanción ética» y «moral» porque la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) «no está cumpliendo ninguna competencia» y «no está haciendo absolutamente nada».

El artículo 72 de la Constitución de Venezuela establece que «todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables» y que «transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario» se podrá solicitar la convocatoria de «un referendo para revocar su mandato».

En 2016 la oposición venezolana recogió firmas para revocar el mandato de Nicolás Maduro, pero tras denunciar una serie de trabas y luego de ordenes de tribunales de siete estados el referendo quedó suspendido por un supuesto fraude de rúbricas.