En el caso contra John Álvarez el Ministerio Público presentó un escrito de acusación que según el abogado Joel García “es irresponsable”, “una burla” y “no resiste el más mínimo análisis jurídico”
Foto: @Andrea_GP21
El estudiante universitario John Álvarez se encuentra preso porque la justicia venezolana sigue utilizando a los «patriotas cooperantes», es decir, informantes anónimos, para sustentar juicios.
De acuerdo con una nota de Suprema Injusticia, esta figura se utilizó en el sustento de la acusación por «conspiración y asociación» que presentó la Fiscalía en contra de Álvarez.
El juez primero de Control con competencia en terrorismo, Franklin Mejías consideró como válida la información de un “patriota cooperante” para finalmente enviar a juicio al joven de 24 años.
Pero además, el tribunal acordó que Álvarez seguirá detenido en el mismo centro de reclusión donde fue torturado. Esto, dejando de lado las denuncias por los malos tratos que corroboró un examen avalado por la Fiscalía.
En esos estudios se evidenció la pérdida de la visión en su ojo izquierdo e inflamación en su riñón izquierdo, entre otras lesiones.
“Nuestra Constitución, en su artículo 57, prohíbe toda forma de anonimato”. Es el alegato con fundamento constitucional que esgrimió el abogado Joel García, defensor de John Álvarez
Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó pronunciarse contra la figura de los «patriotas cooperantes» avalados desde el gobierno en un fallo emitido en mayo de 2023 – y firmado como ponente por la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, actual presidenta de este juzgado- en el que se lee que la denuncia contra un patriota cooperante, cuyo testimonio sustentó la detención de un ciudadano en el estado Zulia, no afecta “el orden público, ni las buenas costumbres o una parte de la colectividad”. Y hasta fue multado el accionante.
En esta oportunidad ,el accionante alegaba que admitir como prueba el testimonio anónimo de un «patriota cooperante» viola las garantías constitucionales a la igualdad de la ley, derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y a la prohibición del anonimato. Nada pasó.
Así pues, explica Suprema Injusticia, que la figura del «patriota cooperante» en Venezuela como delator anónimo, está «intacta» y su testimonio es considerado de peso por los tribunales venezolanos para llevar a juicio a cualquier ciudadano.
En el caso contra John Álvarez el Ministerio Público presentó un escrito de acusación que según el abogado Joel García “es irresponsable”, “una burla”: «No resiste el más mínimo análisis jurídico”.
Un video mostrado por el Presidente de la República en su programa, En Contacto con Maduro número 36, revela como José Rafael Perez Venta —el hombre imputado por el descuartizamiento de Liana Hergueta y señalado de ser un presunto «patriota cooperante»— ofrece a a funcionarios policiales del Gobierno información que involucran a líderes y activistas de oposición en supuestos hechos de violencia política.
A las 9:50 del martes 18 de agosto, Nicolás Maduro ordenó emitir el video donde aparecía José Rafael Pérez Venta ofreciendo detalles de los sucesos violentos de febrero de 2014. Pérez Venta prácticamente mencionó a todos los líderes de la oposición dentro de estos hechos. Así, implicó a María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma en los sucesos donde la sede del Ministerio Público fue atacada durante esos días.
El asesino de Liana Hergueta también dijo haber recibido lineamientos de Richard Blanco, de ABP, para provocar disturbios y las llamadas guarimbas en 2014.
Según Pérez Venta, también se celebraron reuniones privadas con el presidente-editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, cuyos lineamientos, según el implicado en la muerte de Hergueta, eran «el financiamiento completo y perpetuo para los enfrentamientos en los disturbios» de principios de 2014. Este joven señala como financista a una mujer llamada Betty Grossi, así como a los congresistas estadounidenses Liliana Ross–Lehtinen y Marco Rubio, y la actriz cubano-venezolana María Conchita Alonso.
Concluido ese video, Maduro recriminó a la oposición y advirtió que perseguirían a todos los implicados y conspiradores «en sus madrigueras» y los capturarían.
En julio de 2014, la técnico superior en procesos químicos, Araminta González, brindó alojamiento en su residencia de Guarenas a Carlos Eduardo Trejo y José Pérez Venta, dos supuestos activistas de “la resistencia” y de Operación Libertad. Dos semanas más tarde, denunció en redes sociales el hurto de artículos de tecnología y enseres en su apartamento y señaló como responsables a los jóvenes a quienes dio refugio
Dos días después fue detenida por funcionarios del Cicpc. Las autoridades se valieron del testimonio de uno de estos “patriota cooperante” para imputarla por complicidad en un supuesto plan desestabilizador para elaborar explosivos. Ha pasado un año presa en el INOF sin que se celebre la audiencia preliminar en su caso
Trejo y Pérez Venta —quien hasta 2010 era ferviente seguidor de líderes del chavismo en twitter— serían los presuntos «patriotas cooperantes» señalados de entregar a González y de haber infiltrado partidos políticos de oposición, como ABP, Primero Justicia y Voluntad Popular. Ambos fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el asesinato de Liana Aixa Hergueta, la mujer que fue hallada descuartizada en un vehículo Mazda 3 abandonado en la urbanización Las Palmas
@albertoyajure
UNA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA SOBRE LA DETENCIÓN de Araminta González condujo a dos hombres que se hacían pasar por activistas estudiantiles y dirigentes de partidos políticos de oposición: Carlos Eduardo Trejo y José Rafael Pérez Venta. Ambos han sido señalados como «patriotas cooperantes» (informantes de cuerpos de seguridad del Estado) que infiltraron partidos políticos de oposición para entregar a estudiantes y manifestantes que participaron en las protestas de 2014.
Los registros de las conversaciones entre ambos, sus actividades en las redes sociales y sus testimonios ofrecidos en exclusiva a Runrunes revelan la trama de esta estructura de espionaje político y crimen:
“Yo mañana voy al Sebin y la voy a pajear durísimo, hermano”, se lee en una fotografía que muestra un diálogo telefónico entre dos personas. La comunicación ocurre por medio del servicio de mensajería de Blackberry PIN. En otra línea del mismo diálogo aparece: “Lo siento. Es mi nombre el que está en juego”.
Luego, más abajo, llega la respuesta: “Déle con furia”.
La conversación tuvo lugar al menos tres días antes de la detención de Araminta González por parte de funcionarios de la División Contra el Terrorismo del Cicpc. Los interlocutores son dos “activistas” y manifestantes a los que González dio alojamiento en su apartamento, en la urbanización Menca de Leoni, en Guarenas, Miranda, durante el mes julio de 2014.
González —graduada con título universitario en procesos químicos del Instituto Universitario de Tecnología Dr. Federico Rivera Palacios— fue apresada el 24 de julio de 2014 en las inmediaciones del Centro Comercial Lido, en Chacao, Caracas. Fue acusada de cargos de terrorismo, asociación para delinquir y elaboración ilegal de explosivos. El cargo de terrorismo fue desestimado por el Ministerio Público (MP) en los meses siguientes.
En el expediente de su causa judicial se menciona que las autoridades habían recibido una llamada de un “patriota cooperante” que había señalado a González, quien trabajaba en una empresa farmacéutica, como cómplice en una supuesta conspiración para elaborar explosivos que serían luego colocados en varios puntos de Caracas. El objetivo del plan era, según las autoridades, desestabilizar el país y volver a “encender” las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sofocadas tras una oleada de allanamientos y detenciones masivas durante abril y mayo de 2014.
En la documentación también se reseña como supuesto cabecilla de la conspiración al politólogo Vasco Da Costa y a otros dos implicados: el técnico electrónico José Luis Santamaría y un administrador en el Banco Central de Venezuela (BCV), llamado Efraín Ortega. Todos los acusados fueron detenidos el 24 de julio y han permanecido un año encarcelados sin que se haya celebrado la audiencia preliminar, suspendida en trece ocasiones, casi una por mes. La ausencia del MP ha sido la causa de la mayoría de los diferimientos en el juicio.
Las circunstancias que rodearon la acusación contra Araminta González no están del todo claras. Hay —sin embargo— algunas certezas, mucho silencio y miedo. Entre quienes la conocieron como una simpatizante de la oposición se ha levantado un muro de intrigas y desconfianza. Cada uno tiene un testimonio que protege como un pedazo de verdad, cada uno afirma saber algo y cree poseer la clave que puede ayudar a esclarecer el caso. Pero no siempre están dispuestos a hablar, mucho menos a que se les cite con nombres y apellidos.
Sobre la trama que se tejió semanas antes de la detención de González y en los meses que siguieron de su encarcelamiento, la mayoría de los consultados para este reportaje concede algunos hechos de manera unánime.
Araminta González fue torturada y está presa en el INOF
Un robo y la delación de un “patriota cooperante”
Tres semanas antes de su detención, el 5 de julio de 2014, González prestó alojamiento en su residencia a dos jóvenes que supuestamente militaban en movimientos de la disidencia política y que participaban en manifestaciones. Carlos Eduardo Trejo Mosquera, natural de Valera, estado Trujillo, era uno de ellos.
Trejo había sido estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Carabobo (UC), en Valencia. En 2013 se involucró con agrupaciones de estudiantes, antes de formalizar su inclusión en un movimiento que se conoció como Operación Libertad y que dirigía Lorent Gómez Saleh, detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en Plaza Venezuela, Caracas. En su perfil de Facebook, público hasta el sábado 8 de agosto, mostraba fotografías suyas vistiendo camisetas y en actos de dos partidos de oposición: Primero Justicia y Voluntad Popular.
El segundo huésped era José Rafael Pérez Venta, quien se declaraba simpatizante y activista de Voluntad Popular (VP). La biografía de Pérez Venta es confusa y está llena de inconsistencias. Posee tres perfiles conocidos en Facebook y ha manejado al menos cuatro cuentas distintas en Twitter.
Asegura que estudió una licenciatura en Ciencias Navales en la Academia Militar de la Armada, se declara “preso político” y afirma que estuvo detenido en Ramo Verde entre 2007 y 2010. También manifiesta que en 2011 hizo un «Máster en Gobernabilidad y Gerencia Política» en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en Caracas.
En otra cuenta, también en Facebook, se aprecia una fotografía en la que viste de uniforme militar. En su biografía coloca que estudió Derecho en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), que trabaja en el Ejército venezolano y que reside en Miami Beach, Florida. En entrevista con Runrunes, el 3 de agosto de 2015, afirmó que había cursado la carrera de Derecho en la Universidad de Carabobo (UC), en Valencia.
Pérez Venta también abrió una cuenta o perfil en la red profesional Linkedin, con una fotografía en la que aparece vestido de negro en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Allí se afirma que trabajó como “Coordinador Comunitario de Voluntad Popular” entre 2013 y 2014; también que estuvo empleado entre 2001 y 2013 (11 años) como “Analista de Soporte Técnico” en Ford Motors y como “Gerente de Desarrollo de Negocios” de Nexsys, una empresa de software en Colombia entre 2000 y 2002.
Carlos Eduardo Trejo (izquierda) y José Pérez Venta (derecha)
Tanto Trejo como Pérez Venta admitieron para este reportaje haber pernoctado en la residencia de González. Se sabe que Trejo se quedó durante poco más de dos semanas. Pérez Venta habría dormido en esa residencia durante ocho o nueve noches. Tugomir Yépez, estudiante de la UCV y vinculado con el partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), reconoce también haber compartido con ambos durante una velada en el inmueble:
“Yo estaba viendo un partido de fútbol del Mundial, cuando en la noche me llama un amigo [Pérez Venta] que se encontraba en casa de Ara —así la conocí—. Él estaba junto a otra persona [Trejo], me dijo que se estaban quedando en Guarenas y que si podía ir hasta allá. Compré una botella de ron. Pensé que estaban en casa de un amigo, nuestro plan era tomarnos algo ahí. Cuando llegué al apartamento, estaban solo ellos dos, Ara aún no había llegado de su trabajo”, relata desde París, Francia, donde afirma que se encuentra “exiliado”.
Pérez Venta afirmó a Runrunes que fue él quien sirvió como mediador para que González recibiera a Trejo en su casa durante unos días. La estancia, sin embargo, se prolongó y terminó de manera abrupta y agria. Aunque eran “compañeros” y estuvieron vinculados a Operación Libertad, hoy ambos se declaran adversarios, se acusan mutuamente y ofrecen versiones disímiles sobre la autoría del hurto de artículos que pertenecían a González y su familia.
Un relato de Araminta González, reconstruido a través de uno de sus defensores, el abogado José Vicente Haro, da cuenta de las circunstancias en las que ella asegura haberle entregado las llaves de su casa a Carlos Eduardo Trejo. De acuerdo con esta versión, Trejo engañó una tarde a González para que le “prestara” las llaves del apartamento, pues necesitaba buscar su cédula para presentarse en tribunales. Trejo había sido detenido meses antes, durante el desmantelamiento de los campamentos estudiantiles en Caracas. Su nombre aparece en una pieza del expediente de la causa judicial contra la dirigente de la UCV, Sairam Rivas. Los cargos contra Trejo —y otros 43 jóvenes— fueron sobreseídos en agosto de 2014.
De allí en adelante, la historia se desenvuelve en distintos escenarios y con varios actores. Un amigo de González en Guarenas que accedió a hablar para este reportaje declara: “Ella me llamó llorando… estaba alterada, muy molesta. Me dijo que había vuelto a casa del trabajo, pero que no había podido entrar al apartamento porque no tenía las llaves. Se cansó de tocar el timbre, pero no lo escuchaba desde el otro lado. Me contó que llamó por teléfono a estos chamos y que ninguno le respondió. Se habían ido y ella tuvo que dormir en casa de una vecina”. Esto ocurrió el lunes 21 de julio, tres días antes de la detención.
Una compañera, que asegura haberle aconsejado enérgicamente sobre los riesgos de hospedar a Trejo y a Pérez Venta en su casa, relata: “Yo le advertí que no metiera gente en su casa, pero ella no me hizo caso. Le dije que se calmara, que llamara a un cerrajero y que pidiera dinero prestado, porque seguramente le iba costar una plata. Al día siguiente rompieron todo y ella mandó a cambiar las cerraduras. Pero cuando entró al apartamento se encontró con que todo estaba revuelto y faltaban algunas cosas”. Esto pasó el martes 22 de julio de 2014.
En el inventario de objetos sustraídos del apartamento de González se incluyen, de acuerdo a distintas versiones de allegados: una laptop, un disco duro externo, una cónsola de videojuegos, varios discos, electrodomésticos, una cadena de oro, prendas, un celular y un alisador de cabello. El hurto y la salida intempestiva de Trejo y Pérez Venta del apartamento ocurrió el lunes 21 de julio, tres días antes de la detención de Araminta González.
Una amenaza
Capturas telefónicas que muestran el intercambio de mensajes entre Trejo y Pérez Venta
González consideró hacer una denuncia por robo ante el Cicpc. Al menos así lo hizo saber a dos personas que le recomendaron que acudiera ante las autoridades. Las razones por las cuales no logró formalizar la acusación no están claras, aunque sí declaró a sus abogados que recibió amenazas tras haber publicado mensajes en sus cuentas de redes sociales en las que advertía sobre Carlos Eduardo Trejo y José Pérez Venta.
Un fragmento de un mensaje que escribió en su cuenta en Facebook decía: “Informo: urgente, dos jóvenes que se hacen pasar por perseguidos políticos para que los alojen en sus casas, luego que adquieren confianza de las personas y averiguan todo lo que pueden de la familia, les roban, actúan en pareja, uno se lleva todo y el otro se hace el que no sabe nada, ha ocurrido en otros estados, pendiente, a mí me pasó, se quedaron dos semanas en mi casa…”
Además, tuiteó y señaló a Trejo y a Pérez Venta como responsables del hurto de artículos en su casa. La noticia llegó rápidamente a chats y redes sociales. Las cuentas de González fueron hackeadas en los días posteriores a la desaparición de su computadora. Un testimonio da cuenta de que habrían sido sus compañeros de trabajo, el 22 de julio, en Genéricos Venezolanos, quienes le avisaron que su perfil en Facebook había sido llenado de imágenes alusivas al oficialismo.
La tensión se acumuló rápidamente. Hubo discusiones e insultos. Trejo y Pérez Venta ya habían abandonado el apartamento. El primero cargó con las llaves de González y partió —primero— San Antonio de Los Altos, en Miranda. De allí pasó a San Diego, en Carabobo, y después a casa de una estudiante en el estado Falcón. El segundo volvió a Caracas, según dijo, a casa de una tía en Roca Tarpeya.
Ambos comenzaron a ser increpados. Un dirigente estudiantil de la UCV atestigua: “Yo llamé a Tugomir, porque él era muy amigo de ellos. Le pregunté por esos chamos y lo que había pasado, pero él me dijo que todo era un chisme y luego me sacó el cuerpo, siempre decía que estaba ocupado. Después hablé con Trejo, y él se molestó y dijo que ella (Araminta) era una habladora de paja”.
A medida que avanzaban los días, el conflicto se alimentaba de las críticas. Tres capturas de pantalla muestran una discusión entre Trejo y Pérez:
—Carlos Trejo: Y qué pasó con la laptop? —José Pérez: Aquí. —CT: No la ibas a vender pues? —JP: Ajá
Después, en otra fotografía se lee:
—CT: Marico responde. —JP: Esta carajita se volvió fue loca. —CT: Si? Aclara eso José, de una, de pana. Yo mañana voy al Sebin y la voy a pajear durísimo, hermano. Lo siento.
En otra imagen, el intercambio escala en acusaciones mutuas:
—JP: A todo el mundo le he dado la cara. Ud se quedó con las llaves. Tú sabrás lo que hiciste, quedaste mal con todo el mundo como ladrón. Que decepción!!!! —CT: Si? Claro culpame y lávate las manos, es lo mejor que sabes hacer.
Trejo admitió el martes 4 de agosto en una entrevista telefónica con Runrunes que las capturas y el registro de la conversación son auténticas. Descarta, sin embargo, que hubiese sido él quien sustrajo la laptop y las “otras cosas” desaparecidas de la residencia de González.
“Yo se lo dije muchas veces a Ara: ‘A mí no me gusta que tengas esas confrontaciones con tu hermana por tenerme aquí. Prefiero irme y que tú te evites problemas con tu hermana’… Hubo un altercado con Pérez Venta, en el que sustrajo varias cosas del apartamento de Ara y me deja a mí las llaves de su casa… Una computadora y otras cosas que se robó. Yo lamentablemente tuve conocimiento de esto y se lo dije más de una vez [a Pérez Venta]: ‘No hagas esto, marico, porque Ara nos está ayudando’… Pero la forma en que él la trabajó psicológicamente fue muy ruda… Él me respondió: ‘Tranquilo, que Ara no se va a enterar y nosotros nos perdemos’ ”.
Trejo reconoció haberse quedado con las llaves del apartamento de González. Aceptó incluso haber estado en el mismo lugar y momento en el que él asegura que Pérez tomó los objetos del inmueble. Cuando se le preguntó sobre el chat con la amenaza de acusarla en el Sebin, respondió: “Sí, lo reconozco. Yo dije eso porque estaba cansado del peo de que me acusaran de algo que yo no hice. Ella y yo conversamos. Tuvimos discusiones bien fuertes, pero al final de cuentas no pasó a mayores. De allí a decir que yo fui, la acusé y la entregué, eso nunca pasó”.
¿Quién es José Pérez Venta?
Los múltiples perfiles y facetas de José Rafael Pérez Venta en redes sociales
José Rafael Pérez Venta tiene 29 años, y mide casi 1,70 metros. Se presenta con una chemise roja, una gorra azul —que usa volteada hacia atrás— y lleva en su muñeca un reloj dorado, marca Citizen.
Pérez Venta afirma haber integrado las plataformas juveniles JAVU y Operación Libertad. En varias fotografías se le ve con camisetas de ambos movimientos. “Lorent Saleh me invitó a Colombia”, dice; y añade que tanto el ex ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, como el presidente de la AN, Diosdado Cabello, lo han nombrado a él “muchas veces”.
Frecuentaba eventos de la disidencia política. Varias fotografías lo muestran en la vigilia tras el asesinato de Mónica Spear, en enero en 2014 en la plaza Alfredo Sadel; también en la entrega del dirigente Leopoldo López —en febrero— y detrás de María Corina Machado, cuando se presentó en el MP tras su imputación, el 3 de diciembre. También en la misa por un año del asesinato de Bassil Da Costa y en una foto con Henrique Capriles Radonski en la que lo felicita por su cumpleaños, el 11 de julio de 2015.
“Entré a Voluntad Popular (VP) en 2013 desde Carabobo. Articulé con el equipo en Valencia y luego en Chacao. He hecho activismo político. Estuve en las protestas en la OEA, en las huelgas de hambre en la plaza La Castellana y en el campamento en la plaza Alfredo Sadel”, se ufana.
Pero un alto dirigente de VP le confiere la categoría de simpatizante o voluntario. Admite que frecuentaba la sede, pero descarta que haya tenido algún cargo o participación en decisiones o reuniones internas del partido. Analiza una fotografía en la que se le ve con una camisa naranja con el logo de VP y su nombre en el pectoral derecho y asegura que no es auténtica. Insiste en que el partido no entrega camisas a militantes. En todo caso, estas tienen una características específicas, no como la que vistió Pérez Venta, de la marca Columbia.
“La primera vez que lo vi fue en la Tintorería [como se conoce a la antigua sede de VP en Chacao]. Se vendía como alguien que sabía de inteligencia y hablaba mucho. Nunca se supo donde vivía, él siempre se quedaba en casas de otra gente. Iba y venía, se perdía por semanas o meses. Después lo veías otra vez por ahí”, relata un funcionario del Concejo Municipal de Chacao.
En 2014, Pérez Venta envió cartas y correos electrónicos a varias personas —a los que tuvo acceso Runrunes—, en las que solicitó dinero a “sectores privados, comerciales y entre la población en general” para las manifestaciones y estudiantes presos. Eran comunicaciones en las que firmaba como Operación Libertad. Debajo de su nombre colocaba: “Ex preso político y dirigente de VP. @SinmiedoVP”.
Pérez Venta (derecha) junto al dirigente opositor Leopoldo López, en su entrega a la GNB el 18 de febrero de 2014 en Chacaíto
Tres dirigentes del partido aclaran que las alarmas se encendieron cuando Pérez Venta fue visto trabajando como vigilante en la garita de la urbanización donde reside el alcalde de El Hatillo, David Smolansky, en La Boyera. “Algunos concluyeron que era un infiltrado”, rememora una de las fuentes. No hay consenso en cuanto a las razones por las que se desvinculó de la organización política.
Después se unió al partido Alianza Bravo Pueblo (ABP). Rápidamente se “autoproclamó” “coordinador nacional de DD HH” y también escribió en redes que pertenecía a Amnistía Internacional (AI). En Twitter —sin embargo— lo han acusado de infiltrado. Él lo sabe y confirma que lo separaron de ABP porque lo consideran un “patriota cooperante”.
Se defiende de los señalamientos: “Yo no entraba a las sesiones, ni a las reuniones. ¿Cómo pude saltarme los anillos? Me cansé de todo, decidí separarme de todos los partidos… Los reto a que demuestren y saquen todas las pruebas… Ojalá algún día caigan bajo el mazo de Dios como único juez terrenal y universal”.
Pérez Venta se involucró sentimentalmente con una integrante del equipo de confianza del dirigente Carlos Vecchio. En junio de 2014 el coordinador político de Voluntad Popular se vio obligado a salir del país, después de que se librara una orden de detención en su contra por supuestos delitos de incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública y privada y asociación para delinquir. Más recientemente, Pérez Venta se relacionó con una trabajadora del equipo del alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, quien fue detenido por el Sebin.
Un dirigente de VP reveló: «Cuando detuvieron a Ledezma, yo estuve en Plaza Venezuela acompañando a Mitzy. Al día siguiente me dirigí a la sede del partido, en el edificio Exa de El Rosal. Pérez Venta fue la primera persona que vi cuando entré a la oficina». Además, él asistía a las audiencias en los juicios contra Leopoldo López y el alcalde metropolitano.
Una revisión a su cuenta en Twitter (@perezventa) descubre que Pérez Venta era un ferviente seguidor del oficialismo. Entre 2008 y 2010 tuiteaba intensamente y mencionaba con frecuencia las cuentas del expresidente Hugo Chávez (@chavezcandanga) y del diputado Diosdado Cabello (@dcabellor), a quienes llamaba «camarada», «Comandante», «padre». Se decía soldado de la revolución y pedía desesperadamente —suplicaba— auxilio para que le adjudicaran una vivienda.
También menciona una esposa, llamada Milagros del Valle Gómez, quien trabajó hasta el 31 de julio de 2015 en el Ministerio de Vivienda, según consta en el registro ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). En un período de dos años, entre 2010 y 2012, Pérez Venta pasó de ser un efusivo y fervoroso militante de la revolución a un acérrimo disidente vinculado a partidos políticos, líderes de oposición, y un calculador manifestante.
Entre otras inconsistencias, Pérez Venta ofrece dos fechas distintas en las que cursó estudios en la Academia Militar de la Armada. Es otro componente de las FANB, distinto al que aparece en uno de sus perfiles de Facebook. Relata que fue preso político, que estuvo detenido en Ramo Verde entre 2007 y 2010, que le imputaron cargos por “sustracción de efectos de las FANB, usurpación de funciones, sublevación e insubordinación”.
Afirma que integró en 2007 un grupo de rebeldes contra el “Plan Ávila” que “vació el parque” de dos regimientos que eran —según dijo— el Batallón 342 G/B Pedro Briceño Méndez y el Batallón Juan de Dios Agraz. Dice que la mayoría de sus compañeros está en Estados Unidos, que lo iban a sacar del país, pero que él cayó detenido.
Sobre su espectacular escape y recaptura, esta es la versión:
“Bebí cloro, para que me sacaran. Me llevaron al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, me internaron y tuvieron que operarme. Estando de reposo, me asignaron un custodio. Yo me gané su confianza. Cuando se quedó dormido, me escapé por la escalera de servicio. Agarré un taxi hasta Maracay. Pero allí me agarraron de nuevo y me devolvieron a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Boleíta, y luego a la 35 Brigada de la Policía Militar, en Fuerte Tiuna. Me golpearon, y me trasladaron de nuevo a Ramo Verde. Me ayudó la jueza Aniole Berberaggi Infante y me entrevisté con Eladio Aponte Aponte, que era fiscal militar. Yo negocié para que mi fuga no la incluyeran. Después me expulsaron”.
Se le indica que en la Corte Marcial no se encontraron evidencias de ningún proceso judicial contra él. Guarda silencio. Su perfil de Facebook del año 2008 muestra un joven militar del Ejército Bolivariano. Se ven también algunas fotos de su familia: esposa, dos hijos. Reseña que estudió en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y en la UNEFA.
Pérez Venta y su foto en Linkedin, en la AN
José Pérez Venta acusó a su otrora amigo inseparable, Carlos Trejo, de haberse llevado todos los artículos desaparecidos del apartamento de Araminta González. Lo tilda de infiltrado y de ladrón. Asegura que no era la primera vez que Trejo había “robado” a alguien y ofrece como pruebas un par de capturas de decenas que él tiene guardadas en su celular con diálogos en los que hace ver que personas señalan a Trejo como un “estafador”.
Menciona a Liana Hergueta, de quien da su número telefónico y dice que es una víctima de las estafas de Trejo. En efecto, Hergueta había publicado en mayo varios tuits en su cuenta en Twitter en los que acusaba a Trejo de haberla estafado por una suma de 1 millón 300 mil bolívares en una transacción de compra venta de dólares.
Cuatro días después de la entrevista con Pérez Venta, el viernes 7 de agosto, Hergueta fue hallada muerta en la calle Los Manolos, de Las Palmas, en Caracas. Su cuerpo desmembrado estaba dentro de un vehículo azul, Mazda 3. Un amiga de Hergueta declaró aLa Región que la mujer fue citada el jueves en Caracas por un supuesto dirigente de ABP y el viernes apareció muerta.
El primer sospechoso por el crimen fue Trejo. Pero el lunes 10 de agosto en la noche, se conoció por fuentes policiales, que fue allanada una de las residencias donde vivía Pérez Venta. Ese mismo día fue detenido por funcionarios de la División contra Homicidios del Cicpc por su presunta vinculación con el asesinato de Hergueta.
El martes 11 de agosto en horas de la tarde fue capturado en Yaracuy, Carlos Trejo. En un boletín, el Ministerio Público informa sobre la detención de ambos hombres y agrega que serán imputados por el homicidio de Hergueta. «Tras varias diligencias de investigación coordinadas por el Ministerio Público y ejecutadas por el Cicpc, se logró determinar la presunta vinculación de Pérez Venta y Trejo Mosquera con el mencionado hecho», dice la nota de prensa.
Ambos «patriotas cooperantes» habrían confesado su participación en el homicidio de Liana Hergueta. Se pudo conocer de fuentes policiales que Trejo citó a la mujer, con la excusa de cancelarle la deuda que tenía con ella. Pérez Vente fue quien la desmembró.
Con el mazo dando
Araminta González es otra de las víctimas de los dos «patriotas cooperantes». Tiene 33 años, dos hermanas y un sobrino. Ambos padres fallecieron de cáncer. Su papá murió cuando ella tenía nueve años, y cuatro años después sobrevino el deceso de su mamá. Su hermana mayor asumió el rol de madre. Le sigue Miriam, quien trabajó durante un tiempo en Digitel hasta que se mudó a Madrid, España, donde cursa un postgrado.
Araminta era “hiperactiva”, cultivó hábitos como la lectura, le gustaba ir al gimnasio, subir a El Ávila después del trabajo y escuchar música pop en inglés. La familia la completa un niño de nueve años, hijo de su hermana mayor. El mismo lazo maternal que asumió la mayor de las González, lo manifestaba ella por su sobrino.
Una amiga de la familia narra: “Ellas salieron adelante trabajando muy duro. El papá les dejó ese apartamento, que por lo menos era una base. Son profesionales. Araminta es una mujer de una inteligencia superior, una excelente estudiante, desde pequeña se formó sin mayor apoyo del que se brindaron entre ellas. Eran muy unidas”.
En 2010 se tituló como técnico superior en procesos químicos. De a poco se abrió camino con una carrera profesional en la industria farmacéutica. Comenzó a trabajar como especialista en control de calidad en Calox International, una empresa especializada en la elaboración de medicamentos genéricos, donde se encargó del área de pruebas.
Luego de tres años, González decidió cambiar de trabajo e ingresó como analista físico química en Genéricos Venezolanos (GV), una farmacéutica asentada en Guarenas, que opera en el país bajo el paraguas de Laboratorios Leti, un conglomerado de empresas del ramo en el que también se incluye Laboratorios Gentek. Una ex compañera de trabajo recuerda: “Ella se fue a Genéricos Venezolanos porque le quedaba más cerca de su casa. Era emprendedora, valiente, muy luchadora”.
En noviembre de 2013, González comenzó a frecuentar concentraciones que se dieron a conocer como el “movimiento de autoconvocados”. Eran en su mayoría “marchas”, movilizaciones y manifestaciones pacíficas, algunas con pancartas, convocadas a través de las redes sociales y Twitter. Fueron los primeros pasos en un activismo que se prolongó hasta su detención en 2014.
“La conocí en una concentración en Guarenas. Era una chama buena gente, quizá muy inocente. Eso sí, muy profesional en su trabajo, muy dedicada. Pero estoy seguro de que no es ninguna terrorista. Era —cuando mucho— una simpatizante”, la describe un conocido y activista de oposición de Nueva Casarapa.
González frecuentaba los campamentos de estudiantes. Otras cuatro personas que accedieron a brindar su testimonio bajo condición de anonimato la describen como una persona introvertida, ingenua. Le otorgan adjetivos como noble, y afirman que hacía latente su preocupación por los problemas del país.
Una de sus amigas detalla: “Ella subía con frecuencia a Caracas desde Guarenas. Preguntaba a todos si habían comido y les compraba cena, gastaba un dineral en shawarmas y hamburguesas para un gentío, regalaba la plata, les daba agua, ropa, tarjetas telefónicas. Se iba quedar pelando bola, pero a ella no le importaba”.
En abril de 2014 viajó a San Cristóbal y se sumó a manifestaciones. De esa experiencia no saldría ilesa. Recibió un impacto de perdigón que provocó que la trasladaran a un centro médico donde la sometieron a una operación en la que perdió un ovario. “Su hermana mayor, que es evangélica, se preocupaba mucho por ella, estaba muy angustiada”, resume una amiga.
Después González desoyó los consejos de gente cercana. Cuando decidió acoger en su casa a dos desconocidos, se produjo una ruptura: su hermana mayor optó por mudarse del apartamento. No hubo contacto ni visitas. Después de que se conoció de la detención de Araminta, sus amigos tomaron distancia, temiendo represalias y peligros.
Un día después de su aprehensión, el entonces titular del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, mencionó a Vasco Da Costa, como el “cabecilla” del “Movimiento Resistencia”. En esa oportunidad no nombró a González. Lo que sí dijo fue que sería Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional (AN), quien se encargaría de informar sobre el desmantelamiento de una supuesta “célula terrorista”. El programa televisivo que conduce Cabello y que transmite VTV se basa en las acusaciones e informaciones aportados por «patriotas cooperantes», que es el término que el Gobierno da a los infiltrados y delatores.
La naturaleza de su trabajo como química es uno los argumentos que usaron las autoridades para vincularla con los cargos de explosivos. “Les expliqué que soy químico y que esos equipos no podían utilizarse para elaborar explosivos porque, para elaborarlos, se requieren unas condiciones específicas. Les repetí que yo no podía hacer ese tipo de explosivo en mi casa. Les expliqué que no sabía de electrónica, ni de detonantes…”, reza un fragmento de una carta escrita por González y citada por el periodista José Domingo Blanco en una columna de opinión publicada en Runrunes el 25 de junio de 2015.
Cuando Cabello mencionó a González en la edición del 7 de agosto de 2014 de su programa “Con el mazo dando”, transmitido por VTV, se refirió a ella con el alias de “Dora La Exploradora”. También mencionó a José Luis Santamaría como “El topito” y aseguró que trabajaba junto a Da Costa en un plan para “desestabilizar” el país. También afirmó que el Cicpc había hallado explosivos y detonadores.
Haro, abogado defensor de González, desmiente las imputaciones. Asegura que en el expediente con las actas del allanamiento practicado por el Cicpc en la vivienda de su defendida no se reseña ningún tipo de explosivos ni detonadores. También, uno de los acusados, Da Costa, aseguró en una carta escrita desde su encarcelamiento que no conocía a González.
La captura
Una vecina fue quien avisó —el 23 de julio— a Araminta González que la urbanización Menca de Leoni en Guarenas estaba llena de patrullas y policías. Después de allanar el apartamento, los funcionarios de la División Contra el Terrorismo del Cicpc se dirigieron a Genéricos Venezolanos (GV). En ninguno de los dos sitios la encontraron. Al día siguiente, el feriado del 24 de julio, la detuvieron en el Centro Comercial Lido, en Chacao, Caracas.
De allí la llevaron a la sede principal del Cicpc, en la avenida Urdaneta. En Twitter y redes sociales fue reportada como desaparecida durante casi una semana. Las publicaciones sobre su caso afirmaban que había sido violada y torturada. Desde su detención y hasta mayo de 2015, su defensa fue compartida por los abogados de los otros acusados: Ángela Jaramillo, Mariana Ortega —hermana de Efraín Ortega, uno de los acusados, detenido en El Rodeo— y Guillermo Heredia, defensor de Da Costa y José Luis Santamaría.
Haro y Pierina Camposeo asumieron la defensa de González, por petición de su hermana Miriam, quien viajó desde España en abril de 2015 para atender diligencias del caso. Las denuncias sobre torturas que le infligieron los funcionarios no han cesado. De acuerdo con su defensa, los agentes retuvieron a González durante varios días sin notificar a ningún familiar. Fue brutalmente golpeada, le habrían colocado electricidad en los senos y golpeado con martillos en las uñas de los pies.
En una carta publicada en junio de 2015 por Haro, se asegura que le arrancaron el cabello en una práctica que en la jerga policial se conoce como “el helicóptero”. Le pedían, además, que declarara contra Da Costa, quien ha negado que la conociera. Las autoridades no han establecido el vínculo entre ambos y como no se ha celebrado audiencia preliminar, no se han ventilado las pruebas del MP. Lo que se sabe, sin embargo, es que la acusación la originó la llamada de un “patriota cooperante”.
González fue trasladada el tres de agosto desde el Cicpc en la avenida Urdaneta hasta una sede en El Rosal y semanas después al INOF. Pierina Camposeo, una de sus abogadas, afirma: “Está deprimida, aterrada. Cada vez que va a tribunales nos agarra por los brazos y no nos suelta. Tiembla. Está muy delgada y hay áreas de su cabeza en las que no le ha vuelto a crecer el cabello”. Una amiga que la ha visitado en la cárcel asegura que ha perdido por lo menos 40 kilogramos. Pasó de 85 kilos, a usar una talla 26.
Camposeo también cuestiona la veracidad de una experticia forense en la que se certifica que González no presentaba lesiones. El documento de la evaluación médica, practicada supuestamente por una funcionaria, fue suscrita el 20 de agosto. “Dicen que a ella no la torturaron, pero es que la experticia se hizo casi un mes después de su detención. Además, supuestamente estaba de guardia un hombre, pero luego en el documento se dice que fue una mujer”, detalla Camposeo.
La última audiencia
La audiencia en el juicio que se le sigue a González estaba fijada para las 9:30 am del 23 de julio. Los abogados Haro y Camposeo —defensores de González desde el 6 de mayo— habían llegado a la sede de los tribunales penales de Guarenas cerca de las nueve. Esta era la primera vez que la representación del Ministerio Público (MP) acudía a los tribunales desde que presentó la acusación.
A las 11:00 de la mañana, había confirmación de que el convoy que trasladaría a González desde el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) había salido desde Los Teques, a 73 kilómetros de distancia.
Yeison Alejandro Moreno, de la Fiscalía 20 del MP, había llegado poco antes de las 10:00 de la mañana y solicitado cada una de las piezas del expediente. Hasta hace unos meses, Moreno había sido el asistente de la ex fiscal Katherine Haringhton, ex titular de un despacho que destaca por su estadística en el procesamiento de manifestantes, estudiantes, disidentes y prominentes figuras políticas de oposición.
La sede de los tribunales penales está en el medio de una urbanización —mitad industrial, mitad residencial— conocida como Cloris. El edificio se asemeja más a un galpón que a una sede del Poder Judicial. Hay pasillos estrechos, accesos y pasadizos que conducen a salas de juicio en las que apenas caben un puñado de personas. Hay también dos bancos de madera en las que familiares de detenidos descansan durante las horas de espera. En la parte posterior hay cuartos atestados de carpetas que rebosan documentos y centenares de expedientes judiciales. Secretarias, alguaciles y escribientes trabajan en minúsculos cubículos, en salones repletos de personas.
Las familias de detenidos se habían congregado en la calle, frente al edificio, en la espera de los traslados que venían desde centros penitenciarios como El Rodeo, Yare, el INOF y la Penitenciaría General de Venezuela (PGV). Un autobús con reclusos de El Rodeo, entre los que se hallaban Santamaría y Ortega, llegó a los tribunales cerca de las 11. Faltaban dos de los cuatro acusados: González, que vendría desde el INOF, y Da Costa, preso en la PGV en San Juan de Los Morros, Guárico.
A las 11:00 de la mañana, Mariana Ortega, hermana y defensora de Efraín Ortega solicitó al tribunal el diferimiento de la audiencia preliminar. Sus contrapartes se opusieron. Cerca de las once de la mañana, Haro tuiteó: “Por razones que no comprendemos la defensa de Efraín Ortega solicita que Audiencia Preliminar de Araminta González sea diferida una vez más”.
La representación del MP había expresado las intenciones de esperar a que llegara el traslado desde el INOF antes de que se tomara cualquier decisión sobre un nuevo diferimiento, pero cuando un vehículo llegó desde Los Teques con varias acusadas que vestían franelas rosadas sin que entre ellas estuviese González, la audiencia se suspendió, una vez más. El 24 de julio, al día siguiente, los detenidos cumplieron un año sin que se celebrara la audiencia preliminar.
HE AQUÍ LA INFORMACIÓN que un empleado de PDVSA Servicios nos hizo llegar, sabemos quien es pero por su seguridad no podemos dar detalles. Su narración es una prueba mas del deterioro, la corrupción, la mentira y la quiebra de la empresa que adeuda miles de millones a sus proveedores.
Mientras eso pasa, sabemos por otro lado, como sus actuales directivos raspan la olla de lo poco que dejaron los anteriores directivos que usufructuaron -dando el ejemplo para los actuales jefes petroleros- mil millonarias sumas en viajes, aviones, comisiones, envió desviados y un sin fin de acciones contra el patrimonio de la empresa que otrora fue ejemplo para el mundo al estar entre las 5 primeras petroleras globales.
EL INFORME:
“Pdvsa Servicios, es la encargada de suministrar servicios especializados a pozos petroleros de Exploración y Producción, tales como: operación y mantenimiento de taladros, registros eléctricos, sísmica, fluidos de perforación, cementación y estimulación, además de otros servicios conexos; que son de vitales para la Industria Petrolera Venezolana.
Las empresas de servicios tanto nacionales como internacionales, en virtud de tener casi un año sin cobrar por los servicios especializados prestados a la Estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y sus filiares, han manifestado en múltiples ocasiones a la directiva de PDVSA sobre la situación que atraviesan por la falta de pagos; lo que las esta llevando a verse forzadas a parar sus operaciones si PDVSA Servicios no se pone al día con el pago en divisas USD$ que no realiza desde agosto del 2014.
Pero parece que debido a la falta de liquidez en USD$ que atraviesa PDVSA y/o al uso diferente en el manejo de los recursos; la directiva de PDVSA, ha hecho caso omiso al llamado de las empresas proveedoras de servicios; a pesar del decrecimiento en los servicios especializados a pozos petroleros que la estatal petrolera venezolana esta enfrentando en sus operaciones y que pronto derivara la inminente paralización de PDVSA Servicios debido a la falta de mantenimiento y servicios necesarios para la producción del mismo.
Situación que es alarmante, ya PDVSA Servicios es la empresa encargada de las actividades relacionadas con la explotación y producción de la mayor fuente de ingresos que tiene nuestro país.
Muchos de nosotros, que hemos manifestado a nuestros superiores sobre la delicada situación que estamos enfrentando con las empresas proveedoras de servicios; hemos sido reprendidos y hasta amenazados; obligándonos a emitir falsas promesas a las proveedoras de servicios para que continúen brindando los servicios; pero con el gran temor de que pronto no podremos seguir “estirando la arruga” y las consecuencias por la falta de mantenimiento y servicios será garrafal para nuestra industria; así como para el país.
Atentamente, Un Servidor Anónimo que lamentablemente por ser miembro activo de la industria debe mantener el anonimato pero espero que usted pueda confirmar esta gran realidad que nos afectara a todos”.
En su informe de gestión 2014, el Servicio Bolivariano de Inteligencia reconoce que apoyó parte de sus acciones en “el pueblo cooperante”, aliado fundamental para identificar y neutralizar las amenazas contra los intereses de la nación. Ello, en el contexto del desarrollo de su proyecto denominado “Optimizar las acciones de inteligencia y contrainteligencia para la seguridad de Estado”.
Desde abril de 2013, el Sebin está adscrito a la Vicepresidencia pero le reporta al presidente Nicolás Maduro. El referido informe está contenido en la Memoria y Cuenta de la Vicepresidencia, consignada ante el Parlamento a comienzos de marzo.
El documento señala que el año pasado se registraron “amenazas de desestabilización generadas por actores internos y externos” con el propósito de vulnerar el orden constitucional.
Y a continuación agrega: “Las acciones emprendidas por este servicio en apoyo al pueblo venezolano pusieron a prueba el temple y la lealtad de las clases populares como bastión de la revolución bolivariana, al realizar un trabajo conjunto de intercambio de información, que permitieron impulsar el trabajo en equipo en distintos escenarios”.
Cooperantes. Las protestas antigubernamentales del año pasado son descritas por el Sebin como “eventos auspiciados por pseudolíderes adversos al proceso, con la intención de crear un clima de zozobra”. Considera el organismo que las manifestaciones se convirtieron progresivamente “en acciones de carácter subversivo y terrorista”, con la finalidad de causar incertidumbre, romper el hilo constitucional y proyectar al exterior una imagen de ingobernabilidad.
El Sebin indica que las protestas fueron seguidas de un “sabotaje a la economía del país, que propició la escasez de productos de primera necesidad y una escalada de precios especulativos, con el doble propósito de generar altas ganancias y a la vez descontento en las clases populares”.
Agregan: “Este nuevo ataque a la revolución se convirtió en una importante conexión del pueblo cooperante con las redes de inteligencia del Sebin, que contribuyeron a dirigir información a nuestros gobernantes, para la toma de decisiones en pro del soberano”.
El señalamiento es revelador, tomando en consideración que abogados de al menos seis de los detenidos en el Sebin aseguran que sus defendidos fueron incriminados por una figura anónima, no reconocida por la ley venezolana, denominada “patriota cooperante”.
La arremetida contra usuarios de la red social Twitter también está reflejada en el informe: “Durante este período se incrementaron los esfuerzos dirigidos a la detección de amenazas en las redes sociales, logrando identificar a personas y grupos en actividades que claramente buscaban alterar o perturbar la estabilidad del país”.
De las 40 personas presas en el Sebin por la presunta comisión de delitos políticos, 37 fueron aprehendidas en 2014 y 6 de ellas son tuiteros.
1,5 millardos. En el presupuesto aprobado para 2014, el Sebin tenía la meta de elaborar 25.430 informes de inteligencia y le fueron asignados 761,8 millones de bolívares para su funcionamiento. Sin embargo, el organismo de seguridad explica que como consecuencia de los escenarios políticos, económicos y sociales registrados sus direcciones de Inteligencia, Contrainteligencia, Acciones Inmediatas e Investigaciones Estratégicas aumentó el número de operaciones planificadas y ejecutadas.
Al revisar la cuenta de la gestión 2014 el aumento en ambos conceptos es notorio: elaboraron 40.767 informes (60,3% más de la meta) y contaron con un presupuesto de 1,5 millardos de bolívares, es decir, el doble del monto inicialmente asignado.
Tal disponibilidad presupuestaria fue consecuencia de 23 traspasos internos y externos de partidas, y 3 créditos adicionales autorizados por la Asamblea Nacional. Para tener una idea del gasto ejecutado por el cuerpo de inteligencia, el presupuesto asignado al Ministerio de Comunicación e Información para 2014 fue de 1,1 millardos de bolívares, el del Ministerio de Cultura fue de 1,7 millardos de bolívares y el del Ministerio del Deporte fue de Bs 1,5 millardos.
Los logros del Sebin. En su informe de gestión 2014, el Servicio Bolivariano de Inteligencia destaca como sus logros más significativos los siguientes:
-“La incautación 12.000 morteros de fabricación artesanal, 7,5 sacos de azufre, 5,5 sacos de nitrato de potasio, 5 sacos de pólvora negra, 3 rollos de mecha de seguridad, 1,5 sacos de clorato de potasio, 2 Kg de aluminio en polvo y juegos pirotécnicos, que serían utilizados en acciones desestabilizadoras”.
-“La aprehensión de dos ex alcaldes, acusados de subvertir el orden público, promover acciones de calle y realizar actividades contra la seguridad de la nación”. Aunque no indica nombres, en este aparte el Sebin se refiere a Enzo Scarano y a Daniel Ceballos, que al momento de la detención eran alcaldes en funciones.
-“Se recibió a un venezolano deportado de Colombia incurso en los delitos de expedición indebida de certificaciones, falsificación de ingreso de extranjeros, falsificación de documentos y conspiración”. Este caso coincide con el expediente abierto a Lorent Saleh.
-“Se desmanteló una banda (Caso Aviador), relacionada con el financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, instigación pública a la rebelión y de perpetrar atentados contra la seguridad de las vías. Se incautaron equipos tecnológicos, armas de fuego y material para la fabricación de armas caseras. Fueron aprehendidos dos venezolanos”. Vale acotar que uno de los aprehendidos, Rodolfo González, se suicidó hace 15 días en los calabozos del Sebin.
El informe documenta otras detenciones no vinculadas a las protestas como la de “un venezolano dedicado a la obtención de ilícita de divisas”, “un piloto de una aerolínea privada que pretendía sacar del país 150 Kg de presunta cocaína”, y la de “un venezolano con notificación roja de Interpol”, relacionado con el desfalco del Fondo Chino.
El Dato. Entre los proyectos del Sebin para este año destacan: “Ejecutar la búsqueda, localización procesamiento y difusión de información de inteligencia y contrainteligencia, a nivel parroquial y comunal” y “movilizar equipos especializados en lucha antisubversiva para aquellas zonas del país que por su vulnerabilidad así lo requieran”.
El régimen de Nicolás Maduro mantiene una red de espías en Estados Unidos, conformada por simpatizantes de la Revolución Bolivariana a quienes remunera generosamente, pero estos son controlados remotamente desde Venezuela luego de que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se viera obligado a retirar al personal que operaba desde sus instalaciones diplomáticas.
Documentos y testimonios de ex funcionarios del Sebin recogidos por el Nuevo Herald muestran que las operaciones de inteligencia que realiza Venezuela en Estados Unidos han quedado reducidas a las contribuciones de su red de “Patriotas Cooperantes” y a la recaudación de información de “fuentes abiertas”, como podrían ser reportajes de prensa o información publicada en páginas de internet.
Pero el régimen chavista sigue estando muy interesado en seguir los pasos de personajes y organizaciones clave de la oposición, al igual que personajes de la política estadounidense de importancia para la política de Venezuela, siguiendo el rastro del senador Marco Rubio y la congresista Ileana Ros-Lehtinen, y las actividades de ONGs venezolanas como Venezuela Awareness Foundation y la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex).
La red de cooperantes cobró una mayor importancia a partir del 2012, luego de que el Sebin se vio obligado a desmantelar la red de espionaje que mantenía en el país a raíz de la expulsión de la cónsul de Venezuela en Miami, Livia Acosta.
Acosta, quien actualmente es la número dos en la división de operaciones internacionales del organismo de inteligencia venezolano, formaba parte de una red de al menos 10 oficiales del Sebin que operaban desde sedes diplomáticas en Estados Unidos, concentrándose el mayor número de ellos en Miami.
“Después de lo sucedido [en el consulado de Miami y en otras sedes diplomáticas], se decidió retirar a todos los agentes que estaban allá”, dijo una de las fuentes que habló bajo condición de anonimato.
“En este momento no hay ningún personal de nómina [del Sebin] en Estados Unidos, aunque sí continúa en otros países”, agregó la fuente, que estaba entre los distintos ex funcionarios consultados para la elaboración de la actual serie sobre las operaciones de inteligencia de Cuba y Venezuela.
Las fuentes consultadas, algunas de las cuales conversaron por varias horas con el Nuevo Herald, resaltaron que el desmantelamiento de la red se produjo luego de que varios oficiales del Sebin fueron expulsados de Estados Unidos.
Acosta fue declarada persona no grata a inicios del 2012, tras aparecer una grabación suya en un reportaje de la cadena Univision solicitándole a quien ella pensaba era un hacker que consiguiera las claves para poder tener acceso a plantas nucleares en Estados Unidos.
